La Asamblea Legislativa aprobó el jueves un paquete de leyes que busca atraer la inversión en El Salvador, incluso dando paso a la creación de bancos que también podrán ser proveedores de bitcoin y criptomonedas estables.
Las nuevas leyes, que promueven incentivos fiscales para grandes inversiones o capitales que se ubiquen en El Salvador y exoneraría del impuesto de renta los salarios superiores a $100,000 mensuales de grandes ejecutivos de nuevas inversiones, fueron criticadas por la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien pidió la exoneración de impuestos para los alimentos y los medicamentos que consumen los salvadoreños.
Mientras, los diputados de Nuevas Ideas, esperan que estas normativas atraigan grandes inversiones a El Salvador y puedan generar empleo, así como provocar una especie de «derramamiento económico a todo nivel» en palabras del diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.
Las leyes aprobadas fueron:
1. Una ley de bancos de inversión.
Los bancos de inversión podrán realizar operaciones en bitcoin o otros activos de fácil liquidación, así como en dólares u otras monedas, únicamente con personas con al menos $250,000 de libre disponibilidad (en dólares u otros como bitcoin, monedas estables, bonos u oro incluso tokenizados). La ley se denomina Ley de bancos de inversión.
2. Incentivo fiscal para nuevas inversiones
[Decreto: Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador]
Una ley para exonerar de todo tipo de impuestos a las nuevas inversiones o patrimonios de $2,000 millones o más que se trasladen a El Salvador, ya sea de extranjeros o de salvadoreños que residan en el exterior desde hace un año.
3. Incentivo fiscal a salarios de técnicos de nuevas inversiones
[Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador]
Una ley para exonerar el Impuesto sobre la Renta los salarios de técnicos contratados por las nuevas inversiones que ganen más de $100,000 mensuales, y cobrar únicamente el 10 % de Impuesto sobre la Renta a los salarios de hasta $100,000 de los técnicos contratados por estas nuevas inversiones. Actualmente, en El Salvador, la retención del Impuesto sobre la Renta sobre salarios superiores de $2,038.11 mensuales es el 30 % sobre el exceso de $2,038.10 más una cuota fija de $288.57.
4. Incentivos para contratación de salvadoreños retornados
[Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana]
Una normativa para incentivar la contratación de personas “retornadas” a El Salvador. Las empresas que contraten personas «retornadas» –o deportados– de Estados Unidos u otros países «deducir» (restar) de su «renta imponible» (la renta o ingreso a la cual se aplica el impuesto) cantidades anuales desde $1,226.7 hasta $2,044.5 dependiendo de cuántos salvadoreños retornados contraten, así:
-Deducción de tres salarios mínimos ($1,226.40): si han contratado de 2 a 6 retornados.
-Deducción de cuatro salarios mínimos ($1,635.20): si han contratado de 7 a 12 retornados.
-Deducción de cinco salarios mínimos ($2,044.00): si han contratado al menos 13 retornados.
Son 178 los salvadoreños cuyas solicitudes de refugio en España fueron aceptadas durante los primeros seis meses del 2025 según consta en los reportes del Ministerio del Interior de esa nación europea. Más de 100 connacionales han interpuesto solicitudes de protección.
El reporte de avance mensual de la Dirección General de Protección Internacional indica que 178 personas de origen salvadoreño obtuvieron el estatus de «refugiado» desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025. Otras 27 solicitudes fueron archivadas por las autoridades.
El Ministerio del Interior también reporta 535 solicitudes con resoluciones «desfavorables». Además, se registran 18 solicitudes aplicadas por razones humanitarias y una protección subsidiaria.
Actualmente, hay 3,332 personas que han recibido refugio en España, de ellos, solo el 5 % son salvadoreños. El país con más refugiados en España es Colombia con 567; le sigue Afganistán con 450; el siguiente país es Nicaragua, con 368 refugiados.
