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Organizaciones sociedad civil y medio ambiente advirtieron que, si la «Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» no resuelve inconstitucional la «Ley general de minería metálica», acudirán a instancias internacionales pues consideran que los daños de la explotación minera serán graves.

Así lo aseguró el abogado de la asociación Cristosal, Jonathan Sisco, quien argumentó que de esta manera buscan detener la ejecución de proyectos de minería metálica en El Salvador.

«Si la Sala no resuelve vamos a acudir a instancias internacionales; por eso hemos venido, para evidenciar este problema y, si la Sala no responde, nos queda abierta la vía internacional».
Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.

El abogado explicó que la demanda incluye dos peticiones: la suspensión de cualquier proyecto de minería metálica en El Salvador como «medida cautelar» y una inspección judicial en el río San Sebastián, en La Unión, para que verifiquen las consecuencias de la minería en el país.

Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, aseguró que la demanda de inconstitucionalidad iba respaldada por las firmas de 59,906 salvadoreños y que la Sala declarará inconstitucionalidad «si se apega a derecho».

La semana pasada, obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica salvadoreña (Cedes) presentaron 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para pedir la derogación de la ley de minería metálica, estas fueron recolectadas en un poco más de un mes. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que espera que «el Señor va a mover voluntades». La legislación fue aprobada en diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa.

El subsecretario de estado adjunto en funciones de la Oficina de asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Joseph Salazar, aclaró que no existirá ningún trato preferencial para los inmigrantes ilegales, ni siquiera para los salvadoreños, en una conferencia en la cual advertían que si los migrantes no usan la autodeportación, serán detenidos, deportados y no podrán regresar de los Estados Unidos.

Así respondió el alto funcionario público a la pregunta si habrá un trato preferencial para los salvadoreños derivado del acuerdo para recluir a criminales deportados de Estados Unidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

“El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador no fue una negociación, no se trató de un intercambio de favores ni de ningún tipo de acuerdo. No existe un trato preferencial con respecto a la inmigración ilegal en Estados Unidos».
Joseph Salazar, subsecretario de Estado adjunto para Hemisferio Occidental de EE.UU.

Salazar dio una conferencia regional y virtual con la subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Trici McLaughlin, para promover la autodeportación de extranjeros en los Estados Unidos que se encuentren en situación migratoria irregular.

El funcionario no detalló si esta decisión de no dar «trato preferencial» también aplicará a los compatriotas que mantienen sus permisos de trabajo vigentes gracias a la prórroga del Programa de Estatus Temporal (TPS) aprobada para El Salvador a finales de la administración Biden y que quedó vigente hasta el 9 de septiembre de 2026.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitará El Salvador el miércoles 26 de marzo, se reunirá con el presidente Nayib Bukele y hará un recorrido por el Cecot con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Uno de los temas de su visita será precisamente la aplicación CBP Home para notificar las autodeportaciones de los migrantes en situación irregular.

En definitiva, nuestros países socios son socios cruciales en la deportación de estas personas, estos extranjeros delincuentes en nuestro país. También (en la visita a El Salvador, Kristi Noem) hablará sobre la aplicación CBP Home y cómo podemos utilizarla para realizar deportaciones autónomas seguras. Trici McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS.

El gobierno de EE.UU. ha destinado $200 millones para promover la aplicación CBP Home, que ha sustituido a la aplicación CBP One que antes era utilizada para solicitar asilo en los Estados Unidos, y que ahora servirá para que los migrantes, una vez hayan salido y se encuentren a una distancia de al menos tres millas de los Estados Unidos, confirmen su autodeportación con el envío de sus datos de pasaportes, su ubicación y una fotografía de su rostro.

Diputados de la Comisión de Hacienda emitieron dictamen favorable para ratificar dos contratos de préstamos, uno por $60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Surf City fase I y otro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $113.9 millones para infraestructura de datos. Ambos dictámenes serán conocidos el martes en pleno para su aprobación.

El préstamo para el «Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador» fue suscrito el 10 de marzo de este año. Es un financiamiento a 25 años plazo que incluye cinco años y medio de período de gracia.

