Categoría: Politica

  • Bukele dice manifestantes fueron manipulados y anuncia Ley de Agentes Extranjeros

    Bukele dice manifestantes fueron manipulados y anuncia Ley de Agentes Extranjeros

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consideró este martes que los habitantes de la cooperativa El Bosque que realizaron un «plantón» el lunes fueron «manipulados» por organizaciones no gubernamentales «globalistas» que buscan «atacar al gobierno».

    El presidente anunció que, para financiar los terrenos de los afectados, enviará el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que establecería un impuesto del 30 % a las donaciones que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) en El Salvador.

    «Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas cuyo objetivo real es atacar al gobierno. La presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los banners impresos profesionalmente lo confirman.
    Nayib Bukele, presidente salvadoreño en X.

    Todo indica que los manifestantes no solo fueron manipulados sino que incluso fueron llevados de noche a protestar frente a una residencia privada sin relación con el caso.
    Nayib Bukele, presidente salvadoreño en X.

    El lunes por la noche un grupo de habitantes de la cooperativa El Bosque, cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad Sur, se manifestaban frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, para exigir que el Gobierno interceda ante una orden de desalojo que vence el 22 de mayo.

    Bukele aseveró el caso «ya fue judicializado en 2008 con sentencia firme en todas las instancias a favor del acreedor» y que «la persona que ganó el juicio», en referencia a Luis Antonio Palomo Urbina, «incluso fue acusada de estafa por el fiscal actual pero el acreedor volvió a ganar en todas las instancias penales».

    El mandatario comentó que tenía referencias de que «el acreedor», como se refiere a Palomo Urbina, sería miembro de una familia reconocida del partido Arena pero que personalmente no desconoce.

    Sin embargo, Bukele manifestó que están dispuestos a «encontrar una solución real» pero que sería «injusto» que salvadoreños financien «con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido», por lo que decidió enviar el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros a la Asamblea Legislativa para gravar con un impuesto del 30 % las donaciones a las organizaciones no gubernamentales.

    «Con estos fondos se pagará la deuda de la cooperativa. Así todos ganan, las familias saldan su deuda y mantienen su vivienda, la población no paga por reclamos ajenos y las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo», detalló.

    El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador, cuya aprobación fue suspendida en noviembre de 2021, castigaba con prisión a miembros de organizaciones o agentes extranjeros que cometieran actos contra el «orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado» con fondos extranjeros y prohibía el financiamiento a actividades que pusieran en riesgo la estabilidad política social del país.

    El dictamen de la Ley de Agentes Extranjeros fue aprobado el 16 de noviembre de 2021 por la Comisión de Relaciones Exteriores pero no fue incluido ni aprobado en la sesión plenaria, luego de que la Embajada de Alemania en El Salvador anunciara la suspensión de proyectos comunitarios debido a una posible afectación a las oenegés receptoras de la ayuda.

    La ley planteaba la creación de un Registro de Agentes Extranjeros (RAE), entidad con «amplias facultades» para establecer a estas oenegés requisitos para registrarse, aprobar o denegar el registro, y para actualizar semestralmente un control de actividades que se remite a la Fiscalía General de la República (FGR). Luego de que la Asamblea Legislativa desistiera de aprobar el proyecto, el presidente de la Asamblea Legislativa anunció que buscarían consenso con la cooperación externa aunque la Asamblea nunca archivó el dictamen.

  • Oposición condena capturas por plantón de cooperativa El Bosque, Vamos anuncia acciones

    Oposición condena capturas por plantón de cooperativa El Bosque, Vamos anuncia acciones

    Diputados de oposición de El Salvador rechazaron este martes la captura al menos líderes de la cooperativa El Bosque y su asesor jurídico que dirigían una manifestación pacífica cerca de la residencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele contra el desalojo de unas 300 familias.

    La concentración se desarrollaba frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, luego de una orden del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla para el desalojo de 300 familias fechado el 22 de mayo contra la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Bosque de Responsabilidad Limitada, ubicada en el cantón El Triunfo, Santa Tecla, La Libertad.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, condenó las acciones y las calificó de violencia desproporcionada, represión y abuso de poder; y anunció que tomarán acciones nacionales e internacionales, algo que fue confirmado por la diputada Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

    El diputado Francisco Lira, también de Arena, advirtió que en El Salvador ahora se le están cerrando espacios a la población que protesta y, en su lugar, les «dan garrote». Argumentó que era una protesta pacífica por «el clamor de más de 300 familias que temen perder lo único que tienen, su hogar». «¿Esta es la libertad y la democracia que prometieron?», cuestionó.