Por otro lado, el gobierno español ha recibido 136 solicitudes de protección internacional de compatriotas salvadoreños, situando a El Salvador en la posición 28 de países cuyos ciudadanos han pedido protección internacional.
El país con más solicitudes de refugiados son: Venezuela con 45,506 peticiones de protección; Colombia con 9,078 solicitudes; luego se encuentra Mali con 6,904 aplicaciones para refugio en el país europeo.
El Ministerio del Interior indicó que en total ha recibido 77,251 solicitudes, de las cuales solo el 0.17 % son de salvadoreños. Del total de refugiados, hay 44,866 solicitantes que son hombres y 32,385 que son mujeres.
La mayoría de los solicitantes, 39,660, tienen edades que oscilan entre los 18 a los 34 años. El siguiente grupo etario es el de 35 a 64 años con 22,539. Mientras que solo 912 tienen más de 65 años.
La diputada del partido opositor Vamos, Claudia Ortiz, rechazó el jueves la veracidad del argumento de los diputados Nuevas Ideas de habilitar la reelección presidencial indefinida como una demanda popular y los retó a convocar a una Asamblea Constituyente para que lo demuestren.
«De todas las voces respecto a este tema, la más importante es la del pueblo salvadoreño, que es la que no se ha escuchado», refutó.
Ortiz sostuvo que en 1982 los salvadoreños fueron a elecciones para elegir a una Asamblea Legislativa Constituyente, que es la que tiene facultad, con aval popular, para cambiar la Constitución de la República.
«El pueblo es el soberano y estos diputados de la bancada de Nuevas Ideas han usurpado el poder del pueblo, para definir cuáles son los límites del gobierno y esto es una violación grave a la Constitución. Además de la patanada de aprobar esto con dispensa de trámite y en unas horas, han tocado una norma que solo puede tocarse a través de una Asamblea Constituyente», reclamó la legisladora.
La diputada opositora retó a sus colegas de la bancada cian a que demuestren que las reformas a la Constitución acordadas y ratificadas el mismo jueves 31 de julio en pocas horas «es lo que la gente quiere y convoquen a una Asamblea Constituyente».
«Yo les digo al oficialismo: tengan valor y convoquen a una Asamblea Constituyente, para que el pueblo realmente verifique que esta es la voluntad popular. Yo sé de mucha gente que este punto los está haciendo reconsiderar su apoyo al proyecto oficialista porque la gente no ha votado para que haya una perpetuación en el poder, ni para que hayan estos abusos de la ley y de la Constitución». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
La legisladora recordó que en la campaña electoral los diputados de Nuevas Ideas prometieron que eso no pasaría.
«Han votado por lo que dijeron que nunca iban a hacer y están haciendo lo que la gente no les ha pedido que hagan», insistió en su reclamo, sobre la falta de consulta popular para reformar la Constitución salvadoreña para permitir la reelección presidencial indefinida.
En la misa de la Transfiguración de Jesús, el 6 de agosto, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, exhortó a los diputados de la Asamblea Legislativa a reconsiderar la reforma porque no se ha consultado con la población y, si no se ha hecho una consulta, dijo, no es legítima.
«En El Salvador se ha tocado la soberanía popular y la única manera de cambiar la reelección presidencial indefinida, la única manera de hacerlo es a través de una Asamblea Constituyente y que al pueblo se le dé la oportunidad de decidirlo», reiteró.
La diputada opinó que la gente está pidiendo mejoras en su calidad de vida pero que el gobierno y los diputados del oficialismo solo los ignora, mientras buscan mantenerse en el poder a toda costa.
«No es cierto que la gente esté pidiendo esto, la gente lo que está pidiendo es agua, un sistema de salud que funcione, la gente pide que se derogue la Ley de la Minería, la gente está pidiendo que no se acaben finca El Espino, la gente está pidiendo que bajen los precios de los alimentos; ese es el clamor popular que están queriendo ignorar y tapar con este tipo de medidas y, como no resuelven en aspectos del bienestar de las personas, entonces buscan maneras tramposas de querer mantenerse en el poder a toda costa», cuestionó.
