Este 2025 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cumple 50 años de permanencia en El Salvador y en ese marco ha asegurado que seguirán contribuyendo «a la construcción de un El Salvador más inclusivo».

La representante residente del PNUD en El Salvador, Maribel Gutiérrez, aseguró que seguirán «aportando a la construcción de un El Salvador más inclusivo», que a su vez sea «sostenible y dé oportunidades para todas las personas».

Gutiérrez señaló en una publicación del PNUD que la organización llegó a El Salvador con la misión de «impulsar el desarrollo humano» de los salvadoreños y aseveró que en este medio siglo han sido «testigos de transformaciones sociales, económicas y políticas».

La representante del PNUD sostuvo que «siguen firmes en su compromiso» de contribuir en El Salvador a pesar de «un mundo lleno de desafíos». «Medio siglo de compromiso para un futuro más justo y equitativo», agregó la institución en sus redes sociales.

En junio de 2024, el PNUD informó que Gutiérrez se reunió con funcionarios del gobierno salvadoreño para «el desarrollo sostenible, facilitando recursos y conocimientos». En esa oportunidad, la representante del PNUD se reunió con el director país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Alejandro Zelaya, y con la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira.

Gutiérrez presentó sus cartas credenciales a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, en septiembre de 2022 y para ese momento reiteró su compromiso de apoyar al país en la búsqueda del desarrollo humano a través de colaboraciones con el gobierno para enfrentar desafíos y alcanzar el desarrollo sostenible en economía, social y medio ambiente.

50 años impulsando el desarrollo humano en El Salvador. Medio siglo de compromiso para un futuro más justo y equitativo. #PNUD50Años #DesarrolloSostenible #ElSalvador pic.twitter.com/jR5HfynuiS

— PNUD El Salvador (@PNUDSV) March 21, 2025

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes el dictamen favorable de reforma para que la base de datos del historial crediticio de personas en El Salvador se almacene en la nube y se permita utilizar o compartir información de las personas para este objetivo.

Con la reforma, las agencias que manejan la información crediticia de los salvadoreños podrán transferir la información a empresas contratadas únicamente para guardar dicha información en la nube sin el consentimiento de los usuarios. Sin embargo, este uso de la nube no será obligatorio para las agencias.

El Banco Central de Reserva (BCR) ha dicho que la única facultad que tendrán las entidades, con esa información, es subirla a la nube. Tanto el BCR como de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) advirtieron que la contratación de la nube para el resguardo de información crediticia de los clientes del sistema financiero deberá garantizar la confidencialidad de los datos y mecanismos de ciberseguridad.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, les preguntó a los diputados de la Comisión si alguien tenía algún comentario u observación. Ningún diputado pidió la palabra. La diputada Elisa Rosales leyó el dictamen y lo aprobaron sin ningún cambio al proyecto de reforma.

“Luego de la lectura sometemos a votación nuestro dictamen favorable. Quienes estén a favor pueden votar. Se aprueba por mayoría de los presentes”, dijo González, en una reunión de 10 minutos.

La superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Daysi Mineros, había sugerido a los diputados que «debería ser transparente al usuario» al referirse a la contratación del uso de la nube para almacenar la información crediticia de estos usuarios del sistema financiero en El Salvador.

Antes, la diputada González, quien preside la Comisión, aseguró que en la sesión pasada estuvieron “conociendo a algunos representantes tanto del Banco Central de Reserva como de la Superintendencia del Sistema Financiero” para “poder tener un diálogo también, para poder profundizar en el estudio y en el análisis de dicha reforma”.

Sin referirse al contenido de la reforma, la diputada recordó otra reforma que en 2021 se hizo a la misma normativa. “Con el paso del tiempo tuvimos el tercer aniversario de esta reforma y creo que ha sido de utilidad a los salvadoreños”, dijo. La reforma de 2021 facultó a la SSF la fiscalización de agencias de información sin previo aviso, en lugar de las 72 horas de anticipación y que no fuera considerado un dato negativo la falta de pago de membresías a tarjetas de crédito sin saldo de capital o interés vencido.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, presente en la Comisión no votó por el dictamen. La diputada Claudia Ortiz, de ese partido, había sugerido considerar cuáles son las “garantías” para resguardar la información crediticia de los usuarios en la contratación de las empresas que guardarán dicha información.

