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Todos los miembros de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) en pleno y sacerdotes representativos de las diócesis entregaron la mañana de este martes 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa, para reiterar su petición de derogar la Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre de 2024 por Nuevas Ideas y sus aliados a petición del presidente Nayib Bukele.

«Agradecidos por la respuesta inmediata que el pueblo ha manifestado. En cuanto a qué va a suceder, si van a aceptar la petición nuestra o no, no lo sabemos, no lo sabemos, pero sí estamos pidiendo y pidiéndole a Dios, por eso hicimos una jornada de oración y ayuno el 7 de febrero, y eso no ha parado. El Señor, esperamos, que va a mover las voluntades y que va a iluminar a las personas para que tomen esa buena decisión en favor del pueblo», dijo esta mañana el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar.

Obispos de la iglesia católica entregaron este martes 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para que derogue la Ley general de minería metálica aprobada en diciembre de 2024.
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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) March 18, 2025

Monseñor Escobar aseguró que las iglesias evangélicas se unieron a la petición presentada a los diputados; parte de las firmas entregadas provienen de iglesias evangélicas y de todas las parroquias católicas, incluidas las 175 parroquias de la arquidiócesis de San Salvador y ocho diócesis.

Thelma de Mejía, de la parroquia Jesús de la Misericordia, acompañó la petición. «Eso va a traer mucha contaminación, enfermedades, más pobreza, más problemas. A nuestro país no le conviene», expresó la feligrés.

Los obispos iniciaron una jornada de oración el 7 de febrero junto a una campaña de recolección de firmas no solo de católicos, sino de otros sectores de la sociedad, jornada que concluyó el 18 de marzo de 2025, es decir, durante un mes y 11 días.

«Sin ningún interés político, ideológico o de grupos de poder, sino movidos únicamente por el bien común de este pueblo, sobre todo el bien de los más vulnerables… estas firmas expresan la voluntad del pueblo que sobre cualquier interés económico privilegia la vida humana», expresaron los obispos, en un comunicado firmado por los monseñores José Luis Escobar Alas, José Elías Rauda Gutiérrez, William Ernesto Iraheta Rivera y Óscar Álvarez Orellana, como representantes de la CEDES.

Estamos haciendo un llamado a la Asamblea, en su conciencia, para que hagan el bien pero la Iglesia no está para sancionar; todo lo contrario, es un llamado pacífico, humilde». Monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, ante la inquietud sobre una posible sanción a funcionarios que promuevan este tipo de iniciativas.

La Conferencia Episcopal anunció el 25 de enero la recolección de firmas para pedir la derogatoria de la Ley general de minería metálica aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024 y cuya vigencia inició el 7 de enero de 2025. La recolección de firmas se realizó en diferentes parroquias católicas del país al finalizar las misas correspondientes a cada templo.

Ese día, la iglesia católica también inició una jornada de oración y ayuno ante el «posible desastre» que causaría la reactivación de la minería en El Salvador. Los obispos de la Conferencia Episcopal aseguraron en un comunicado que «no podemos mantenernos pasivos» ante las consecuencias de la explotación minera.

La iglesia católica participó en 2017 junto a movimientos sociales y universidades para que se aprobara la prohibición de la minería en El Salvador.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a mediados de enero durante una conferencia de prensa que «los ríos de El Salvador no están contaminados por la minería», sino que estarían contaminados «por otra cosa», aunque un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) indica que desde 1870 hasta mediados del siglo XX hubo explotación minera en San Sebastián, La Unión.

Los partidos Vamos y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) consideran que el gobierno salvadoreño no siguió el debido proceso para traer desde Estados Unidos a los primeros 238 presos, supuestamente miembros del Tren de Aragua y de la MS13, tomando en cuenta que el acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos tuvo que haber sido conocido por la Asamblea Legislativa. Los reclusos fueron trasladados a El Salvador la madrugada de este domingo.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, aseveró a Diario El Mundo que el artículo 131 de la Constitución de la República establece que corresponde a la Asamblea Legislativa «ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación.

Consideró que el acuerdo entre ambos gobiernos para que El Salvador mantenga recluidos a convictos de Estados Unidos debió haber sido conocido por la Asamblea Legislativa y señaló que el artículo 146 inciso segundo de la Carta Magna establece que «no podrán celebrarse o ratificarse» tratados u otorgarse concesiones cuando se menoscabe la integridad del territorio «a la jurisdicción de un tribunal de un Estado extranjero».

