Categoría: Politica

  • Salvadoreños en EE.UU ya solo tienen 15 días para reinscribirse al TPS

    Salvadoreños en EE.UU ya solo tienen 15 días para reinscribirse al TPS

    Los salvadoreños en Estados Unidos tienen 15 días para completar su formulario para la reinscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS). El plazo vence el 18 de marzo según los plazos estipulados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) por sus siglas en inglés.

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    El proceso de reinscripción fue habilitado el 17 de enero, con una vigencia de 60 días para que los connacionales completen el proceso de reinscripción. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto a disposición los 28 consulados en Estados Unidos y la Embajada en Washington para llenar los formularios correspondientes.

    La última semana de febrero, la organización Alianza Las Américas advirtió que los migrantes podrían perder el TPS si olvidan reinscribirse porque «la renovación no es automática» e instó a no dejar el proceso para el último día porque es algo «riguroso que requiere tiempo».

    Los salvadoreños que deseen reinscribirse en consulados deben presentar:

    • Copia de ambos lados del último documento de autorización de empleo.
    • En caso de problemas con la justicia, hay que llevar original y copia de la decisión de la Corte y todos los documentos relacionados al proceso.
    • Si esta documentación ya fue presentada en preinscripciones pasadas, se necesitan copias legibles.
    • Dos fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco.
    • Si ha realizado viajes fuera de los Estados Unidos, debe presentar una copia del pasaporte con el que viajó.
    • Copia del Advanced Parol o autorización de viaje emitido por el Serviccio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés.
    • Copia del último formulario y registro de entrada y salida.
    • Si es la primera vez que se reinscribirá en un consulado salvadoreño, debe llevar copias de los formularios anteriores de reinscripción.
    • Dos cheques o money orders dirigidos a US Department of Homeland Security.

    La prórroga del TPS otorgada por la administración de Joe Biden inicia oficialmente el 10 de marzo de 2025 y finalizará el 9 de septiembre de 2026. La Cancillería salvadoreña ha asegurado que los salvadoreños protegidos en el TPS no serian «elegibles para las deportaciones».

  • Avalan decreto para agilizar construcción de escuelas durante los próximos dos años

    Avalan decreto para agilizar construcción de escuelas durante los próximos dos años

    Los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron el lunes un dictamen favorable para un decreto que permite la adquisición, contratación y pago de las obras, bienes y servicios relacionados a proyectos e intervenciones en infraestructura educativa.

    El ministro de Educación, Mauricio Pineda, quien llegó a la Comisión de Hacienda, explicó que con estas disposiciones el objetivo es ahorrar tiempo, ya que los trámites de licitación para adjudicación de obras tardan hasta nueves meses.

    “El objetivo de estas disposiciones es simplificar y agilizar los procedimientos relacionados con las intervenciones en infraestructura educativa, así como la adquisición de bienes y servicios esenciales para estos fines y promover y fortalecer el sistema educativo a nivel nacional implementado mejoras en las instalaciones”, explicó Pineda.

    El ministro señaló que muchas escuelas hoy en día no cuentan con las condiciones adecuadas que debe tener un centro educativo.

    “Hoy en día tenemos escuelas que no tienen las condiciones adecuadas, para que los aprendizajes sean efectivos, el calor es uno de ellos, los servicios sanitarios es otro de los temas, el ruido cuando llueve no permite, porque son de lámina y los techos son muy bajos, entonces todas estas situaciones afectan a los aprendizajes”, dijo el ministro.

    El diputado Reynaldo Cardoza, del PCN preguntó al ministro cuántas escuelas se necesitan intervenir y en cuánto tiempo estiman hacerlo.

    “A mi me preocupa porque ya viene la época lluviosa, eso no tarda y hay lugares donde hay que cambiar láminas y si no lo hacemos nosotros les toca a los maestros y padres de familia poner de su bolsa”, dijo Cardoza.

    Pineda respondió que ya están trabajando en ello: “hemos identificado escuelas que tienen problemas en los techos y que pudieran llegar a representar un riesgo a nuestros estudiantes al momento que vengan las lluvias y hemos reconstruido al momento seis escuelas que estaban con alguna condición de daños en sus techos”, sin embargo, no dio el número de escuelas a intervenir, ni el tiempo que tardarán.

    Selección de contratistas y garantía

    El funcionario dijo que se priorizará a contratistas con experiencia comprobada en proyectos estatales, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales.

