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Al menos 138,182 salvadoreños solicitaron asilo en otros países hasta junio de 2024 según el informe del primer semestre del año pasado de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur), una cifra que ha aumentado en un 4 % en un año.

En todo el mundo hay 7,996,584 solicitudes de asilo activas y 1.7 % están siendo realizadas por salvadoreños.

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Estas solicitudes fueron realizadas por personas que buscan la «protección internacional y cuyas solicitudes de estatus de refugiado aún no han sido determinadas» por las autoridades encargadas en cada país.

En el año 2023, Acnur contabilizaba 133,042 salvadoreños solicitantes de asilo en el mundo; y en 2022 se reportaban 42,763 solicitudes. Los datos no detallan los países de destino de los salvadoreños ni sus edades.

Acnur define a los solicitantes de asilo como personas que «necesitan protección internacional» porque huyen de «conflictos y persecuciones». La diferencia entre un asilado y un refugiado es que el primero solicita protección mientras está dentro de un país y aún no ha sido reconocido como refugiado.

Los países con mayor cantidad de solicitudes de asilo enfrentan crisis humanitarias, violaciones a derechos humanos o represión política como Venezuela, Nicaragua y Cuba, altos niveles de violencia como Colombia o conflictos armados como Sudán y Afganistán.

Países cuyos ciudadanos piden más asilo:

• Venezuela: 1,318,912 solicitantes de asilo.
• Sudán: 465,160 solicitantes de asilo.
• Colombia: 392,719 solicitantes de asilo.
• Afganistán: 373,027 solicitantes de asilo.
• Nicaragua: 345,805 solicitantes de asilo.
• Cuba: 334,153 solicitantes de asilo.

Aumenta cantidad de refugiados salvadoreños

En 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) registró 70,489 salvadoreños con estatus de refugiados en otras naciones del mundo, una cantidad que hay aumentado respecto a los 63,000 salvadoreños refugiados que reportó en 2023.

Una persona es considerada «refugiada» por Acnur cuando huye de su país para «escapar de conflictos, persecuciones y otras formas de violencia».

Acnur también ha contabilizado a 71,500 salvadoreños que han sido desplazados internamente, es decir, salvadoreños que migraron dentro de El Salvador.

Asimismo, hay otros 60,568 salvadoreños de «interés de Acnur» para ser «protegidas y asistidas» por la organización durante un plazo no determinado públicamente. Por todo, suman 340,739 los salvadoreños monitoreados por Acnur.

La mayor parte de los refugiados provienen también de países que tienen conflictos armados prolongados, violaciones graves de derechos humanos y crisis humanitarias profundas.

Países de origen con más refugiados:

• Siria: 6,244,272 refugiados.
• Ucrania: 4,197,899 refugiados.
• Afganistán: 2,914,909 refugiados.
• Sudán del Sur: 2,298,589 refugiados.
• Birmania: 1,183,996 refugiados.
• Sudán: 1,774,983 refugiados.
• República Democrática del Congo: 1,001,765 refugiados.

Las diputadas de los partidos Arena y Vamos creen que, así como Nuevas Ideas pidió conformar el Comité de Ética Parlamentaria, también deben conformar el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM) y el Grupo Parlamentario de Jóvenes (GPJ), tal como lo establece el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

El RIAL establece, en su artículo 34-A, que al inicio de la legislatura, las diputadas conformaran el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), integrado por todas las diputadas propietarias y suplentes electas.

“El objeto del grupo parlamentario de mujeres será promover iniciativas legislativas a favor de las mujeres, a través de una agenda de consenso, así como velar por el cumplimiento de la política de igualdad de género en la función legislativa y su plan de acción, con el soporte técnico de la unidad de género”, indica esa disposición.