Según Marlon Herrera, director de Crédito Público de Hacienda, el objetivo con este financiamiento es «mejorar la prestación de servicios digitales del Estado, ampliar infraestructura digital y el organismo ejecutor será la Secretaría de Innovación» de la Presidencia de la República.

El préstamo por $113 millones para «Programa Surf City Fase I» fue suscrito el 13 de marzo y es un financiamiento a 20 años que incluye cuatro años de período de gracia.

«Esto va a permitir tener financiamiento para ejecutar diferentes proyectos, para ser ejecutados a través del Ministerio de Obras Públicas. El objetivo general es mejorar la infraestructura vial y el sistema de tratamiento de aguas residuales en la zona turística de La Libertad y Sonsonate a fin de dinamizar la actividad turística», detalló el funcionario.

El proyecto comprende la ampliación de carretera de dos a cuatro carriles, desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, en una longitud de 8.7 kilómetros, incluyendo ciclovía, bahías para autobuses, miradores y zonas de estacionamiento.

También, la construcción de un intercambiador en el corredor Pacífico, intersección entre carretera Litoral y carretera Acajutla, Sonsonate; la construcción de un paso elevado, la construcción de un puente sobre río Sensunapán, la construcción de accesos y obras complementarias, la demolición y el desalojo de obra de paso existente, rampas de acceso y salida, drenajes, obras paisajísticas y movilidad peatonal, otras de señalización y seguridad vial.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria por para incorporar $993,347 con el fin de financiar tres órdenes de cambio en tres obras de mitigación dentro del programa de Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública.

Los fondos son parte del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $400 millones denominado «Préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y de salud pública», de los cuales $300 millones se destinarían en caso de desastres naturales severos o catastróficos como terremotos, huracanes y precipitaciones torrenciales asociadas a ciclones tropicales.

El Ministerio de Hacienda gestionó ante el BID la ampliación del plazo de ejecución y una nueva lista de gastos elegibles y el BID expresó su «no objeción».

Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron un dictamen favorable para que sea conocido en pleno y aprobado en la sesión plenaria de este martes.

Los cambios requieren $993,347 para obras en el recinto fronterizo El Poy, Chalatenango, talud en Las Pavas entre Ilopango y Tonacatepeque; y en la cárcava del kilómetro 18 y medio de la autopista a Comalapa en Santo Tomás.

Las tres órdenes de cambio

1. Muro de protección y obras de mitigación en recinto fronterizo El Poy, Citalá, Chalatenango. Se le asignaron $97 millones, con esta orden de cambio se incorporan a este proyecto $97,300 para obras hidráulicas y subdrenajes en el muro de protección.

2. Proyecto de estabilización hidráulica y en talud de relleno en obras sobre quebrada Las Pavas, límite distrital de Ilopango y Tonacatepeque, que contó con $2.4 millones. Se pide incorporar $434,404 para trabajos relativos a la colocación de material de relleno de concreto y lodocreto, limpiezas en tuberías en caja de tragantes, entre otros, en la avenida Las Pavas, Ilopango.

3. Rehabilitación y estabilización en cárcava en km 18 ½ autopista a Comalapa, Santo Tomás. Contó con $3 millones y se incorporan $461,643 para obras de excavación y desalojo de material inadecuado, suministro y colocación de material de relleno y tubería para drenar la descarga de aguas.

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el permiso para la empresaria «Mónica Emely Saca Nustas» con el fin de que ejerza el cargo de «cónsul general honorario del Reino de Noruega», que no tiene representación diplomática en El Salvador.

La directora de asuntos jurídicos de Cancillería, Patricia Aguilera Bran, explicó a los diputados que Saca Nustas tiene «un currículum bastante grande» y «es una gran empresaria con una gran trayectoria».

Saca Nustas es directora corporativa de Laboratorios Vijosa.

Como cónsul general honoraria, Saca Nustas será «el enlace con Noruega para temas de inversión, para temas consulares, de representación» y buscará «negociar diferentes acuerdos a nombre del gobierno de Noruega aquí en el país», indicó la representante de Cancillería.