«Considero que tal como lo establece la Constitución en las funciones de la Asamblea Legislativa sí debía conocerse porque, si bien en el artículo 131 dentro de las funciones de la Asamblea, en el séptimo dice que debe hacerse cuando se trate de tratados o pactos con otros Estados».
Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

Rivas argumentó que los 238 presos extranjeros no están bajo la jurisdicción salvadoreña sino de Estados Unidos porque «vienen bajo un juez de Estados Unidos, no es que vienen a someterse a legislación salvadoreña», por lo que el Estado salvadoreño estaría siendo «sometido a una jurisdicción de un tribunal extranjero».

«Es ahí donde sí tenía que haber pasado por la Asamblea, sí tenía que haberse conocido», agregó Rivas.

Cuestionó que podría generar controversia «si un día mueren esas personas venezolanas, criminales, verdad, ya condenados, pero están bajo la jurisdicción de Estados Unidos».

«Hay muchas preguntas y nada de respuestas respecto a esto», criticó, sobre la falta de transparencia de las personas enviadas por Estados Unidos a El Salvador.

También la diputada de Arena Marcela Villatoro afirmó que «no se ha el debido proceso porque tuvo que haber pasado por la Asamblea» y cuestionó que se desconozca información sobre las personas enviadas como su estatus penal.

Ni Estados Unidos, ni El Salvador, han revelado un listado de las personas enviadas con su respectiva información como: calidad de procesado o condenado, delitos por los cuales fue condenado o procesado, si fue absuelto, estatus migratorio, entre otros.

«Nosotros un papel donde nos diga cuántas personas van a ser enviadas, sus antecedentes penales, si ya han sido condenadas, si no son condenadas, si realmente pertenecen al Tren de Aragua… Entonces, digamos que no se ha respetado como el debido proceso que tuvo que haber pasado por la Asamblea».
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Villatoro dijo que solo conocen lo que se ha dicho en las publicaciones de X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre que son «altos criminales».

«¿Qué nos puede pasar a los salvadoreños?», preguntó. Sugirió ver el tema no solo desde un punto de vista de números, sino desde las afectaciones que pueda traer a los salvadoreños.

Ayer, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores pidió transparencia en el acuerdo firmado y que se dé a conocer el documento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el domingo a Bukele por «su compresión» ante la «horrible situación» criminal que enfrenta ese país. Los presos fueron expulsados de Estados Unidos por medio de la aplicación temporal de la ley de Enemigos Extranjeros.

El Concejo Municipal de la Alcaldía de La Libertad Sur derogó dos ordenanzas que actualizaban multas, como respuesta a las advertencias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de revertir nuevos cobros impuestos a partir del 1 de mayo de 2024.

A través de un comunicado, la comuna de La Libertad Sur confirmó que el concejo derogó reformas efectuadas a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana con la que se aumentaba las multas por acciones relacionadas con impedimentos de ingreso de autoridad municipal -como Protección Civil y el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM)- y de servicios de emergencia en zonas residenciales.

En suma, se derogó una reforma de la Ordenanza de Ordenamiento de Calles y Aceras con la que se actualizó las multas para vehículos abandonados, así como obstáculos en las calles y pasos peatonales.

Por el lado de las tasas municipales e impuestos, la alcaldía aseguró que mantiene los mismos rangos que cuando tomaron las riendas de La Libertad Sur.

Pese a esto, la alcaldía ya había enviado una evaluación de actualización de tasas, licencias de funcionamiento y mobiliario urbano publicitario al Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).

Ante el llamado de atención de Bukele, la alcaldía y su concejo decidieron dar marcha atrás y este lunes aprobó retirar el proyecto del OMR y detener el trámite.

“Se dejó sin efecto un acuerdo que se había enviado a evaluación por parte del Organismo de Mejora Regulatoria en enero pasado, relacionado a la actualización de la Ordenanza de Tasas, Licencias de Funcionamiento y Mobiliario Urbano Publicitario”, indicó la comuna en el documento.

La alcaldía finalizó su comunicado recalcando que estaban en línea con la “política económica” impulsada por el ejecutivo.

La derogación de las reformas es parte de un plazo que Bukele externó a las 44 alcaldías del país para retroceder con el incremento de las tasas, licencias, multas, permisos, impuestos y otros cobros que se hubieran efectuado desde el 1 de mayo de 2024.

El presidente dio hasta las 12 de la medianoche del 18 de marzo para que las municipalidades dejaran sin efecto las modificaciones.

La polémica medida surgió luego de que Bukele se quejara de que la Alcaldía de San Salvador Centro había elevado “desproporcionadamente” los costos de las licencias de los negocios que funcionan en el centro histórico.

