Categoría: Politica

Un año después de las elecciones de 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este miércoles que reanudará el pago de los saldos pendientes a los salvadoreños que trabajaron como empleados temporales en los comicios luego de que fuera aprobado por el organismo colegiado.

La entidad indicó que pronto compartirán los pasos que deben seguir los salvadoreños para reclamar sus pagos. La institución no detalló cuántos son los trabajadores que todavía no han recibido su pago, ni el monto adeudado, ni en qué áreas laboraron durante las jornadas electorales del 4 de febrero y del 3 de marzo.

Hasta abril de 2024, se estimaba que al menos 20,200 empleados temporales no habían retirado sus pagos por su trabajo en los comicios presidenciales, legislativos, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen). Hasta ese momento, había 70,112 trabajadores habilitados para cobrar sus pagos.

En el recuento más reciente estaban pendientes de pagos personas que trabajaron en áreas como:

• Miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV).
• Técnicos de clonación.
• Colaboradores de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
• Adecuadores de centros de votación.

El TSE contrató a 144,480 empleados temporales, 136,880 para el área de transmisión electoral; el TSE reportó que 5,241 trabajadores fueron contratados por planilla y otros 139,239 por régimen de honorarios. Para el voto en el exterior, se contrataron siete personas por planilla y 244 por pago de honorarios.

De los empleados contratados por planilla, 2,806 trabajaron en el programa de transmisión electoral; 647 para el área de organización y logística electoral; 610 para capacitación electoral y 463 para atención a la consulta ciudadana.

De los contratados por honorarios se asignaron 134,074 a transmisión, procesamiento y divulgación de resultados; 4,593 para organización y logística electoral; 179 para capacitación electoral; 118 para fiscalización y 31 a administración superior.

De un total de $18,721,422.84 destinados al pago del total de empleados temporales, $6.2 millones serían para la administración financiera y pagos del proceso electoral; $5.1 millones para el programa de transmisión; $3.9 millones para organización y $1.3 millones para capacitación electoral, $2,116,281.12 para horas extras.

El año pasado, Maria Ofelia Landaverde, exjefa de Talento Humano del TSE, aseguró a los diputados de la Asamblea Legislativa que uno de los problemas en el pago de empleados temporales fue que no se siguió el proceso de contratación de la Dirección de Talento Humano y que en la contratación aparecieron «listados por un lado, listados por otro» y «al final, nadie se responsabilizaba de ellos».

Debido al problema de impago, el Ministerio de Trabajo realizó una inspección en el Tribunal, encontró que el TSE no había presentado los contratos individuales y recomendó que en cinco días completara el 100 % de los pagos pendientes, pero la deuda aún se mantiene.

¡Buenas noticias para el personal temporal!

Gracias a la gestión del nuevo Organismo Colegiado, reanudamos los pagos pendientes para los salvadoreños que apoyaron en las elecciones 2024.

Pronto te compartiremos los pasos para recibirlo. Síguenos para más detalles…. pic.twitter.com/nZmaeaHBMv

— Tribunal Supremo Electoral (@TSEElSalvador) March 12, 2025

El subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores de Italia, Giorgio Silli, habría asegurado el martes que su país está listo «a mirar al futuro» con El Salvador, por lo que recomienda al gobierno desarrollar la relación bilateral «a todos los niveles absolutamente», informó la Cancillería salvadoreña en su sitio web.

El diplomático italiano se reunió ayer con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y con la viceministra Adriana Mira. En el encuentro, la canciller habría aseverado que «la relación con Italia es muy fuerte y presenta resultados muy importantes» y que ese encuentro es una oportunidad para seguir «superando retos y avanzando hacia grandes proyectos».

“Estamos listos a mirar al futuro. Por eso tenemos que desarrollar nuestras relaciones a todos los niveles absolutamente”.
Giorgio Silli, subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores de Italia.