    “Nosotros haremos, seguramente, una lista corta, en donse se seleccionarán a aquellos que tienen esa experiencia de haber trabajado con el Estado, de haber construido escuelas, en el mejor de los casos y va a ser un proceso más fácil, más ágil y más rápido”, aseguró.

    Con el tema de la formalidad, dijo que se mantiene con la emisión de un contrato firmado “por el ministro, como por el contratista, es un documento legalmente constituido y que protege a ambas partes”, detalló.

    En la adjudicación de las obras se requerirá un pagaré de hsta 100% del monto del contrato para garantizar el cumplimiento de las obligaciones; se aceptarán cheques certificado y otros títulos valores incluso de terceros como alternativas al pagaré. Será la Unidad de Compras Públicas del Ministerio de Educación la que verifique la legalidad de la garantía.

    Todos los proyectos contarán con exención de impuestos, arancel y gravamen relacionados a adquisiciones, compras y contrataciones para los proyectos. Todos los proyectos contarán con exención del IVA, «para motivar que cada vez más constructores, empresas privadas quieran trabajar con el Estado”.

    Este martes en sesión plenaria ordinaria se conocerá el dictamen favorable y de ser aprobadas estas disposiciones transitorias tendrán vigencia de dos años, a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial.

  • Diputados aprueban incorporar $157.7 millones para construcción y equipamiento del Aeropuerto del Pacífico

    Diputados aprueban incorporar $157.7 millones para construcción y equipamiento del Aeropuerto del Pacífico

    Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron el lunes un dictamen favorable para que se incorporen $157.7 millones a Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para obras construcción y equipamiento del Aeropuerto del Pacífico en La Unión y una parte para obras en Aeropuerto de Ilopango.

    Los fondos son parte de un contrato de préstamo suscrito el 13 de septiembre de 2024 con la Corporación Andina de Fomento, CAF, por el monto de $320 millones, para el proyecto del Aeropuerto del Pacífico.

    Los diputados recibieron a Alexander López, asesor de CEPA, quien explicó cómo se dividen y se ejecutarán los fondos.

    “Sobre la base de $280 millones que están disponibles de los $320 millones del crédito, venimos a solicitarles las modificación del presupuesto para poder ejecutar $157,745,589 a lo largo de 2025, para cubrir las estimaciones presupuestadas y para poder desarrollar la contratación par las obras en lado tierra. Este año las obras de mitigación estarán finalizadas en el primer semestre, un cercamiento del 100 % del aeropuerto y se espera tener un avance este año de un 60 % o 70 % de las obras de terracería”, explicó.

    El funcionario detalló que los fondos se dividen en tres partes, el mayor monto es para la obras de terracería para la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, con $143,242,989.

    Además, $3.2 millones para para cubrir los gastos relacionados con el apoyo técnico y administrativo de la Unidad Ejecutora, auditorías externas, entre otros de este proyecto.

    También se destinarán $11,302,600.00, para la rehabilitación de la pista y la construcción de hangares para estacionamiento de aeronaves del Aeropuerto Internacional de Ilopango en San Salvador.

    López explicó que estiman que el Aeropuerto Internacional del Pacífico generará unos 2,000 empleos directos cuando inicie operaciones, como operadores aeronáuticos, agentes de rampa, entre otros.

    El proyecto se está ejecutando en 600 manzanas de terreno y todos los terrenos ya están adquiridos, dentro de esa área se dejará un espacio reservado para la Fuerza Aérea Salvadoreña «como parte de un proyecto estratégico y de seguridad nacional» y la otra parte para el desarrollo de operaciones comercial e industrial, terminal de carga, para industria aeronáutica.

    Después de la explicación del funcionario los diputados votaron y emitieron dictamen favorable, el cual será conocido en la plenaria de este martes.

  • Concejal del FMLN de San Salvador Este señala mala coordinación en recolección de basura

    Concejal del FMLN de San Salvador Este señala mala coordinación en recolección de basura

    El concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en San Salvador Este, Cayetano Cruz, aseveró este lunes que la implementación de la nueva Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) por el momento no ha traído «nada bueno para la gente» debido a la mala coordinación para la recolección de basura en ese municipio.