    «En una dictadura, protestar es un crimen. Reprimir al pobre no es justicia. Esta noche se mostró la verdadera cara de este gobierno. Muchos de ellos votaron por Nuevas Ideas. Lastimosamente en vez de colocar mesa de diálogo, se están cerrando espacios. Es grave, cierran espacio y le dan garrote a nuestra gente».
    Francisco Lira, diputado de Arena.

    «La protesta pacífica no es delito. El país necesita reformas urgentes, no represión. Nada justifica el uso de cuerpos de seguridad y «Policía Militar» para reprimir y capturar a personas que pacíficamente estaban exigiendo sus derechos. ¡Que cese a la represión a las familias de la Cooperativa El Bosque».
    Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    A las 5:37 a.m. de este martes, Marcela Villatoro, diputada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), manifestó que, si una persona es «pobre y pide una vivienda digna, le tiran la Policía» y, si una persona es rica «hasta el IVA le quitan para construir apartamentos de más de 35 pisos». «Así es el nuevo El Salvador donde el pobre estorba», manifestó.

    Las capturas

    La noche del lunes, un grupo de 150 a 200 policías cercó una concentración de miembros de unas 30 familias de la cooperativa El Bosque que se manifestaban, para que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, intercediera ante una orden de desalojo contra la cooperativa El Bosque.

    El martes, se confirmó la captura del pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa El Bosque; y del asesor jurídico de la cooperativa, Alejandro Henríquez, también miembro del Foro del Agua, que fue capturado por el delito de «desórdenes públicos».

    Este martes, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) aseguró que hubo presencia policial en la cooperativa. «Fue hasta que nosotros vinimos que se retiraron, en este país los derechos humanos están siendo violentados una y otra vez. Cuando una familia se decide a organizarse, salir y manifestarse… Esa línea se ha pasado», dijo Ingrid Escobar, representante del SJH. Esta organización informó que permanecerá hasta el 22 de mayo, fecha de la orden de desalojo, en la cooperativa El Bosque.

    La mañana de este martes, la organización Amnistía Internacional activó una alerta por el uso de Policía Militar, «una fuerza sin facultades para tareas de orden y seguridad pública». «Reprimir la protesta social es una práctica autoritaria y su criminalización pone en riesgo a quienes alzan la voz frente a la justicia. La represión no puede ser la respuesta del Estado ante demandas legítimas», manifestó la organización internacional.

    También, estudiantes salvadoreños en México organizaban un plantón para solidarizarse con Alejandro Henríquez, quien también es militante de la organización ambientalista Reverdes.

    El gobierno y la PNC no se han pronunciado. El medio digital «La Capital News» aseguró que las «protestas de comunidad El Bosque es un tema politizado» y que «el FMLN ha organizado una serie de sucesos con tal de poner un tema sobre la mesa a causa de falta de atención política». «La comunidad adeuda a la cooperativa El Bosque más de $800 mil dólares, por lo que los dueños solicitan el pago por las tierras hipotecadas», indicó.

    El desalojo se habría originado de una mora crediticia de la cooperativa El Bosque y el contrato que firmaron con Luis Antonio Palomo Urbina, quien según los cooperativas trabajó seis años en las tierras de la cooperativa. Según un reportaje de Audiovisuales UCA, Palomo demandó a la cooperativa por más de $131,000 por la supuesta medición de los terrenos de los cuales no entregó resultados. Los pagarés que firmó la cooperativa con la sociedad Proyectos e Inversiones Diversas, S.A. de C.V. (Proyin) ascienden a $81,342 y de $50,000, sin haber amortizado a la deuda. El mismo reportaje revela que en 2007 la cooperativa demandó por estafa a Palomo Urbina, quien ganó la demanda, y que la alcaldía de Santa Tecla pagó la deuda con el Bancoagrícola a cambio de tierras pero en 2014 Palomo puso un demanda de embargo que derivaron en un proceso de subasta pública en 2020, cuando la cooperativa lo demandó por lavado de dinero y una demanda de amparo. En 2022, un juez de sentencia absolvió a Palomo Urbina.

