Categoría: Politica

La Cancillería de la República informó este lunes que sus oficinas estarán cerradas hasta el 2 de enero de 2025 y que reanudarán su horario normal hasta el viernes 3 de enero de 2025.

Sin embargo, publicó que, si los salvadoreños requieren hacer trámites de emergencia, como apostillas y auténticas, deben escribir a aaguevara@rree.gob.sv.

La mayoría de oficinas estatales mantiene cerradas sus oficinas de atención al público desde el 24 de diciembre de 2024 al 2 de enero, debido a las vacaciones por las fiestas navideñas y de fin de año en el sector público.

También, los duicentros se mantienen cerrados desde el sábado 28 de diciembre y estarán abiertos a partir del viernes 3 de enero.

Otras oficinas como Sertracen estarán abiertas el día 31 de diciembre desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Las oficinas de Sertracen únicamente estarán cerradas por asuetos el 1 de enero de 2025.

Las certificaciones de partidas de nacimiento se pueden obtener a través de simple.sv.

Por su parte, todas las agencias bancarias cerrarán el 1 de enero por ser día de asueto y reanudarán labores normales el 2 de enero.

El 31 de diciembre tendrán horario variable. El Banco Integral trabajará de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. el 31 de diciembre. El Banco Davivienda mantendrá su servicio normal el 31 de diciembre hasta las 4:00 p.m.

La nueva reforma de tránsito no prohibirá a las motocicletas circular por las líneas divisorias de los carriles y sí les exigirá el uso de cascos certificados y chalecos reflectantes después de las 6:00 de la tarde.

La infracción que fue excluida en la más reciente reforma y que estaba incluida en un proyecto de ley que no concluyó su proceso de aprobación era: «Circular en motocicletas por hombros de calle o en el bordillo del carril izquierdo o en las líneas divisorias de los carriles». Así, entonces, los motociclistas podrán seguir circulando entre los carriles, con la nueva reforma.

¿Pero cuáles son las normas para los motociclistas que sí fueron aprobadas en la reforma de tránsito de diciembre de 2024?

Cascos certificados: Los conductores de motocicletas deben utilizar cascos certificados. No hacerlo le cuesta una multa de $150. La exigencia de casco protector certificado se aplicará para los motociclistas y acompañantes dentro de un año a partir de la vigencia del decreto, es decir, en diciembre de 2025.

Acompañantes con casco: Los acompañantes también deben usar cascos certificados. Circular con un acompañante sin casco le costará al conductor una multa de $150.

Dos personas: Cada motocicleta no deben llevar más de dos personas. Hacerlo le costará al conductor una multa de $150.

Anteojos: Los motociclistas deben utilizar anteojos protectores cuando el casco no tenga protector contraviento. La multa será $150.

Playas: Una motocicleta no puede ser conducida en playas o en lugares no autorizados. La multa será $150.

Aceras o ciclovías: Un motociclista o no debe circular sobre aceras, ciclovías cuando su cilindrada de motor sea mayor de 50 centímetros, hombro de carretera, en el borde izquierdo en vías de doble sentido, en zonas prohibidas o en lugares y/o horarios no permitidos. Hacerlo le cuesta una multa de $150.

Cambios en motocicletas: Un motociclista no debe alterar las condiciones de sus motocicletas sin autorización como colocar cualquier dispositivo que pueda generar contaminación visual o auditiva, hacerlo le costaría una multa de $100.

No sujetarse: Un motociclista no debe sujetarse a otro vehículo en marcha. Hacerlo implica una multa de $100.

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionó, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024, a 15 empleados públicos por cometer infracciones éticas y les impuso multas que superan los $17,000.

Los 15 sancionados fueron multados por la institución por transgredir las normativas de la Ley de Ética Gubernamental (LEY). La primera sanción fue impuesta el 25 de enero que ascendía a $304.17, informó el TEG a Diario El Mundo a través de una solicitud de información pública.

Las multas impuestas van desde los $304.17 hasta los $7,178.34, esta última impuesta a un empleado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) por utilizar bienes de la institución para otras actividades y por excusarse de intervenir en procesos que le suponían un conflicto de interés.