En el turbulento contexto de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido por ideologías opuestas y muros físicos como el de Berlín, un gesto de agradecimiento unió a dos ciudades separadas por miles de kilómetros: Berlín Occidental, en Alemania, y Berlín, un municipio del departamento de Usulutu00e1n, en El Salvador.

El 5 de enero de 1965, Willy Brandt, quien entonces era alcalde de Berlín Occidental, envió una carta a Tomu00e1s Antonio Guandique, alcalde de Berlín, Usulutu00e1n. En la misiva, Brandt expresó su “profundo agradecimiento por la mejor voluntad” demostrada por la población salvadoreña tras la construcción del Muro de Berlín por parte del régimen comunista de Alemania Oriental en 1961.

“Esta muralla de cemento armado y alambre de púa es antinatural. No puede tener duración”, escribió Brandt en una carta cargada de esperanza y confianza en un futuro sin divisiones. La carta fue difundida este viernes por la embajada de Alemania en San Salvador.

Según Brandt, a pesar de las penurias los ciudadanos de Berlín Occidental construían una ciudad moderna e industrial que se perfilaba como un símbolo de resistencia y renovación.

El mensaje no solo era diplomático; era un llamado a la unidad humana más allá de las fronteras ideológicas.

“Es para mí un gran placer poder remitirle a su ciudad y a sus conciudadanos los mejores augurios”, escribió Brandt a Guandique, uno de los alcaldes más queridos que ha tenido la ciudad usuluteca.

¿Quién fue Willy Brandt?

Más allá de su rol como alcalde, Willy Brandt fue uno de los líderes más influyentes del siglo XX, tanto en Alemania como en el mundo. Exiliado durante el régimen nazi por su militancia socialista, volvió a Alemania y se convirtió en símbolo de reconciliación y paz.

Fue canciller de Alemania Occidental entre 1969 y 1974, y es recordado por su política de “Ostpolitik”, que promovió el acercamiento con Europa del Este. Su trabajo por la paz le valió el Premio Nobel de la Paz en 1971.

Uno de sus gestos más recordados fue el “Kniefall von Warschau” (la genuflexión de Varsovia), cuando se arrodilló en 1970 ante el monumento a las víctimas del gueto judío en Polonia, en un acto de humildad que impactó al mundo.

El Muro de Berlín, construido por el régimen comunista de Alemania Oriental en 1961, fue el símbolo más visible de la división entre Oriente y Occidente durante la Guerra Fría. Su caída el 9 de noviembre de 1989, tras una ola de protestas populares y la apertura de las fronteras, marcó el principio del fin del conflicto ideológico global y allanó el camino hacia la reunificación alemana.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes respeto a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien criticó la situación de inseguridad que se vive en México y aseguró que puede contenerse la violencia estado por estado como él lo ha hecho en su país.

«Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país», zanjó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana reaccionó así a las declaraciones de Bukele, quien el jueves en un mensaje en redes sociales se pronunció sobre la inseguridad que vive México.

«28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?», cuestionó Bukele en X.

El mandatario salvadoreño, quien desde su llegada al poder implementó en su país una controvertida lucha contra la delincuencia con una estrategia de mano dura contra las pandillas y tolerancia cero al crimen, dio recomendaciones para contener la violencia e inseguridad en México.

«Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados», indicó.

La propuesta surgió luego de que el mandatario centroamericano compartiera una publicación que señala que es «absurdo» comparar la situación de seguridad de El Salvador, que abarca poco más de 21,000 kilómetros cuadrados de extensión, a la que se vive en México, cuya extensión es de más de 9,000 millones de kilómetros cuadrados.

