Categoría: Politica

La reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, faculta a personas, entidades o empresas, a que puedan presentarse como víctimas del delito de fraude informático en procesos penales seguidos contra un empleado que ha extraído o manipulado datos personales de clientes para obtener algún provecho o beneficiar a otra persona.

La reforma permite que los llamados “controladores» o «procesadores” de datos personales puedan mostrarse como víctimas del delito de “fraude informático” y no únicamente los propietarios de dichos datos personales.

La Cámara Americana de Comercio (AmCham) urgió esta reforma a los diputados, tomando como base lo que ha ocurrido en “call centers” en El Salvador.

Karla Machón, presidenta del Comité de Call Centers de AmCham El Salvador, aseguró que el uso indebido de los datos personales de bases de datos manejadas por estas empresas «debilita la confianza de socios internacionales”. “Estimamos que por delito de este tipo hemos perdido 5,000 puestos de trabajo”, indicó.

La AmCham ve la modificación como una gran oportunidad estratégica ya que la inversión de los call centers en El Salvador supera los $100,000 millones y se proyecta que llegue a los $162,000 millones en 2029.

Según la redacción de la reforma, esta no solo aplicará a los «call centers», ya que el artículo habla de las personas que tienen acceso a un “sistema informático” y una “base de datos” en general, aunque también menciona expresamente a quienes tengan acceso a: los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), plataformas de venta, centros de contacto (call centers), servicios de tecnologías blockchain y, nuevamente de forma amplia, a «sistemas donde los registros de información de terceros estén disponibles».

Actualmente, el fraude informático únicamente es imputado a quienes manipulan sistemas informáticos o sus datos para sacar provecho, pero no menciona en perjuicio de quién se comete el delito; y la pena oscila entre 6 y 10 años de prisión. Esta disposición no se elimina en la reforma.

Con la reforma, se deja detallado que el delito ocurrirá cuando los empleados de estos lugares consulten, extraigan o manipulen información de las bases de datos para obtener un beneficio “en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos”; y el delito, en este caso, tendrá una pena entre 10 y 12 años de prisión.

La reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, faculta a personas, entidades o empresas, a que puedan presentarse como víctimas del delito de fraude informático en procesos penales seguidos contra un empleado que ha extraído o manipulado datos personales de clientes para obtener algún provecho o beneficiar a otra persona.

La reforma permite que los llamados “controladores» o «procesadores” de datos personales puedan mostrarse como víctimas del delito de “fraude informático” y no únicamente los propietarios de dichos datos personales.

La Cámara Americana de Comercio (AmCham) urgió esta reforma a los diputados, tomando como base lo que ha ocurrido en “call centers” en El Salvador.

Karla Machón, presidenta del Comité de Call Centers de AmCham El Salvador, aseguró que el uso indebido de los datos personales de bases de datos manejadas por estas empresas «debilita la confianza de socios internacionales”. “Estimamos que por delito de este tipo hemos perdido 5,000 puestos de trabajo”, indicó.

La AmCham ve la modificación como una gran oportunidad estratégica ya que la inversión de los call centers en El Salvador supera los $100,000 millones y se proyecta que llegue a los $162,000 millones en 2029.

Según la redacción de la reforma, esta no solo aplicará a los «call centers», ya que el artículo habla de las personas que tienen acceso a un “sistema informático” y una “base de datos” en general, aunque también menciona expresamente a quienes tengan acceso a: los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), plataformas de venta, centros de contacto (call centers), servicios de tecnologías blockchain y, nuevamente de forma amplia, a «sistemas donde los registros de información de terceros estén disponibles».

Actualmente, el fraude informático únicamente es imputado a quienes manipulan sistemas informáticos o sus datos para sacar provecho, pero no menciona en perjuicio de quién se comete el delito; y la pena oscila entre 6 y 10 años de prisión. Esta disposición no se elimina en la reforma.

Con la reforma, se deja detallado que el delito ocurrirá cuando los empleados de estos lugares consulten, extraigan o manipulen información de las bases de datos para obtener un beneficio “en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos”; y el delito, en este caso, tendrá una pena entre 10 y 12 años de prisión.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, pidió el jueves a la Asamblea Legislativa la aprobación de una «Ley de Tecnologías Robóticas», iniciativa que fue conocida este viernes por los diputados de la Comisión de Tecnología Turismo e Inversión, que acordaron llamar al recién nombrado director de Inteligencia Artificial, José Flamenco Rivas, un exfuncionario de la Agencia Nacional Bitcoin dirigida por la bitcoiner Stacy Herbert.