Los sancionados fueron condenados por las siguientes infracciones éticas:

• Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados.
• Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales familiares tengan algún conflicto de interés.
• Realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las permitidas por la ley.
• Percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado, cuando las labores deben ejercerse en el mismo horario, excepto las que expresamente permita el ordenamiento jurídico.
• Aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública.
• Exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales.
• Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, parientes, excepto los casos permitidos por la ley.

De las 15 personas sancionadas, tres fueron denunciadas; y otras 12 fueron investigados por avisos interpuestos por ciudadanos, ninguno por oficio, es decir, por iniciativa de la institución. La última sanción se registró en octubre.

Los sancionados proceden de las instituciones:

• Ministerio de Educación.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ).
• Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
• Hospital Nacional de El Salvador.
• Centro Nacional de Registros.
• Consejo Superior de Salud Pública.
• Fondo Social para la Vivienda.
• Universidad de El Salvador.
• Alcaldía Municipal de Cojutepeque.
• Ministerio de Economía.
• Alcaldía de San Juan Opico.

Las 15 sanciones impuestas suman $17,970.01, monto del cual solo $3,674.17 ha sido cancelado, es decir, que están pendientes de pago $14,295.84. El empleado del Ministerio de Educación, con la mayor multa, sigue pendiente pago.

Las personas multadas tienen 60 días para pagar las multas desde que son notificados de la resolución del TEG y pueden pedir pagar la multa por cuotas periódicas. En caso de no cancelar la multa, el TEG debe remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el artículo 46 de la LEG.

Para declarar culpable a un empleado público por transgredir alguna norma ética, el TEG realiza una investigación inicial, permite presentación de alegato al investigado y solicita información a instituciones del gobierno para determinar la culpabilidad del trabajador.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, resolvió una duda de la diputada Sandra Calderón, de Nuevas Ideas, quien le preguntó qué pasará con las cámaras que captarán las «fotomultas» y el gestor de tráfico le permite pasar cuando el semáforo está en rojo.

La diputada, quien estaba sustituyendo al diputado Felipe Interiano, aclaró antes que las diferentes personas, «ciudadanía normal», les hacen varias consultas.

«Las consultas que nos hacen las diferentes personas, ciudadanía normal, ellos hacen referencia a cuando están los gestores de tránsito y que están en rojo el semáforo y ellos dejan pasar. ¿Cómo están ahí el tema de las fotomultas?, ¿están desactivadas?, ¿cómo va a funcionar en ese sentido?, si van a tomarle a uno la foto, le va a llegar a uno el ticket, ¿cómo va a funcionar?», preguntó la legisladora, frente a otros diputados, todos de Nuevas Ideas.

El funcionario, quien asistía a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia para explicar la reforma al Código Penal que permite llevar a prisión a todos los conductores indistintamente de la cantidad de alcohol que hayan ingerido, respondió que habrá nuevos semáforos y que ya no será necesario que los gestores de tráfico habiliten ese paso ya que, con los nuevos semáforos, se podrá realizar de manera remota, desde el centro de monitoreo.

La inversión asciende a $50 millones según el funcionario. «Específicamente sobre ese tema, por eso mencionaba que es un proyecto bastante ambicioso, son $50 millones y que no trata solamente de fotomultas. Trata de la renovación del parque semafórico del país y esto incluye la instalación, que ya ustedes lo pueden ver instalados en todas las intersecciones del área metropolitana y de otros sectores del país de estos nuevos semáforos», detalló.

Explicó que actualmente es necesario que los gestores de tráfico den «doble tiempo» en verde en ciertos «corredores», «castigando otros sentidos de esa intersección» en donde no hay «tanta afluencia vehicular».

«Con el nuevo sistema, que está conectado por toda una red de fibra óptica, son más de 80 kilómetros de fibra óptica que conectan los equipos con el centro de monitoreo, ya no va a ser necesario que un gestor haga la tarea de incrementar el tiempo que los semáforos están dando en un corredor en específico, sino que eso se va a poder realizar de forma remota desde el centro de monitoreo», indicó.

El funcionario detalló que el personal que tendrá ese control «se encuentra ya capacitándose» y que algunos semáforos ya «están siendo controlados de esa manera».