Además, los diplomáticos habrían participado en la Tercera Reunión de Consultas Bilaterales con la que buscan «ampliar aún más los vínculos» con especial énfasis en los intercambios comerciales, la atracción de inversiones y la cooperación. Con esto, El Salvador buscaría «incrementar las exportaciones hacia ese mercado».

SdS @GiorgioSilli ha presieduto con VM @AdrianaMiraSV il III Dialogo Politico Italia-El Salvador. Focus su rapporti politici bilateraliopportunità economiche per imprese principali tematiche regionali e valorizzazione progetti di #diplomaziagiuridica e #Cooperazione. pic.twitter.com/QPjhccRtWQ

— Farnesina (@ItalyMFA) March 12, 2025

Además, el gobierno salvadoreño pretendería establecer alianzas con empresas italianas para que emprendan proyectos en áreas como manufactura, tecnología, innovación, infraestructura, energías y turismo. La Cancillería reconoció el apoyo en iniciativas de medio ambiente, educación, justicia, seguridad ciudadana, salud, patrimonio y desarrollo urbano.

Particularmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia publicó en sus redes sociales, que la reunión se enfocó en las relaciones políticas de ambos países y las oportunidades económicas para las empresas italianas en El Salvador. La viceministra Mira dijo que el encuentro ratificó a Italia «como un aliado estratégico para El Salvador».

Sin duda, este fructífero espacio de diálogo reafirmó a Italia como un aliado estratégico para El Salvador, fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales y abriendo nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo conjunto. https://t.co/nHfWBpyB4J

— Adriana Mira (@AdrianaMiraSV) March 12, 2025

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, expresó el martes que no había asistido a ninguno de los dos viajes que realizaron sus colegas diputados por los cuales la Asamblea Legislativa erogó $71,520.30 según los informes de viajes publicados por el primer órgano de Estado.

Periodistas consultaron ayer al diputado sobre el gasto de un viaje a Washington, Estados Unidos, a mediados de noviembre, y otro a Rabat, en Marruecos, a finales de noviembre e inicios de diciembre, a lo que respondió: «No fui a ninguno».

El portal de transparencia de la Asamblea Legislativa publicó los últimos dos informes de viajes realizados por los parlamentarios a finales de 2024. En el primer viaje, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y las dos vicepresidentas Suecy Callejas y Alexia Rivas sostuvieron un encuentro en el Congreso de los Estados Unidos con el Caucus de El Salvador; otros cinco empleados acompañaron la comitiva. En el encuentro, el entonces designado a fiscal de Estados Unidos, Matt Gaetz, elogió la transformación en seguridad de El Salvador.

Según el reglamento, la Asamblea habría erogado $9,200 en viáticos para los diputados y los empleados legislativos. El reglamento de viáticos tomado por acuerdo 1,670 con fecha 7 de mayo de 2010 se detalla que los miembros de la Junta Directiva reciben $375 diarios para viajes a Estados Unidos y los empleados, $218.75.

También, la Asamblea Legislativa publicó las misiones internacionales de julio a septiembre de 2024, reportando dos viajes: Raúl Chamagua a una reunión interparlamentaria en Lima, Perú, del 9 al 12 de julio; y Reynaldo López Cardoza, a una «gira de trabajo y colaboración en el Estado de Michoacán», del 23 al 27 de julio de 2024.

Dentro de los $4.2 millones destinados a bienes y servicios, la Asamblea Legislativa ejecutó $115,790.50 en pasajes y viáticos, de los $175,000 previstos.

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A finales de noviembre e inicios de diciembre, los diputados viajaron hasta Rabat, en Marruecos, al noroeste del continente africano, región en la que aumenta significativamente el pago de viáticos. El reglamento establece una cuota diaria de $500 para miembros de Junta Directiva; $425 para diputados sin cargos y $343.75 para empleados.

