Categoría: Politica

Sin detallar los municipios y los instrumentos que deben derogarse,

el presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió hoy a los concejos municipales que este lunes 17 de marzo a las 12 de medianoche vence el plazo para que «reviertan todas las tasas, multas, licencias, permisos, impuestos y cualquier otro cobro» aprobados antes del 1 de mayo de 2024.

Espero que el 100% de los concejos municipales acaten esta instrucción. De lo contrario, serán acusados por el delito de EXTORSIÓN ante la Fiscalía General de la República».

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, en X.

En el mismo mensaje, Bukele se manifestó en contra de «acosar» o hacer quebrar a los negocios, algo que calificó de «inaceptable».

«Los empresarios, especialmente los micro, pequeños y medianos, merecen el respaldo del Estado. Son clave para el crecimiento económico de nuestro país. Acosarlos, llevarlos a la quiebra o incluso cerrar sus negocios es inaceptable y no será tolerado», fueron sus palabras escritas en X.

El sábado, el presidente emplazó a alcaldías para que revirtieran los cobros que consideraba ilegales y restablecieran los cobros vigentes antes de mayo de 2024.

Hoy, lunes, a las 12 de la medianoche, vence el plazo para que todas las alcaldías del país REVIERTAN todas las tasas, multas, licencias, permisos, impuestos y cualquier otro cobro, devolviéndolos a la misma situación en la que se encontraban antes de la toma de posesión de los…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2025

El viernes, San Salvador Centro derogó la ordenanza de licencias el mismo viernes, aunque no se revirtió el tarifario de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador publicadas el 13 de enero y vigentes desde el 21 de enero de 2025, ni mencionó la aplicación del tarifario de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) a cinco nuevos municipios aprobada recientemente.

Ante el señalamiento específico de Ahuachapán Centro, el alcalde Carlos Milla, del Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que derogaron un decreto de contribución especial aprobado el 15 de enero. Este municipio había aprobado un cobro de $200 mensuales a negocios destinados a la comercialización de telefonía celular.

La alcaldesa de La Paz Este, Marcela Pineda, negó que en su municipio se haya aprobado algún incremento y dijo que disminuyeron los cobros por licencia. El concejo de La Paz Este aprobó la «Ordenanza para la regulación, control y supervisión de actos y espectáculos públicos de La Paz Este» publicada el 21 de noviembre de 2024, que establece cobros de $300 para San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo, y de $500 para Zacatecoluca para la realización de espectáculos, y ordena que en todo espectáculo se mantenga la «compostura». En este municipio, la autorización para la venta de bebidas alcohólicas oscilará entre $300 y $500, y $1,000 a $2,000 en fiestas patronales.

La alcaldesa Milagro Navas dijo que «no ha realizado ningún tipo de modificación a las ordenanzas relacionadas con la gestión de tasas, impuestos y licencias de funcionamiento que están en vigencia desde el 1 de mayo de 2024».

El concejo de La Libertad Este aumentó multas mediante una reformas a la ordenanza de convivencia de Antiguo Cuscatlán aprobada el 8 de noviembre de 2024 y vigente desde el 11 de marzo. Se aumentaron multas por vender bebidas alcohólicas sin permisos, manchar infraestructura público, realizar espectáculos públicos sin permisos, obstaculizar el retorno de calles no principales, actividad comercial sin autorización, arrojar residuos en lugares no autorizados, contaminación con vehículo automotor, entre otras.

El alcalde de Santa Ana Oeste le respondió al presidente que acompaña «de manera total su visión». El concejo aprobó en julio de 2024 una ordenanza por cobros en fiestas patronales para Santiago de la Frontera.

Este martes 18 de marzo es el último día para que los salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan reinscribirse al programa prorrogado por 18 meses, hasta diciembre de 2026, durante la administración de Biden.

El periodo de reinscripción inició el 17 de enero y concluirá mañana, según la información brindada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los salvadoreños que reinscriban gozarán de esta protección por 18 meses, es decir, hasta el 9 de septiembre de 2026.