Tras la advertencia en redes sociales, la comuna capitalina derogó cuatro ordenanzas en donde se aumentaba tasas y cobros por servicios, así como licencias y permisos.

El concejo de San Salvador Centro derogó cuatro ordenanzas municipales que aumentaron tasas y cobros por servicios, licencias y permisos en la municipalidad luego de la advertencia del presidente de la República, Nayib Bukele, en la que aseguró que si no se revertían los cobros, iba a promover legislación para «regular estos abusos a nivel nacional».

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La concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Liliana Andrade aseguró a Diario El Mundo que fueron cuatro las normativas derogadas durante una sesión extraordinaria convocada de forma virtual para el viernes pasado tras la advertencia de Bukele.

Las cuatro ordenanzas derogadas fueron:

• Ordenanza reguladora para la emisión de licencias de funcionamiento para entidades de servicio, comercio e industria en el municipio de San Salvador Centro (aprobada el 28 de noviembre de 2024).
• Ordenanza reguladora de comercio en el espacio público del municipio de San Salvador Centro (aprobada el 19 de noviembre de 2024).
• Ordenanza reguladora del comercio de las fiestas patronales del municipio de San Salvador Centro.
• Ordenanza reguladora para la protección del patrimonio arbóreo en el municipio de San Salvador Centro (publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2025).

Andrade detalló que la sesión fue convocada de forma «urgente» luego de que el presidente asegurara que habían «elevado desproporcionadamente los costos de licencias para negocios», lo cual consideró como una «medida que atenta contra la política gubernamental».

«Yo veo mal ese procedimiento que de un tuitazo vengan un concejo municipal que venga a quitar lo que ya se había aprobado».
Liliana Andrade, concejal del FMLN en San Salvador Centro.

Andrade explicó que salvó su voto porque «se hizo de forma expedita sin cumplir los procesos que se deben de cumplir, sin hacer ningún procedimiento de consulta a la ciudadanía». Cuestionó cómo el presidente Bukele no se había enterado del aumento de tasas y licencias cuando «en más de una ocasión se ha dicho que en este país no se mueve la hoja de un árbol si el presidente no quiere».

La regidora acusó al gobierno de resquebrajar el municipalismo con la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) y de los municipios, que a partir de mayo de 2024 pasaron de 262 a solo 44 alcaldías.

«El presidente lo que quiere hacer, como ha hecho con su Asamblea Legislativa, es tener figuras decorativas o pasapapeles, que sean también los alcaldes», afirmó durante la conferencia junto al secretario general del partido, Manuel «El Chino» Flores.

El mandatario salvadoreño aseguró que, si las municipalidades no revierten el aumento de tasas los acusará ante la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de extorsión. Alcaldías como Santa Ana Oeste, San Salvador Oeste, La Paz Este y La Libertad Este han aseverado que no han aumentado cobros por licencias de negocios, aunque algunas han aprobado o reformado otros cobros.

El Estado de El Salvador ha destinado un total de $531.3 millones de enero de 2020 a diciembre de 2024 en su sistema carcelario, un promedio de $106.2 anuales, según el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Durante la última década, el costo total del sistema carcelario salvadoreño ha sido $807.5 millones.

Un quinquenio atráes, de enero de 2015 a diciembre de 2019, el gasto en el sistema carcelario era la mitad: un total de $276.1 millones o un promedio de $55.2 millones anuales.

En los 11 años entre 2014 y 2024, si bien el gobierno programó presupuestos que sumaron $575.9 millones para la línea presupuestaria «Reclusión y rehabilitación» del ramo de Justicia y Seguridad, estos han sido modificados año con año que al final resultaron ser $864.5 millones, de los cuales fueron ejecutados $847.8 millones.

El 16 de marzo, el presidente Nayib Bukele aseveró que el sistema penitenciario cuesta actualmente $200 millones al año, día en que se conoció el envío de 238 venezolanos supuestos condenados del Tren de Aragua para ser recluidos, por un año renovable, en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) a cambio de $6 millones anuales.

«Con el tiempo, acciones combinadas con la producción que ya generan más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, ayudarán a que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible. Al día de hoy, cuesta 200 millones de dólares al año», escribió en X, la red social de Elon Musk. Por el acuerdo recibió agradecimientos de presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

El costo del sistema penitenciario se duplicó a partir de 2023, ocho meses después del régimen de excepción y el mismo año en que se inauguró, el 31 de enero, el CECOT.

El régimen de excepción, implementado desde el 27 de marzo de 2022 y que cumplirá tres años el próximo jueves 27 de marzo, ha dejado 85,000 individuos capturados según la solicitud de prórroga del régimen recibida el 4 de marzo por la Asamblea Legislativa.