En ese viaje participaron dos miembros de Junta Directiva, el presidente Castro y la secretaria Elisa Rosales, los diputados de Nuevas Ideas Walter Coto y Francisco Villatoro y cuatro empleados. El viaje se realizó para que los legisladores participaron en la XXX reunión extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel), organismo que pagó los gastos del presidente Castro para el viaje.

Junto al Presidente @ECastroES y los diputados @WalterCoto_ y @FranVillatoroSV participé en la XXX Reunión Extraordinaria del @FoprelOi, organizada en Marruecos.

En el evento discutimos sobre estrategias e iniciativas para promover la seguridad; enfrentar las consecuencias del… pic.twitter.com/9LjMTs49Vv

— Elisa Rosales (@Elisa_Rosalesv) November 27, 2024

Por las misiones oficiales de Rosales, los dos diputados y los cuatro empleados se habrían erogado $48,202.50, en pasajes un total de $19,593 y en viáticos se habría erogado $17,316. En ambos viajes el gasto sería de $71,520.30. La diputada Rosales dijo en sus redes sociales que en el evento discutieron «estrategias e iniciativas para promover la seguridad, enfrentar las consecuencias del cambio climático y los retos para el desarrollo económico».

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En años anteriores, la Asamblea Legislativa erogaba mayores cantidades para los viajes.

En 2019, la Asamblea había previsto $856,143 en viáticos y viajes y hasta noviembre de ese mismo año había gastado $688,165, Siendo los meses con mayor gasto agosto con $62,490.88; octubre con $123,614.47 y noviembre con $123,226.86. En los tres meses, se gastaron $364,025.

También, previeron un presupuesto de $600,000 para boletos aéreos en 2017 y $400 para 2018. Los viáticos se redujeron de $700,000 en 2017 a $300,000 para 2018. Además, se estima que, entre 2012 y 2015, los legisladores de entonces gastaron $5.3 millones en viajes, siendo los diputados Sigfrido Reyes, Guillermo Gallegos y Reynaldo López Cardoza quienes tenían los montos mayores.

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La Cancillería de la República recordó este miércoles que hay un programa de becas «Erasmus Mundus» con apoyo de la Unión Europea, disponible para universitarios que quieran estudiar posgrados en Europa presencialmente de 2025 a 2027.

Aunque en la mayoría de los casos las solicitudes se envían entre octubre y enero, la Cancillería salvadoreña recordó este miércoles 12 de marzo que la fecha límite para aplicar es el domingo 30 de marzo de 2025.

Según la publicación, hay una disponibilidad de más de 200 posgrados en diversas universidades en idioma inglés.

En el sitio https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en puede encontrarse el catálogo disponible.

El catálogo, que incluye programas de maestría con apoyo de la Unión Europea, incluye becas para los mejores estudiantes con periodos de estudio, investigación, formación, preparación y defensa de tesis normalmente. También, incluyen un subsidio de subsistencia.

Los aplicantes deben tener título de bachiller o estar en su último año de estudios de licenciatura o demostrar un nivel de aprendizaje equivalente a una licenciatura, según el sitio actualizado el 20 de diciembre de 2024.

Las oportunidades de estudio incluyen artes, medio ambiente, salud pública, educación, migración y diversidad, ciencias en educación inclusiva, mecatrónica, modelación matemática, mercado energético y finanzas, mercados globales, aplicaciones nucleares seguras, entre otros.

El partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) señaló hoy al gobierno salvadoreño de «poner en peligro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)» por la continuidad de compras de bitcoin luego del acuerdo con el organismo financiero.

El partido de derecha publicó este miércoles un comunicado en el cual cree que la compra de bitcoin por el Estado «podría eventualmente poner en peligro» el acuerdo así como el plan de contingencia fiscal para resolver parcialmente el problema de liquidez del gobierno.

«El presidente Bukele ha sido enfático en decir que la compra de bitcoin no se detendrá a pesar de que el acuerdo estipula una prohibición de las compras gubernamentales de bitcoin mientras dure el plan de financiamiento», reclamó.