La reinscripción ha estado habilitada por 60 días y se puede realizar en consulados o en la embajada de El Salvador en Estados Unidos, además de organizaciones de salvadoreños en el país norteamericano. Este proceso también está habilitado para Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudan.

Para reinscribirse debe presentar:

• Copia de ambos lados del último documento de autorización de empleo.
• En caso de problemas con la justicia, hay que llevar original y copia de la decisión de la Corte y todos los documentos relacionados al proceso.
• Si esta documentación ya fue presentada en preinscripciones pasadas, se necesitan copias legibles.
• Dos fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco.
• Si ha realizado viajes fuera de los Estados Unidos, debe presentar una copia del pasaporte con el que viajó.
• Copia del Advanced Parol o autorización de viaje emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés.
• Copia del último formulario y registro de entrada y salida.
• Si es la primera vez que se reinscribirá en un consulado salvadoreño, debe llevar copias de los formularios anteriores de reinscripción.
• Dos cheques o money orders dirigidos a US Department of Homeland Security.

El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que son 234,000 los salvadoreños amparados en el TPS, de ellos solo 137,000 habrían completado su reinscripción en el período pasado. De la reinscripción actual se desconoce la cantidad de beneficiarios que ya se reinscribieron.

A finales de febrero, la organización Alianza Las Américas advirtió a los beneficiarios del TPS que, de no inscribirse, podrían perder esta protección «en contra de la deportación y su permiso de trabajo». La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, ha asegurado que los connacionales amparados en el TPS no son elegibles para deportaciones.

El Poder Ejecutivo tiene en su poder un proyecto de Ley de Educación Superior que implementa los créditos académicos en las instituciones de educación superior y sustituye las unidades valorativas para medir el aprendizaje de los estudiantes. Se desconoce cuándo el proyecto será presentado ante el Poder Legislativo.

Actualmente las universidades e instituciones de educación superior miden el aprendizaje mediante la «unidad valorativa» equivalente a 20 horas de trabajo académico del estudiante atendidas por un docente, en un ciclo de 16 semanas (cuatro meses). Cada hora equivale a 50 minutos.

La nueva medición, «crédito académico», equivaldría a 25 horas de trabajo del estudiante, que podrían incluir horas lectivas (en aula) y horas «autónomas» de trabajo, según el borrador entregado al Poder Ejecutivo, al cual tuvo acceso Diario El Mundo.

El proyecto busca «favorecer la flexibilidad curricular de los programas de estudio y la movilidad de estudiantes», así como el «reconocimiento» del estudio en El Salvador y en otros países.

La semana pasada, el presidente de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (Auprides), Roberto López, recordó que el proyecto está bajo estudio del Poder Ejecutivo y solicitó públicamente su aprobación. La propuesta fue aprobada por la Comisión Pro Ley de Educación Superior el 14 de marzo de 2022 luego de haber sido elaborada durante nueve meses por un comité técnico. Un proyecto fue entregado en mayo de 2024 por el Ministerio de Educación pero fue retirado en junio de 2024.

La duración

La propuesta detalla una duración general de los ciclos aunque los créditos académicos de cada carrera o grado académico no están sujetos a un mínimo de timpo.

Según el borrador, habría dos ciclos ordinarios de 16 semanas y un interciclo anual en un máximo de cuatro semanas y que otorgue un máximo de seis créditos académicos. La Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación podría autorizar una diferente duración de los ciclos con base en un reglamento y un «Instructivo de créditos académicos».

El proyecto, aún bajo análisis en Casa Presidencial, también suprime la exigencia mínima de años en cada grado académico.