  • Reforman Ley de Notariado y dan nueva prórroga al protocolo digital

    Reforman Ley de Notariado y dan nueva prórroga al protocolo digital

    Con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó nuevamente, este martes, la obligatoriedad notarial de llevar un protocolo digital y de usar la firma electrónica hasta el 1 de diciembre de 2025. El plazo vencía hasta el 31 de mayo de 2025.

    «Esta reforma, que básicamente regula la presentación de libros de protocolo de manera digital, de los testimonios, de testamento y las actas notariales de manera digital», dijo el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    «Yo creo que es bastante procedente, no porque la Corte no tenga los insumos para iniciar con esta reforma sino que ha existido una preocupación de la comunidad jurídica sobre la capacitación, que ha sido poca».
    Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    El diputado Navarro, quien dijo que tiene 10 años de ser notario, aseguró que ha recibido observaciones de la comunidad jurídica sobre todo en el oriente de El Salvador.

    Por su parte, la diputada Cesia Rivas, del partido opositor Vamos, aseguró que hay prórrogas necesarias «y esta es una de ellas».

    «Hay mucha población de notarios no están actualizados acerca de estas reformas, por un lado, y por otro, de los cambios que se tenían que hacer».
    Cesia Rivas (Vamos).

    La diputada de Vamos aseveró que «hay prórrogas que deberían ser un vergüenza» para los legisladores, como la que permite que no se apliquen las sanciones por las violaciones a la Ley de inclusión. «Ya hasta perdimos la cuenta de cuántas prórrogas lleva, prórrogas que son una excusa vergonzosa, ustedes han cometido una dilatación grave que atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad», añadió.

    En su solicitud, el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, pidió una reforma al artículo 12 inciso segundo del decreto legislativo 555, aprobado el 8 de noviembre de 2022, una reforma a la Ley de Notariado, que establece un plazo para la firma electrónica certificada y los libros de protocolo digital.

    En su escrito, la CSJ informó que el 10 de abril de 2025 aprobó los «Lineamientos técnicos para la presentación y resguardo de los libros de protocolo e instrumentos notariales y aranceles por los servicios por la Sección del Notariado» para regular la presentación de libros de protocolo, testimonios de testamento y actas notariales en formato digital, y la exigencia a los notarios para que adquieran un certificado de firma electrónica.

    La Corte aseguró que «cuenta con todos los insumos informáticos y logísticos necesarios» pero fundamentó la prórroga en que las reformas exigen a los notarios «el uso de plataformas electrónicas», además de capacitación. En la prórroga anterior, aprobada en 2024, la CSJ argumentaba que se requería un plazo para completar la infraestructura tecnológica y material, y una inversión en la compra de equipos de oficina, informático y tecnológico.

    El 8 de noviembre de 2022, se aprobó una reforma a la Ley de Notariado que estableció el sistema de protocolo digital y el uso de la firma electrónica en las labores de resguardo y conservación de los libros de protocolo notarial, que daba un plazo inicial de seis meses para su aplicación, que se cumplían en noviembre de 2024, dado que fue publicado hasta en el Diario Oficial número 85, tomo 443, del 7 de mayo de 2024.

  • Unánime prórroga a subsidio para mantener precios del gas hasta mayo 2026

    Unánime prórroga a subsidio para mantener precios del gas hasta mayo 2026

    La Asamblea Legislativa prorrogó este martes la «Ley especial y transitoria para la estabilización de los precios de gas licuado de petróleo» que subsidia la compra de los cilindros de gas mediante el pago a las empresas envasadoras ante las variaciones de precios hasta el 31 de mayo de 2026.

    Con el decreto, se busca mantener estables los precios de ventas al consumidor de los cilindros de gas: el de 10 libras, a $4.61; el de 20 libras, a $8.98, el de 25 libras, a $11.13; y el de 35 libras a $15.50.

    «Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos llevarle el beneficio a todos los salvadoreños», dijo el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.