Hace una semana, el martes 4 de marzo, el presidente Nayib Bukele dijo que el bitcoin «no se detendrá» cuando compartió una publicación de la Oficina Nacional del Bitcoin que confirma la compra de un bitcoin llegando a un saldo de 6,101.8 monedas. El 6 de marzo, la directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, reaccionó diciendo que «el gobierno se comprometió a no acumular bitcoins a nivel del sector público en general» y que «las autoridades han confirmado que estas son consistentes con las condicionalidades acordadas en el programa». Ese día, la directora de la Oficina del Bitcoin, dependencia de Casa Presidencial, criticó que «algunos bitcoiners confían en las palabras del FMI sobre las acciones».

Este martes 11 de marzo, la Oficina Nacional del Bitcoin anunció otra compra. «El Salvador está acumulando mientras otros venden en pánico. Un BTC más añadido a nuestra reserva estratégica hoy», escribió, al anunciar un saldo de 6,113.18 bitcoins.

El acuerdo entre el gobierno y el FMI firmado por los titulares del Banco Central de Reserva (BCR) y del Ministerio de Hacienda compromete al gobierno a «no acumular bitcoins» y promete un financiamiento de casi $1,400 millones en 40 meses bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF o EFF) que da asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas en la balanza de pagos a mediano plazo por deficiencias estructurales.

Al referirse a la destitución del alcalde de San Salvador Este,

the diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas,

aseguró el martes que necesitan tener funcionarios humildes y alcaldes «que de verdad respondan» para los próximos comicios municipales de 2027; advirtió que el presidente Nayib Bukele está «atento» al trabajo de los diputados y de los alcaldes.

Los temas partidarios son importantes, sí, porque son el reflejo de una mística de trabajo, pero más importante es que tengamos el trabajo territorial presente, por eso, creemos que dentro de los próximos comicios, debemos tener alcaldes que de verdad respondan y seguramente el partido Nuevas Ideas va a tomar acciones con lo que ha venido haciendo.

Edgardo Mulato, diputado de Nuevas Ideas.

En declaraciones al youtuber Edenilson Calderón, el legislador del partido oficial respaldó la reapertura del hospital veterinario Chivo Pets y aseguró que el presidente de la República está «atento al trabajo que hacen los alcaldes» y los diputados.

«Significa que él está atento al trabajo que hacen los alcaldes, los diputados…, que el partido Nuevas Ideas también toma acciones, es un partido presente en el territorio», expresó, sobre la problemática que se desarrolló hace una semana en torno al maltrato animal denunciado dentro del refugio de la colonia Bosques de la Paz, en el distrito de Ilopango, que mantenía encerrados y amarrados unos 200 perros.

El político subrayó la importancia que tiene para Nuevas Ideas la municipalidad de San Salvador Este –Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. «El trabajo municipal es importante que se vaya mejorando, es el segundo municipio más grande del país, tiene cerca de un millón de personas», advirtió.

«No podemos tener un municipio abandonado, no podemos tener un municipio que lastimosamente no se trabajó bien en los últimos años, pero estoy seguro que debe haber un recambio… Debe llegar gente que realmente esté comprometida con el proyecto del presidente Nayib Bukele…, indistintamente de un partido u otro», insistió el diputado. Reiteró que no quieren «oportunistas», ni «gente que esté únicamente lactando del Estado», ni «gente inoperante».

«La población los está observando»

Ante la pregunta del youtuber, sobre si se espera que algunos de los concejales de Nuevas Ideas tomen la alcaldía de San Salvador Este «porque la población siente más confianza», el legislador defendió la destitución pero exhortó a cambios en el partido y en la municipalidad.

Mulato dijo que, si bien es cierto el pueblo eligió a José Chicas como alcalde, el concejo «también puede tomar la decisión de destituirlo».

«Creo que ellos (concejales) tienen que tomar cambios tanto al interior porque la población los está observando, la población espera noticias reales de lo que nosotros debemos cambiar como partido, que tenemos que cambiar como municipalidad, como trabajo territorial», expresó.