    Cruz calificó el trabajo de ANDRES como «mediocre» por una supuesta falta de coordinación en las rutas, horarios y forma de retiro de los desechos, lo que estaría provocando «más tráfico del que ya tienen las ciudades». ANDRES inició operaciones en los distritos de San Martín, Soyapango, Tonacatepeque e Ilopango.

    «Todos los que vivimos en este municipio no me dejarán mentir que la recolección no ha sido lo mejor, mala coordinación en rutas, mala coordinación en el retiro de los desechos, mala coordinación en los horarios, provocando aún más tráfico del que ya tienen las ciudades».
    Cayetano Cruz, concejal del FMLN en San Salvador Este.

    El concejal de izquierda considera que la implementación de ANDRES ha provocado despidos masivos de trabajadores del área de aseo y prevé que se generen más tasas municipales. La ley de creación de la nueva entidad estipula que las alcaldías deberán transferir a ANDRES el 50 % de las tasas correspondientes a aseo y gestión de desechos.

    Cruz tampoco descarta que la implementación de ANDRES no conlleve a un aumento de tasas municipales y advierte que posiblemente se privatice el servicio de alumbrado eléctrico que brindan las alcaldías, así como los proyectos de reparación de calles. «No creamos que se van a mantener las tasas al precio que han estado en este momento, muy seguramente va a venir aumento» señaló.

    La semana pasada, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral emitió un comunicado donde aseguró que la ley de creación de ANDRES estaría violentando los derechos laborales de los trabajadores municipales dedicados a la recolección de basura.

    La Mesa indicó que los trabajadores municipales «fueron desplazados por personal nuevo» y estiman que en San Martín se afectó el empleo de 70 trabajadores; además de otros 300 en Soyapango, por ello, han pedido la pronta derogación de este ley aprobada en diciembre con 57 votos a favor.

  • USAID desembolsó $1,585 millones durante 24 años a El Salvador

    USAID desembolsó $1,585 millones durante 24 años a El Salvador

    Durante casi 24 años, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) ha desembolsado $1,585.4 millones a El Salvador, de un total de $2,780.8 millones desembolsados al país por parte de todas las agencias de ayuda estadounidense.

    Los datos son reportados por foreignassistance.gov, el sitio web del gobierno de Estados Unidos sobre la asistencia exterior, e incluyen los montos desembolsados de los años fiscales 2011 hasta el 19 de diciembre de 2024. El año fiscal estadounidense va de octubre a septiembre de cada año.

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, decidió el miércoles eliminar el 92 % de los programas financiados por la USAID por un valor de $54,000 millones.

    En el mundo, el gobierno estadounidense sumó compromisos de ayuda por $68,000 millones en el año fiscal 2023, de la cual $36.5 millones fue canalizada por la USAID y $24.6 millones por el Departamento de Estado. De esa ayuda, $59,937 millones es económica y $8,260 millones, militar.

    En El Salvador

    Los mayores montos desembolsados de la USAID a El Salvador ocurrieron en los años 2012, con $210.5 millones; 2020, $197.2 milllones; 2019, $192.7 millones; 2011, $187.6 millones; y 2010, con $170.9 millones.

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    De 2019 a 2024, la USAID desembolsó a El Salvador un total de $777.5 millones, de una ayuda estadounidense total de $945.9 millones durante ese periodo.

    El sitio web registra otras agencias de ayuda como el Departamento de Estado, el Departamento de Agricultura, la Comisión de Libre Comercio y el Departamento de Energía de los Estados Unidos. El Salvador recibió $3.8 millones por parte del Departamento de Estado durante el periodo registrado del año 2024.

    ¿Para qué?

    En el año completo fiscal más reciente (2023), los sectores con más desembolsos fueron: gobierno y sociedad civil, con $51.8 millones; gastos de operación, con $21.3 millones; respuesta de emergencia, con $14.9 millones; educación básica, con $14.04 millones; negocios y otros servicios, $13.2 millones; HIV/sida, $5.7 millones; prevención de desastres, $3.4 millones; política comercial, $1.3 millones; conflicto, paz y seguridad, por $1.9 millones; y $989,800 para salud básica.

    Por actividad, una clasificación que detalla programas específicos, los primeros desembolsos se destinan a pagos y beneficios, El Salvador Competitivo, fortalecimiento de la gobernanza local para la seguridad y desarrollo, Swift 5, asistencia y emergencia humanitaria, becas para oportunidades educativas, fortalecimiento de partidos políticos e integridad electoral, gobernanza y responsabilidad social y fortalecimiento del sistema de derechos humanos.