    El mecanismo creado en 2021 permite transferir a las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para que el Estado absorba el aumento de los precios internacionales de hidrocarburos y que afectan a los precios del gas.

    El decreto fue aprobado con 60 votos, incluidos los votos de Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Arena, así como el voto de la diputada Cesia Rivas, de Vamos.

  • Presidenta del Caucus de El Salvador: «Queremos transmitir un mensaje para educar a la comunidad internacional»

    Presidenta del Caucus de El Salvador: «Queremos transmitir un mensaje para educar a la comunidad internacional»

    Ana Paulina Luna, congresista republicana y presidenta del Caucus de El Salvador en el Congreso estadounidense, explicó que el Caucus busca regresar a Estados Unidos y transmitir un mensaje para educar a la comunidad internacional, ya que ve que «hay un argumento de que no hay un debido proceso» penal en el país contra los extranjeros que son deportados a El Salvador por la administración Trump.

    «Es muy importante esta visita», afirmó la noche del lunes, en la entrevista en Noticiero de El Salvador del Canal 10, al final de su visita a El Salvador junto a otros congresistas y un asesor de Trump.

    Luna explicó que la gestión para que el Departamento de Estado de Estados Unidos bajara la alerta de viaje a El Salvador «inició bajo la administración previa» del presidente Joe Biden, ante una pregunta sobre cómo el Caucus logró bajar la alerta de viaje.

    «Lo que veo en la actualidad es que, dado que el presidente Bukele ha hecho un trabajo tan impresionante en seguridad, hay mucha gente que no se informa bien, que no sabe lo que está pasando, especialmente en el tema de los encarcelamientos. Queremos regresar y transmitir un mensaje para educar a la comunidad internacional», indicó en la entrevista de Noticiero El Salvador.

    «Estamos trabajando para respaldarlo ante la comunidad internacional», manifestó la congresista Luna, quien también sugirió a los seguidores de Bukele defender al presidente cuando «lo ataquen».

    Relató inmediatamente que los congresistas del Caucus visitaron el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y que vieron a las personas extranjeras encarceladas separadas de las pandillas.

    «Vimos a las personas extranjeras que son parte de carteles y están separados, básicamente está la MS-13 y las pandillas, y es importante verlo porque hay un argumento de que no hay un debido proceso pero yo argumentaría que el presidente Bukele tiene la razón en lo que está haciendo, especialmente en cuanto a los ciudadanos salvadoreños que han cometido delitos contra la humanidad, delitos graves», afirmó la congresista.

    Luna agregó que los congresistas demócratas que visitaron antes a El Salvador, en referencia a «no tenían buenas intenciones».

    «Es importante enviar el mensaje correcto», insistió. Explicó que la seguridad en El Salvador «impacta en los Estados Unidos» y que es «incidencia».

    La presidenta manifestó que el Caucus les ayuda a Estados Unidos les «ayuda a promover las relaciones en Suramérica» y pronto destacó que «El Salvador es un faro de luz para ayudar a la seguridad en el resto del hemisferio».

    Luna realizó una visita a El Salvador junto al fundador del Caucus Matt Gaetz, y los congresistas el demócrata Vicente González (Texas), el republicano Andy Ogles (Tennessee), así como Alex Bruesewitz, asesor del presidente estadounidense Donald Trump.

  • Carlos Acevedo sugiere restablecer y ajustar la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior

    Carlos Acevedo sugiere restablecer y ajustar la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior

    Luego de que se venciera el plazo del 9 de mayo para aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal, establecido en el acuerdo de financiamiento entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) sugirió retomar la normativa anterior con algunos ajustes para aprobarla.

    «Deberían restablecer y ajustar la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior, que es bastante buena», sugirió.

    Acevedo cree que no es necesario modificar la parte conceptual de la normativa, sino únicamente ajustar los parámetros de deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB) y los cronogramas de disminución de esa relación.

    El economista sugirió aprobar la normativa «cuanto antes», debido a que dentro de las políticas del Acuerdo de Servicio Ampliado entre el gobierno salvadoreño y el FMI se estableció aprobación «por el Parlamento de una nueva Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Fiscal» para el 9 de mayo de 2025.

    El acuerdo prevé «reglas más robustas para mejorar la rendición de cuentas presupuestarias» por parte de El Salvador.