Sobre las recientes reformas a la Constitución que habilitan reelección presidencial indefinida, la diputada @ClaudiaOrtizSV le dice «al oficialismo que tenga valor y convoque a una Asamblea Constituyente» @ElMundoSVpic.twitter.com/2z1XCq5kYP
Con 55 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves 7 de agosto la Ley de bancos de inversión para crear y regular bancos especiales que operen únicamente con los llamados “inversionistas sofisticados” con quienes, además, podrán hacer operaciones incluso en bitcoin y criptomonedas estables si son autorizados para ello.
Los interesados en constituir un banco de inversión deberán cumplir los requisitos de la creación de bancos de la Ley de Bancos y serán fiscalizados por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que podrá aplicar las sanciones de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero ante incumplimientos.
La nueva normativa ordena a la SSF que deberá comprobar la suficiencia financiera y solvencia de los accionistas de los bancos de inversión.
Según la ley, una vez se autorice el funcionamiento de un banco de inversión, «no podrá suspender o poner término a sus operaciones” sin autorización de la SSF. Así, los bancos de inversión serán “instituciones de funcionamiento obligatorio» dice la normativa.
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que la ley permitirá que “grupos financieros y actores de alto patrimonio se instalen en el país”, la ampliación del sistema financiero salvadoreño, operaciones reguladas con el bitcoin, stablecoins, oro y bonos tokenizados y la conversión de El Salvador “como un hub financiero”.
“La banca de inversión es una institución financiera que ayuda a las empresas, gobiernos y otras organizaciones a obtener fondos económicos para financiar proyectos grandes, como la construcción de infraestructura pública, el lanzamiento de productos nuevos o la expansión de otros países”. Dania González (Nuevas Ideas).
No hubo ninguna otra opinión. La ley fue aprobada con 55 votos. Diputados de oposición no votaron ni a favor ni en contra.
¿En qué consiste la nueva Ley de bancos de inversión?
Para quiénes: inversionistas sofisticados
Los nuevos bancos atenderán exclusivamente a inversionistas sofisticados que deberán tener “la libre disposición” de $250,000 conformados por dólares “o activos de fácil liquidación” (bitcoin, stablecoins, bonos del tesoro, bonos del tesoro tokenizados, oro, oro tokenizado). Estos fondos deben poder ser usados inmediatamente sin restricciones legales o contractuales.
Los inversionistas sofisticados deben tener capacidad financiera de asumir riesgos de las operaciones por su cuenta y posibles pérdidas.
Autorizados por la SSF
Deberán ser autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que deberá pronunciarse de manera “expedita”. La SSF dberá tener un servicio de información crediticia de los usuarios de los bancos para la evaluación de riesgos.
Capital mínimo
El capital social mínimo de un banco de inversión será $50 millones.
Reservas de liquidez del 25 %de su capital pagado
Los bancos deberán tener reservas de capital de por lo menos 25 % de su capital pagado y los bancos destinarán al mismo por lo menos el 10 % de sus utilidades anuales. El comité de normas del BCR dictará normas sobre la reserva de liquidez.
Del total de la reserva de liquidez, un 25 % estará constituido por depósitos a la vista en dólares en el BCR de acceso automático para el banco de inversión; otro 25 % por depósitos a la vista en dólares en el BCR o títulos emitidos por el BCR, de acceso automático, el BCR cobrará un cargo proporcional al retiro; y un tercer tramo del 50 % por títulos valores emitidos por el BCR cuyo uso será autorizado por el superintendente del sistema financiero.
Votación de la Ley de Bancos de Inversión. / Imagen video Asamblea.
Relación de 8 % patrimonio/activos
Deberá tener una relación mínima de 8 % del fondo patrimonial respecto a los activos ponderados. Este porcentaje fue disminuido de 12 % y 14 % en los primeros tres años, la propuesta inicial. Los bancos deberán informar de su fondo patrimonial y sus activos.