    Si se atiende a la organización de los desembolsos por propósito, el primer lugar es el área de gobernanza, donde se destinaron $53 millones, esta incluye $52 millones para gobierno y sociedad civil, de los cuales $36 millones se destinaron a participación democrática y sociedad civil, $7 millones para derechos humanos, $5.5 millones para desarrollo legal y judicial, entre otros.

    Según esta clasificación, el segundo lugar lo ocupan los costos administrativos, con $21 millones; el tercero, los propósitos humanitarios, por $18 millones; y en cuarto lugar, el crecimiento económico, por $15 millones.

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  • Gobierno estudiará la sostenibilidad del sistema de pensiones por acuerdo de FMI

    Gobierno estudiará la sostenibilidad del sistema de pensiones por acuerdo de FMI

    El acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permite el financiamiento de $1,400 millones al país contempla la realización de estudios sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones salvadoreño y reformas al mismo.

    El Plan Fiscal 2025-2027 del Ministerio de Hacienda, elaborado en el marco del programa de financiamiento del FMI por $1,400 millones y publicado recientemente, anunció estudios de sostenibilidad al sistema de pensiones; mientras, el FMI en su comunicado de prensa espera reformas al sistema.

    La consolidación (del programa del FMI) está siendo respaldada por un aumento de la eficiencia del gasto público y reformas de la administración pública y del sistema de pensiones a lo largo del tiempo, con espacio suficiente para proteger el gasto social”. Comunicado de prensa del FMI.

    En el mediano plazo se realizarán estudios y análisis para fortalecer el sistema de pensiones y su sostenibilidad”. Plan Fiscal 2025-2027 del Ministerio de Hacienda de El Salvador.

    Ni Hacienda ni el FMI detallan cuándo se realizarán los estudios que analizarán la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones ni cuándo se realizarían las reformas. Hacienda solo menciona un “mediano plazo” para los estudios y el FMI un “a lo largo del tiempo” para las reformas.

    En el Plan Fiscal, Hacienda advierte que la reforma de pensiones de 2022, que aumentó las pensiones mínimas, subió el costo de las obligaciones previsionales de 0.9 % al 1.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años.

    Positivo pero “no suficiente”

    Precisamente esto fue lo novedoso del anuncio sobre acuerdo con el FMI, el pasado miércoles, advirtió Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

    Para el economista, sí es positivo que el tema de pensiones haya aparecido en el acuerdo con el FMI en la búsqueda de una solución que no se traduzca en el incremento de la deuda pública, sin embargo, matiza que el FMI no tendrá interés en mejorar otros elementos importantes como cobertura, suficiencia o la equidad en el sistema.

    Quieren ver que no se esté incurriendo en costos que vengan a traducirse en un incremento de la deuda. Sí es importante pero no suficiente el tema de la sostenibilidad, habría que verlo desde una perspectiva más integral”.
    Rommel Rodríguez, economista de Funde.

    El economista espera que estos estudios de sostenibilidad del sistema previsional que promete el gobierno y el acuerdo con el FMI sean públicos.

    Estábamos claros de la gobernanza, marcos favorables de la lucha contra la corrupción, mejora de reservas, pero el tema de pensiones no aparecía y ahora ha aparecido; es positivo, sobre todo encontrando una solución que no se traduzca en el incremento de la deuda pública”.
    Rommel Rodríguez, economista de Funde.

    Por su parte, Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, no necesariamente lo ve como un avance. “No sé qué tanto (sea) avance, porque de afuera le estén jalando el aire al gobierno por una cosa que hicieron mal diseñada, sin análisis actuarial, es un retroceso”, dijo.

    Pineda cree que el sistema es insostenible por la emisión de deuda del Estado con los ahorros para las pensiones por medio de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) y el uso de parte de esos fondos en gasto corriente.

    “Todos los recursos del fondo de pensiones, Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) y Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), son para pagar pensiones, no para dar dinero al Banco Hipotecario”, reclamó, en referencia a la emisión de títulos valores del BH adquiridos por las AFP por $280.4 millones.

    Un avance sería poner el límite a la deuda de pensiones y darle mayor rendimiento a los fondos de los trabajadores que son prestados al Estado mediante los COP.
    Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna.

