El Gobierno de Estados Unidos expresó este martes su respaldo a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que autoriza la reelección presidencial indefinida y allana el camino para que el presidente Nayib Bukele pueda optar a un tercer mandato consecutivo.
“La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado a la agencia EFE.
Además, Washington rechazó los señalamientos que equiparan el proceso salvadoreño con dictaduras en América Latina.
“Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”, puntualizó el vocero.
La reforma constitucional, ratificada el pasado viernes, extiende el periodo presidencial de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral y habilita la reelección sin límites. Aunque Bukele aún no ha oficializado su candidatura, la nueva legislación abre la puerta a su permanencia en el poder más allá de 2029.
Diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han criticado la reforma por considerarla un retroceso democrático que busca perpetuar a Bukele en el poder. La oposición salvadoreña también ha cuestionado duramente la medida, señalando similitudes con los casos de Nicaragua y Venezuela.
Bukele respondió el domingo a estas críticas asegurando que “la mayoría de países desarrollados permiten la reelección indefinida”, citando ejemplos como Reino Unido, España y Dinamarca para defender la legalidad y legitimidad de la reforma.
El mandatario salvadoreño mantiene una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha coordinado acciones migratorias, incluyendo el envío de migrantes irregulares a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, la cual ha sido objeto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.