Exigencia mínima propuesta de créditos académicos por grado:
Técnico superior: 120 créditos académicos. (Actual: mínimo de 2 años y 64 unidades valorativas).
Profesorado: 180 créditos académicos. (Actual: mínimo de 3 años y 96 unidades valorativas).
Licenciatura: 240 créditos académicos. (Actual: mínimo de 5 años y 160 unidades valorativas).
Médico y odontólogo: 300 créditos más un año de internado rotatorio de 60 créditos. (Actual: mínimo de 7 años y 224 unidades valorativas, 1 año de internado en doctorado en medicina).
Especialización para medicina, duración mínima de 3 años: 180 créditos académicos.
Especialización (grado de «especialista»): 120 créditos académicos. (Actual: mínimo de 3 años y 96 unidades valorativas).
Maestría: 120 créditos académicos. (Actual: mínimo de 2 años y 64 unidades valorativas).
Doctorado (después de licenciatura y maestría): 180 créditos académicos. (Actual: mínimo de 3 años y 96 unidades valorativas).

Bajo este modelo, el ente rector también podría certificar un grado académico obtenido en el extranjero equivalente en El Salvador según tratados internacionales o después de un dictamen favorable de una comisión especial nombrada por el Consejo de Educación Superior conformada por profesionales especialistas nacionales o extranjeros en el área de estudio respectivo.

La Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) es una cuenta colectiva vigente, creada en la reforma de pensiones de 2017, que se financia con el 6 % de la tasa de cotización de los trabajadores, aportada por los empleadores, y que sirve para pagar pensiones cuando a los jubilados se les agotan sus ahorros individuales, pero también para pagar otras obligaciones.

Así, la CGS también sirve para garantizar las pensiones vitalicias del Sistema de Pensiones Público (SSP), para pagar las pensiones mínimas al agotarse la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP), para el pago de los Certificados de Traspaso y para pagar las devoluciones de los aportes de los afiliados que no cumplen requisitos de jubilación.

Desde el año 2023, la CGS únicamente recibe fondos correspondientes a las cotizaciones de los trabajadores cotizantes de las AFP y de una cotización especial de los pensionados por vejez.

Esto ocurre porque la reforma aprobada en diciembre de 2022, vigente desde enero de 2023, derogó la obligación del Estado de aportar desde el año 2020 hasta un 2.5 % de los ingresos corrientes del presupuesto estatal hacia la CGS. Esa erogación eran entra $160 a $170 millones anuales a la CGS. En su lugar, dicha reforma aumentó un punto porcentual el aporte del empleador hacia la CGS.

¿Se está agotando?

Antes de la reforma de 2022, el Estado ya preveía que el saldo de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotaría desde 2027.

Un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero de 2020 indicó que la CGS tenía un acumulado en $243.96 millones en 2020 y, según una valuación actuarial, llegaría a tener únicamente $3.03 millones en el año 2027.

El mismo estudio proyectó un déficit o falta de -$154.97 millones en el año 2028 y también déficit de -$170.01 millones en el año 2029.

Pese a que no hubo un nuevo estudio actuarial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la CGS se agotaría en el año 2027 y explica que se debe al aumento de la «generosidad de las pensiones» de los jubilados de los sistemas público y privado, situando «los beneficios por encima de los ahorros acumulados en las cuentas individuales».

«Como resultado, las AFP (administradoras de fondos para pensiones) ya han comenzado a recurrir al CGS para pagar pensiones, y el stock de activos en la CGS comenzó a disminuir en 2023. Según las proyecciones del personal técnico, los activos de la CGS se agotarían alrededor de 2027, momento en el que el Tesoro (Estado) tendría que intervenir, por montos de alrededor del 0.5 % del PIB», advierte el FMI.

La ley actual, sin embargo, delega el compromiso de pago al Estado si se agotan los fondos de la CGS.

El artículo 119 de la actual ley aclara que el Estado “será el último garante de los compromisos que asume la CGS” y cita el artículo 120, que aclara que el sistema “contará con la garantía de pago del ISP” y si es insuficiente “le corresponderá concurrir al Estado”.

¿Qué hacer?

Patricio Pineda, representante de la Mesa por la Pensión Mínima, propone revivir el aporte del Estado a la Cuenta de Garantía Solidaria para que busque otra fuente de financiamiento de las pensiones de los jubilados del sistema público sin recurrir a los ahorros de los cotizantes del sistema privado.