Los diputados también aprobaron un dictamen favorable para que la embajadora de El Salvador en Panamá, «Diana Marcela Vanega Hernández, «reciba una condecoración del gobierno de Panamá al finalizar su misión diplomática.

Ambos dictámenes serían parte de la agenda de la sesión plenaria de este martes 25 de marzo a las 9:30 a.m.

Los diputados de la Comisión de Hacienda dictaminaron de manera favorable la incorporación de $852,967.71, que son remanentes del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (Prodeporte), para intervenir al Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Estos fondos son remanentes de la ejecución de un contrato del 8 de julio de 2021 por hasta los $115.2 millones para financiar Prodeporte.

Según el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlos Herrera, los fondos se destinarán para la remodelación de la sede del INDES, específicamente:

-Concluir las obras de la instalación al sistema de aguas lluvias.

-Construcción de obras de protección y retención.

-Instalación de la pasarela peatonal.

-Suministro de sistema contra incendios.

-Luminaria LED en fachada.

-Impermeabilización de lozas exteriores.

-Restauración de portones de acceso, instalación de sistema de videovigilancia, sistema de sonido, internet y sistema wifi, cambio de sistema eléctrico y construcción de subestación eléctrica.

El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido Concertación Nacional (PCN), pidió el uso de la palabra para consultar si estos recursos irán destinados solamente al INDES o se podrán intervenir otros escenarios deportivos que siguen en mal estado.

“¿Estos recursos que se están incorporando son única y exclusivamente para poder terminar el Palacio de los Deportes o van otras infraestructuras? Porque recuerde que este programa es para poder rescatar todos los escenarios deportivos a nivel nacional que dejaron todos despedazados los gobiernos del FMLN y Arena y sabemos que todavía tenemos varios escenarios en mal estado”, señaló el diputado aliado del oficialismo.

Mencionó como ejemplo el estadio Gregorio Martínez, en Chalatenango, departamento del legislador.

“Yo pongo de ejemplo el estadio Gregorio Martínez de Chalatenango, sabemos que las cosas no son a la carrera, y digo esto porque no ha sido fácil reconstruir todos los escenarios deportivos o poder terminarlos, como el tema de las escuelas que no ha sido fácil y no está siendo fácil recuperar toda la infraestructura que quedó abandonada», expresó.

«Pasaron gobiernos y nunca les pusieron atención, entonces, quiero pedirles (preguntarles) si es única y exclusivamente para el Palacio de los Deportes o también para otros, y quiero aprovechar para pedir al presidente del Indes que ponga el ojo en el Estadio Gregorio Martínez, que es prácticamente las únicas diversiones que tenemos los chalatecos y que necesita reconstrucción”, agregó el diputado.

Al Palacio de los Deportes

El funcionario de Hacienda respondió al diputado Cardoza, que estos recursos específicamente van directamente al INDES. “Sí, efectivamente los recursos que se están incorporando en esta oportunidad van directamente al proyecto del Palacio de los Deportes denominado Mejoramiento del Palacio Nacional de los Deportes Carlos “el Famoso” Hernández.

“Recordemos que, de los $115 millones, la totalidad fue destinada a diversos escenarios deportivos y en este caso se solicita que estos remanentes permitan concluir obras menores de remodelación” y reiteró que “solo son recursos para el INDES”.

El proyecto detalla que los $852,967 son remanentes de cuatro proyectos ejecutados de escenarios deportivos que fueron intervenidos con el programa:
1. Recursos no ejecutados de los proyectos de inversión: Mejoramiento del Estadio Nacional Jorge Mágico González, San Salvador por 200,835.25;
2. Remodelación y equipamiento de Complejo Deportivo de Ciudad Merliot, departamento de La Libertad por $164,942.88;
3. Mejoramiento de Complejo Deportivo El Polvorín, departamento de San Salvador por $487,036.03 y
4. Mejoramiento de Estadio Las Delicias, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad por $153.55, que totalizan un monto de $852,967.71.

Organizaciones como la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y Cristosal presentaron este lunes una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería Metálica ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las organizaciones esperan que la Sala declare inconstitucional la legislación aprobada el 23 de diciembre de 2024 y que derogó la ley de prohibición de minería metálica de 2017.

Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, detalló que recolectaron 59,906 firmas de salvadoreños que respaldan la demanda de inconstitucionalidad contra la minería metálica y advirtió que si la Sala declarará la inconstitucionalidad si «se apega a derecho».

Empezaron a recolectar firmas el 16 de enero hasta el 8 de marzo con las actividades del Día Internacional de la Mujer. El 21 de enero, las organizaciones anunciaron que buscaban recolectar al menos un millón de firmas contra la minería.

Por su parte, el abogado de Cristosal, Jonathan Sisco, explicó que en la demanda se solicita que la Sala resuelva sobre una medida cautelar para prohibir todo proyecto minero con la presentación de la demanda porque «es evidente que todo proyecto de minería va a causar grave contaminación».

«Es evidente que todo proyecto de minería metálica va a causar grave contaminación y lo más grave de esto es que la cuenca del río Lempa alimenta a cerca del 60 % de la población. Todo proyecto minero que pueda estar siendo aprobado en la zona norte va a perjudicar a esta cuenca del río Lempa, por eso es tan importante que la Sala resuelva esta solicitud».

Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.

Sisco recordó que la gravedad de la contaminación del agua por minería es que la cuenca del río Lempa alimenta a cerca del 60 % de la población salvadoreña, por ello considera que todo proyecto minero aprobado en la zona norte «va a perjudicar la cuenca del río Lempa».

Además, las organizaciones piden en la demanda que «vayan ellos y se percaten» de que el río San Sebastián, en La Unión, está contaminado con residuos mineros y solicitan una inspección judicial «para que puedan ver directamente cómo contamina la minería metálica». Están convencidos que «esta ley viola el medio ambiente, viola el derecho al agua, viola tratados internacionales».

El pasado 21 de enero, la organización Justicia Social y Contraloria Ciudadana, en conjunto con cuatro movimientos de derechos humanos, presentaron otra demanda de inconstitucional en contra de la Ley de la Minería Metálica.

De acuerdo con la abogada de Justicia Social, Roxana Cardona, la ley vulnera al menos tres artículos de la Constitución: el 133 en relación al proceso de formación de ley, el artículo 1 en relación al derecho a la vida, y el artículo 65 relacionado al derecho a la salud.

La semana pasada, obispos de la Iglesia Católica presentaron 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para pedir la derogación de la ley minera. Las parroquias recibieron firmas de feligreses desde el 7 de febrero. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que esperan que a través de esas firmas, «el Señor va a mover voluntades».

«Amalia López de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua informa que varias organizaciones recolectaron casi 60,000 firmas para una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley general de minería metálica. Estas firmas son adicionales a las 150,000 presentadas por la… pic.twitter.com/bO0I3n4weg». — Diario El Mundo (@ElMundoSV) March 24, 2025.

El director general de Inversión y Crédito Público de Hacienda, Marlos Herrera, detalló el destino de los $497,962 que incorporarán al presupuesto 2025 y explicó que servirán para continuar con la ejecución del «Programa de Mejoras a la Infraestructura Tecnológica de Recintos Administrados por la Dirección General de Aduanas a Nivel Nacional», suscrito con el Banco de Centroamericano de Integración Económica.

Explicó que los recursos servirán para la “adquisición e instlación de servidores y software para sistemas transaccionales de la Dirección General de Aduanas, contratación de servicio de soporte téncio para mantenimiento de la plataforma de los servidores, capacitación sobre la nueva tecnología, así como al contrtación de la auditoría externa”.

Los fondos, no reembolsables, son el saldo de un total de $750,000, de los que ya se ejecutaron $252,038 entre 2023 y 2024 con el fin de fortalecer, modernizar, innovar y agilizar los procesos aduaneros.

El director general de inversión y crédito público, quien llegó a la Comisión para explicar siete iniciativas de ley, dijo que los recursos provienen de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de $497,962, que están destinados para financiar un proyecto que se está ejecutando en la Dirección General de Aduanas”, detalló el funcionario.

Herrera explicó que el programa Mejoras a la Infraestructura Tecnológica de Recintos Administrados por la Dirección General de Aduanas “tiene un costo total de $843,000, de los cuales $750,00 corresponden a la donación que ha otorgado el BCIE y la diferencia está siendo financiada por el Estado.