“Deben conformarse ambos, la creación de ellos era para crear legislación en beneficio de las mujeres y los jóvenes. No fueron inventos ni sacados de la manga. La idea era que, al estar reunidos, se viera el beneficio de la colectividad, en esas reuniones, no había diferencias partidarias, sino discusiones de temas de país. Pero, en esta legislatura como en la anterior, el trabajo de lo diputados en ambas áreas ha sido nula”, señaló la diputada Villatoro.

La diputada de Arena aseguró que está dispuesta a trabajar con todos los grupos parlamentarios como lo hizo en el año 2018.

“Yo puedo trabajar con todos los partidos porque es parte del parlamentarismo y ya lo hice en la legislatura, trabajábamos muy bien basados en la tríada legislativa y buscábamos leyes en beneficio de la igualdad de género. Lo mismo con el grupo parlamentario de jóvenes, estaban representados todos los partidos”, señaló.

Derecho a información no se cumple: Ortiz

Para la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, es contradictorio que se esté queriendo conformar el Comité de Ética Parlamentaria cuando no se conforma el GPM ni el GPJ.

“Hay muchos aspectos del Reglamento de la Asamblea Legislativa que realmente no se cumplen, como el derecho de algunos diputados de tener acceso a la información, tener acceso a las agendas», se quejó.

Ortiz mencionó que normalmente en una comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa, cuando un diputado pide la agenda, «los técnicos dicen que no la tienen minutos antes de que inicie la comisión».

«Igual en el pleno: se conoce la agenda hasta que ya está por iniciar, entonces, es un continuo bloqueo, una continua exclusión de los derechos políticos de quienes estamos representando a miles de salvadoreños en este órgano de Estado”.
Claudia Ortiz (Vamos).

Así como el GPM, el Grupo Parlamentario de Jóvenes debe conformarse al inicio de cada legislatura y este tiene como objetivo “promover iniciativas legislativas a favor de la juventud, a través de una agenda de consenso”. Pero ninguno ha sido conformado en la legislatura actual, ni en la anterior.

La diputada Marcela Villatoro aclaró este jueves que trabajará «en conjunto con el Tribunal de Primera Instancia» del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pero que no hablará con el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade.

«Trabajaré en conjunto con el Tribunal de Primera Instancia del partido y los organismos del mismo para no afectarlos. Lo que tenga que ver entre la situación legal entre Carlos y yo no tiene nada que ver con Arena. Con él no tengo nada qué hablar», expresó a Diario El Mundo.

El miércoles, en declaraciones a periodistas, Villatoro anunció que habían llegado a un acuerdo «para el beneficio del partido» luego de ser citada por el Tribunal de Primera Instancia del partido. Aseguró que a ella no se le había expulsado.

«En el caso mío, de Carlos Saade, nosotros lo vamos a trabajar de manera conjunta solventar nuestras diferencias, sean en las instancias que sean, pero esto no va a tocar en ningún momento el funcionamiento dentro del partido. A mí no se me ha expulsado ni nada por el estilo, sino que al contrario, vamos a seguir trabajando por el bien del país y que este tema con Carlos Saade, que yo voy a solventar con él quede totalmente desligado de Arena porque no es en ningún momento causarle daño (a Arena)», expresó el miércoles.

Ese día, ante la pregunta si iba a solicitar auditoría a las finanzas del partido de derecha ante la Corte de Cuentas, también respondió: «Todos esos temas los voy a ver directamente con Carlos Saade pero esto no va a tener ningún tema de injerencia con el partido».

La diputada aclaró este jueves que no tiene nada qué hablar con Carlos Saade.

El 8 de enero pasado, Villatoro aseguró que también debe ser investigado el Coena actual ante el anuncio de García Saade una investigación de los fondos recibidos por Arena durante los últimos 20 años ya que han descubierto «deudas ficticias». García Saade también ha acusado al candidato presidencial de posible lavado de dinero porque no reportó donaciones en su campaña 2024 a lo que el excandidato, Joel Sánchez, respondió que «lo único» que hizo fue seguir «los lineamientos» que García Saade le propuso.