«Con ese 6 % (de la cotización) más póngale que sea 5 % que el Gobierno aporte, que ese aporte, como se pone a trabajar y se supone que va a tener mejor rentabilidad, ese que le sirva al Gobierno para pagar las pensiones del antiguo sistema (público)», sugirió.

«El Gobierno ya no tiene que tocar fondos privados de los trabajadores para gasto corriente, no… Ya no más abuso de parte de los políticos en el Fondo de las Pensiones».
Patricio Pineda, Mesa por una Pensión Digna.

Pineda está de acuerdo en que del resto de fondos de la CGS se podrían sufragar obligaciones previsionales como los certificados de traspaso, que son derechos ya adquiridos, e incluso se puede crear un fondo de emergencia de desempleo para los cotizantes, con fondos de la CGS.

Por su parte, el economista Rommel Rodríguez, director de macroeconomía de la Fundación Nacional de Desarrollo (Funde), sugiere buscar mayor equidad en los beneficios y en las obligaciones en torno a la CGS.

Explicó que el nacimiento de la CGS fue un intento novedoso y válido que incluso recibía un impuesto a los jubilados del grupo de los optados además de los aportes de los cotizantes. Pero, con el incremento del 30 % en las pensiones por la reforma de 2022, «se profundizó de alguna manera la brecha que se había buscado solucionar con la CGS» y ello «hace que se drene la CGS”.

¿Qué hay que hacer? Me parece que hay que introducir algunas medidas que vengan a restablecer la equidad, por ejemplo, estas pensiones que tienen el 30 %, hay que hacer un estudio serio, quizás un impuesto para que aporten proporcionalmente”, sugiere, en un primer análisis.

Rodríguez reconoció como positivo de la reforma de 2022 el límite a las pensiones máximas de $3,000, pero observó que es necesario reducir aún más la brecha entre las personas menos favorecidas y las más favorecidas del sistema. “A los que están en los estratos más altos que tienen que tener un mayor aporte”, indicó.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha usado $29,735,319.95 en el uso del seguro colectivo de vida y seguro colectivo médico hospitalario para empleados del Órgano Judicial, según consta en la tabla de siniestralidad de los últimos cinco años de la institución.

Desde el 14 de abril de 2020 hasta enero de 2025, el monto usado de los seguros para trabajadores supera los $29 millones, siendo el período del 14 de abril de 2023 al 13 de abril de 2024 el que más gasto tuvo, con más de $7 millones.

El período con menor uso de seguros fue el comprendido del 14 de abril de 2024 a enero de 2025, con $5,055,029.91, aunque a este período le faltan los últimos tres meses que comprende el total de la póliza.

Desde 2020 hasta enero de 2025, la Corte ha usado $4,693,500 en seguros colectivos de vida y $25,041,820 en seguros médicos hospitalarios de empleados sumando $29,735,319.95. El seguro actual vence el 14 de abril de 2025 y, para la cobertura del próximo año, ya se está gestionando el proceso de compra en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

La semana pasada, la Corte inició el proceso de contratación de la empresa que brindará el servicio de seguro de vida y médico en el próximo año, en el período que comenzaría el 14 de abril de 2025 y finalizaría el 14 de abril de 2026, por un monto de $6,415,500. Por gastos funerarios se podrán entregar hasta $1,100 por el asegurado, cónyuge, hijos o hijastros.

Beneficios obligatorios en el seguro:

• Consulta externa con médicos fuera de red hasta por $35.
• Cobertura de medicamento, con límite de ocho consultas por año de póliza por cada asegurado.
• $35 diarios en casos de hospitalización.
• Incluye cobertura para enfermedades como hipertiroidismo, diabetes, ojo seco, glaucoma, conjuntivitis crónica, hipertensión, pequeñas cirugías, etc.
• Hasta $1,200 en alquiler o compra de muletas, sillas de ruedas, camas especiales, pulmón artificial u otros.
• Hasta $1,900 para cobertura por maternidad con periodo de carencia de 90 días para nuevas inclusiones.
• Hasta $500 para pacientes psiquiátricos.
• Hasta $500 por terapias psicológicas.