En 2023 se registraron únicamente 154 homicidios en todo El Salvador, una drástica baja respecto a los más de 2,390 asesinatos reportados en 2019, año en que Bukele asumió la presidencia.

Sin embargo, la estrategia de Bukele ha recibido críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos que la acusan de atentar contra los derechos humanos de las personas y que las medidas implementadas bajo el régimen de excepción podrían sentar un precedente peligroso para otros gobiernos.

Aún así, Sheinbaum evitó entrar en debate por las declaraciones de Bukele. «No voy a entrar en debate con Bukele. La verdad, podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso, fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto», indicó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador donó el jueves 1,612 escáneres al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, luego de un acuerdo unánime del organismo colegiado, pero sin que todos los magistrados asistieran al evento.

El acto de entrega fue presidido por la presidenta del TSE, Roxana Soriano, y la embajadora de Ecuador en El Salvador, Laura Donoso, sin presencia de la prensa.

Para Soriano aseguró, esta donación es un intercambio que permite construir «democracias sólidas» y «es un paso más en la consolidación del TSE como un referente regional en materia de integridad electoral».

Según el TSE, la embajadora Donoso agradeció el apoyo del Tribunal para «generar procesos transparentes y confiables». A la diplomática ecuatoriana también la acompañó la directora nacional de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandra Santa Cruz.

«Esta donación simboliza no solo un gesto de apoyo técnico, sino también la convicción de que el intercambio de conocimientos y recursos entre nuestros países nos permite construir democracias sólidas».

Roxana Soriano, presidenta del TSE.

De parte del TSE, asistieron al evento la presidenta Soriano, las magistradas propietarias Sofía Paniagua y Karla Guandique (propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados suplentes Irvin Castillo (propuesto por Arena) y Francisco Molina (propuesto por la CSJ).

El Tribunal aseguró en sus redes sociales que el equipo «se encuentra en óptimas condiciones» pero que es donado porque «ya no se apega a nuestro sistema electoral».

«Realizamos esta contribución con el objetivo que continúe siendo de apoyo en la ejecución de procesos electorales democráticos», aseguró la institución electoral.

En marzo de 2023, los exmagistrados también donaron al Ministerio de Educación 501 laptops, 49 impresoras y siete escáneres. Estos aparatos habrían dejado de ser utilizados tras las elecciones legislativas y municipales de 2021, cuando se empezó a usar el sistema automatizado.

A casi dos semanas de haber destituido al alcalde de San Salvador Este, José Chicas, el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha recibido la certificación de la decisión que tomó el concejo municipal el sábado 8 de marzo para remover a Chicas del cargo para el que fue electo popularmente el 3 de marzo de 2024.

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Dos fuentes internas dijeron a Diario El Mundo que la certificación de la destitución aún no ha sido recibida por el organismo colegiado del TSE. El Código Municipal establece en el artículo 28 que el concejo municipal debe remitir al Tribunal la certificación correspondiente «en el plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha en que la resolución adquiera estado de firmeza».

Concejales de San Salvador Este consultados por Diario El Mundo desconocen si la certificación ya fue enviada a la Secretaría General del Tribunal. El Código indica que la destitución de funcionarios del concejo procede cuando: no se reúnen los requisitos exigidos, por pérdida de los derechos, contratistas o concesionarios del municipio, cuando se tiene pendiente juicios administrativos o controversias judiciales, enajenados mentales, empresarios municipales, militares, ministros y pastores.

La normativa vigente también indica que para destituciones de miembros del concejo se debe tener el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros propietarios del concejo, mientras que para suspensiones se debe tener la mitad más uno de los votos. En ambos casos se debe remitir la certificación al Tribunal.

En la sesión extraordinaria del concejo municipal, los concejales decidieron también nombrar al tercer regidor Marvin Elías Alas Aragón como nuevo jefe edilicio. Luego de la reunión, el regidor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Cayetano Cruz, aseguró que la destitución no habría sido fundamentada legalmente.

