El presidente Nayib Bukele, anunció el martes que «decidió» enviar a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), un proyecto de ley que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales.
Se trata, según publicó Bukele en X, de la Ley de Agentes Extranjeros, un proyecto de ley que ya había sido presentado en 2021 por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, y que prohibirá dijo el funcionario «explícitamente la injerencia extranjera» y «que fundaciones y oenegés de fachada disfracen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera».
El dictamen de Ley de Agentes Extranjeros fue aprobado el 16 de noviembre de 2021 por la Comisión de Relaciones Exteriores pero no fue incluido ni aprobado en la sesión plenaria, luego de que la Embajada de Alemania en El Salvador anunciara la suspensión de proyectos comunitarios debido a una posible afectación a las ONG receptoras de la ayuda.
El anuncio del martes generó críticas de la ONG Human Rights Watch (HRW) que dijo que la iniciativa de Bukele busca «atacar» a las organizaciones de la sociedad civil y a medios independientes en El Salvador.
El subdirector de HRW para las Américas, Juan Pappier, indicó en X que «como hicieron (Daniel) Ortega en Nicaragua, (Nicolás) Maduro en Venezuela y (Vladímir) Putin en Rusia, Bukele propone una ley de 'agentes extranjeros' para atacar a las organizaciones de sociedad civil y medios independientes en El Salvador».
Denuncia manipulación de «ONG globalistas»
La iniciativa fue anunciada por el mandatario salvadoreño luego de que cientos de pobladores de una comunidad rural adelantaran una protesta la noche de este lunes en la cercanías de una exclusiva zona residencial donde habita Bukele, para pedir que se evite un desalojo por orden judicial.
Según el presidente, las «personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno».
Bukele señaló que «la presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los 'banners' (anuncios) impresos profesionalmente lo confirman».
«El caso que motivó la protesta viene desde 1998 y ya fue judicializado en 2008, con sentencia firme en todas las instancias a favor del acreedor», apuntó el gobernante.
De acuerdo con publicaciones de medios salvadoreños, estas personas han denunciado que unas 300 familias serán desalojadas de las tierras en que habitan hace décadas el 22 de mayo próximo por orden judicial, tras un proceso legal en el que alegan fueron estafados.
Bukele acusó que «el acreedor» en el caso «sería miembro de una familia reconocida del partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista, oposición)», «aunque personalmente lo desconozco», señaló.
«Todo indica que los manifestantes no solo fueron manipulados, sino que incluso fueron llevados de noche a protestar frente a una residencia privada sin relación con el caso», prosiguió el mandatario.
«Entendemos la difícil situación de estas 300 familias y estamos dispuestos a encontrar una solución real», afirmó el presidente salvadoreño e indicó que, «no obstante, sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o sus cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido».
«Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos se pagará la deuda de la cooperativa», afirmó el presidente.
Bukele agregó que «así todos ganan: Las familias saldan su deuda y mantienen su vivienda, La población no paga por reclamos ajenos y las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo».
En este contexto, la organización no gubernamental Foro del Agua denunció la «captura ilegal y arbitraria» del joven Alejandro Henríquez, un defensor de derechos ambientales y abogado, al tiempo que una veintena de ONG y rechazaron este martes las «recientes agresiones cometidas por el Estado salvadoreño» contra los pobladores de la comunidad e integrantes de la Cooperativa El Bosque.
Además, las organizaciones denunciaron que fueron detenidas al menos dos personas más de la comunidad; entre ellos José Ángela Pérez, pastor evangélico y presidente de la mencionada cooperativa.
