El investigador y académico de la Universidad Francisco Gavidia «Óscar Picardo Joao» es uno de los redactores del proyecto original de nueva «Ley general de educación superior», que ha sufrido varias modificaciones y que según las universidades está en manos del Poder Ejecutivo.
Cree que uno de los cambios más importantes en la ley sería la implementación de los créditos académicos en sustitución de las «unidades valorativas», porque facilitará la movilización de estudiantes y la doble titulación.
Sin embargo, el especialista en educación superior observa que no se incluyó, en la última versión de la propuesta, la inversión mínima en investigación científica de 3 % y 5 % del presupuesto en los institutos de educación superior y las universidades.
Además, sostiene debería mencionar expresamente a la Universidad de El Salvador (UES) en el Consejo de Educación Superior, por su valor histórico y considera un error obligar a las universidades a que tengan una acreditación obligatoria. Además considera una necesidad aunque «polémica» la exigencia de un segundo idioma a los graduados, algo que dice es más fácil si se trabaja desde niño como en el modelo costarricense.
–En 2022, un comité prorreforma entrega una propuesta y en 2024 la Asamblea Legislativa recibe un proyecto de ley que luego es retirado. ¿Cómo se origina la propuesta de una nueva Ley de educación superior en El Salvador?
Viene de un documento matricial, la política de educación superior, que es un producto del proyecto de USAID «Educación superior para el crecimiento económico», arranca en el 2015 y termina al filo de 2019-2020, una de las recomendaciones de la política era actualizar la Ley de Educación Superior.
Se empieza a trabajar en un comité con algunos rectores, no todos. En paralelo, la Dirección de Educación Superior (del Ministerio de Educación) me solicita que haga una propuesta como especialista, «empiezo a trabajar una propuesta con la doctora Carolina Britto y nosotros hicimos una propuesta», en muchas cosas no congeniamos pero al final se fue fusionando y prevaleció la versión de los rectores, que fue la versión que circuló y que al final se presentó a la Asamblea, luego se retiró, parece que regresó a Casa Presidencial. Creo que había unos consultores del TEC de Monterrey (Instituto Tecnológico de Monterrey de México) haciendo algunas modificaciones.
Lo que pretendía era sobre todo hacer algunas actualizaciones importantes de cara a la internacionalización del sistema de educación superior, un caso es la métrica curricular, que aquí todavía manejamos unidades valorativas y que en el mundo se maneja el crédito académico. Esa era una necesidad específica, quizás la más relevante que se discutió porque el lenguaje académico nuestro no estaba a tono, cuando venía un estudiante iba afuera o venía un estudiante internacional, había problemas de métrica curricular.
Creería que ayuda. No va a ser mágica, no es una ley que va a catapultar el sistema pero que sí es una plataforma importante para el futuro.
–¿Pasar de un modelo de Unidades Valorativas (UV) a un modelo de créditos académicos sería el cambio más importante de esta ley?
Con la reforma se pasa al crédito y, al ser la métrica el crédito, eso permite que el estudiante pueda terminar una carrera. Creo que lo más relevante. Definitivamente es un tema relevante, que requería una actualización porque hoy en día hay mucha movilidad, hay programas de doble titulación.
Cuando se arma un programa de doble titulación –titulación de una universidad nacional y otra internacional a partir de un programa de estudios convenido– debería tener una métrica similar, pero nuestra métrica está desfasada, cuesta hacer la traducción y explicarle a autoridades (académicas) de Francia, Noruega o Estados Unidos ‘mire, es que la unidad valorativa equivale a…”.
Además, la unidad valorativa es muy reductiva porque solo mide las horas clases atendidas por un profesor y el crédito académico está compuesto por horas clases y por el esfuerzo del estudiante.
–¿Puede esta ley impulsar la educación superior de El Salvador?
Creería que ayuda. No va a ser mágica, no es una ley que va a catapultar el sistema pero que sí es una plataforma importante para el futuro, para las políticas públicas de educación superior, para las relaciones de las universidades, es una puesta al día justificada. Definitivamente (debería retomarse), por lo menos ponerla al día, no sabemos qué versión está ahorita en estudio ni quién la está estudiando pero sí creo que es una necesidad de condición jurídica que hace falta aprobar definitivamente.
–¿Qué sentido tiene incluir o no a la Universidad de El Salvador (UES) expresamente dentro del Consejo de Educación Superior o incluirla implícitamente como parte de todas las universidades?
Históricamente, la UES es la principal universidad, la más antigua, de 1841, y siempre en la agenda de temas de educación superior tenía una relevancia particular que se diferenciaba del resto de universidades del sistema.