    La más reciente reforma del sistema de pensiones, en diciembre de 2022, contempló cambios como el aumento de pensión por vejez, la prohibición del retiro del anticipo y se creó el Instituto de Salvadoreño de Pensiones (ISP), que tiene la facultad para usar ilimitadadamente los ahorros de los trabajadores cotizantes a través de la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

    Con los COP, que sustituyeron a los Certificados de Inversión Previsionales (CIP), la deuda del sistema previsional rebasó los $10,525.06 millones al cierre de 2024, de los cuales $2,130.2 millones corresponden a COP.

    Esa reforma también habilitó a que el ISP realizara en abril de 2023 un canje de deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que reestructuró un 99 % de la deuda para que durante cuatro años el gobierno no pague capital ni intereses.

    Hacienda reconoció que la deuda de pensiones que tiene el Estado con el fondo de pensiones «se ha visto incrementada por una mayor emisión” de COP, pero destacó que las emisiones tienen “tasas de rendimientos más altas” en comparación con los CIP. El interés de los COP es 7 % anual.

    Deuda ha extendido beneficios: Hacienda

    Hacienda afirmó en el Plan Fiscal que la deuda pensional que “se ha visto incrementada” ha permitido fortalecer el “fondo de pensiones, así como extender los beneficios otorgados por la reforma, entre estos el incremento de la pensión mínima y el incremento promedio de las pensiones de la población ya jubilada”.

    Además, advirtió que el aumento del costo total de pensiones del 0.3 % del PIB en 2019 a un 1.7 % del PIB se debe «al aumento de beneficios para la población pensionada con la reforma al sistema previsional aprobada en 2022”.

    Al cierre de 2024, la deuda total bruta con pensiones cerró en 88.9 % del PIB, pero con el ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB contemplado con el Fondo Monetario, Hacienda prevé que se reduzca a un 86.4 %.

  • Organizaciones piden al TSE no cometer errores del pasado y no tercerizar el voto electrónico

    Organizaciones piden al TSE no cometer errores del pasado y no tercerizar el voto electrónico

    Organizaciones de sociedad civil piden públicamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no repita los «errores» cometidos en la implementación del voto electrónico de los salvadoreños en el exterior en las elecciones de 2024 y sugieren reformas legales para que no se contrate a terceros y que sea desarrollado por el mismo Tribunal.

    El presidente de la Fundación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Luis V. Villaherrera, dijo a Diario El Mundo que una de las cosas importantes para la nueva elección es que «se utilicen los errores del pasado para no repetirlos» permitiendo participación ciudadana en el proceso.

    Villaherrera también considera importante que haya «transparencia total en todo el proceso» y pruebas en modelos similares para medir su capacidad sin descuidar un proceso paralelo «para evaluar la ciberseguridad» de los sistemas desde el principio hasta el fin.

    «Una de las cosas es que se utilicen los errores del pasado, precisamente para no repetirlos… de igual forma transparencia total en todo el proceso».

    Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

    Por otro lado, el coordinador del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, Malcolm Cartagena, indicó que podría considerarse una reforma a la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero para que el Tribunal no deba tercerizar, es decir, contratar una empresa para desarrollar el sistema de voto electrónico.

    Cartagena explicó que sería positiva una reforma para permitir que el Tribunal desarrolle por sí mismo el sistema de votación electrónica porque la contratación de una empresa requiere de «una inversión millonaria» y no deja con «capacidad instalada» a la institución.

    «Lo importante es que sus informes sean públicos, para poder verificar que las deficiencias vistas en el pasado proceso electoral no se repitan».

    Malcolm Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.

    En la elección de 2024, el Tribunal contrató a la empresa española Indra para diseñar y ejecutar el voto electrónico, por el que pagó al menos $30 millones, de los que $2.6 millones fueron destinados para el alquiler de las máquinas de la modalidad presencial, las cuales fueron devueltas a la empresa.

    Cartagena lamentó que hasta este momento ni el anterior ni el nuevo organismo colegiado haya divulgado los resultados de las auditorías realizadas por la empresa CGTS y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec). Los informes fueron puestos en reserva por siete años.

    El Tribunal ha planificado iniciar en junio con la formulación de los términos de referencia para la contratación de la empresa implementadora del voto electrónico y de las empresas de auditoría para las elecciones de diputados y alcaldes de 2027. El proceso iniciará el 2 de junio y terminará el 31 de julio según el calendario electoral aprobado.