Podrán invertir o dar financiamiento en bitcoin
La ley permite a los bancos otorgar financiamientos a los inversionistas sofisticados, quienes podrán presentar garantías en dólares o activos de fácil liquidación (bitcoin, monedas estables).
Podrán contratar a terceros para servicios con bitcoin o criptomonedas
Sí, para el servicio de proveedor de servicios bitcoin o activos digitales, comprar activos de fácil liquidación, inversiones en bitcoin o en monedas estables.
Deberán responder por daños
Los bancos de inversión responder civil y solidariamente “por los daños” a terceros por acciones u omisiones de sus directores, administradores y empleados.
Deberán cumplir con ley de prevención de lavado
Deberán tener una oficina física en El Salvador con “fines de representación legal” y deberá cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero y de activos, así como la de protección al consumidor. Serán supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero.
Aplicará el secreto bancario
El secreto bancario aplicará a los bancos de inversión.
Podrán invertir en sociedades salvadoreñas
Los bancos de inversión podrán invertir en sociedades subsidiarias o filiales salvadoreñas bajo vigilancia de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Aplicación parcial de Ley de Bancos
Aunque la normativa establece que los bancos de inversión deben cumplir con requisitos de la Ley de Bancos, la nueva normativa solo ordena expresamente el cumplimiento de 19 artículos de la Ley de Bancos.
Algunos artículos que habían sido incluidos en la propuesta inicial fueron excluidos finalmente en la versión aprobada en sesión plenaria de este jueves.
Las obligaciones de la Ley de Bancos que fueron excluidas respecto a la propuesta original:
1. Sustentar los financiamientos otorgados a través del análisis riesgo de recuperación de fondos, la capacidad de pago y empresarial, los estados financieros auditados, garantías, declaración de impuesto sobre la renta, entre otros, de los solicitantes de financiamiento.
2. No conceder créditos ni asumir riestos por más del 25 % de su fondo patrimonial en relación a la misma persona natural o jurídica.
3. Retener un monto de productos pendientes de cobro de reservas de saneamiento.
4. Obligación de que el Instituto de Garantía de Depósitos sea garante de depósitos hasta por $6,700.
5. Prohibición de dar préstamos para que una persona suscriba acciones de su propio capital o dar en garantía bienes de su activo fijo.
6. Prohibición de realizar inversiones en países sin regulación prudencial y supervisión según usos internacionales.
7. Prohibición de entregar financiamientos a bancos de accionistas al grupo empresarial al que pertenece el banco, entre otras.
En junio de 2024, la Comisión de Activos Digitales informó que inversionistas sofisticados estaban tratando de inyectar capital a El Salvador.
Con 60 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana», para que los salvadoreños que deseen retornar a El Salvador reciban una exención de impuestos para los bienes de casa que estén valorados por una suma de hasta $100,000; adicionalmente, la exención aplicará a la importación de hasta dos vehículos livianos y herramientas de trabajo por hasta $100,000.
Los vehículos no deben tener más de ocho años de fabricación.
Esta ley, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, obliga a que el Ministerio de Trabajo cree el registro denominado «Empleos para Salvadoreños Retornados».
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, garantizará una campaña continua de información para la prevención de fraudes y estafas a emprendedores y empresarios de la diáspora.
«Esta ley aborda de manera integral el proceso de la movilidad humana. Movilidad humana significa algo más grande que solo la migración, con esta ley estamos garantizando los derechos de nuestros migrantes en todas las etapas del proceso migratorio, es decir desde el desplazamiento interno, a partir de que la persona sale de su país, en el tránsito hasta el país que pretende llegar y sobre todo el retorno, para quienes por A o B motivo van a regresar a nuestro país», aseguró la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas.