Algunos alcaldes de Nuevas Ideas y también del PCN reaccionaron a la advertencia del presidente Nayib Bukele para que retrocedan en los incrementos de tasas y licencias municipales, o los denunciará ante la Fiscalía General de la República.

La alcaldesa de La Paz Este y exdiputada Marcela Pineda público este sábado que no han hecho ningún incremento desde su llegada a la alcaldía municipal.

«Presidente, en la Paz Este compañamos su visión, por lo que desde el inicio de nuestra gestión bajamos las tasas por cobros de licencia funcionamiento permitiendo que los micros y pequeños empresarios paguen ahora solamente $1 para renovar su licencia. Seguiremos trabajando en equipo para construir el municipio que queremos», publicó la alcaldesa.

El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, se limitó a publicar «en SAO acompañamos de manera total su visión señor presidente». Una similar respuesta escribió el alcalde de San Salvador Oeste, José Urbina: “Acompañamos la visión de atraer más inversiones, no de poner más barreras. Nuestra misión es llevar desarrollo al municipio, y en esa línea seguiremos”, sostuvo.

Uno de los concejos señalados fue el de Ahuachapán Centro, presidido por Carlos Milla, del partido PCN, quien afirmó que han atendido a la orden que dio Bukele, y publicó este 15 de marzo que su concejo decidió derogar el decreto municipal de contribución especial que fue aprobado el 15 de enero.

«En acato al llamado del señor presidente hemos procedido a derogar el decreto número 1 que contiene la Ordenanza de Contribución Especial para el Mantenimiento, Reparación y Ampliación del Sistema de Videovigilancia del Centro de Monitoreo Municipal, Parques, Áreas Recreativas del Municipio de Ahuachapán Centro», sin embargo agrega que esa ordenanza fue establecida por ocho administraciones anteriores y «la gestión actual únicamente estaba dando seguimiento».

Por su parte, la alcaldesa Milagro Navas, la única edil por el partido Arena reaccionó por medio de un comunicado de forma general informando «que a la fecha no ha realizado ningún tipo de modificación a las ordenanzas relacionadas con la gestión de tasas impuestos y licencias de funcionamiento que están en vigencia desde el 1 de mayo de 2024».

Otros alcaldes de Nuevas Ideas como Henry Flores de La Libertad Sur y Gustavo Acevedo de Santa Ana Centro han preferido guardar silencio así como Roberto Aquíno de Sansonate Centro por el partido del PDC, Alex Torres también del mismo partido, en San Miguel Centro.

El viernes el presidente de la República ordenó a la alcaldía de San Salvador Centro «revertir de inmediato» los cobros de licencia de negocios por considerarlos «indebidos y contrarios» a la política gubernamental el alcalde municipal Mario Durán reaccionó a los minutos respondiendo «de inmediato presidente».

El sábado 15, Bukele advirtió «a las alcaldías de todo el país que tienen hasta este lunes para revertir todos los cobros ilegales y restablecer todas las tasas, licencias, permisos y cargos a la situación en la que estaban antes de asumir funciones el uno de mayo del 2024.

El presidente estadounidense Donald Trump agradeció este domingo al presidente salvadoreño Nayib Bukele por su cooperación en materia de seguridad tras recibir a más de 200 miembros de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua y a una veintena de pandilleros salvadoreños que han sido recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

«Estos son los monstruos que el corrupto Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país. ¡Cómo se atreven!», escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth Social. Además, elogió a El Salvador y a Bukele por su comprensión ante lo que considera una crisis migratoria provocada por la «incompetencia del liderazgo demócrata».

El presidente salvadoreño anunció este domingo la llegada de 238 miembros de la peligrosa banda venezolana, Tren de Aragua. Además, Bukele explicó que se trata de 238 criminales por los que Estados Unidos «pagarán una tarifa muy baja para ellos, pero una tarifa alta por nosotros».

