Categoría: Politica

  • Señalan nombramientos irregulares en alcaldía de San Salvador Este y esperan investigación sobre situación de refugio de Ilopango

    Señalan nombramientos irregulares en alcaldía de San Salvador Este y esperan investigación sobre situación de refugio de Ilopango

    El concejal del partido CD de la Alcaldía de San Salvador Este, Hernán Carrasco, señaló nombramientos irregulares en la comuna al mismo tiempo que espera que se concrete una investigación relacionada con el

    refugio en Bosques de La Paz, Ilopango, de la misma jurisdicción.

    Durante la entrevista de Diana Verónica y Tony, Carrasco aseguró que cuando se propuso nombrar al director de Protección Animal de la comuna no estuvo de acuerdo, porque el puesto sería ocupado por el mismo director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).

    «Cuando se llevó el punto a sesión de concejo nosotros dijimos ‘no acompañamos esa medida’. Es muy difícil que alguien tenga la capacidad de manejar bien dos direcciones».

    Hernán Carrasco

    Concejal del partido CD en la Alcaldía de San Salvador Este

    El concejal señaló que, al igual que en este nombramiento, no apoyó el nombramiento de los jefes de distritos y muchos puestos gerenciales.

    Carrasco explicó que en la primera sesión del concejo municipal, cuando se nombró los puestos de confianza, el alcalde destituido, José Chicas, no propuso una terna.

    «El alcalde te tiene que presentar (una terna) por puesto, y de esas el concejo elige, nunca se nos presentaron tres personas. Entonces nosotros no acompañamos porque no es la forma en que se tiene que hacer».

    Hernán Carrasco,

    Concejal de San Salvador Este.

    El concejal dijo que la desconfianza se refuerza en la actualidad, porque ha notado que todas las decisiones eran absorbidas por Chicas.


    La polémica

    El exalcalde Chicas fue separado de su cargo el pasado 8 de marzo en sesión extraordinaria, luego de que el presidente Nayib Bukele solicitara su expulsión del partido Nuevas Ideas (NI) y sugiriera la destitución.

    La medida fue una de las consecuencias por la polémica administración de un refugio de animales en Ilopango, luego de que se divulgara en redes sociales una serie de videos y fotografías de mascotas en mal estado.

    Tras la difusión del material, Chicas aseveró que el centro había sido inspeccionado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Bienestar Animal (IBA).

    En ese momento, la FGR desmintió a Chicas y anunció una investigación.

    El 8 de marzo, el presidente Bukele reaccionó a la situación y aseguró que no podía arrestar a Chicas «por mala gestión o negligencia administrativa». En su publicación en Facebook, el mandatario anunció el cierre del IBA, la Polipet y de Chivo Pets, este último habilitado nuevamente un día después.

    También se quitó la administración de los refugios a las comunas y se ordenó que se otorgaran a las organizaciones protectoras de animales.

    Carrasco indicó este 18 de marzo que la Fiscalía ha continuado investigando pero que no tienen más información al respecto.

    Sin precisar detalles, el concejal dijo que este jueves se les compartirá una investigación completa con la que se espera saber qué es lo que ocurrió y deducir responsabilidades administrativas.

    Además, instó al gobierno a crear un organismo parecido al IBA para que fiscalice el control de los refugios en poder de las organizaciones protectoras de animales.

  • Diputadas de oposición cuestionan violación a autonomía de las municipalidades

    Diputadas de oposición cuestionan violación a autonomía de las municipalidades

    Las diputadas de oposición Claudia Ortiz (Vamos) y Marcela Villatoro (Arena) cuestionaron la violación a la autonomía de las alcaldías municipales por parte del Poder Ejecutivo ante la advertencia lanzada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha advertido a los alcaldes y sus concejos municipales que, si no revierten incrementos en todos los cobros desde mayo de 2024, los acusará de extorsión ante la Fiscalía General de la República.