En la política salvadoreña siempre hay frases que sobresalen, que provocan simpatía y risas en unos, o significan apatía y molestia para otros. Este artículo recuerda algunas, sus autores y el porqué de ellas.

“Yo suelo ir a los supermercados, pero es por mi nivel de ingresos, perdón, pero yo no soy pobre, yo compro en los supermercados… No he hecho uso de los agromercados, pero conozco gente que sí”.
Julia Évelyn Martínez, 22 de octubre.

Esos comentarios fueron parte de la entrevista que le hicieron a la economista Julia Évelyn Martínez, el 22 de octubre, cuando que hablaba sobre la economía y las políticas del gobierno en alimentos y agricultura. Sin embargo, la franqueza con la que habla la llevó a ser tendencia en redes e incluso fue atacada y acosada por un hombre que grabó días después en el centro de San Salvador.

@delaghetto503

OPOSITORA SE JACTA DE QUE ELLA “NO ES POBRE” Y QUE COMPRA EN SUPERMERCADOS La opositora Julia Evelyn Martínez se jactó de que ella “no es pobre”. “Es por mi nivel de ingresos. Perdón, yo no soy pobre. Yo compro en los supermercados. No tengo cerca ningún mercado”, recalcó.

sonido original – 503

“Yo estaba esperando el Uber, de pronto se acerca un ser desagradable y me preguntó si podía grabarme, le dije que no, pero se enojó y comenzó a grabarme y decirme cosas… Yo jamás había sentido tanto miedo”, declaró Martínez, días después, en una radio.

Los diputados de la Asamblea Legislativa no se quedaron atrás. Al consultarle al diputado presidente, Ernesto Castro, si en algún momento estudiarían reducir el salario de los diputados, que oscila entre $4,200 y $5,700 mensuales, tomando en cuenta que muchos salvadoreños ganan un salario mínimo ($365 mensuales), esto fue lo que respondió:

“Es que todo es relativo, es como ahora nuestros amigos comunicadores, youtubers, hay unos que facturan un montón de dinero y algunos van a salir a decir que porqué un youtuber gana más que un médico, pero eso es una cuestión que en todo el mundo se da, es algo que es normal”.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, 3 de octubre.

Presidente de @AsambleaSV @ECastroES reitera que el presupuesto de operatividad para cada diputado bajará de $11,000 a $8,000 en 2025. Al consultarle sí considerarían reducir el salario de los diputados dijo » no lo hemos pensado» @ElMundoSV pic.twitter.com/YA8lNL4dHI

— Jessica Guzmán (@Jessmonic) October 4, 2024

Siguiendo la línea de esa polémica de asignaciones presupuestarias, fue la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, quien estuvo en el ojo del huracán porque salió a la luz que, a diferencia de los otros diputados que tenían asignación de $13,500 mensuales únicamente para el pago de su personal, ella tenía $20,000 mensuales para su planilla.

Así el 8 de octubre, en una entrevista, la diputada Claudia Ortiz le dirigió un mensaje a Castro, recalcando que debían publicar sus planillas, dijo:

“Así como alguien dijo por ahí, cuando le preguntaron cuánta gente tenían ellos contratada en la legislatura pasada, contestó: “Es que yo no soy tu tata para andarte contestando”, pues ¡yo sí soy su nana y les digo que tienen que mostrar las planillas!”.
Claudia Ortiz, diputada por Vamos.

Claudia Ortiz: «Así como alguien dijo cuando le preguntaron cuanta gente tenía contratada la legislatura pasada y dijo yo no soy tu tata para andarte contestando… pues yo le respondo yo si soy su nana y les digo que tienen que mostrar las planillas»

Les hablan @BancadaCyan pic.twitter.com/UAF8p1SqLH

— Carlos Sosa (@YoCarlosSosa) August 8, 2024

El 23 de octubre, en la discusión de la Ley de Energía Nuclear, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, ante los cuestionamientos de la diputada Ortiz por la aprobación de la ley sin una discusión profunda y sobre la falta de estudio de propuestas de la oposición, le dijo a manera de explicación:

Se han estado quejando porque sus iniciativas no pasan acá en el pleno Legislativo, bueno, les voy a explicar cómo funciona: Usted trae su iniciativa y aquí se toman decisiones por mayoría, ¿qué culpa tenemos nosotros que usted no alcance los votos para las propuestas que trae? Yo, al menos, no le voy a dar mi voto… Consiga los votos y con mucho gusto… Sí, mire, así funciona este pleno legislativo, así funciona la junta directiva, así funcionan las comisiones».
Elisa Rosales, diputada por Nuevas Ideas.