    La «Ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social» fue aprobada el 10 de noviembre de 2016 e inició su vigencia el 1 de enero de 2017; fue aprobada como parte de un acuerdo entre el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que solicitaba la aprobación de $550 millones de deuda, y la oposición, Arena.

    La normativa tenía como fin establecer reglas fiscales para limitar el déficit y el endeudamiento público, diseñar un presupuesto acorde a estas medidas fiscales, garantizar asignación a áreas sociales y tener una mayor transparencia.

    Establecía un ajuste fiscal del 3 % del PIB, un límite de la deuda no mayor al 45 % del PIB después de un fase de consolidación fiscal de siete años y gastos corrientes no mayores al 18.5 % del PIB después del periodo de consolidación fiscal.

    La Ley de Responsabilidad Fiscal fue suspendida temporalmente durante la pandemia por covid-19 mediante un decreto del 26 de marzo de 2020 que exigió a Hacienda presentar un plan de regulación actualizado en 90 días. En 2021, Hacienda previó que se aplicaría en 2022.

  • Cesia Rivas: «Parece que la intención es expropiar los buses de los transportistas»

    Cesia Rivas: «Parece que la intención es expropiar los buses de los transportistas»

    El partido de oposición Vamos teme que el gobierno pueda expropiar los autobuses de los transportistas tomando en cuenta la captura de 16 empresarios y la muerte de uno de ellos mientras se encontraba en bartolinas policiales. Los partidos de oposición han pedido que se investigue la muerte del transportista Roberto Jaco.

    El gobierno ha señalado que no busca sacar del rubro a los transportistas y ha descartado que puedan asumir la operación de las unidades, sin embargo, la oposición salvadoreña cuestiona si se busca nacionalizar, privatizar o expropiar de las unidades a los transportistas.

    Le puede interesar: Oposición pide investigar muerte de gerente de SEISABUS detenido durante cierre de Los Chorros

    La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, cree que el gobierno tiene «la intención de expropiar los buses» a los transportistas que ofrecen el servicio y que no está dando «garantías del debido proceso» a los empresarios detenidos por delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión y peculado. Aseveró también que «esto no pasaría en un país democrático».

    «Esto no pasaría en un país democrático, pues las garantías de debido proceso se respetarían pero en este caso no lo han hecho, al contrario, parece que la intención es expropiar los buses de los transportistas».
    Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

    La dirigente de oposición no descartó que haya sido arbitraria detención de Roberto Jaco, gerente general de SEISABUS, que presta servicios en el transporte de Santa Ana a San Salvador. Sobre el deceso, Rivas dijo que habrá que comprobar si el fallecimiento «obedece al incumplimiento de sus derechos inherentes a su dignidad humana». Rivas indicó que hay temor en los demás transportistas partiendo de «su inacción o acciones permisivas», que la situación de los transportistas «va de mal en peor».

    Luis Regalado, representante de la Mesa Nacional del Transporte, dijo que Jaco sufría de una enfermedad que requería tratamiento médico permanente pero se desconoce si se le suministró el medicamento necesario mientras estuvo detenido en las bartolinas del 911 en Santa Ana.

    El gobierno espera que este año ingresen al país los primeros 1,500 buses chinos. Mientras, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, dijo que están en las gestiones para adquirir otros 1,500 autobuses chinos adicionales al primer lote. El gobierno también ha adquirido 5,000 buses indios.

    Los transportistas arrestados fueron capturados luego de una orden en Facebook del presidente de la República, Nayib Bukele. Los empresarios fueron acusados de no prestar el servicio gratuito que el gobierno anunció el 4 de mayo para disminuir las molestias por el cierre de Los Chorros. El gobierno desembolsó el lunes 5 de mayo $12 millones para el pago anticipado de los siete días de transporte gratuito nacional.

  • El Salvador aún no aprueba Ley de Responsabilidad Fiscal bajo acuerdo del FMI

    El Salvador aún no aprueba Ley de Responsabilidad Fiscal bajo acuerdo del FMI

    La Asamblea Legislativa de El Salvador aún no aprueba una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, compromiso asumido por el gobierno salvadoreño en el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el financiamiento de $1,400 millones, aprobado en febrero.