La institución competente para la aplicación de la Ley de Tecnologías Robóticas será la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y para ello se creará una División de Robótica, que implementará la ley. La ley busca establecer incentivos para fomentar la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías robóticas, además de lineamientos para su comercio, industria y la educación.

Los diputados decidieron llamar a la Comisión al director de ANIA, Mario José Flamenco Rivas, “para que dé información sobre la propuesta”.

“Me gustaría poder invitar al señor Mario José Flamenco Rivas, que es el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, para nuestra próxima reunión, para que nos pueda dar un poquito más de detalle, de información acerca de esta propuesta, ya que esta agencia va a estar a cargo de poder ejecutar este proyecto de ley, que de hecho en América Latina es de los primeros en especializarse, en un tema tan importante, como es la robótica”, propuso Dania González, presidenta de la Comisión.

Flamenco trabajó en la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador (ONBTC), cuya directora es Stacy Herbert, y habría trabajado con Jimmy Song, «educador de bitcoin». Fue nombrado por el presidente Nayib Bukele como nuevo director de la ANIA, según se conoció el 16 de junio pasado.

La mayoría de los diputados votaron a favor de la propuesta, menos la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, pidió que se invitara a representantes de universidades e instituciones educativas como la Universidad Don Bosco y el Instituto Técnico Exal (Itexal). «Son pioneros en temas de robótica», indicó.

Rivas señaló que el proyecto de ley no contenía «nada que hable sobre la ética», excepto un artículo sobre no causar daño a las personas humanas. «Ojalá a la hora que venga el encargado de la ANIA pueda hablar sobre ese aspecto… Considero que la ética va de la mano en todo el tema de inteligencia artificial, tecnología y robótica”, señaló Rivas.

La diputada Dania González ignoró la propuesta de la diputada de Vamos y finalizó la Comisión.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala donará un vehículo que será utilizado al Ministerio de Relaciones Exteriores para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado de El Salvador (Conabúsqueda).

La donación, según la iniciativa, se da en el marco de la finalización del proyecto “Verdad, memoria y reparación para los desaparecidos” en Guatemala que era financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID).

Por ello, la Asamblea Legislativa aprobó la exoneración del pago de impuestos incluido el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), así como costos de bodegaje. La exoneración de impuestos fue aprobada con 60 votos de todos los partidos.

El vehículo es un pick up marca Honda línea Ridgeline, blanco, de cinco asientos, año 2024.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recriminó la falta de aprobación de una Ley de justicia transicional “para que todas las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado puedan encontrar verdad, justicia, reparación, así como garantías de no repetición”.

Ortiz añadió que no solo hay desaparecidos en el marco del conflicto armado sino desaparecidos en el marco de la violencia de las pandillas, en migración y también los capturados del régimen de excepción que eran inocentes.

“Es un flagelo aberrante que golpea la dignidad humana de la manera más grave y es nuestro deber tomar acciones”, dijo.

Ortiz también exhortó a aprobar leyes que apoyen a los familiares que buscan a sus desaparecidos, una ley de bancos de datos genéticos y la ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada “que El Salvador no ha querido ratificar”.

“Eso está en manos de ustedes, colegas diputados, importante que El Salvador frente a este gran problema que data de décadas tome acciones urgentes, para que nunca ningún funcionario vuelva a decir que si no hay cuerpo no hay delito”.
Claudia Ortiz (Vamos).

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, no respondió a la diputada de Vamos. Aseguró que estos donativos “ayudan a poder cumplir con estos objetivos que el gobierno de Nayib Bukele tiene” y agradeció a la Fundación de Antropología Forense. “Ahora nuestra realidad es diferente”, aseguró, en referencia a la existencia de personas desaparecidas.

Un 28.5 % de los salvadoreños estaría «muy de acuerdo» y un 42.1 % estaría «de acuerdo» con que Nayib Bukele se postulara para un tercer periodo presidencial, según la encuesta divulgada el jueves por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop).

Las personas entrevistadas que avalarían en algún nivel un tercer periodo presidencial para Bukele sumarían un 70.6 %.

Sin embargo, el 25.4 % de los salvadoreños respondieron que estarían en desacuerdo (14.7 %) o muy en desacuerdo (10.7 %).

Solo 2.4 % de la población se muestra indeciso ante la pregunta sobre la reelección para un tercer periodo consecutivo; la encuesta fue realizada mediante entrevistas personales a una muestra de 1,272 personas con un error de 2.75 %, más o menos, y un nivel de confianza del 95 %.