Estados Unidos también envió a 23 miembros de la MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas: César Humberto López Larios, alias «El Greñas de Stoner», es uno de los dos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y César Eliseo Sorto Amaya.

El gobierno de Estados Unidos expulsó a los 238 miembros de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua y a los 23 miembros de la Mara Salvatrucha invocando a Ley de Enemigos Extranjeros, según dijo el Secretario de Estado, Marco Rubio, lo que ha sido cuestionado legalmente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El presidente salvadoreño Nayib Bukele reiteró este su00e1bado que los concejos municipales que no reviertan el aumento de tarifas a tasas y licencias para funcionamiento de negocios seru00e1n denunciados por extorsión ante la Fiscalía General de la Repu00fablica la pru00f3xima semana.

Bukele aseveru00f3 que no tiene potestad para dar «u00f3rdenes» a las comunas, pero les puso un ultimu00e1tum para hacer cambios.

«Yo no tengo ningu00fan poder para ordenarle a las alcaldías, y las que no lo hagan los voy a denunciar en la Fiscalía», advirtió el mandatario en el Gimnasio Nacional Josu00e9 Adolfo Pineda, donde ayer anunciu00f3 que becaru00e1 a todos los ju00f3venes salvadoreu00f1os que cumplan un proceso de formaciu00f3n.

El mandatario expuso que «muchas alcaldu00edas ha abusado de sus facultades» y que estu00e1n cobrando un Contribuciu00f3n Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) disfrazado, como el caso de la alcaldu00eda de Ahuachapu00e1n Norte gobernada por el PCN.

Bukele acusu00f3 a las alcaldu00edas de cobrar «una especie de extorsiu00f3n» y que si un negocio pagaba $100 antes, ahora las comunas les cobra $3,000 sin mencionar nombres. «A mi no me van a contar como es, yo su00e9 como es, y no hay necesidad de extorsionar al pueblo para hacer su trabajo», tras relatar y recordar sus periodos como alcalde de Nuevo Cuscatlu00e1n y San Salvador.

Advirtió que si existe algu00fan concejo municipal «vivo» que no revierta los aumentos, los usaru00e1 de ejemplo.

A su misma vez, el gobernante por segundo mandato consecutivo, afirmu00f3 que las alcaldu00edas han cerrado 15,000 empleos.

«Las alcaldu00edas no pueden actuar como una mafiu00e1, tienen que actuar como servidores pu00fablicos».
Nayib Bukele,
Presidente salvadoreu00f1o.

El gu00e9nesis

El tema iniciu00f3 el viernes, luego que el mandatario señalara a la alcaldu00eda de San Salvador Centro, gobernada por Mario Duru00e1n, de Nuevas Ideas, de incrementar las licencias para funcionamiento de los negocios y pidiu00f3 revertirlos.

Esa misma noche, el concejo de San Salvador Centro revirtiu00f3 las tarifas. Sin embargo, este su00e1bado, Bukele volvu00ed a referirse al tema y señalu00f3 a tres comunas de hacer cobros indebidos.

En su publicaciu00f3n, el gobernante por segundo mandato consecutivo aseguru00f3 que la alcaldu00eda de Ahuachapu00e1n Centro, gobernada por Carlos Milla del partido PCN, «estu00e1n cobrando tarifas injustificadas a vendedores de telefonu00eda».

Tambiu00e9n seu00f1alu00f3 a la alcaldu00eda de San Miguel Norte y de Usulutu00e1n Norte de imponer «tasas exhorbitantes». La primer comuna es gobernada por Carlos Mu00e9ndez del PDC, mientras que la segunda es gobernada por la alcaldesa Luz Maru00eda Cruz Torres, de Fuerza Solidaria.