El régimen de excepción en la suspensión de tres derechos constitucionales relacionados al derecho de defensa, tiempo máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones. El CECOT tiene capacidad, según el gobierno, para 40,000 presos y albergaba 15,000 pandilleros hasta enero de 2025.

El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, aseguró que el problema fiscal de El Salvador es similar a «un conjunto de tumores» en donde «el tumor más grande es el de las pensiones», en donde todas las reformas han sido «parches en un muñeco mal hecho».

En el programa Las cosas como son, Acevedo reiteró que el problema de «raíz» es que el 70 % del mercado laboral es informal y que en el país se tienen «salarios de hambre».

La única solución, dijo, son medidas impopulares.

«¿Cómo cambiás eso? Eso no lo cambiás con reformas paramétricas que hay que hacer. Es inevitable tomar medidas que son extremadamente impopulares, subir la edad de jubilación, subir la tasa de cotización y habría que ver si se hacen ajustes a la tasa de reemplazo», indicó Acevedo en el programa. Señaló que actualmente «El Salvador y Bolivia son los dos países donde la gente se puede jubilar más joven».

El economista calificó de «gravísimo» el problema de las pensiones en El Salvador y aseguró que «El Salvador tiene que hacerle frente a eso», algo que considera lo facilita el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La deuda de pensiones, advirtió, supera el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB). «Ya es chiche arreglar la parte fiscal si no tenés el problema de las pensiones», dijo.

Comentó que pese a que el actuario Eduardo Melinsky ha sido contratado por gobiernos anteriores para realizar estudios actuariales del sistema de pensiones, «nadie le ha hecho caso». «Pero sus trabajos técnicos en el tema actuarial son de primer nivel, él no tiene color político», aseveró.

En el acuerdo de financiamiento con El Salvador, el FMI advirtió que en 2027 se agotan los fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), destinada a pagar las pensiones vitalicias y mínimas cuando a los jubilados se les agotan sus ahorros de su cuenta individual, así como las pensiones del Sistema Público de Pensiones (SPP), cuyos fondos están agotados.

El Registro Nacional de las Personas (RNPN) brinda asesoría a los salvadoreños retornados sobre dificultades con su documentación y sobre la emisión de su Documento Único de Identidad (DUI), el cual, no tiene costo debido a un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El RNPN informó, a través de una resolución de información pública con fecha 20 de febrero de 2025, que los salvadoreños en condición de «migrantes retornados» son asesorados sobre los servicios de la institución en la Gerencia de Atención al Migrante.

En esas oficinas ubicadas sobre el final bulevar Coronel Arturo Castellanos, colonia Quiñónez, sobre la 54 avenida Sur, los connacionales pueden expresar a las autoridades que poseen problemas con su DUI y en ese mismo lugar se realiza la emisión y entrega del documento.

Se verifica si el documento requiere renovación, actualización o reposición y se toma captura de los datos biométricos del ciudadano.

El proceso no tiene costo para los migrantes retornados debido al convenio firmado con la OEA que incluye un proyecto de «registro, emisión y entrega del DUI para garantizar el derecho a la identidad e identificación a las personas retornadas a la República de El Salvador».

Este procedimiento de emisión del DUI para salvadoreños retornados fue informada por la Dirección de Identificación Ciudadana del RNPN. Para los ciudadanos ordinarios, la emisión del DUI tiene un costo de $10.31.

La Gerencia de Atención al Migrante ofrece atención a familiares de retornados desde Estados Unidos o México por el teléfono 2133-7900 y así conocer el día y hora de regreso de su familiar al país.

La comisión organizadora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició la elaboración del Plan General de Elecciones (Plagel), integrado por 46 programas que se ejecutarán en las elecciones legislativas y municipales 2027.

La comisión organizadora está integrada por jefes técnicos del Tribunal, entre ellos el jefe de la Unidad de Sistemas Informáticos (USI), Ignacio Villagrán, quien fue calificado como «una persona inexperta» por el exmagistrado Guillermo Wellman en la revista Mundo Electoral.

Villagrán es uno de los pocos técnicos no despedidos por el nuevo organismo colegiado aunque fue el principal señalado de las fallas en las elecciones del año pasado. Los magistrados no han explicado las razones por las cuales se mantuvo en la institución. Entre octubre y diciembre de 2024, los nuevos magistrados despidieron a casi 200 empleados.