    «Aquí se trata que prevalezca la Constitución y una es las cosas que la Constitución establece es la autonomía municipal, esto no es aislado, hay muchas otras decisiones que se han tomado desde la Asamblea, desde el Ejecutivo que atentan a la autonomía y a la soberanía de la gente que votó por tener un gobierno local que resuelva las necesidades del territorio. Es importante que la gente vea que se está robando las soberanías de las municipalidades», señaló la diputada de Vamos.

    Por otro lado, la legisladora instó a preguntarse por qué la mayoría de las municipalidades han aumentado las tasas. «¿Por una instrucción o por casualidad tomaron la decisión?, pero tomaron esa decisión y hoy se deshacen esa decisión. De fondo está una afectación y una limitación a las autonomías de las municipalidades», insistió. Ahora, nadie está diciendo que los alcaldes estén haciendo las cosas bien», aclaró.

    La diputada Villatoro, por su parte, indicó que «la descentralización de las alcaldías está dentro de la Constitución y debe respetarse», y que los problemas no se dan por el número de alcaldías, sino por la incapacidad de muchos que tomaron el cargo.

    «El tema no es que haya 100, 200 o 44 alcaldías, el tema es que las alcaldías trabajen de manera efectiva y, si no se está trabajando de manera efectiva y correctamente, el problema son las personas que toman cargo de las instituciones y que no están capacitadas para ello», aseveró.

    También cuestionó que ahora el presidente de la República esté interesado en el tema, ya que «mucha gente lo viene denunciando desde hace meses». «El tema de las alcaldías es delicado y no es de ahorita, no es que haya visto (Nayib Bukele) 8,000 tuits, esto tiene meses», dijo Villatoro.

    Según la diputada, haberle quitado el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) a las municipalidades los ha llevado también «a cometer abuso», aunque defendió la única alcaldía de Arena, de Milagro Navas, en la Libertad Este, «que sí está haciendo las cosas bien».

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que «lastimosamente la Constitución les da autonomía a las alcaldías» por lo cual no puede «dar órdenes a los alcaldes» pero les advirtió que, si no revierten todos los cobros implementados desde mayo, los acusará de extorsión ante la Fiscalía General de la República (FGR). «No tengo poder para ordenarles, pero sí puedo denunciarlos ante la Fiscalía y los voy a denunciar por extorsión», advirtió Bukele el domingo.

    Dos días antes, fue la alcaldía de San Salvador Centro, dirigida por Mario Durán, la primera en recibir una orden de Bukele. «Me estoy enterando de que la alcaldía de San Salvador Centro ha elevado desproporcionadamente los costos de licencias para negocios… Estas alzas deben revertirse de inmediato y los cobros indebidos ya realizados deben ser reembolsados. De lo contrario, impulsaremos legislación para regular estos abusos a nivel nacional», ordenó. Minutos después Durán respondió también en X: «De inmediato presidente».

  • Habilitan ventanilla de renovación exprés de pasaportes en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

    Habilitan ventanilla de renovación exprés de pasaportes en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

    La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó que habilitó una ventanilla exprés en el Aeropuerto Internacional de El Salvador «San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez» para la renovación inmediata del pasaporte salvadoreño sin necesidad de acudir a una de las sucursales de Migración.

    Para la renovación inmediata, solo se debe presentar el Documento Único de Identidad (DUI) vigente y en buen estado en la ventanilla exprés, ubicada dentro del Aeropuerto.

    El trámite tiene un costo de $25, igual que en las sucursales de la institución. Para realizar el proceso se requiere ser mayor de 18 años.

    Para la renovación exprés de pasaportes vencidos, no se requiere de la captura de una nueva fotografía sino que se utiliza la más reciente, sea esta la del DUI o la del pasaporte. Para atención de dudas, Migración ha puesto a disposición de los usuarios el número 2535-6212.

    «En Migración El Salvador continuamos innovando para que ningún contratiempo afecte tu viaje», afirmó la institución el lunes.