El miércoles 19 de febrero, momentos antes de la sesión plenaria, la diputada Marcela Villatoro, acompañada por su colega de fracción, el diputado Francisco Lira, informó a los medios de comunicación que el Tribunal de Primera Instancia del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) la citó para hablar y llegaron a un acuerdo: desligar al partido de las diferencias que hay entre ella y el presidente del Coena, Carlos García Saade.

«Yo ya fui citada por el Tribunal de Primera Instancia del partido, estuvimos platicando de la situación por lo que estaba pasando y hemos llegado a un acuerdo, para beneficio del partido. No es y nunca fue mi intención causarle un menoscabo o daño a Arena… En el caso mío y de Carlos Saade, nosotros lo vamos a trabajar, de manera conjunta, en solventar nuestras diferencias, sea en las instancias que sean, pero esto no va a tocar en ningún momento el funcionamiento dentro del partido», informó la legisladora tricolor.

La intervención del Tribunal de Primera Instancia de Arena se dio luego de que, el viernes 14 de febrero, García Saade acusó en conferencia de prensa a la diputada Villatoro de irrespeto, injurias y ofensas: “Por mí se tendría que haber expulsado hace años”. García Saade dijo que dejaba en manos del Coena la decisión de un proceso disciplinario o de expulsión contra la diputada.

Respecto a eso, la diputada Villatoro también confirmó que sigue firme dentro del partido Arena.

«A mí no se me ha expulsado, ni nada por el estilo, todo lo contrario, vamos a seguir trabajando dentro de la Asamblea por el bien del país y que este tema con Carlos Saade, que yo voy a solventar con él, quede desligado totalmente del partido Arena, que nunca ha sido mi intención causarle daño», manifestó la diputada.

Se le consultó a la diputada si siempre procederá pidiendo una auditoría a la Corte de Cuentas de la República como había asegurado para que fiscalice los fondos que recibió Arena de deuda política y dijo que es un tema que lo hablará directamente con García Saade.

«Todos esos temas los voy a ver yo directamente con Carlos Saade pero esto no tendrá ninguna injerencia con el partido», respondió.

Aseguró que sigue “comprometida” de seguir trabajando con las estructuras, con los directores departamentales y haciendo trabajo territorial. La dirigente agradeció el apoyo que personas le han demostrado dentro y fuera del partido y prometió: “No los voy a defraudar”.

La organización Alianza Las Américas, red transnacional de defensa de los derechos de los migrantes latinoamericanos, advirtieron este jueves que las personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas al inglés) de El Salvador tienen 24 días para volver a inscribirse y mantener la vigencia de «su protección en contra de la deportación y su permiso de trabajo».

El vicepresidente de Alianza Americas y director ejecutiva de Carecen, Abel Núñez, pidió no esperar hasta el último día ya que es un proceso «riguroso que requiere tiempo».

El plazo para la reinscripción del TPS para los salvadoreños se vence el 18 de marzo de 2025.

La administración de Biden extendió el 17 de enero de 2025 el TPS para El Salvador por 18 meses del 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026. La administración de Trump aún no ha decidido si cancelar o prorrogar este programa.

«La renovación no es automática, camarón que se duerma perderá el TPS», dijo la organización a los salvadoreños.

Los beneficiarios deben enviar los formularios I-821 para extender su TPS y el I-765 para solicitar una nueva tarjeta de autorización de empleo (EAD, por sus siglas al inglés) a la oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) correspondiente a su lugar de residencia, según Yanira Arias, coordinadora de Justicia Migrante de Alianza Américas.

Las personas salvadoreñas que pueden acogerse al TPS deben registrarse antes del 18 de marzo de 2025 para renovar su autorización para trabajar en EE.UU. y no exponerse a la deportación”.
Helena Olea, vicedirectora de Alianza Americas.

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) tendrá una sección dedicada al bitcoin anunció en la plataforma X la oficina del bitcoin del gobierno, The Bitcoin Office.

«Nos complace anunciar que BINAES pronto tendrá una sección dedicada a Bitcoin que será curada por @PupusasG», publicó The Bitcoin Office.