    El 9 de mayo se venció el plazo para que El Salvador aprobara una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), una normativa que busca mejorar las finanzas públicas y que fue suspendida durante la pandemia por covid-19.

    El punto 21 de las “Políticas bajo el Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo», se estableció que el programa tendría «mayores avances» con la «ii) aprobación por el Parlamento de una nueva Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Fiscal (FSRL, 9 de mayo de 2025)», la cual tendría «reglas más robustas para mejorar la rendición de cuentas presupuestarias».

    El proyecto, en marzo, se encontraba «en desarrollo con asistencia técnica» del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    Este compromiso de El Salvador con el FMI también aparece en tabla 13 sobre «Acciones prioritarias y estructurales»: «Aprobación por el Parlamento de una nueva FSRL» y detalla que la nueva normativa tendrá: «reglas fiscales, cláusulas de escape claras, una vía de transición coherente con los objetivos del programa y normas para mejorar la credibilidad presupuestaria» con informes anuales sobre gasto fiscal. El plazo en este caso se establecía bajo la condición de «primera revisión».

    El economista Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cree que la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal no puede ignorarse porque es un objetivo estructural que sirve de base para cumplir otros objetivos fiscales. «Es como un ancla, es un hito que contribuye a que otros se vayan dando, por eso no creo que es soslayable», respondió, ante la pregunta sobre si el incumplimiento arriesga el acuerdo con el FMI.

    En un acuerdo donde el tema fiscal es fundamental, creo que no es soslayable (la Ley de Responsabilidad Fiscal)… Es una meta u objetivo estructural, es clave y en caso extremo habría una prórroga o un compás de espera al organismo.

    Rommel Rodríguez, economista de la Funde.

    El economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), advierte que al FMI no le suelen gustar los incumplimientos en los acuerdos, excepto una buena excusa.

    «Al FMI no le suelen gustar los incumplimientos a no ser que haya una buena excusa. Deberían restablecer y ajustar la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior, que es bastante buena».

    Carlos Acevedo, expresidente del BCR.

    Para Acevedo, esta ley se debería «aprobar cuanto antes, para no empezar a hacer un papelón ante el FMI a las primeras de cambio».

    Este lunes, las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, dijeron no haber recibido, por el momento, ningún borrador o solicitud de proyecto de nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

    «Al momento la Asamblea Legislativa no ha aprobado ni discutido una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Es muy importante que el Gobierno de El Salvador cumpla el Programa definido por el Fondo para generar cambios que hagan más sostenibles nuestras finanzas públicas».

    Claudia Ortiz (Vamos).

    La diputada de Vamos consideró que el ajuste fiscal de 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), al que se ha comprometido el gobierno con el FMI, «es enorme» porque un país «con tantas necesidades y sin crecimiento económico significativo como el nuestro». Recriminó el recorte de presupuesto en Educación y Salud, y los despidos en el Estado.

    «Y los que negociaron el Acuerdo, ¿van a ajustarse el cinturón también? Tienen que ponerse a trabajar y tomar esto en serio», cuestionó sobre los recortes en el Estado.

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que se debería aprobar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal para cuidar el dinero público. «La Ley de responsabilidad fiscal es importante para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, es necesaria para controlar el déficit fiscal, la transparencia, estudiar metas fiscales así como planificar el futuro de las finanzas; esto buscando el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad fiscal, es por ello la importancia de contar con esta herramienta jurídica a modo de no endeudar al país más de lo que las finanzas lo permiten».

    Debería haberse aprobado no porque el FMI lo pide sino como una obligación de saneamiento y de cuido del dinero público. Hasta este día no tenemos ningún documento para aprobación pero debe hacerse lo más pronto posible.

    Marcela Villatoro (Arena).

    El acuerdo entre el gobierno de El Salvador con el FMI también incluyó otros compromisos relacionados a la sostenibilidad fiscal, como una Ley de Estabilidad Financiera a finales de junio de 2025 y un Marco Fiscal de Mediano Plazo para finales de octubre de 2025.

    El acuerdo con el FMI para un programa por $1,400 millones inicia un desembolso inmediato de $113 millones e incluye un ajuste fiscal de 3.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) durante tres años, que inicia con un tramo de 1.5 puntos porcentuales del PIB para este año 2025.