El legislador cian agregó:

«Se necesita gente comprometida con el territorio, se necesita gente que esté trabajando localmente, que no solo sea digamos trabajar desde un despacho, sino que necesitamos funcionarios humildes.

Edgardo Mulato, diputado de Nuevas Ideas.

Mulato aseguró que los funcionarios de Nuevas Ideas deben estar «de cerca al pueblo salvadoreño, que la gente los pueda tocar, que la gente los pueda ver, de cara al trabajo real» y que tengan «la valentía de atender las necesidades» y «de decir sí puedo o no se puede». Aseguró que es el trabajo que deben «estar haciendo» en el nuevo gobierno local de San Salvador Este.

El concejal por el FMLN en la alcaldía de San Salvador Centro, Simón Paz, señaló este martes que la proyección que está llevando la alcaldía capitalina en el Centro Histórico no es para los salvadoreños, sino para el extranjero.

“Ahí la soberanía se va a perder, porque la proyección no es para los salvadoreños, la proyección es para el extranjero, para el turismo y vender, claro, estas diez cuadras como que es la realidad de nuestro país, pero salga de esas diez cuadras y la realidad es otra, si va al interior del país, la realidad es otra”.
Simón Paz,
Concejal del FMLN en San Salvador Centro, en la entrevista TVX.

El concejal del partido de izquierda cuestionó que dentro del concejo no se discute nada del qué hacer municipal, ni reordenamiento, ni las acciones del Cuerpo de Agentes Metropolitanos contra los vendedores.

El concejal del partido de izquierda aseguró que han llevado peticiones basadas en las necesidades de la gente, pero “eso nunca se lleva al concejo”.

Paz aseguró que el “desalojo de vendedores va más allá de liberar las calles, el Centro Histórico va más allá en el tema de generar las condiciones para que venga el gran capital a tomar posesión y desarrolle su proyecto y no es descabellado, la gente lo dice, que el Mercado Sagrado Corazón, el día de mañana, lo conviertan en otra cosa, que no sea el mercado o que debe ir en consonancia de la visión que tienen del Centro Histórico: hoteles, restaurantes de lujo…”, señaló.

El funcionario municipal también cuestiona el llamado reordenamiento, y lo califica de “desalojo de vendedores” ya que no se les ha reubicado en un lugar digno para que sigan comercializando sus productos y el accionar del CAM contra ellos.

“Nosotros (el FMLN), hemos cuestionado en el concejo el accionar del CAM, el accionar del CAM no es el del Cuerpo de Agentes Municipales, el código regula la función de los agentes del CAM, pero nosotros hemos visto imágenes en las que el CAM violenta derechos humanos de las personas, en donde atropellan a adultos mayores, que no tienen otra opción porque no tienen atención digna en este país y tienen que buscar el sustento diario. Nosotros hemos pedido explicación, porque al interior del concejo no se discute nada del qué hacer municipal, ni del tema de lo que está pasando en el Centro Histórico, ni sabemos cuál es el presupuesto que están invirtiendo en eso y lo hemos señalado”, cuestiona el concejal del Frente.

Paz señala que a los vendedores desalojados no les han dado una verdadera solución, ya que en la “red de mercados no venden”, asegura y por tanto no alcanzan a pagar la tasa municipal por el espacio.

El primer fin de semana de marzo, la comuna capitalina ejecutó un desalojo de más de mil puestos informales sobre la 4a calle Poniente y las avenidas aledañas. Esta calle conduce directo a la Biblioteca Nacional.

El Salvador se mantiene como un régimen híbrido con una baja en su índice de democracia de 4.71 a 4.61 y sube del puesto 96 al 95, de más de 160 países analizados en el Índice de Democracia 2024 de la Unidad de Inteligencia del grupo de The Economist (EIU).