El 17 de diciembre, en la discusión de la aprobación de la Ley del Presupuesto 2025, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, llamó «mentirosos» a los diputados de Arena y les dijo que “Arena se ha convertido en el FMLN 2.0”. Luego, le detalló una serie de asignaciones que se destinarán a “programas sociales” en el presupuesto y tocó el tema de seguridad:

“Las estrategias que se han implementado han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental, así la oposición se arrastre y saque espuma por la boca, de la cólera».
Suecy Callejas, diputada por Nuevas Ideas.

Al terminar Callejas su intervención, la diputada Marcela Villatoro pidió la palabra para responder:

“Tome agüita, diputada, le va a hacer bien, porque quien va a echar espuma por la boca parece que es usted… Ya se volvió un discurso barato, mitin político, burdel, como le quieran llamar».
Marcela Villatoro, diputada por Arena.

Respuesta de la diputada @Villabull ante las acusaciones de la diputada Suecy, sacando de contexto lo que dijo anteriormente. A lo que ella le pidió: «Tome agüita, porque quién está echando espuma por la boca parece que es usted».
pic.twitter.com/2TFQnOSuna

— Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) December 18, 2024

Después, con celular en mano, Villatoro mostró una imagen de la diputada Callejas “con banderas del FMLN, marchando con ellos», ante lo cual posteriormente la diputada cian explicó que acompañaba a Nayib Bukele.

El año legislativo terminó el lunes 23 de diciembre, con una sesión plenaria en donde los diputados derogaron la prohibición de la minería metálica. La primera sesión plenaria de 2025 está convocada para el domingo 5 de enero, en la que se prevé aprueben una prórroga más del régimen de excepción.

El delito de conducción peligrosa es «excarcelable» reiteró la noche del sábado el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, quien recordó que estos conductores, además de ser detenidos, son multados con $150 y pueden perder su licencia por un año o permanentemente si son reincidentes.

El funcionario enfatizó en que es un delito excarcelable como lo había escrito en X. “Las personas, como la ley anterior, pueden ser liberadas incluso en un plazo aproximado de 72 horas o incluso un poco más de tiempo”, afirmó, en declaraciones a periodistas.

El funcionario recordó que la nueva pena establecida en la reforma al Código Penal para el delito de conducción peligrosa es de 2 a 5 años de prisión y, si comete homicidio culposo, la pena por el delito de conducción peligrosa puede subir hasta 10 años de prisión si es cometido en vehículo particular y hasta 15 años de prisión si es cometido en transporte colectivo o de carga.

¿Pero cuándo un conductor podrá ser liberado y no enviado a prisión luego de su detención inicial?

Diario El Mundo consultó a dos abogados, quienes explicaron que el término “excarcelable” ya no se utiliza, pero sí detallaron los casos en los cuales el juez puede o no sustituir la prisión al imputado luego de su detención administrativa inicial. Cada disposición depende de la decisión del juez y también de condiciones específicas:

¿Suspensión condicional del procedimiento?

No hay claridad si aplica o no la suspensión del procedimiento en el delito de conducción peligrosa. El abogado Carlos Avelar explicó que la figura de “suspensión condicional del procedimiento” se aplica cuando “no excede la pena de los tres años” de prisión.

El artículo 24 del Código Procesal Penal dice que aplica la “suspensión condicional del procedimiento” cuando son “delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad” y en donde el imputado admite los hechos y haya reparación.