  • EEUU detuvo solo a 270 migrantes salvadoreños en abril

    EEUU detuvo solo a 270 migrantes salvadoreños en abril

    Las autoridades migratorias de Estados Unidos han detenido a un total de 270 migrantes salvadoreños en todo su territorio durante abril según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 14.8 % menos que los 317 retenidos en marzo y 94.2 % menos que en abril de 2024.

    En la frontera sur de los Estados Unidos, la cifra de migrantes salvadoreños llegó a 154. En este lugar, los encuentros de migrantes salvadoreños habían superado los 10,000 mensuales en algunos meses de 2021 (abril a septiembre) y desde entonces habían disminuido poco a poco, pero sin bajar de 2,700 al mes.

    2025: casi 3,000 salvadoreños

    La disminución más drástica, marcadas por las políticas antimigrantes de la administración Trump, ocurrió en febrero, mes desde el cual los migrantes salvadoreños ya no se cuentan en miles sino en cientos.

    Solo en los primeros cuatro meses de 2025, un total de 2,915 salvadoreños han sido retenidos por las dos unidades de la CBP –Patrulla Fronteriza y Oficina de Operaciones de Campo–, 14,214 menos que los salvadoreños detenidos en el mismo periodo de 2024.

    En enero se encontraron a 1,963 migrantes, cuando a partir de febrero cayeron a 365, en marzo a 317 y en abril, datos publicados ayer, a 270.

    Año con año

    La disminución, aunque fue más pronunciada este año, viene desde 2022, cuando bajó un 26 % la detención de salvadoreños, con 86,018 respecto a los 117,114 de 2021.

    En 2023, la cantidad de salvadoreños aprehendidos bajó un 21 % a 67,905 y en 2024 disminuyó un 33 % a 45,362.

    También ha sido una tendencia general en los Estados Unidos en la frontera sur detuvieron a 2.4 millones de todas las nacionalidades en 2022, 2.5 millones en 2023 y 1.6 millones en 2024.

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  • TSE aún trabaja en presupuesto para elecciones de 2027

    TSE aún trabaja en presupuesto para elecciones de 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha definido oficialmente el monto que solicitará a la Asamblea Legislativa para ejecutar las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027, ya que su proyecto aún está en elaboración.

    Los magistrados tendrán que solicitar una presupuesto extraordinario para la jornada electoral.

    Una fuente interna del Tribunal dijo a Diario El Mundo que aún están trabajando el proyecto presupuesto y que “aún no hay nada definido”. Otra fuente explicó que el proyecto aún se encuentra en manos del equipo técnico de la institución y que todavía no ha sido presentado al organismo colegiado.

    Cuando los técnicos finalicen la planificación, el presupuesto por cada uno de los programas será presentado ante los magistrados que conforman el organismo colegiado para que sean estos quienes lo aprueben en sesión y luego lo presenten ante la Asamblea Legislativa, que aprobaría un presupuesto extraordinario.

    El Tribunal informó el lunes que el Plan General de Elecciones (Plagel) contendrá 46 programas, de ellos 24 para las elecciones en el territorio nacional y 22 para el voto desde el exterior. Cada uno de los programas contempla su propio monto y el colegiado presenta un presupuesto nacional y otro para el sufragio desde el exterior.

    Para las elecciones generales de 2024, los entonces magistrados pidieron $159 millones a la Asamblea Legislativa para desarrollar comicios presidenciales y legislativos el 4 de febrero y de concejos y Parlamento Centroamericano, el 3 de marzo. Para el voto nacional pidieron $89,040,535.00 y para el voto en el exterior solicitaron otros $70,699,979.74. Sin embargo, el monto fue reducido por el Ministerio de Hacienda a $70,250,480 para el voto nacional y $59,066,690 para el extranjero.

    En marzo, el Tribunal informó el inicio de la elaboración del Plagel y su presupuesto a cargo de la Comisión organizadora; entre los técnicos, está el jefe de la Unidad de Sistemas Informáticos (USI), Ignacio Villagrán, y el jefe de la Unidad de Planeación Estratégica y Gestión de Calidad, Roberto Mora. Los demás son nuevos técnicos contratados a sugerencia de la magistrada presidenta, Roxana Soriano.