    En diciembre de 2023, Migración lanzó la plataforma «pasaporte en línea» para permitir que los residentes en El Salvador puedan renovar el documento de viaje de forma remota. En ese momento, el director de Migración, Ricardo Cucalón, aseguró que el procedimiento beneficiaría a los usuarios al permitirles actuar el pasaporte «de manera fácil y desde sus hogares».

    Migración estimaba que en 2023 se realizaban cada día al menos 300 procesos de emisión y renovación del pasaporte salvadoreño.

    El lanzamiento de la ventanilla exprés se realiza dos semanas y media antes de las vacaciones de Semana Santa, la cual se conmemora por la feligresía católica desde el lunes 14 hasta el domingo 20 de abril de 2025.

  • Iglesia católica descarta sanciones a funcionarios que han promovido la minería en El Salvador

    Iglesia católica descarta sanciones a funcionarios que han promovido la minería en El Salvador

    La iglesia católica salvadoreño descartó el martes que piense imponer sanciones a los funcionarios que han promovido o aprobado la nueva Ley general de minería metálica en El Salvador, al contrario, jerarcas religiosos aseguraron que la entrega de 150,000 firmas de ciudadanos para pedir la derogatoria de la normativa es un «llamado pacífico».

    Le puede interesar: Obispos entregaron a diputados 150,000 firmas de ciudadanos que piden derogar la minería metálica

    Al ser consultado sobre posibles sanciones a funcionarios, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, respondió que no están en disposición de imponer medidas por la aprobación de la ley minera y explicó que la entrega de las firmas es «un llamado a la Asamblea Legislativa en su conciencia para que hagan el bien».

    El líder religioso indicó que «la iglesia no está para sancionar», que no es su objetivo «estar amenazando, ni nada parecido» y que para sancionar existen «las leyes civiles». Definió a la iglesia como «una madre que se preocupa por el bien de sus hijos». «Esto nos mueve en el bien de los hijos, en el bien de todos», subrayó.

    «La iglesia no está para sancionar, no, no es nuestro objetivo y nunca vamos a estar amenazando ni nada parecido. Hay leyes, las leyes civiles, etcétera, y hay otros mecanismos, pero la iglesia es más bien una madre que se preocupa por el bien de sus hijos».
    José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador.

    Escobar Alas reiteró que «es un llamado pacífico, un llamado humilde podríamos decir» y que solo han advertido «el posible mal que se haría si se explotan las minas» en El Salvador. «Hemos hablado para que se evite, no vamos a ir más allá de eso… Siempre será un llamado de carácter pastoral y, si se quiere, con autoridad moral pero no para exigir».

    El también presidente de la Conferencia Episcopal agradeció al pueblo por «la respuesta inmediata» en la recolección de firmas que se realizó del 7 de febrero al 5 de marzo en parroquias católicas y templos evangélicos.

    Aunque dijo desconocer «qué va a suceder» con su petición aseguró que están «pidiéndole a Dios» y que esperan que «el Señor… va a mover las voluntades y va a iluminar a las personas para que tomen esa buena decisión en favor del pueblo».

    La Conferencia Episcopal de El Salvador sostuvo que su petición de derogación no tiene intereses político, ideológico o de grupos de poder, sino movidos únicamente por el bien común y de los más vulnerables.

  • Comisionado de DDHH de El Salvador se reúne con Reporteros Sin Fronteras tras las acusaciones de una periodista

    Comisionado de DDHH de El Salvador se reúne con Reporteros Sin Fronteras tras las acusaciones de una periodista

    El comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, sostuvo este martes un encuentro con Reporteros Sin Fronteras (RSF), ante quienes se reafirmó que en «El Salvador la prensa es libre», después de que se conociera el lunes que una periodista salvadoreña que trabajaba para un medio internacional tuvo que abandonar el país con su familia por miedo a su seguridad.

    La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión informó del encuentro en un mensaje en la red social X, sin brindar más detalles, y apuntó que «el diálogo es el mejor camino para fortalecer la libertad de expresión».