La nnProcuraduría General de la República (PGR) informó que ha atendido a 440 niños y adolescentes migrantesnna través del Centro Integrado de Atención Psicosocial de la PGR (CIAPNA) durante 2024.nnLa institución no detalló el tipo de atención que se le brindó a los infantes ni en las condiciones en las que fueron encontrados.nnPara este año, la PGR tiene un presupuesto de $34,411,037, de ellos, un total de $6,222,415 se destinan a la dirección y administración institucional; otros $26,088,622 a la asistencia legal, atención psicosocial, mediación y conciliación; y $2,100,000 para la Oficina de Adopciones (OPA).nnNiños en condiciones vulnerables y en adopciónnnLa PGR registró 273 niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad atendidos en 46 operativos de enero a diciembre del año pasado. La Procuraduría, que forma parte del Sistema Nacional de Protección, verifica la permanencia de menores de edad en barras show, discotecas y centros de entretenimiento en distintos lugares del país como parte de la Ley Crecer Juntos.nnAdemás, recibieron 25 solicitudes de adopciones para menores de edad a través de la CIAPNA, una oficina creada para «atender y agilizar los servicios» de protección a menores.nnLa institución estima que ha realizado 17,500 mediaciones para la resolución de conflictos entre varias partes para encontrar «soluciones sin necesidad de recurrir a procesos largos y costosos». En ese sentido, desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo, se reportan 33,609 personas atendidas en la Procuraduría auxiliar de San Salvador para diversos trámites.nnComo una de las grandes apuestas de esta gestión, nn#CIAPNA es una oficina de la #PROCU, la cual ha sido creada para atender y agilizar los servicios enfocados en la protección de derechos de nuestra niñez y adolescencia.nnPara más información, llámanos a CAVAL al 2231-9484 pic.twitter.com/O9tE4bVCei

La oposición política salvadoreña rechazó los procesos de contratación de seguros de vida y médicos hospitalarios que han iniciado instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Le puede interesar: CSJ contratará seguro hospitalario y de vida por $6.4 millones para empleados

La secretaria general y diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, aseguró a Diario El Mundo que que la contratación de seguro de salud privado «es un abuso de poder» y «un acto vergonzoso y una falta de respeto para la ciudadanía», tomando en cuenta que están «en medio de una crisis económica» en la que no se ha aumentado al salario mínimo.

Rivas estima que estas acciones también constituyen una violación de la Ley de Ética Gubernamental, pues el artículo 5 establece que uno de los deberes éticos es «utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados».

«Considero que el tener un seguro de salud privado es un abuso de poder… Es un acto ilegal, es un acto vergonzoso y es una falta de respeto a la ciudadanía».
Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.

La legisladora también recordó que el TSE cuenta con una clínica interna del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). «Entonces, qué barbaridad, qué barbaridad. No es posible que estos funcionarios continúen al igual que todos los demás de este gobierno con los privilegios», añadió.

Por otro lado, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo a El Mundo que la adquisición de seguros privados para los funcionarios «es una forma descarada de estar usando los recursos del Estado», tomando que cuenta que estos servicios son para «beneficio propio y un interés de sus familiares». Enfatizó que los funcionarios «tienen la suficiente cantidad de dinero de sus sueldos para pagarse sus seguros privados».

Lira aseveró que, si el Estado le pide a la ciudadanía «socarse el cincho», «los primeros que se tienen que socar el cincho son ellos» como funcionarios. El TSE inició el proceso de contratación de seguros de vida y médico para los magistrados y familiares que asciende a $43,503.

«Es una forma descarada de estar usando los recursos del Estado, simplemente para un beneficio propio y un interés de sus familiares, ellos tienen la suficiente cantidad de dinero de sus sueldos para pagarse sus seguros privados». Francisco Lira, diputado de Arena.

El Mundo consultó a Lira sobre el voto de Cecilia Marroquín, magistrada del TSE propuesta por Arena, a lo que respondió que cada funcionario tendrá «la responsabilidad» de las decisiones que tome en el cargo que ejerce. «Nosotros no podemos influir en las decisiones porque al final de cuentas ellos están ahí con principios y valores», agregó.

El año pasado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adquirieron seguros de vida de $100,000 para cada uno de los 15 jueces que integran el organismo colegiado. Esta semana la Corte lanzó la oferta de compra de seguros de vida y médicos para 9,100 empleados por $6.4 millones.