La misma encuesta indica que el 95 % de la población salvadoreña considera «muy o algo» importante que se respete la Constitución de la República: un 85.8 % dice que es «muy importante» y 9.2 %, que algo importante.

Según el estudio, Bukele obtuvo una nota de 8.15, tres décimas menos que hace un año, y 7.85 para su gobierno.

Las emociones predominantes sobre Bukele en la población son confianza (29.6 %) y esperanza (25.4 %); y la frase que definen los seis años de gobierno de Bukele es «un presidente que pone orden con mano dura», mencionada por un 54.3 % de los entrevistados.

La inscripción de Bukele en su candidatura presidencial para su segundo periodo 2024-2029 se basó en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida el 3 de septiembre de 2021, la cual fue un argumento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la resolución de inscripción. El TSE, en ese entonces, rechazó los recursos presentados por Luis Parada, de Nuestro Tiempo, y por los abogados Enrique Anaya y José Marinero, que pedían al TSE rechazar la solicitud de inscripción por considerarla inconstitucional citando, entre otros, los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248 de la Constitución.

En ese entonces, el TSE resolvió la inscripción de Bukele bajo el argumento de que la resolución de la Sala de lo Constitucional emitida el 3 de septiembre de 2021 indica que la prohibición de la reelección del artículo 152 de la Constitución está relacionada al «periodo inmediato anterior» y a la condición de «candidato».

El artículo 152 dice que «no podrán ser candidatos a Presidente» quien «haya desempeñado la Presidencia» «por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial».

Seis de cada 10 salvadoreños tienen «más cuidado» al compartir su opinión sobre política, revela la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA) presentada este 19 de junio.

De la población que teme expresar sus opiniones por consecuencias, el 48.3 % de la población dice que sería detenido o encarcelado, el 10.2 % prevé advertencias o amonestaciones, un 7.4 % prevé problemas laborales o podrían despedirlo, un 6.6 % cree que enfrentaría una denuncia o demanda, un 3.4 % prevé amenazas o persecución, y el 2.4 % señala que sería «acosado, intimidado» por las autoridades.

Al consultarles a las diputadas de oposición su valoración sobre estos datos, Marcela Villatoro, jefa de fracción del partido Arena, dijo que todos han visto «lo que ha pasado en las últimas semanas con personas críticas».

«Se ha buscado la forma de perseguírseles, de inventárseles casos políticos y todo un aparataje estatal haciéndoles un tipo de bullying en las redes sociales y eso hace que la gente tenga un poco de temor al momento de expresar sus opiniones y muchas personas deciden quedarse calladas y no decir lo que realmente piensan», expresó.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, expresó su preocupación y señaló que no se puede canjear la libertad por la seguridad. «Es preocupante… Y es que aquí nos han querido poner a elegir entre seguridad y libertad, y ese dilema es un falso dilema», dijo. Aseguró que es posible tener seguridad y libertad con «un Estado capaz de hacer su trabajo».

«Si el Estado no es capaz de impartir justicia a criminales y a inocentes, si el Estado no es capaz de investigar a fondo delitos, si el Estado no es capaz de dar pronta y cumplida justicia, no es culpa de la gente que está viendo limitada su libertad de expresión y ese no es un secreto: mucha gente se autocensura por temor a represalias de quienes están en el poder, lo que es lamentable», agregó.

El Iudop explica en su encuesta que «la percepción de que expresarse críticamente acarrea consecuencias negativas se ve reforzada por el hecho de que el 2.1 % de la población salvadoreña expresa que el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos constituyen parte de los principales problemas actuales del país».

Pese a ese temor de opinar en política, según el mismo estudio el 24.6 % de los entrevistados respondió que, cuando piensa en el futuro de El Salvador, lo primero que siente es temor; pero el 73.6 % aún siente esperanza.

La Asamblea Legislativa ratificó ayer un préstamo por $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que según el decreto de autorización se puede destinar a «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

El préstamo fue ratificado con dispensa de trámites con 55 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El contrato de préstamo se denomina «Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador», pero la diputada Ortiz expresó su duda de que en realidad se destine a educación.

Ortiz señaló que en septiembre de 2025 el ministro de Hacienda prometió que el presupuesto para 2025 «no iba a incorporar deuda para gasto corriente» y que los préstamos serían destinados a obra pública.

«Este proyecto solo tiene el nombre bonito. Después dice que estos recursos se pueden destinar para atender prioridades estratégicas del gobierno, a saber cuáles son, obligaciones generales del Estado, pago de deuda, y transferencias varias, apoyo a la caja fiscal», advirtió.