Los diputados aprobaron dictamen favorable para incorporar estos fondos, el que sería aprobado en la plenaria de este martes.

Dos altos funcionarios estadounidenses presentaron este lunes la nueva aplicación CBP Home, la cual sustituirá a la aplicación CBP One con la cual inmigrantes podían solicitar asilo, como una nueva forma de autodeportación de inmigrantes en situación irregular que implicaría la ventaja de poder solicitar visa estadounidense en un futuro.

La subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Trici McLaughlin, aseveró que la aplicación CBP Home es «para que todos los extranjeros tengan la oportunidad de autodeportarse y poder regresar en el futuro legalmente y vivir el sueño americano».

Informó que la aplicación CBP One, que se utilizaba para solicitudes de asilo, «ya no existe», ya que será actualizada a «CBP Home». No detalló cuántas personas se han autodeportado.

Enfatizó, citando a Trump, que los extranjeros ilegales pueden autodeportarse o serán deportados. «El objetivo es claro, si no se autodeportan, los encontraremos, los deportaremos y no podrán regresar», advirtió McLaughlin, en una rueda de prensa virtual.

La autodeportación es la opción más segura para los extranjeros ilegales porque preservan los recursos legales y para que CBP pueda enfocar sus recursos en lo que son los extranjeros delincuentes».
Trici McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

¿Cómo será el proceso?

Con la aplicación CBP Home, el inmigrante podrá «verificar su salida y autodeportarse«, introduciendo la información biográfica de sus pasaportes y su ubicación para «comprobar que ya han salido».

«El extranjero ilegal debe estar por lo menos a tres millas fuera de los Estados Unidos para poder utilizar esta opción, mientras la usan, y para poder verificar que han salido, ellos tienen que enviar o presentar una imagen facial, esto es un requisito para poder lanzar esta nueva aplicación y restablecer la integridad en el sistema de inmigración», detalló la subsecretaria McLaughlin.

A la app CBP Home podrán aplicar: «todas las personas que se encuentren de manera ilegal en los Estados Unidos». Su aplicación sería vista por el gobierno estadounidense como una «muestra de que los extranjeros 'ilegales' aplicantes están demostrando que están obedeciendo las órdenes que se han dado».

Según la funcionaria, la aplicación de CBP Home «es una campaña de $200 millones para animar a los extranjeros ilegales de autodeportarse».

Mencionó que en las comunidades santuarias «yay presión de los individuos en estas comunidades santuarias porque están cansadas de ver tantos delitos que vienen de manos de la gente que está en este país de manera ilegal».

El gobierno de Donald Trump prometió una deportación masiva a partir del 20 de enero. La subsecretaria mencionó que en estos primeros 50-60 días de la administración Trump han deportado más extranjeros de las que deportaron el año fiscal 2024. No proporcionó cifras específicas.

Según las estadísticas de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Estados Unidos deportó 271,484 personas en el año fiscal 2024.

Durante los últimos 20 años, ha deportado un total de 5,387,144 extranjeros de todas las nacionalidades, de los cuales 327,201 fueron salvadoreños, según las cifras publicadas por ICE.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa estudiará una propuesta de reforma a la ley de presupuesto de 2025 para incorporar $497,962 para adquirir e instalar servidores de sistemas transnacionales de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Los fondos provienen de un convenio de cooperación técnica no reembolsable suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el “Programa de mejoras a la infraestructura tecnológica de recintos administrados por la DGA” en el Ministerio de Hacienda.

La solicitud de reforma, enviada por el ministro de hacienda el 13 de marzo a la Asamblea Legislativa, será recibida este lunes por la Comisión de Hacienda.

La donación asciende a $750,000 y pretende fortalecer, modernizar, innovar y agilizar procesos aduaneros en general, del cual ya se ejecutaron $252,038.

El BCIE aprobó $750,000 el 14 de octubre de 2020 para un programa de apoyo a la incorporación de El Salvador a la integración profunda hacia el libre tránsito de personas y de mercancías iniciado entre Guatemala y Honduras, ejecutado por la DGA.