La destitución de Chicas fue solicitada por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien pidió esta decisión por la polémica ocurrida en Ilopango, uno de los distritos de San Salvador Este, por maltrato animal en el refugio municipal. Bukele aseguró que no se puede capturar a un edil por «mala gestión o negligencia administrativa». Chicas también fue expulsado del partido Nuevas Ideas.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, aseguró esta semana que a Chicas «le dieron la oportunidad de irse» sin rendir cuentas y aseveró que si «fuera un alcalde de oposición, inmediatamente le hubiera caído la Fiscalía y ya estuviera preso y ya anduviera con las chancletillas blancas».

La alcaldesa de Usulután Norte, Luz María Cruz Torres, única alcaldesa de Fuerza Solidaria aseguró que durante su gestión no se ha realizado ningún aumento en las tasas municipales, esto en respuesta a la advertencia que hizo Nayib Bukele de denunciar a alcaldes que han incrementado tarifas de tasas, licencias, permisos en sus municipalidades.

“Según el mandato del presidente que revisáramos las ordenanzas que habían sido publicadas después del 1 de mayo de 2024, en Usulután Norte solo teníamos una ordenanza, en la que se había homologado las tasas de los postes, antenas, vallas publicitarias y como nosotros somos obedientes de la ley, vimos a bien reunirnos esta mañana (16 de marzo) como concejo de Ulután Norte y derogar esa ordenanza”, dijo la alcaldesa, por medio de un video en la cuenta de Facebook de Sede Central de Usulután Norte, Santiago de María.

Aclaró que esa ordenanza era para las empresas de telefonías, torres, comercios que ponen anuncios en carreteras, “pero no era directamente afectar al usuario”.

Según la alcaldesa solo “quedan vigentes las ordenanzas que están en todos los distritos” y que asegura vienen de administraciones anteriores.

“En ningún momento hemos tocado las tasas municipales, para la ciudadanía, esas siguen vigentes desde el período anterior y las que hemos heredado de otros períodos. Por ejemplo la ordenanza del distrito de Berlín está desde el 2007… Nosotros hemos estado revisando y los usuarios del Mercado de Berlín, a ellos les estaban aplicando el aseo que son $0.10, pero eso es de aseo, no es tasa por ser usuario”, informó Cruz Torres.

Agregó que a los usuarios de ese mercado, la tasa municipal que se les cobrara por tener ahí un puesto, era de alquiler $10 diarios.

“Nosotros lo vimos demasiado exagerado y tuvimos a bien aplicarle los $0.25 que dice aquí, se les aplicado $0.25 por metro cuadrado, claro el que tiene bastante espacio físico tiene que pagar más que el que tiene poco y esa ordenanza la tenemos en estudio.”

Dijo que su concejo acordó revisar las ordenanzas de los nueve distritos: integrado por nueve distritos: Alegría, Berlín, El Triunfo, Estanzuelas, Jucuapa, Mercedes Umaña, Nuevas Granada, San Buenaventura y Santiago de María.

“Primero vamos a empezar con la de Berlín, que es de la que más hemos tenido quejas y vamos a ver cómo les podemos echar la mano a los usuarios del mercado. Hay que hacer estudios, no puede ser a la carrera, tenemos que dar cuentas a la Corte de Cuentas, porque podemos ser sancionados, entonces iniciamos con la de Berlín, después podemos seguir con la del Triunfo, con Jucuapa, Mercedes Umaña, todos los distritos que conforman Usulután Norte”, aseguró.

«Reviertan todas las tasas, multas, licencias, permisos, impuestos y cualquier otro cobro» aprobados antes del 1 de mayo de 2024. Espero que el 100% de los concejos municipales acaten esta instrucción. De lo contrario, serán acusados por el delito de EXTORSIÓN ante la Fiscalía General de la República”, advirtió el mandatario el lunes 17 de marzo.