    Señaló que el comisionado Guzmán se reunió con Reporteros Sin Fronteras (RSF) para «reafirmar que en El Salvador la prensa es libre y la verdad no necesita permiso».

    Este encuentro se da luego de que se conociera el lunes que la periodista salvadoreña Alba Amaya, quien trabajó para el medio alemán Deutsche Welle (DW) por más de cinco años, salió de El Salvador junto con su familia por temor a su seguridad.

    Guzmán aseguró la noche del lunes, en un mensaje en X, que no recibió «ninguna denuncia formal por escrito» de Amaya y lamentó «profundamente» la decisión de la periodista y su familia de abandonar el país centroamericano a finales de 2024.

    En un comunicado difundido el lunes, la periodista sostiene que denunció ante la DW y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre 2020 y 2024, de «crecientes ataques por su trabajo escrito y audiovisual lo que incluyó acoso digital, intimidación, vigilancia, seguimientos, declaraciones estigmatizantes, difamación y censura».

    Relató que, tras finalizar una entrevista con el comisionado Guzmán, le expresó que sentía temor por su seguridad por ejercer el periodismo en el país.

    «Pese a que tuvimos otros encuentros para entrevistas posteriores, no vi interés de Andrés Guzmán en darle seguimiento a lo que le expuse», recordó la reportera.

    No obstante, en respuesta, Guzmán publicó en X que «hasta la fecha, no he recibido ninguna denuncia formal por escrito de la periodista @albita_miriam ni de otros periodistas salvadoreños sobre casos de acoso o intimidación».

    Señaló que «en reuniones anteriores, pregunté a la señora Amaya si en algún momento se había sentido acosada o intimidada. Ella me mencionó que, años atrás, había experimentado algún tipo de acoso policial» y, continuó, «en esa ocasión, le solicité que presentara una denuncia por escrito para poder brindarle el apoyo y seguimiento adecuados. Lamentablemente, no recibí dicha denuncia».

    De acuerdo con el Informe de Libertad de Prensa de 2023 de la APES, «al menos 14 periodistas se autoexiliaron en los últimos dos años, (…) luego de ser víctimas de ataques promovidos, en algunos casos, por el propio presidente Nayib Bukele».

    Amaya elaboró «más de 50 reportajes escritos y notas audiovisuales -que difundió mundialmente la DW-» en los que entrevistó a víctimas de desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas, de supuestas violaciones a derechos humanos en las cárceles salvadoreñas y de desapariciones, entre otros temas, según su comunicado.

  • Polémica entre Marcela Villatoro y Claudia Ortiz por propuesta de reforma constitucional contra minería

    Polémica entre Marcela Villatoro y Claudia Ortiz por propuesta de reforma constitucional contra minería

    Horas después de que la Iglesia Católica entregara a la Asamblea Legislativa 150,000 firmas de personas que piden la derogación de la Ley General de Minería Metálica,

    el tema fue retomado en la plenaria en las instalaciones de Cancillería y generó tensión entre las diputadas de oposición Marcela Villatoro (Arena) y Claudia Ortiz (Vamos).

    Ortiz pidió la palabra en el pleno para solicitar la derogatoria de la Ley General de Minería en nombre de esas 150,000 firmas y también solicitó modificar la agenda e introducir una iniciativa «con dispensa de trámites» de reforma constitucional para prohibir la minería metálica en El Salvador.

    «Este día colegas han llegado a la Asamblea Legislativa 150,000 firmas de la feligresía católica, es nuestro deber atenderles y como decían por ahí, creen que son la mayoría, pero la mayoría es la gente que no quiere minería… Esta mañana quiero someter a consideración de este pleno legislativo y, en atención al clamor de la feligresía católica y de todo el pueblo salvadoreño que está pidiendo se derogue la Ley de la Minería, quiero someter a votación una pieza para que se derogue la Ley de la Minería y otra con reformas constitucionales», fueron las palabras de la diputada de Vamos.