En la nueva sección dedicada a la criptomoneda, «los visitantes de la biblioteca no solo encontrarán los mejores libros sobre Bitcoin, sino que también tendrán la oportunidad de ver un nodo completo en funcionamiento con información importante sobre su uso en la red Bitcoin».

El perfil de @PupusasG pertenece a Óscar Méndez, según información del medio estatal El Salvador y «es graduado de Cubo+», una iniciativa para «formar una comunidad de profesionales salvadoreños capacitados para atender la creciente demanda de empleo por parte de las empresas de Bitcoin y Lightning Network, así como impulsar la adopción y fomentar el desarrollo económico en El Salvador».

Según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) publicada el 16 de enero de este año, el 91.9 % de los salvadoreños descartó el uso del bitcoin en sus transacciones en 2024, a pesar de que la criptomoneda fue aprobada como moneda de curso legal el 8 de junio del 2021 e inició vigencia el 7 de septiembre del mismo año.

El miércoles 29 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó ocho reformas a la Ley Bitcoin, entre ellas una «aceptación voluntaria» del bitcoin en los pagos, así como para que únicamente los privados puedan realizar operaciones de bitcoin. La reforma responde a las exigencias de un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado en diciembre pasado.

El más reciente informe semestral de tendencias de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur) reveló que, hasta junio de 2024, había al menos 111 extranjeros refugiados y 245 solicitudes de asilo en El Salvador.

El estatus de «refugiado», según Acnur, se le otorga a personas que buscan protección «en otro país» luego de haber abandonado su lugar de origen «para escapar de conflictos, persecuciones y otras formas de violencia».

En 2023 eran 106 refugiados en El Salvador, mientras que en 2022 eran 104 y en 2021 eran solo 98. El sitio no detalla de qué países proceden los refugiados ni tampoco los rangos de edad en los que se encuentran.

Además, en El Salvador hay 54,412 personas catalogadas como «interés para Acnur», son aquellas que la propia institución «protege o asiste» sin detallar el plazo por el que gozan de dicha protección especial.

Las solicitudes de refugio en El Salvador recibidas por Acnur, año con año:

• 2024: 245 solicitudes.
• 2023 263 solicitudes.
• 2022 54 solicitantes.
• 2021 66 solicitantes.

En su sitio web, Acnur explica que los datos son recolectados a través de las cifras de los gobiernos y de las operaciones que la organización desarrolla en cada uno de los países y define a los refugiados a los así reconocidos por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

Desde el martes 18 de febrero,

está vigente una nueva «Ordenanza reguladora para la protección del patrimonio arbóreo del municipio de San Salvador Centro» que aumentó los cobros de los permisos para talar árboles en los distritos de San Salvador y Ayutuxtepeque, y que se aplicarán también a los distritos de Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

En el distrito de San San Salvador, la anterior «Ordenanza para la protección del patrimonio arbóreo del municipio de San Salvador» –publicada el 17 de noviembre de 2010– establecía cobros entre $35 –trámite de tala– hasta $360 por el permiso de tala de un árbol de maderas duras, según la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales de San Salvador, tasas que quedarían derogadas.

Con la nueva ordenanza, la tasa mínima en el distrito de San Salvador ya no será $35 sino $50 por el trámite y la tasa máxima ya no será $360 sino $450 por el permiso para talar cada árbol de maderas duras.

Así, en el distrito de San Salvador, el permiso de tala por cada árbol oscilará entre $250 y $450; y en el resto de distritos, entre $180 y $360, siempre por cada árbol.