El Plagel incluirá los presupuestos de las áreas operativa, jurisdiccional, administrativa y contralora. La comisión también debe presentar el presupuesto de voto nacional y voto en el exterior.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) y calendario electoral ya fueron aprobados por el organismo colegiado. En junio, el Tribunal iniciará la formulación de los términos de referencia para la contratación de la empresa implementadora del voto electrónico y las empresas auditoras.

En 2024, el TSE pidía $159 millones a la Asamblea Legislativa para las elecciones. De esa cantidad, al menos $70 millones para el voto en el exterior y $89 millones para el voto nacional. Al final, la Asamblea aprobó $59 millones para el exterior y $70 para el voto nacional.

Este día, realizamos la instalación de la Comisión Organizadora del Plan General de Elecciones (PLAGEL), creada por el Organismo Colegiado y que incluye los 46 programas así como el Presupuesto Especial Extraordinario para las #Elecciones2027.

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— Tribunal Supremo Electoral (@TSEElSalvador) March 17, 2025

El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Carlos Acevedo calificó el lunes de precio razonable los $6 millones que dará el gobierno de los Estados Unidos a El Salvador por tener presos por un año renovable a 238 venezolanos vinculados con la banda criminal del Tren de Aragua.

Acevedo, sin embargo, cree que es más valioso que esos $6 millones anuales que recibiría el gobierno de El Salvador que El Salvador sea considerado como «aliado estratégico» de Estados Unidos en una virtual discusión sobre la deportación de migrantes salvadoreños para que El Salvador y para «negociar condiciones más favorables» para los salvadoreños que viven en los Estados Unidos.

“EE.UU. lo ve a El Salvador como un aliado estratégico en seguridad y, si se llega a discutir deportar salvadoreños no vamos a estar en la misma situación que Honduras. Eso es un beneficio mucho mayor que los $6 millones”, fueron sus palabras, en la entrevista del programa «Las cosas como son» esta mañana.

El economista aseguró que estos $6 millones anuales será una «fuente de ingresos» para sostener el sistema carcelario salvadoreño. «Es un precio razonable para ambas partes… Es un win-win, sale ganando Estados Unidos, le resulta más barato, y sale ganando El Salvador, porque es una fuente adicional de ingresos», indicó.

«El timing de la visita de Marco Rubio vino como anillo en trompa de cuche», añadió. Afirmó que los 238 condenados «no vienen acá al país» sino que «vienen al CECOT», en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur. «No le veo ningún problema», reiteró, al defender la negociación que permitirá que los extranjeros cumplan parte de sus condenas en El Salvador.

El gobierno de los Estados Unidos aún no divulga quiénes son los 238 deportados ni por qué delitos fueron condenados. Esta mañana, el secretario del FMLN, partido de izquierda que no tiene representación legislativa, pidió transparentar el acuerdo.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pide al gobierno salvadoreño que publique el documento firmado con el gobierno de los Estados Unidos que permitió que 238 criminales que guardaban prisión en el país norteamericano fueran trasladados este fin de semana hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur, El Salvador.

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El secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, pidió este lunes al gobierno de El Salvador «transparencia» y consideró que la población salvadoreña necesita conocer «qué fue lo que se firmó entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos», por lo que solicitó «que se publique qué es lo que se firmó».

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la madrugada del domingo que habían llegado a suelo salvadoreño «los primeros 238 miembros» del Tren de Aragua.

Este tema es de debate en la población salvadoreña para que sepa qué está pasando, que transparenten lo qué está ocurriendo, no se trata de únicamente de negociar y decir esta cárcel está a disposición de otro gobierno y me va a pagar tanto por traerme a los presos».
Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

El dirigente de la izquierda salvadoreña consideró que, con la llegada de estos criminales, El Salvador se está convirtiendo «en una megacácel» y que el pacto es «delicado», por lo que requiere información. Agregó esperar que el país no convierta en «el patio trasero de Estados Unidos».

Flores reprochó al gobierno salvadoreño que, en lugar de negociar el Estatus de Protección Temporal (TPS) o de mejoras en la economía o en la agricultura, haya negociado «cárcel» con el gobierno estadounidense durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien Bukele le ofreció recluir presos a cambio de una tarifa acordada entre ambos gobiernos.

El secretario del partido de izquierda cuestionó que, en lugar de «médicos, especialistas en medio ambiente, especialistas en agricultura, especialistas en salud, científicos, académicos, artistas de renombre como lo prometieron», estén llegando criminales de prisiones estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció ayer a Bukele por «su compresión» ante la «horrible situación» criminal que enfrenta ese país. Los presos fueron expulsados de Estados Unidos por medio de la ley de Enemigos Extranjeros.