    La iniciativa de Ortiz llevaba tres reformas, la tercera de las cuales solicitaba agregar un inciso final al artículo 117 de la Constitución para que «se prohíba la minería metálica en el suelo y subsuelo de la República de El Salvador»

    Esto para poder elevar la prohibición de la minería a rango constitucional y que en ninguna ley que se apruebe, en ninguna Asamblea Legislativa, pueda contrariar la misma (Constitución)”. Claudia Ortiz (Vamos).

    La diputada Marcela Villatoro pidió el uso de la palabra para recordar que ella y su colega Francisco Lira desde el 14 de enero pidieron la derogatoria de la Ley de Minería y dijo, en clara alusión a Ortiz, que no era correcto tomar el tema de la minería como propaganda política.

    La legisladora de Arena también cuestionó la propuesta de reforma constitucional de Ortiz, ya que se requieren 10 firmas de diputados para presentar una propuesta de reforma constitucional.

    «Muchas veces las personas tratan de agarrar estos temas como bandera electoral y no como un tema que debe ser prioritario para el país. ¿Y por qué digo esto? Ahora llegó la Conferencia Episcopal a la Asamblea Legislativa a llevar 150,000 firmas, de personas de la Iglesia Católica, que pedía que la minería en este país fuese derogada», dijo.

    Hubo un llamado de la Conferencia Episcopal para que los diputados de las diferentes fracciones no nos metiéramos y creo que no es correcto quererse agarrar de esos temas para obtener popularidad”. Marcela Villatoro (Arena).

    Sin embargo, aprovechó para pedir a la Junta Directiva que se envíe a comisión el acta con las 150,000 firmas que llevó la Conferencia Episcopal y que se estudiara también la propuesta de Arena presentada el 14 de enero, ya que «tampoco ha sido enviada a comisión».

    Ortiz: «Les pido a mis colegas de Arena»

    La diputada Ortiz pidió la palabra nuevamente para «aclarar a la población» que su solicitud iba en consonancia con la carta que llevó la Conferencia Episcopal, que pidió la derogación de la Ley de Minería Metálica.

    «Y ya que se necesitan diez firmas (para introducir una reforma constitucional) les pido a mis colegas de Arena que, si ustedes me acompañan también con las firmas, para acompañar la propuesta de reforma constitucional, ya que estamos todos en contra de la minería», pidió Ortiz, quien se levantó y colocó la iniciativa entre los diputados Lira y Villatoro.

    La respuesta del diputado Lira no se hizo esperar, quien enfatizó que la Asamblea Legislativa no debe ser un escenario de espectáculos.

    «Aquí no debe ser un show y esta Asamblea Legislativa está clara. No estemos jugando si es Arena, si es Vamos o es Nuevas Ideas, aquí hay un punto claro: la Iglesia Católica ha llegado a presentar 150,000 firmas… su servidor y mi colega Marcela Villatoro no vamos a caer en un juego ‘dime qué te diré». Francisco Lira (Arena).

    Lira pidió al presidente de la Asamblea que la junta directiva pase a la comisión respectiva el documento que llevó la Iglesia Católica.

    «Solo con una firma», «150,000 firmas pesan»

    En ese momento, el diputado presidente, Ernesto Castro, hizo uso de la palabra para aclarar que la diputada Ortiz envió a la presidencia una sola pieza de correspondencia para reformar la Constitución de la República.

    «A esta presidencia materialmente y de manera formal ha llegado una petición, es una petición para reformar la Constitución de la República de la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos, lamentablemente no puede proceder, ya lo mencionó una diputada». Ernesto Castro, presidente de Asamblea.

    Castro aseguró que las reformas constitucionales solo pueden ser propuestas por diputados de un número no menor de diez. «La propuesta de la diputada Ortiz para reformar la Constitución ha venido solo con una firma, por lo tanto, queda claro que adolece de requisitos procesales… En consecuencia no podemos someter a votación, a no ser que se consigan las diez firmas», expuso Castro.