Las advertencias del presidente iniciaron el viernes 14 de marzo, contra la alcaldía de San Salvador Centro, dirigida por Mario Durán de Nuevas Ideas. Por medio de su perfil de X, Bukele pidió a la alcaldía capitalina revertir «de inmediato» los cobros de licencias de negocios por considerarlos «indebidos».

Esa tarde, Durán, respondió que atenderá las indicaciones del presidente «de inmediato».

El sábado Bukele dio un ultimátum a los 44 concejos municipales hasta el lunes para que, quienes hayan incrementado los cobros de tasas, licencias y permisos regresen los precios que tenían a su llegada el 1 de mayo del 2024.

El lunes se los recordó: “Hoy lunes, a las 12 de la medianoche, vence el plazo para que todas las alcaldías del país REVIERTAN todas las tasas, multas, licencias, permisos, impuestos y cualquier otro cobro, devolviéndolos a la misma situación en la que se encontraban antes de la toma de posesión de los nuevos gobiernos municipales el 1 de mayo de del año pasado. Espero que el 100% de los concejos municipales acaten esta instrucción. De lo contrario, serán acusados por el delito de EXTORSIÓN ante la Fiscalía General de la República.”

El mandatario no ha informado si hará alguna denuncia ante la Fiscalía contra alguna municipalidad.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó el martes a México de por qué no resuelve sus problemas de seguridad tras responder a publicaciones que cuestionan su modelo de seguridad.

“He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador”, escribió Bukele en su cuenta de la red social X, en respuesta a críticas que circulan en medios y redes mexicanas sobre su modelo de seguridad.

Bukele subrayó que “28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador” y se preguntó por qué, con los recursos de una nación de 130 millones de habitantes, México no ha podido garantizar la seguridad en al menos uno de esos territorios.

No hubo ningún cuestionamiento directo de Bukele al gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sino que su comentario pareció dirigido a quienes lo cuestionan desde aquel país.

“Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados”, escribió el mandatario salvadoreño, en una publicación que generó reacciones en redes sociales de ambos países.

He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador.

¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo… https://t.co/WHjFC1kdOX

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 20, 2025

La publicación ocurre en un contexto donde el modelo de seguridad salvadoreño ha sido objeto de atención internacional, en especial tras el régimen de excepción que ha dejado más de 85,000 capturas de presuntos pandilleros y colaboradores desde 2022, según cifras oficiales. Desde la imposición del régimen de excepción hace tres años, El Salvador ha visto reducido los homicidios a niveles inéditos, así como otros delitos como la extorsión.

México, por su parte, atraviesa una ola de violencia ligada a la operación de múltiples grupos del crimen organizado, particularmente en estados como Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y Michoacán.

Bukele ha defendido en reiteradas ocasiones su estrategia de “mano dura” contra las pandillas, destacando cifras de reducción de homicidios y presentando a El Salvador como uno de los países más seguros de América Latina, pese a que diversos organismos internacionales han expresado preocupación por las violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción.

El Comité Nacional Monseñor Romero informó este jueves que el lunes presentarán una demanda de constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley general de minería metálica en El Salvador. A la demanda esperan anexar al menos 50,000 firmas de salvadoreños que se oponen a la normativa aprobada en diciembre de 2024.

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El vicepresidente del Comité, Trinidad de Jesús Nieto, aseguró que el lunes como parte de las actividades en conmemoración del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, presentarán una demanda para solicitar la inconstitucionalidad de la ley minera aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024.

Nieto aseveró que la demanda ha sido redactada por abogados de la organización y añadió que también están solicitado que se promueva la derogación de la misma ley y del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que ya suma más de 84,000 personas capturadas.

«Saldremos directo a la Corte Suprema llevando otras, allá llevaron 150,000 firmas, posiblemente el lunes sean entregadas a la Corte otras 50,000 firmas con las cuales se está planteando la demanda».
Trinidad de Jesús Nieto, vicepresidente del Comité Nacional Monseñor Romero.