Figueroa dijo que «cerca de 2,000 familias se han beneficiado y han introducido bienes por un valor estimado en $44 millones que han sido exonerados de los impuestos» con la Ley de Menaje de Casa aprobada en 2023 que eximía los impuestos sobre muebles del hogar valorados por una suma de hasta $70,000.
«Recuerden que estas personas (retornados de Estados Unidos o el extranjero) vienen siendo especialistas en muchas cosas que necesitamos en el país y para esas empresas que quieran colaborar con nuestra diáspora, podrán hacerlo y esto significará exención de impuestos para ustedes, dependiendo de hasta cuántos contraten». Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.
«Hablar de salvadoreños en el exterior no es solo hablar de números por la incidencia económica, sino de conexiones sociales, culturales y familiares… Esto es para ordenar que ustedes puedan regresar a nuestro país, si es que así lo desean». Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas.
El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró que esta ley surge por el concepto de «migración inversa» y por las «condiciones de seguridad que hoy tenemos en El Salvador y que permite que los salvadoreños que fueron expulsados en el pasado por gobernantes ineptos, ahora regresen a su país de manera segura y tranquila».
El voto de Claudia Ortiz
La diputada del partido opositor Vamos, Claudia Ortiz, votó a favor de la ley y aseguró que siempre que una iniciativa sea para proteger a los salvadoreños contará con su aval.
«Es mentira lo que dicen algunos colegas que a todo voto en contra, no es cierto. Voy a votar a favor de esta ley, porque como representante de los salvadoreños, cada voto de su servidora es analizado y nuestra gestión siempre ha buscado el bien mayor para ellos», indicó.
«Espero que esta ley cuente con una implementación efectiva y en función del bienestar y los derechos de los salvadoreños que están en el exterior, en especial de aquellos que sufren de mayor vulnerabilidad». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
También, invitó a sus colegas a analizar cada voto y a vigilar la ejecución de esta ley y exhortó a la Cancillería a hacer las gestiones diplomáticas necesarias para abogar por el programa de Estatus Temporal (TPS) que vence en el 2026.
Finalmente dijo que esta ley debería complementarse con servicios básicos de calidad, ya que, si la diáspora tiene servicios básicos de calidad donde reside en el extranjero, «para que El Salvador pueda ser un destino para retornar y vivir plenamente es fundamental que leyes como esta se complementen con una mejora completa, real», expresó.
«s fundamental que haya educación pública de calidad, sistema de salud pública también de calidad, porque muchos salvadoreños que viven en el exterior y que están considerando regresar acá por voluntad propia, se van a enfrentar acá a un sistema que no es funcional», advirtió la diputada.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves un régimen para fijar en un 10 % el Impuesto sobre la Renta que gravará los salarios de los técnicos de nuevas inversiones en El Salvador que ganen hasta $100,000 mensuales, un porcentaje menor a la retención que actualmente se realiza a los trabajadores que ganan más de $2,038.11 mensuales en El Salvador.
El decreto “Régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de la capacidad técnica y administrativa del personal que labore con entidades que desarrollen nuevas inversiones en El Salvador” fue aprobado con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.
El decreto aplicará a personas o empresas que realicen nuevas inversiones en El Salvador y hagan pagos al personal técnico, domiciliado o no, que preste servicios para sus actividades comerciales en el territorio nacional.
El artículo 4 establece que, “con carácter excepcional”, para los servicios profesionales prestados por el personal técnico contratado por los inversionistas “se aplicará una retención en concepto de pago definitivo de Impuesto sobre la Renta” igual a la establecida en el artículo 156 del Código Tributario, es decir, 10 %.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra, criticó que el decreto no exige nada a las nuevas inversiones como una cantidad de empleos a generar. “Estas leyes para traer inversionistas quitan todo tipo de impuesto pero no les pide ningún tipo de condición, no les pide nada”, expresó.
Señaló que la exoneración fiscal es “una política totalmente injusta”. “Es insultante para la gente que está pagando impuestos por la comida, por las medicinas”, indicó.