    La diputada Ortiz pidió nuevamente la palabra para recalcar que se llevaron 150,000 firmas, pero que 59 diputados “que al parecer no están de acuerdo en firmar la reforma constitucional… esas 150,000 firmas pesan más, si fueran votos, verdad».

    «Falta de respeto», «no es falta de respeto»

    Nuevamente, la diputada Villatoro tomó la palabra: “Qué lástima que un esfuerzo tan grande de la Iglesia Católica y de la sociedad civil una persona lo quiera deshacer en esta sesión plenaria. Aquí no es estás conmigo o estás contra mí, no quiera confundir a la gente, eso es incorrecto. Aquí habemos tres diputados que estamos en contra de la minería metálica… Es una falta de respeto… Por favor no rompa y destruya el esfuerzo de la gente”.

    La diputada de Vamos aclaró que solo está haciendo uso de sus facultades constitucionales.

    «Es importante aclarar que hacer uso de nuestras facultades constitucionales no es falta de respeto, ni es hacer show, al contrario, la carta que acompaña las 150,000 firmas nos pide a la Asamblea Legislativa, que somos todos los diputados, atender ese llamado, en ningún momento es una falta de respeto, simple y llanamente estamos haciendo nuestro trabajo», respondió a las críticas de Villatoro.

    A modo de conclusión, Castro intervino nuevamente para decir que “no se puede someter a votación” la petición de Ortiz, por no contar con las diez firmas de diputados.

  • Aumentan $40 millones a MAG y MOPT para agromercados y escuelas

    Aumentan $40 millones a MAG y MOPT para agromercados y escuelas

    La Asamblea Legislativa reformó el presupuesto 2025 para que el Ministerio de Hacienda transfiera $40 millones, $20 millones para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abastezca agromercados y centrales de abasto, y $20 millones para construir o mejorar escuelas.

    Los fondos, según el decreto, provienen del presupuesto del Ministerio de Hacienda. «Serán tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda», reza el proyecto.

    «Se han identificado asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda hasta por el monto de $40 millones que no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal y que pueden utilizarse para los fines antes descritos», señala el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, en su solicitud, acompañada de una carta del ministro de Hacienda, Jerson Posada.

    Los fondos serán incorporados a la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento del MAG, y a la línea de trabajo del MOPT «Inversión en infraestructura».

    La reforma fue aprobada con 59 votos, de Nuevas Ideas, sus aliados PCN y PDC, y Arena.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en abstención, reclamó ante el pleno que no se conocían los detalles de la propuesta.

    Ni siquiera hemos tenido acceso a pesar de haberlo solicitado, se está discutiendo movilizar recursos a tres importantes rubros del país, por favor, señor presidente, para poder votar de manera informada es importante tener a la mano esa información”.
    Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    La diputada Norma Lobo, de Nuevas Ideas, aseguró que con los agromercados están garantizando “la seguridad alimentaria” en El Salvador. No detalló cuántos agromercados o centrales de abasto se abrirán con los $20 millones.

    Estamos garantizando que a nivel nacional tengamos la comida a un bajo precio y esto es lo que el presidente Nayib Bukele nos ha mandado, que abramos más agromercados… y así también abrir más centrales de abasto”.
    Norma Lobo, diputada de Nuevas Ideas.

    El diputado Geovanny Zaldaña, por su parte, dijo que se ha solicitando una reforma presupuestaria porque la realidad del país “es cambiante”. El legislador no detalló las unidades presupuestarias a las que estaban asignados los $40 millones en el Ministerio de Hacienda.

  • Claudia Ortiz pide reformar la Constitución para prohibir la minería

    Claudia Ortiz pide reformar la Constitución para prohibir la minería

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió este martes ante el pleno legislativo aprobar, con dispensa de trámites, una iniciativa de reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería metálica así como establecer derechos al agua y al saneamiento.