Así aumentan las tasas en el distrito de San Salvador:

1. Trámite para permiso de tala de árboles: la tasa sube de $35 a $50.

2. Permiso de tala de árboles de maderas duras por árbol: la tasa sube de $360 a $450.

3. Permiso de tala de árboles jóvenes de madres duras, cada uno: sube de $240 a $350.

4. Permiso de tala de árboles de madres blandas, cada uno: sube de $240 a $350.

5. Permiso de tala de aracáceas por cada uno: sube de $180 a $250.

6. Permiso de tala de arbusto leñoso, cada uno: sube de $180 a $250.

7. Tasas que deben cancelarse para el permiso municipal de tala para cualquier especie en proyectos declarados de interés social: décima parte de cada tasa. Esto no cambia.

8. Precalificación: aumenta de $18 a $25.

Para el distrito de Ayutuxtepeque, el aumento será más sensible, ya que, según la reforma a la ordenanza de tasas del distrito, publicada el 17 de enero de 2023, los cobros oscilaban entre $5 y $80, así: $5 por inspección, $30 por poda o tala de árbol pequeño, $50 por poda o tala de árbol mediano, $80 por poda o tala de árbol grande; y $10, $20 y $30, por permiso de poda o tala de árboles pequeño, mediano y grande, respectivamente, cobros que quedarían derogados con la nueva ordenanza.

Cómo quedaron las tasas por tala de árboles en distritos de Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado:

1. Trámite para permiso de tala de árboles: $35.

2. Permiso de tala de árboles de maderas duras por árbol: $360.

3. Permiso de tala de árboles jóvenes de madres duras, cada uno: $240.

4. Permiso de tala de árboles de madres blandas, cada uno: $240.

5. Permiso de tala de aracáceas por cada uno: $180.

6. Permiso de tala de arbusto leñoso, cada uno: $180.

7. Tasas que deben cancelarse para el permiso municipal de tala para cualquier especie en proyectos declarados de interés social: décima parte de cada tasa.

8. Precalificación: $18.

Para el resto de distritos, el cobro podría ser prácticamente nuevo. La nueva ordenanza vigente desde el 18 de febrero aclaró que prevalece sobre otra que la contraríe.

De manera expresa la nueva ordenanza sí derogó la ordenanza de protección al patrimonio arbóreo de San Salvador del 5 de noviembre de 2010 y la ordenanza de protección y conservación de los recursos naturales de Ayutuxtepeque publicada el 27 de septiembre de 2017.

¿Qué no ha cambiado en el distrito de San Salvador?

El concejo autorizará, revocará o denegará las solicitudes de tala, poda o trasplante de especies de árboles monumentales, amenazadas, en peligro de extinción o protección.

Las multas se mantienen para San Salvador distrito: dos salarios mínimos vigentes mensuales para el sector comercio y servicios por ejemplar para las infracciones leves; cuatro salarios mínimos para las infracciones graves; y ocho salarios para las infracciones muy graves, es decir, desde $730 hasta $2,920.

Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) y líder despedido del Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), busca junto a otros activistas fundar el «Partido de la Clase Trabajadora en El Salvador». Esta semana, lanzaron una plataforma de «reinscripción» de sus primeros afiliados.

Aunque ya tienen diseñada una bandera roja con las siglas «PT» en color amarillo, Flores explicó a Diario El Mundo que aún no han realizado ninguna solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o alguna otra instancia para inscribirse como movimiento o instituto político y han abierto un proceso de preinscripción en línea a través de la plataforma Google.

Por ahora, están en la fase de construcción de la propuesta.

«Quienes estamos conformando este esfuerzo somos trabajadores del sector público, privado, trabajadores del campo, trabajadores por cuenta propia, de la comunidad LGBTIQ+ y también de la defensa de los derechos de la mujer, de pueblos indígenas y la defensa de medio ambiente», indicó Flores en una breve entrevista telefónica.

Algunos de los integrantes del Partido de los Trabajadores serían Erick Zelaya, secretario general de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT); Elmer Martínez, del Sindicato de Trabajadores del Campo Indígenas MILPA; y Fermín Meléndez, presidente de MILPA El Salvador.