Cuando se crea la ley, en función del respeto, la autoridad histórica, la UES mantenía una silla en el Consejo de Educación Superior por su volumen, porque tiene más estudiantes, más carreras, por la historia. Resulta que en esta reforma prevalece más el criterio de los rectores de las grandes universidades privadas, que dirigieron el comité. Creo que hubo una equiparación, las universidades son todas las universidades, da la impresión que tiende a minimizarse el rol de la UES y a tratarla como una más. En el marco de un proceso electoral, es muy probable que la UES perdiera espacio porque está compitiendo por 40 privadas. De hecho (las privadas) están agrupadas.
–¿Qué es lo más conveniente para la educación superior, incluir a la UES expresamente o no?
Yo creo que es necesario que se mencione y que se le respete su valor histórico dentro del sistema de educación superior, es un tema de jerarquía institucional, de vocación de servicio. La UES es la principal institución de educación superior, al margen de que existan otras privadas que puedan tener algunas virtudes o mejores calificaciones en algunos rankings. No debería de estar en discusión.
–¿Cuáles son los puntos clave de esta ley?
Hay tres que me parecen importantes. En esta legislación nueva por primera vez se define qué es un académico, qué es un personero administrativo, los derechos del estudiante, se establece un sistema de becas, creo por cada 100 estudiantes un becario.
Otro tema relevante es que se norma el piso del pago de la hora clase en función del salario mínimo, con esta ley se deja un punto de partida.
Y, tercero, en la propuesta que habíamos hecho, la quitaron, incluía «un porcentaje del presupuesto destinado a investigación», que es una debilidad sistémica de país. De hecho en la encuesta de hogares 2023 dice que el salario promedio del científico salvadoreño son $700, nunca vamos a traer a científicos de buen nivel con esos salarios.
–¿Con qué tanta aceptación fue recibida por las universidades la propuesta de un presupuesto mínimo a la investigación?
No fue bien recibida cuando se propuso. Circuló un poco y luego desapareció. Propusimos 3 % para institutos y 5 % para universidades, que no es mucho.
Otra cosa que propusimos es que para ejercer cargos académicos de alto nivel deberían tener grado de doctor y para ser docente, el grado de maestría, creo que quedó solo el grado de maestría.
Por último, propusimos algunos temas vinculados a la «administración corporativa», eso es un problema a futuro, muchas universidades funcionan como empresas familiares, los fundadores heredan a sus hijos las funciones y a veces no suelen ser académicos, ahí había unas exigencias de calidad para escoger a las autoridades, eso se suavizó también.
(En el proyecto) se modifica la Comisión de Acreditación en el Consejo de Acreditación, creo que ahí hay un error gravísimo porque se hace obligatorio.
–¿Qué significa que la acreditación sea obligatoria para las universidades?
En todos los sistemas de acreditación del mundo, la acreditación es voluntaria porque es una decisión de calidad voluntaria.
Uno son los requisitos mínimos de funcionamiento para cumplir estándares y otro la decisión de calidad. Es como que si yo en una clase obligara a todos los estudiantes a pasar con 10. La decisión de querer sacar un 10 es voluntaria y personal, yo no puedo obligar al estudiante a sacarse 10 para pasar la materia y es lo que está haciendo la ley.
Eso no implica que se autorice el funcionamiento de una universidad con mala calidad porque los requisitos de funcionamiento establecen un parámetro de calidad básico y la acreditación es un paso arriba.
Con la reforma se establece que la acreditación es obligatoria y además que se tiene que pagar por la acreditación.
–¿Quiénes van a conformar el comité de acreditación –porque de eso dependerá si realmente son acreditaciones?
Tradicionalmente la primera CdA (Comité de Acreditación) fue la mejor y la más independiente porque no había nadie vinculado a ninguna universidad, estaba el doctor Héctor Lindo, el doctor Guerra, Knut Walter y así. Con el pasar del tiempo, la comisión creo que se fue degradando y empezaron a aparecer personas o funcionarios que trabajaban en universidades. Entonces, siento que eso fue un error y fue minando la credibilidad de las CdA, tuvimos una crisis allá por 2014 que no se siguió ni siquiera el proceso para nombrar a los comisionados, en la nueva ley creo que se mantiene un poco ese vicio.
Sé que es un poco difícil conseguir buenos académicos que no estén vinculados a la academia, es un poco difícil pero se puede. En esta última había un doctor mexicano, Carlos Hernández, y un doctor costarricense. Últimamente se ha contaminado con algunos comisionados que trabajan en universidades.
–Otra reforma propuesta es la exigencia de un segundo idioma para los graduados de las carreras universitarias.
Es polémico, complicado, pero una necesidad. El idioma inglés es el idioma de la ciencia, te abre puertas tanto a nivel profesional como a nivel de empleo, obviamente si se empieza desde niño como el caso costarricense o de los colegios bilingües, es muy factible pero cuando ya empiezan de adultos es un poco cuestarriba. Es una necesidad que han planteado los empleadores.