Por su parte, el secretario del Comité, Gustavo de León, indicó que se unen a la petición de la Iglesia Católica para que el Órgano Legislativo derogue la ley minera porque recordó que la normativa vino a «sustituir» la ley que prohibió la explotación minera en El Salvador como «un hecho histórico» en 2017.

«Queremos apoyar la acción de la Iglesia en el acto reciente de la entrega de las 150,000 firmas para pedir la derogación de la ley» sostuvo de León, quien indicó que la prohibición de la minería servía como una «protección» para los salvadoreños.

La Alianza Nacional contra la privatización del agua también señaló que se unirá el lunes para presentar la demanda. Amalia López de la Alianza, aseguró ayer que en la recolección de firmas llevan «un número bastante elevado» aunque admitió que «siguen recopilando» e instó a quienes tienen listados que «los hagan llegar» para anexarlos en la demanda.

A finales de enero, organizaciones de sociedad civil aseguraron que buscaban recolectar 1 millón de firmas contra la minería. Hasta el momento se desconoce la cantidad de firmas recolectadas por los movimientos, quienes aseguran que aún no cierran la recolección.

La Conferencia Episcopal de El Salvador presentó el martes en la Asamblea Legislativa 150,000 firmas de salvadoreños que apoyan la derogación de la ley minera. «Sin ningún interés político, ideológico o de grupos de poder, sino movidos únicamente por el bien común de este pueblo, sobre todo el bien de los más vulnerables», afirmó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

La organización Cristosal denunció este jueves ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) al ministro de Salud, Francisco Alabí, y al expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar, por supuestamente haber beneficiado a empresas familiares en contrataciones durante la pandemia.

El abogado de Cristosal Jonatan Sisco explicó que acusan a los funcionarios de desvío de fondos y por conflicto de intereses en la ejecución de compras durante la pandemia por Covid-19 en 2021. Sisco aseguró que han presentado el documento de cotización de caretas de la empresa que supuestamente pertenece a la hija de Jorge Aguilar, expresidente del FONAES, donde presuntamente él también era accionista y se habría beneficiado de las compras del Estado.

Sisco dijo también que por medio del periodismo de investigación conocieron de una supuesta cotización donde la empresa habría comercializado las caretas a $1.13 pero al gobierno salvadoreño se las vendió a $2.50. Con base a este documento, Cristosal estima que el sobreprecio sería del 121 %. El contrato de compra fue suscrito por $250,000 para la adquisición de $100,000 protectores faciales.

«Los fondos que estaban destinados para la compra de mascarillas quirúrgicas certificadas no se utilizaron para eso, terminaron en manos de familiares de funcionarios y de los mismos funcionarios que eran accionistas de estas sociedades». Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.

A través de un comunicado de prensa, la organización explica que Jorge Aguilar ejercía el cargo de presidente del FONAES cuando se dio la contratación de protectores faciales y supuestamente, en ese mismo periodo «mantenía su condición de accionista y beneficiario final» de la empresa de su hija.

La organización también ha señalado que los protectores faciales comprados «no estaban incluidos en el catálogo de insumos médicos autorizados para compras directas, según el decreto legislativo» aprobado «lo cual sugiere un posible desvío de fondos destinados a la adquisición de insumos médicos esenciales».

Cristosal entregó en anexos a la denuncia: acuerdos ejecutivos, declaraciones patrimoniales, órdenes de compra, cotizaciones y credenciales que presuntamente relacionarían a Jorge Aguilar con la empresa de su hija y sugirió al TEG que pida informes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Ministerio de Hacienda para determinar si «recibió salarios o dividendos de dicha sociedad».

Por su parte, la jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, aseguró que estos casos están casi por prescribir en el Tribunal por cumplirse el periodo de cinco años e indicó que esta denuncia se suma a la presentada el 13 de noviembre contra el ministro Alabi «por haber favorecido a sus familiares».