Citó que el artículo 2 del decreto «no dice que se va a utilizar para educación», sino «para atender prioridades estratégicas del gobierno», lo que implica, afirmó, que el dinero se utilizaría para «lo que quiera» el gobierno. «Es muy probable que esto se vaya a gasto ordinario del gobierno», auguró.

«Si en la tercera vuelta, quizás la próxima semana, vemos en qué rubro del presupuesto se ingresan estos fondos y no va para educación, para mejorar escuelas, para apoyar a los docentes (…), entonces, ha sido una gran mentira y el gobierno sí se está endeudando para gasto ordinario, se los dejo como reto», planteó la diputada de oposición.

La «tercera vuelta» del préstamo es la reforma presupuestaria que será necesaria para realizar el desembolso y la incorporación de los fondos al presupuesto.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, respondió que para el gobierno es «prioridad estratégica» la educación.

«Está clarísimo que para este gobierno es una prioridad estratégica la educación, así como ha sido el tema de la salud, la seguridad y la infraestructura pública, esto busca impulsar acciones centradas en la mejora de la calidad educativa y se trabaja para cerrar brechas estructurales, tecnológicas y de infraestructura que tuvimos por años relegadas en este país», afirmó.

La Asamblea Legislativa también autorizó, «en primera vuelta», la firma de un contrato de crédito también por $75 millones del CAF que pueden ser utilizados para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal» pero cuyo nombre es «Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador».

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) demandó este jueves que se garanticen los derechos del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien fue detenido el su00e1bado pasado en Georgia, Estados Unidos, mientras daba cobertura a una protesta contra las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

En un comunicado oficial, la APES manifestó su “profunda preocupación” por la captura del comunicador, arrestado en el condado de DeKalb, mientras ejercía su labor periodística en el marco de una manifestación del movimiento ‘No Kings’.

“El arresto ocurrió en un contexto de cobertura legítima y en el ejercicio de la libertad de expresión, reconocida universalmente. Exigimos que se respeten sus derechos”, declaró la organización.

La asociación expresó solidaridad con el periodista y su familia, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que velen por su seguridad, defensa y respeto a su integridad. Asimismo, advirtió que una posible deportación “sentaría un precedente negativo para la prensa hispana y el ejercicio periodístico” en Estados Unidos.

“El respeto al trabajo de los periodistas y de los medios independientes que informan sobre temas sensibles para la comunidad migrante debe ser una prioridad”, enfatizó la APES. También instó al Gobierno salvadoreño a proporcionar asistencia consular inmediata.

El miércoles, Guevara fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmaron fuentes oficiales. Su esposa, Miriam Guevara, aseguró a la agencia EFE que había conversado con él y que, a pesar de las circunstancias, se mantenía optimista.

Mario Guevara, ampliamente reconocido en la comunidad hispana de Georgia con mu00e1s de 782,000 seguidores en Facebook, fue detenido por la Policía de Doraville mientras transmitía en vivo. Aunque se identificó como periodista, fue acusado de tres cargos: caminar en una vía vehicular, obstrucción de agentes de seguridad y reunión ilícita.

Con una trayectoria que incluye trabajos como fotoperiodista en La Prensa Gráfica y como reportero de Mundo Hispánico en Atlanta, Guevara ha documentado en los últimos meses las operaciones de ICE en la región metropolitana de Atlanta a través de su canal digital.

Los partidos de oposición Vamos y Arena no apoyaron las reformas que se aprobaron a la «Ley especial contra delitos informáticos y conexos». Las diputadas de ambos partidos expresaron dudas sobre cómo se aplicará la ley.

La reforma fue solicitada por la Cámara Americana de Comercio (AmCham), cuyos representantes explicaron que busca fortalecer la confianza con los socios internacionales, en referencia a los call centers en donde empleados tienen acceso a datos personales de clientes de empresas que subcontratan sus servicios. La reforma, sin embargo, se aplica en general también a las personas que tengan acceso a bases de datos o sistemas informáticos de manera legítima.

«El problema con este tipo de iniciativas o de leyes, muchas veces, no es el texto de las iniciativas o de los decretos, es el contexto en el que estamos viviendo y qué instituciones son las que van a aplicar y con qué discrecionalidad, con qué intencionalidad van a aplicar esas leyes», opinó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

Agregó que debido a cómo ha visto que se aplican otras normativas sujetas, a discreción o a uso del poder del gobierno actual, no tiene la certeza de que la reforma se aplique correctamente.