Ortiz aseguró que la política económica del gobierno actual ha fracasado y que el rebalse económico prometido “no existe”, ya que la inversión extranjera directa en El Salvador «se ha mantenido baja», no pasa de $250 millones y la “pobreza sigue a la alza”, señalando que en 2023 hubo 55,000 pobres más.
«Le están quitando impuestos a la gente que los puede pagar, mejor quiten el impuesto a la comida a las medicinas», indicó Ortiz, quien además propuso exenciones al transporte escolar y a personas trabajadores con ingresos menores a $1,000 mensuales.
La diputada advirtió que los inversionistas requieren, antes de una exención fiscal, “reglas claras y estables”, seguridad jurídica y una fuerza laboral educada y capacitada con habilidades técnicas, pero que en El Salvador no hay seguridad jurídica y hay un deterioro del sistema educativo. Además, advirtió que hay un riesgo de que El Salvador “se convierta en paraíso fiscal” con este tipo de decretos.
“Los inversionistas serios buscan tres cosas: que las leyes se mantengan claras y estables (además de infraestructura y fuerza laboral capacitada). Este es el país de la inseguridad jurídica y el mayor factor de inseguridad jurídica en este país está sentado en estos curules, son ustedes, colegas diputados. Quitar impuestos o no pagar impuesto va en último lugar para los inversionistas”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Por su parte, diputados de Nuevas Ideas aseguraron que la extranjera directa ha aumentado un 64 % durante el primer trimestre de 2025, según el Banco Central de Reserva (BCR), aunque no mencionaron la proporción de El Salvador respecto a Centroamérica.
La inversión extranjera directa neta aumentó de $195.67 millones en el primer trimestre de 2024 a $322.24 millones en el primer trimestre de 2025; pero El Salvador recibió solo el 5 % de la inversión extranjera de Centroamérica durante 2024.
El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, aseguró que en El Salvador no existe una empresa que actualmente que tenga inversiones de $2,000 millones. Mencionó empresas que tiene patrimonios arriba de los $20,000 o $50,000 millones, como AT&T, China Mobile, General Electric, Boeing, Siemens, Catterpillar, entre otras. Los salarios de los ejecutivos «pudieran oscilar entre los 13 y 14 millones de dólares anuales» o un millón de dólares al mes y los operadores financieros «pudieran estar entre los $29,000 a $40,000 mensuales».
«Con esta ley, sus impuestos serán pagados, como cualquier persona, la retención del Impuesto sobre la Renta estará presente para personas que no superen los $100,000. De cero a $100,000 su retención será del 10 %, aquellas personas que superen los $100,000 mensuales esos serán exentos del Impuesto sobre la Renta (el excedente)», indicó.
Mulato aseguró que estas «grandes corporaciones» permitirán generar empleo en El Salvador y que «la recaudación fiscal esté presente» en todo su personal técnico y ejecutivo de las nuevas empresas que vengan a El Salvador.
«Lo van a ver en los siguientes meses», dijo, por su parte, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas. «Dijeron tantas veces que este país no podía salir adelante y se equivocaron», expresó. Insistió en que habrá empleos de mejor calidad y elevará la calidad de vida, «ese es el legado que le queremos dejar a los salvadoreños, estoy seguro que vamos por la dirección correcta», agregó. Soriano atribuyó las críticas a «cálculos mezquinos» para «grabar videos de uno o dos minutos y tener 10 likes».
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el “Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador” a personas o empresas que trasladen su dinero o activos a El Salvador por al menos $2,000 millones.
A estos les exonerarán los impuestos sobre la renta, impuestos a transferencia de inmuebles, impuestos municipales y aranceles por las importaciones relacionadas a las actividades de inversión.
Los beneficiados podrán ser extranjeros o salvadoreños radicados en el exterior desde al menos un año.