Solo 6.6 % de la población en el mundo vive en democracia plena, un 38.4 % en democracias defectuosas, un 15.7 % en régimen híbrido como El Salvador, y un 39.2 % vive en regímenes autoritarios, según el Índice.

En una escala del 0 al 10, la EIU califica a El Salvador con un 6.17 el proceso electoral y el pluralismo, con un 3.21 el funcionamiento del gobierno, con un 5.56 la participación política, un 3.13 para la cultura política y con un 5.0 las libertades civiles.

Desde el año 2019, la calificación de la democracia de El Salvador ha caído 24 puestos y disminuido 1.54 puntos; El Salvador es considerado régimen híbrido desde el año 2020 cuando dejó de ser “democracia defectuosa”.

En este Índice, El Salvador está sobre Guatemala y Nicaragua; y bajo Honduras y Costa Rica, sus puntos más débiles son la cultura política y el funcionamiento del gobierno, que logran notas un poco superior al 3.

Las notas son otorgadas en una escala de 0 a 10 y se basan en calificaciones de 60 indicadores que se resumen en cinco: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política; y cultura política.

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Durante las últimas dos décadas, la democracia salvadoreña ha oscilado entre el 4.61 y 6.22 de calificación. En el último año su calificación bajó una décima, de 4.71 a 4.61 pero su tendencia ha sido a la disminución.

La unidad de The Economist consigna que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, obtuvo una victoria «aplastante» con el 85 % de los votos en las elecciones presidenciales de febrero de 2024 y admite que goza de una gran popularidad, pero señala también que la reelección «fue posible por un poder judicial politizado que anuló los límites constitucionales».

También, señaló que la victoria presidencial de Bukele pareció «sugerir” que “muchos votantes” están “dispuestos a sacrificar el sistema de pesos y contrapesos de la democracia representativa a cambio de mejoras tangibles en el nivel de vida y seguridad personal proporcionadas por gobernantes autoritarios” y que «los votantes están dispuestos a sacrificar los «estándares democráticos por la seguridad».

“Muchos votantes han aceptado la erosión del sistema de pesos y contrapesos y las libertades civiles a cambio de una mayor seguridad básica”.
Índice 2024 de la unidad de inteligencia de Economist (EIU).

El estudio cita, de Latinobarómetro, que un 72 % de los salvadoreños dicen que el país va “por buen camino” –muy superior del promedio regional es 28 %. Según el estudio, la experiencia de El Salvador «podría repetirse en otros países cuyo funcionamiento gubernamental ha experimentado un pronunciado declive en los últimos años».

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Es visto como una “fotografía instantánea” del estado de la democracia en 165 países independientes y dos territorios.

Cada país es ubicado en categorías como democracia plena, democracia defectuosas, régimen híbrido o régimen autoritario.

El informe 2024, publicado en febrero de 2025, cuestiona por qué la democracia representativa no está trabajando para la mayoría de ciudadanos en el mundo y “está aumentando el consenso» de que el modelo democrático desarrollado en el siglo pasado «está en problemas».

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, propuso el martes condicionar la comisión que se entrega a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), que asciende al 1 %, a la rentabilidad o interés que ganan los ahorros de los trabajadores cotizantes.

«La medicina amarga ya no tiene que estarse tomando el pueblo, la clase trabajadora, los pensionados. ¿Cuándo va a tomar medicina amarga el gobierno? ¿Cuándo van a tomar medicina amarga las AFP?», cuestionó al consultarle sobre la reforma de pensiones que para el año 2026 proyectaron el gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo de financiamiento de $1,400 millones.

«Que la comisión que pagan los cotizantes esté amarrada a un porcentaje de la rentabilidad. Si la AFP no genera rentabilidad, no hay comisión; si le genera rentabilidad, hay comisión». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Ortiz dijo que el gobierno tendrá que «tomar decisiones más difíciles» de las que debió haber tomado en 2022 al reformar el sistema de pensiones, pero aseguró que debe haber «la más amplia discusión» con «todas las personas afectadas potencialmente».