“Si bien una reforma en el texto puede estar bien estructurada, lo que podemos esperar en su aplicación, con la discrecionalidad que hemos visto que se usa del poder y de las instituciones, no nos deja del todo tranquilos que se use de la mejor manera”.
Claudia Ortiz (Vamos).

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que se han cometido muchos ilícitos vulnerando los datos de las personas, sin embargo, aunque “la intención es buena, el problema es que no sabemos cómo este gobierno puede utilizarlo”, comentó.

La reforma incrementa a 12 años de cárcel el castigo máximo para quienes tengan acceso a datos de manera legítima pero hagan uso indebido e ilegítimo de los mismos datos.

“Así mismo será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados”, indica el decreto.

También, se sancionará “eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos”, establece la reforma aprobada este jueves.

Las diputadas de oposición, de los partidos Arena y Vamos, creen que la Asamblea Legislativa tiene una calificación promedio de 6.02 de la población –según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA– como resultado de su falta de independencia y de no aprobar leyes que beneficien a la población.

«La calificación de la población salvadoreña al trabajo de la Asamblea Legislativa en este primer año de gestión es de 6.02, por debajo del 6.07 del año anterior», señala la encuesta.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, manifestó que esa calificación se debe a que la población percibe que la Asamblea Legislativa no toma desiciones con independencia y la califica como pasapapeles.

«Por esa falta de independencia, no se toman decisiones que podrían ser beneficiosas para todos los salvadoreños… Entonces, lastimosamente, la Asamblea Legislativa se volvió un pasapapeles y, como se volvió un pasapapeles, la gente no le toma seriedad», criticó la diputada de Arena.

La diputada de oposición cree que la población percibe que los diputados no están haciendo el trabajo para el que fueron elegidos y critica que bloquean las iniciativas de oposición «porque son iniciativas que no son de partidos afines al gobierno», además de advertir que las comisiones de trabajo se redujeron a ocho comisiones y son suspendidas frecuentemente.

«No se estudia nada que no venga con dispensa de trámite y eso ha hecho que la población ya vea las cosas con ojos de verdad y ven que no se está haciendo el trabajo que debería de desempeñarse».

Marcela Villatoro (Arena).

La calificación a la Asamblea Legislativa tampoco le tomó por sorpresa a la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quien argumentó que esto responde a que los diputados no han legislado para la población y en lo que más le afecta, como la economía. «¿qué ha hecho la Asamblea Legislativa para solucionar esto? Casi nada, realmente», dijo Ortiz.

Ortiz aseguró que el partido que es mayoría en la Asamblea Legislativa «no usa ese poder para ayudar a la gente», por lo cual «no representa a la mayoría de la gente».

«Representan a un pequeño grupo de poder económico-político que está usando el Estado para tener mayores recursos, beneficios, exenciones fiscales. ¿Y a la gente qué le está quedando? La gente dice a gritos: ‘La economía es el problema’, y no se está haciendo nada al respecto». Claudia Ortiz (Vamos).

El gobierno ha sostenido que sí están enfrentando desafíos económicos, apostándole al turismo y disponiendo de los agromercados.

En la encuesta, se le preguntó a la población ¿a quién cree que representan los diputados de la Asamblea Legislativa cuando votan?, el 38.2% respondió que «al presidente» y un 19.9% «a ellos mismos». Al respecto, la diputada Villatoro señaló que «ninguno» de los diputados de Nuevas Ideas «tiene iniciativa propia».

La diputada Villatoro insistió en que «todas las iniciativas de ley que vienen a la Asamblea Legislativa vienen del Ejecutivo» y ninguna es presentada a iniciativa real de algún diputado de Nuevas Ideas. «Como por ejemplo cuando yo presenté reformas a la Ley de Salud Mental, que es tan importante en este país, pero no se permitió estudiarla en la Asamblea Legislativa y es una iniciativa personal que podía haber ayudado a los salvadoreños. Eso les pasa a ellos, no pueden presentar de manera personal ningún tipo de reforma que no venga del Ejecutivo y por eso la gente los ha visto como ‘pasapapeles’ o como muy vulgarmente se les conoce como puyabotones», criticó la diputada de oposición.

Diario El Mundo intentó conocer la visión de los diputados de Nuevas Ideas, específicamente a Frank Menjívar y Ricardo Rivas, pero pese a que se les pidió declaraciones sobre el estudio de opinión, optaron por pasar de largo.

Según la encuesta presentada el 19 de junio por el Iudop-UCA, el 12 % piensa que los diputados representan a su partido político, el 17.4% a toda la población y el 5.4%, a la gente que votó por ellos.