    La iniciativa no logró respaldo del resto de diputados, porque le recordaron que se necesitan 10 votos para introducir un proyecto de reforma constitucional.

    «Quiero someter a consideración de este pleno Legislativo dos piezas de correspondencia. Una para que se derogue la Ley de Minería Metálica y otra que contiene una propuesta de reforma constitucional de manera que se incorpore en la Constitución de la República de El Salvador tres elementos: agregar en el artículo 2 de la Constitución de la República, además del derecho a la vida y otros derechos que se incluyen ahí, el derecho al agua y su saneamiento”, expuso.

    Ortiz agregó que pretendía agregar un inciso final en el artículo 69 que establezca que «el Estado debe diseñar e implementar políticas públicas y leyes que garanticen agua saludable suficiente y accesible a los habitantes, así como la preservación de los recursos hídricos, declarando además que el agua constituye un bien público”.

    En tercer lugar, pidió que se agregue un inciso final al artículo 117 de la Constitución, de manera que “se prohíba la minería metálica en el suelo y subsuelo de la República de El Salvador, esto para poder elevar la prohibición de la minería a rango constitucional y que en ninguna ley que se apruebe en ninguna Asamblea Legislativa pueda contrariar la misma”.

    La diputada de oposición solicitó que su iniciativa fuera aprobada con dispensa de trámites.

    “Por lo tanto, señor presidente, pido que, además por el clamor social, por la alarma social que ha generado la aprobación exprés de la Ley de Minería en El Salvador, esto sea aprobado inmediatamente con dispensar trámite”, le dijo Ortiz al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

    Inmediatamente, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, pidió la palabra para reprochar a Ortiz que pidiera reforma constitucional con dispensa de trámites y le recordó que se necesitan 10 firmas de diputados para introducir una iniciativa de reforma constitucional.

    “Es importante que ahora que se presentaron esas 150,000 firmas (para derogar la Ley General de Minería) le pedimos a esta junta directiva que dentro de la comisión respectiva se estudie y se derogue la Ley de Minería… Otra cosa es que recordemos que las reformas constitucionales tienen que tener firmas de al menos 10 diputados… Además, hemos estados criticando aquí la forma como ustedes (Nuevas Ideas) de manera exprés quieren cambiar la Constitución y estamos avalando lo mismo queriendo cambiar la Constitución”, reprochó.

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, preguntó a la diputada de Arena que dejara claro “exactamente su petición”.

    La legisladora tricolor aclaró: “Primero que hay una única propuesta que se puede enviar a comisión, que es la derogatoria de la minería metálica porque las reformas constitucionales necesitan diez firmas, entonces, pedirle que la derogatoria de la Ley General de Minería, que nosotros (Arena) presentamos el 14 de enero se envíe también a la Comisión para su estudio respectivo o la traemos aquí mismo y votamos, como usted mande”, expuso Villatoro.

    Al final, el diputado arenero Francisco Lira intervino: “Aquí no debe ser un show… Su servidor y hablo por mi colega Marcela Villatoro, no vamos a caer en un juego dime qué te diré”.

    Castro aclaró que la única iniciativa formal de Ortiz fue la petición de reforma constitucional y que no precedía por falta de firmas.

    “Para continuar de nuestra parte y dejar claro que a esta presidencia lo único que formalmente ha venido solicitado es una petición para reformar la Constitución de la República, que no podemos someter a votación, ya que todas las propuestas para reformar la Constitución de la República deben de contar con al menos diez firmas de diputados, tal como lo establece el 248 de nuestra Constitución, por lo cual, no tenemos nada que someter a votación, por el momento, de la solicitud de la diputada Claudia Ortiz, para reformar la Constitución de la República de El Salvador”, concluyó Castro.

    Consultada al respecto, por la tarde, la diputada Ortiz aseguró a Diario El Mundo que solo presentó una pieza de correspondencia, la propuesta de reforma constitucional para prohibir la minería.