Las inversiones podrán ser: aportes a capital a constitución de sociedades mercantiles o suscripción de acciones, aportes para compras de bienes inmuebles situados en El Salvador, otorgamiento de préstamos para nuevas inversiones a personas o empresas domiciliadas en el país, aportes a capital para compra de plantas industriales, maquinaria, repuestos, materias primas, productos terminados o intermedios, bienes intangibles, propiedades intelectuales sobre distintivos comerciales y patentes sobre servicios técnicos o desarrollo de nuevas tecnologías o aporte de conocimientos administrativos.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que “estos capitales y estas inversiones que van a llegar al país generarán empleos de altísimo nivel, de muy buena calidad, que al final se van a traducir en buenos salarios”. «Es un encadenamiento que estamos creando que no se ha visto en la historia del país», prometió.
«Si queremos transformar el PIB del país, debemos apuntar a ser sede de inversiones de alto impacto, inversiones que nos permitan transformar realmente la economía de El Salvador y multiplicarla en los próximos años… Capitales que van a generar no solo un gran impacto en la economía sino un derramamiento económico a todo nivel». William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.
Según el diputado Mauricio Ortiz, del mismo partido, estas nuevas inversiones beneficiará a El Salvador con: “empleo masivo y recaudación por salarios”, pago de cotizaciones al Seguro Social y a las AFP, contratación de proveedores que generarán riquezas en sus patrimonios, activación de sectores como construcción, transporte y logística, aumento de consumo y mayor recaudación de impuestos por consumo, e inversión estatal en infraestructura por el aumento de la recaudación.
La ley establece las sanciones relacionadas a la obligación de inscribirse según los artículos 235 y 237 del Código Tributario; y relacionadas a no informar sobre el registro de inversiones o del patrimonio, el artículo 241 del mismo Código.
El decreto fue aprobado con 56 votos de Nuevas Ideas. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador reporta que más de 2,000 salvadoreños deportados atendidos por el organismo con servicios de salud mental y apoyo psicosocial. Además, la OIM entregó apoyos económicos y brindó capacitaciones durante 2024.
La memoria de labores de la OIM en El Salvador, publicada en mayo de 2025, detalla que brindaron atención de salud metal a más de 2,000 retornados que habían sido víctimas de violencia o desastres. Por ello, asegura que ha brindado «respuestas humanitarias, oportunas, integrales y centradas» en derechos humanos.
La OIM también ejecutó el proyecto «facilitadores de salud mental comunitarios», en el que capacitó a 125 personas de ocho municipios para brindar asistencia psicosocial y reintegrar a las «personas migrantes retornadas». Conformaron comités relacionados a los gobiernos locales para «ampliar el acceso a la salud mental».
«Compartir mi experiencia con otras personas retornadas me dio la confianza para seguir adelante. Siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo». Participante del programa de apoyo psicosocial.
Se estima que este proyecto ha logrado beneficiar a unas 3,000 personas de 49 comunidades; apoyaron a al menos 30 instituciones, y buscan promover redes de apoyo, bienestar emocional y espacios seguros.
Capacitó a más de 300 personas, entre empleados del gobierno, de gobiernos locales y representantes de la sociedad civil que atienden deportados, sobre la protección y derechos de las personas migrantes.
La organización señala que sus acciones «se enfocan en garantizar el acceso a servicios esenciales» para prevenir la violencia, el abuso o la explotación. Por eso, registran más de 1,700 habitantes de comunidades recibieron capacitaciones para la prevención de la violencia de género y la trata de personas.
Otros 170 funcionarios y miembros de la sociedad civil recibieron capacitaciones sobre la gestión fronteriza humanitaria para promover la migración «segura, eficiente y respetuosa de los derechos humanos».
Apoyo monetario a sectores vulnerables
La OIM indicó que brindó «asistencia monetaria multipropósito» a más de 500 personas a sectores vulnerables como familias con mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o que padecen enfermedades crónicas.