  • TSE comprará seguros para bienes de la institución, magistrados y sus familiares por casi $100,000

    TSE comprará seguros para bienes de la institución, magistrados y sus familiares por casi $100,000

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comprará seguros de vida, médicos hospitalarios, de automotores, de fidelidad, por incendio y para equipo electrónico por casi $100,000 según consta en la oferta de compra de servicios que realizó la institución en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    El Tribunal destinaría $99,575 para la compra de seis seguros, cinco solo para magistrados y bienes de la institución y uno para los jueces electorales y sus familiares. La oferta de compra fue publicada el 26 de febrero en Bolpros.

    La póliza de seguros tendrá una vigencia de nueve meses, partiendo del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2025, pero la vigencia del contrato se extiende hasta el 31 de enero de 2026. La institución también dejó por sentado en la oferta que puede pedir adendas o prórrogas.

    El gasto se distribuiría así:

    • Seguro colectivo de vida y médico hospitalario $43,503.
    • Seguro colectivo de automotores $26,404.
    • Seguro de fidelidad $2,251.
    • Seguro de incendio y líneas aliadas $14,157.
    • Seguro de equipo electrónico $12,260.

    El seguro colectivo de vida será contratado para los 10 magistrados, los propietarios y los suplentes e incluye $75,000 como fondo para cada uno de los jueces electorales. El seguro contempla casos de muerte, incluso suicidio.

    En cuanto al seguro médico hospitalario, este se contratará para los 10 magistrados, su cónyuge, hijos, hijastros, hijos adoptivos hasta los 25 años, con la condición que sean solteros, estudiantes a tiempo completo y dependientes del asegurado.

    El seguro de automotores será contratado para cubrir 80 vehículos y seis motocicletas propiedad del Tribunal. El seguro de fidelidad busca brindar respaldo por pérdida de dinero, valores, títulos valores y bienes activos propiedad del TSE.

    Por otro lado, el seguro de incendios incluye la protección de cuatro recintos:

    1. Oficinas en la 15ta calle Poniente, no. 4223, en la colonia Escalón, San Salvador.
    2. Bodegas en la avenida España, no. 13, edificio de Exproveeduría, San Salvador.
    3. Bodegas en el kilómetro 12 y medio de la carretera a Comalapa, San Marcos, San Salvador.
    4. Centro corporativo sobre la 87 avenida Norte y 1ra calle Poniente no. 4509, colonia Escalón, San Salvador.

    En el caso del seguro de equipo electrónico, se cubrirán los bienes del asegurado mientras que estos se encuentren en «cualquiera de las ubicaciones que esté operando el asegurado». La responsabilidad límite de la empresa será hasta por $2,266,776.90.

    Además, en el listado de personal a asegurar se incluye:

    • Presidenta, Roxana Soriano $50,000.
    • Director Financiero $50,000.
    • Refrendario de cheques del presupuesto ordinario $100,000.
    • Jefe de la Unidad de Comprar Públicas $15,000.
    • Tesorero institucional $100,000.
    • Encargado de Custodia y Distribución de Combustible $10,000.
    • Encargado de almacén general $10,000.
    • Jefe de Activo Fijo y Almacén $50,000.
    • Auxiliar de bodega $8,000.
    • Encargado de Fondo Circulante de Monto Fijo y Caja $20,000.
    • Refendario del Fondo Circulante de Monto Fijo y Caja chica $20,000.
  • Tarifa para eventos no deportivos en el Mágico será $10,000: los nuevos precios en los centros deportivos

    Tarifa para eventos no deportivos en el Mágico será $10,000: los nuevos precios en los centros deportivos