  • Inyectan $4.5 millones a la nueva Dirección de Ordenamiento Territorial: ¿dónde se destinarán?

    Inyectan $4.5 millones a la nueva Dirección de Ordenamiento Territorial: ¿dónde se destinarán?

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó la ley del presupuesto de 2025 para incorporar $4.59 millones a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), la oficina que tramitará los permisos de construcción en el país fuera del área metropolitana de San Salvador a partir de marzo.

    La DOT asumió desde inicios de marzo todos los trámites activos de construcción en áreas mayores de 250 metros cuadrados que no sean parte del área metropolitana de San Salvador ni de la zona delimitada por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).

    Un total de $4 millones provienen del Centro Nacional de Registros (CNR) que por ley debe transferir un aporte inicial de ese monto; y $591,461 en concepto de tasas por la prestación de servicios por autorizaciones y permisos de construcción de lotificaciones nuevas, obras, actividades y proyectos de urbanización y construcción, y $7 millones de rendimiento de cuentas bancarias corrientes, según el considerando cuarto del decreto.

    De los $4,598,461 inyectados a la nueva DOT, se destinarán $1,364,902 a remuneraciones, $821,323 a bienes y servicios, $107,775 a bienes muebles, $1,992,731 a bienes inmuebles, así como $2,000 a impuestos y $14,000 a seguros y otros gastos.

    Un total de $477,676 estarán bajo la administración de la unidad presupuestaria «Gestión de permisos de construcción y registro de profesionales» y el resto, $4.12 millones, bajo la unidad presupuestaria «Dirección y administración institucional».

    La DOT tendrá 56 plazas con salarios desde los $500 hasta más de $2,501: cinco ejecutivos por un monto anual de $224,000, 33 técnicos por un monto de $551,500, 14 administrativos por $277,000 y 4 empleados de servicios por un monto anual de $26,000.

    Esta es una decisión totalmente estratégica que nos va a permitir que esta institución pueda cumplir con este mandato… Desempeña un papel clave en la planificación urbana». Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

    Según la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, esta reforma traerá un «impacto económico y también mucho empleo», prometió una «reducción de los tiempos en la tramitación de permisos» y la autorización de obras «sin tanta burocracia, que es innecesaria».

    González dijo que los proyectos estarán a cargo de especialistas para cumplir «estándares de seguridad y calidad».

    La Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), vigente desde el 5 de noviembre de 2024, regula los permisos de construcción en áreas mayores a 250 metros cuadrados que no sean parte del AMSS –ya que estas son reguladas por la Oficina de Planificación del AMSS– y que no sean de la zona delimitada por la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).

  • Corte de Cuentas entrega informe de labores a presidente de Asamblea

    Corte de Cuentas entrega informe de labores a presidente de Asamblea

    El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa Funes, recién electo en febrero, entregó este martes, al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, un informe de las labores de la institución durante el año 2024.

    La Corte de Cuentas indicó que ejecutó 670 acciones de control, de las cuales 599 fueron exámenes especiales y 71 auditorías financieras, operativas o de gestión.

    El titular de la Corte de Cuentas entregó el informe físico al funcionario sin rendir un informe verbal frente al pleno legislativo. «Trabajamos para consolidarnos como una entidad eficiente y moderna que, cumpliendo con el marco legal y técnico aplicable, contribuye al desarrollo de la sociedad salvadoreña, por medio de una efectiva labor asesora que ayuda a erradicar la corrupción en la administración pública», manifestó el presidente de la institución, según un comunicado de prensa.

    Según el comunicado oficial, la institución contralora cumplió el «100 por ciento del Plan Masivo de Fiscalización Municipal 2024» y actualizó «todas las auditorías en los municipios y distritos del país» al 30 de abril de 2024.

    La CCR también agregó que estuvo presente en el traspaso de los gobiernos municipales.

    La institución indicó que hubo una «modernización del juicio de cuentas», adoptaron la firma electrónica y actualizaron la normativa institucional.