Según su promotor, buscan ser un partido de izquierda, socialista y revolucionario. «Reivindicamos los principios revolucionarios de constituir un partido conformado meramente por la clase trabajadora y se plantee la defensa de los intereses y derechos de la clase trabajadora, con una concepción socialista, internacionalista y revolucionaria», afirmó.

Flores no se cerró totalmente a aceptar como afiliados a simpatizantes, pero no militantes, de partidos tradicionales como Alianza Republicana Nacionalista (Arena) o Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

«Nosotros estamos dispuestos a aceptar a todo aquel trabajador y trabajadora que en un momento dado hayan simpatizado con las propuestas de estos gobiernos tradicionales, no así tanto con aquel que haya sido militante, porque el militante ya tiene una posición ideológica definida, las personas que han estado en Arena ya tienen una posición de derecha», explicó posteriormente. Aclaró que, de lo contrario, estarían cayendo en «reciclaje», incluso de «personajes que juegan un papel oportunista».

No admitirían, dijo, financiamiento de grandes empresas «porque vendría a generar un sometimiento, lo que ha ocurrido con los partidos tradicionales».

Flores opinó que el gobierno actual de Nuevas Ideas «ha profundizado las políticas neoliberales como el ajuste estructural que ha implicado la reducción del aparato del Estado» y que busca «beneficiar grupos empresariales».

Aunque la idea, dijo, viene desde 2008, empezaron a impulsar la iniciativa por el desgaste de los partidos tradicionales y porque consideran que los partidos existentes «tienen una agenda neoliberal o de derecha» a raíz de los despidos que han afectado el Estado. Consideró que Nuevas Ideas «ha profundizado las políticas neoliberales» que, según Flores, buscan reducir el Estado, debilitar el Estado de Derecho y «beneficiar a grupos empresariales».

La solicitud de Nuevas Ideas para ratificar la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República y así eliminar la deuda política fue enviada a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el próximo martes a las 10:00 de la mañana.

Con la solicitud, la Asamblea Legislativa podría completar el proceso de aprobación de la eliminación de la deuda política en la sesión plenaria del próximo miércoles.

El 12 de febrero en la plenaria ordinaria número 43, la Asamblea Legislativa aprobó, con los votos de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y uno de la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la eliminación del artículo 210 de la Constitución para eliminar el financiamiento público que se le entrega a los partidos políticos.

Esto se logró gracias a que, el 29 de enero de este año, se aprobó la reforma al artículo 248 de la Constitución, que requería para cualquier reforma constitucional las votaciones de dos legislaturas. Con esta reforma, una sola Asamblea Legislativa puede cambiar cualquier artículo de la Constitución, con 45 votos.

El acuerdo para eliminar el artículo 210 de la Constitución fue publicado en el Diario Oficial el mismo 12 de febrero.

El diputado Francisco Lira, de Arena dijo que el acuerdo solo tenía que salir publicado en el Diario Oficial y el oficialismo tiene los votos para ratificarlo pero también hay que ver las leyes secundarias que hablan de la deuda política. “Lo que sí hay que tener claro son las leyes secundarias, en este caso, la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral”, señaló.

Los partidos políticos recibían una cantidad de dinero por cada voto que recibían en todo tipo de elección, presidenciales, legislativas, parlamentarias y municipales.

Desde 2014 hasta 2023, los partidos políticos salvadoreños recibieron $160.4 millones de financiamiento público y privado según un informe de Acción Ciudadana (AC): $75.6 millones de la deuda pública y $84.7 millones de donaciones de personas naturales o jurídicas.

Durante la campaña presidencial de 2019, la más reciente con información pública sobre los gastos, los partidos políticos tuvieron donantes pero también fueron erogados del Estado al menos $7.3 millones de enero a junio de 2019, como complemento de la deuda política luego de las elecciones presidenciales. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió $7.1 millones, seguido de Vamos, $109,005.75, PDC, $43,149.75 y PSD, $71,328.69.

En 2024, Hacienda presupuestó $38 millones y devengó $14 millones en deuda política pero no ha divulgado cómo la distribuyó.