Según Ortiz, una nueva reforma de pensiones «necesita la más amplia discusión» y la divulgación de la información sobre el fondo de pensiones. Aseguró que los cotizantes del fondo de pensiones deben conocer «quién o quiénes» son los responsables «de que el fondo de pensiones esté en la situación en la que está», tomando en cuenta las últimas reformas de hace dos años.

Advirtió que en la reforma de 2022 «se le dijo a las personas que su pensión iba a ser mayor», al referirse al aumento del 30 % de las pensiones, pero reclamó que «el fondo de garantía solidaria se va a acabar en 2027».

La legisladora consideró que la situación será «aún más complicada» cuando el gobierno deba pagar la rentabilidad de las pensiones a partir de 2027. Un acuerdo entre el gobierno y las AFP estableció un período de gracia de 4 años que suspende la amortización de capital e intereses de más de $8,000 millones de deuda estatal con el Fondo de Pensiones.

Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) piden al gobierno salvadoreño que deje de tomar dinero de los fondos de pensiones, debido a la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que prevé que los fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se acaben en 2027, mientras se vence también el plazo de gracia que tiene el Estado para empezar a pagar intereses y capitales de deuda.

El diputado de Arena, Francisco Lira, aseguró que la primera reforma que el gobierno debe implementar al sistema de pensiones es «ponerle los candados necesarios» para que el mismo gobierno ya no pueda tomar prestados más fondos de los ahorros de los trabajadores cotizantes, pues considera que estos fondos se han tomado como «caja chica».

Este mecanismo fue creado en el año 2006 con los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Con la reforma, el mecanismo continuó bajo los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), ahora emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) a un rendimiento del 7 % anual.

«Creo que la primera reforma que se debe considerar es ponerle los candados necesarios para que este gobierno no siga agarrando los fondos del sistema de pensiones para caja chica».
Francisco Lira, diputado de Arena.

El legislador de derecha considera importante que también el gobierno se siente «con todos los sectores del país para encontrar una salida viable» porque aseguró que desde la reforma de 2022, el gobierno ha tomado $8 de cada $10 del fondo de pensiones. «Ellos dijeron que iban a tener mayor número de pensiones, mejor calidad y esa fue una mentira más que dio este gobierno. Creo que la primera acción que debe hacerse es poner el candado», agregó.

En ese sentido, la jefa de fracción del partido tricolor, Marcela Villatoro, considera que los fondos tomados de pensiones no han sido utilizados para mejorar y estima que a «todo esto debe ponérsele un paro en este momento», además de hacer reformas «beneficiosas para la gente».

Sin embargo, Villatoro prefirió no proponer reformas hasta tener estudios actuariales más opiniones de economistas y expertos. «Dependiendo de eso, vamos a ver cómo se puede actuar porque por tomar decisiones arrebatadas como hizo este gobierno es que nos encontramos con el problema con las pensiones», añadió.

«De cada $10, $8 se han ocupado por este gobierno para fines que en definitiva no son los de la gente que ha cotizado para mejorar, a todo esto debe ponérsele un paro en este momento y hacer las reformas respectivas».
Marcela Villatoro, jefa de fracción de Arena.

El Salvador ha suscrito un acuerdo con el FMI para el otorgamiento de $1,400 millones a cambio de cinco compromisos del gobierno en el tema de pensiones: el gobierno debe realizar una evaluación actuarial independiente a finales de julio de 2025, que darían pie a la presentación de una propuesta de reforma en febrero de 2026.

La reforma tendría que ser aprobada por la Asamblea Legislativa ese mismo año y, con ello, se tendría que restablecer la sostenibilidad del sistema y la diversificación de los fondos. La CGS que quedaría sin fondos en 2027. Esta se usa para dar pensiones vitalicias y mínimas a los salvadoreños a quienes se les acaban sus ahorros, pero que necesitan recibir un aporte mensual.