La organización también entregó kits de ropa, higiene y tarjeta para compra de alimentos a retornados. Atendió a sobrevivientes de violencia de género, desempleados, embarazadas, bebés lactantes y personas con necesidad de protección.
La Asamblea Legislativa aprobará esta semana la Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana, que da vida a la Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana para dictar las políticas migratorias salvadoreñas, en la cual se podrán integrar mesas especializadas y subcomités con el sector privado y organizaciones involucradas con migrantes.
La alcaldía de Sonsonate Centro dispensará multas e intereses moratorios en las tasas por inmuebles según consta en la ordenanza municipal publicada en el Diario Oficial del 22 de julio. El plazo aplicable para la dispensa será de cuatro meses.
El concejo municipal publicó la «Ordenanza municipal para el pago de las tasas de inmuebles con la dispensa de multas e intereses moratorios» en el municipio de Sonsonate Centro, el cual está integrado por los distritos de Sonsonate, Sonzacate, Nahulingo, San Antonio del Monte y Santo Domingo de Guzmán.
La ordenanza publicada el mes pasado detalla que la dispensa incluye las tasas por alumbrado público, aseo público, disposición final de desechos sólidos y pavimentación. Será aplicada a cancelaciones en un solo pago, haciendo abonos a la cuenta o planes de pago.
«La situación económica del país ha afectado el poder adquisitivo de las familias sonsonatecas, y consecuentemente el ingreso de tributos en la municipalidad, por eso, es necesario estimular el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales a través de incentivos, que beneficien a los contribuyentes y generen incrementos de ingresos en la Tesorería». Ordenanza municipal para la dispensa de intereses.
La dispensa estará vigente desde el lunes 1 de septiembre hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025.
La comuna explicó en los considerandos que tomaron esta medida debido a la «situación económica del país ha afectado» a las familias y por ende a la disponibilidad que estas tienen para pagar los impuestos.
El decreto municipal fue tomado según la ordenanza por unanimidad del concejo en la sesión celebrada el 3 de julio pasado.
El Salvador hizo una reserva a la “Declaración sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático”, aprobada el 6 de agosto por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Salvador, según la declaración, estableció una reserva que indica que “la situación jurídica del Estado salvadoreño” en relación a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y actuaciones de sus órganos, “no se verá afectada por el apoyo otorgado a la presente resolución”.
En la declaración, se detalla que el gobierno de El Salvador reconoció que “el cambio climático es una amenaza apremiante para el futuro de la humanidad” y manifiesta su “disposición” para promover políticas para mitigar sus causas y adaptarse a sus efectos.
Estados Unidos no se sumó a la declaración, ya que incluye afirmaciones “que son incompatibles con las posiciones de Estados Unidos” sobre el cambio climático y los derechos humanos. “Esta declaración es fundamentalmente defectuosa y no la apoyamos ni desde el punto de vista procedimental ni desde el punto de vista sustantivo”, indicó. Le pidió al Consejo Permanente de la OEA evitar “distracciones innecesarias en cuestiones que carecen de consenso”.
La Corte Penal Internacional, según los artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), indicó que los Estados están obligados a actuar “con la debida diligencia para prevenir la contaminación marina, proteger ecosistemas raros o frágiles y adoptar un criterio de precaución con respecto a los daños ambientales”.
El 23 de julio, la CPI emitió una opinión consultiva sobre que el “incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales en materia de cambio climático constituye un hecho internacionalmente ilícito por parte de los Estados responsables, lo que da lugar a consecuencias jurídicas”, como el cese del hecho ilícito, garantías de no repetición y reparación en forma de restitución, indemnización y satisfacción.
En la declaración, el Consejo Permanente de la OEA hizo un llamado a todos sus Estados miembros a tomar medidas con todos los proyectos importantes de desarrollo e infraestructura relacionadas a derechos humanos y grupos vulnerables, integrar consideraciones climáticas y de derechos humanos en las leyes, entre otros.