    El u003cstrongu003eInstituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) u003c/strongu003eactualizó las tarifas por el alquiler de espacios para los distintos centros deportivos del país a partir del 21 de febrero.nnDe estas tarifas se excluyen los eventos deportivos nacionales o internacionales desarrollados por federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el Indes.nnEn el u003cstrongu003eEstado Mágico Gonzáalezu003c/strongu003e, uno de los centros deportivos recientemente renovados, el alquiler por un día para actos no deportivos –actos artísticos, religiosos, culturales, políticos o de otra índole– costaba $7,000; con la actualización la tarifa es $10,000.nnEn el Mágico, los precios anteriores oscilaban entre $1,500 por día para un acto cultural, hasta $7,000 por día para un evento artístico, pasando por las tarifas de $3,000 por día para evento religioso y $5,000 por día para evento político.nnLos eventos deportivos en el Mágico tendrán que pagar $5,000 por día y $2,000 por día adicional.nnEl u003cstrongu003ePalacio de los Deportes Carlos «El Famoso» Hernándezu003c/strongu003e tendrá una tarifa de $5,000 para eventos no deportivos, $2,000 por día adicional; y $2,500 para eventos deportivos por día.nnEl u003cstrongu003eGimnasio Nacional «José Adolfo Pineda»u003c/strongu003e tiene una tarifa de $7,000 por día para eventos no deportivos y $3,000 de día adicional; además, de $5,000 por día para los eventos deportivos y $2,000 por día adicional.nnEl u003cstrongu003eEstadio Nacional Las Deliciasu003c/strongu003e tiene una tarifa de alquiler de $7,000 por día para eventos no deportivos y $3,000 para eventos deportivos.nnEl u003cstrongu003eComplejo Deportivo El Polvorínu003c/strongu003e y el u003cstrongu003ePolideportivo de Ciudad Merliotu003c/strongu003e tienen tarifas de $2,500 por día para evento no deportivo y $1,500 para evento deportivo.nnEl tarifario también aumenta las tarifas para promociones y ventas; y su reforma fue publicada en el Diario Oficial del 21 de febrero de 2025.nnEsta semana el Diario Oficial también publicó nuevas tarifas para cinco servicios del Ministerio de Trabajo, así como integró cinco distritos al u003cÁrea Metropolitana de San Salvador (AMSS)u003e que pagarán tarifas por los servicios que presta la Oficina del u003cÁrea Metropolitana de San Salvador (Opamss)u003e en los trámites de construcción.

  • Gobierno nombra a representantes de gremiales en Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contadores y Auditores

    Gobierno nombra a representantes de gremiales en Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contadores y Auditores

    El gobierno, a través del «Ministerio de Economía», nombró a los representantes de las gremiales de contadores y auditores para el «Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría» por un periodo de tres años que finalizará el 5 de febrero de 2028.

    El nombramiento se realizó con base en la reforma de 2021 que permitió al Ministerio de Economía realizar el nombramiento en lugar de que lo hicieran directamente las gremiales de contadores y auditores, las cuales realizan propuestas.

    Las propuestas, según el instructivo para conformar el «Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría» por parte de las asociaciones gremiales de la contaduría y auditoría, vencía el 29 de enero de 2025, según el acuerdo del Minec del 10 de enero de 2025 (se emitió el instructivo).

    Luego de recibir las propuestas de las asociaciones gremiales de contaduría y auditoría, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, nombró como propietarios a Luis Alfredo Siliézar Cardona y Otto Karim Guzmán Barrera; y como suplentes, respectivamente, a Jhony Alexander Argueta Amaya y Walter Ernesto Guerrero.

    «Luis Alfredo Siliézar Cardona, propietario,» es licenciado en Contaduría Púbica y se graduó del INCAE Business School, y ha laborado en Deloitte El Salvador y AFF Consultores; actualmente es parte del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 2021-2024.

    «Otto Karim Guzmán Barrera, propietario,» es licenciado en Contaduría Pública, socio de Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., y ha sido director propietario en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría.

    «Jhony Alexander Argueta Amaya», suplente, presidente del Instituto de Auditores Internos de El Salvador (IIA 2023-2025). Fue miembro del Comité de Auditoría de Credicomer.

    «Walter Ernesto Guerrero, suplente», máster en finanzas, licenciado en contaduría pública, socio de García Cuéllar y Asociados. Ha laborado en Deloitte.

    Siliézar Cardona y Argueta Amaya fueron propuestos por el Instituto de Auditores Internos de El Salvador (IAI El Salvador) para el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría.

    Guzmán Barrera fue propuesto por la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES) y Walter Ernesto Guerrero fue propuesto por la Corporación de Contadores de El Salvador (CCES).

    La «reforma de 2021» permitió al Ejecutivo nombrar a los directores provenientes de las gremiales que forman parte del Consejo de Vigilancia, que está conformado por un miembro nombrado por cada uno de los siguientes funcionarios: ministro de Economía, ministro de Hacienda, superintendente del Sistema Financiero, director nombrado por el presidente de la República; y los dos representantes de las gremiales.

    Sede del Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública. / Consejo de la Profesión.