Otro abogado consultado por Diario El Mundo aseguró que “la suspensión solo opera cuando la pena de prisión excede de tres años”. “Si el juez estima que la condena debe ser mayor a 3 años ya no se puede conceder la suspensión, entonces, en el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, como la pena puede llegar hasta 5 años, el acceso a la figura de suspensión dependerá de acordar o recibir una pena mayor a 3 años”, explicó el abogado.

Según el abogado Carlos Avelar, como el delito de conducción peligrosa tiene penas de 2 a 5 años de prisión, “no cabe en la suspensión condicional de procedimiento porque la supera los tres años”. “No va a gozar de la suspensión condicional del procedimiento, solo le quedaría procedimiento abreviado y el juez puede decretar medidas cautelares”, indicó.

Procedimiento abreviado

Sin embargo, el abogado Carlos Avelar ve posible un “procedimiento abreviado”, en donde se condena al imputado a una pena menor; el fiscal, el imputado y la defensa deben estar de acuerdo.

Esto es regulado por el artículo 417 del Código Procesal Penal, que señala que el imputado acepta los hechos y recibe una condena entre la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena establecida por la ley.

Medidas para sustituir la prisión: arraigos

Las medidas para sustituir la prisión provisional pueden aplicarse aunque el delito tenga una pena superior a tres años dice el artículo 331 del Código Procesal Penal. Este autoriza al juez a dictar una “medida cautelar alterna” si se cree que el imputado “no tratará de sustraerse a la acción de la justicia”. Este artículo regula los delitos en donde no puede aplicarse medidas alternas: homicidios, robos, extorsión, tráfico, delitos de drogas.

“Eso quiere decir que el proceso continúa, pero la persona puede quedar en libertad si establece los arraigos (domiciliar, familiar y profesional, social), pero eso queda a criterio del juez, el juez debe determinar si la persona es fiable”, explicó el abogado Carlos Avelar.

Reemplazo de penas no mayores a tres años de prisión

El artículo 74 del Código Penal faculta al juez a “reemplazar las penas de prisión mayores de seis meses y que no excedan de un año por igual tiempo de arresto de fin de semana, de trabajo de utilidad pública o multa” o “sustituir las superiores a un año y que no excedan de tres años por igual tiempo de arresto de fin de semana o de trabajo de utilidad pública”.

Suspensión condicional de la ejecución de la pena

Llegado a un procedimiento abreviado o vista pública, y si el imputado es condenado a menos de tres años de prisión, también pueden disculparle la ejecución de la pena, explicó el abogado.

“En los casos de pena de prisión que no exceda de tres años… el juez o tribunal podrá otorgar motivadamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dejando en suspenso su cumplimiento por un periodo de prueba de dos a cinco años, atendiendo las circunstancias personales del condenado, las del hecho y la duración de la pena”, dice el artículo 77 del Código Penal.

El delito de conducción peligrosa tiene penas entre 2 y 5 años de prisión según la reforma al Código Penal, que pueden llegar a 10 años si provoca un homicidio culposo en vehículo automotor y hasta 15 años si provoca un homicidio culposo en transporte colectivo o de carga. La reforma aprobada el 20 de diciembre también incluyó un cambio al artículo 38 del Código Penal que impide que se extinga la acción penal del homicidio culposo causado por un conductor peligroso, exclusivamente por el consumo de alcohol, aunque haya conciliación o mediación.

La Red Juventudes y la Conferencia Local de Juventudes sobre Cambio Climático (LCOY) manifestaron su firme preocupación por la reciente aprobación de la nueva Ley de Minería en El Salvador, por lo que solicitan su reconsideración y un diálogo sobre todo con las poblaciones más cercanas a las zonas afectadas.

En un comunicado emitido por las organizaciones juveniles, manifiestan que entre las preocupaciones más destacadas por la nueva ley se encuentra la falta de una clara evaluación de impacto ambiental, ya que consideran que se ha retrocedido en materia de derechos humanos al ambiente sano, a la salud, al agua, y a la alimentación.

Señalaron que es importante reconsiderar la aplicación de la nueva ley y priorizar el bienestar de la población salvadoreña y el cumplimiento del Protocolo de San Salvador y la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce la protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Ambas organizaciones se sumaron a otros movimientos ambientales que rechazan la aprobación de la nueva Ley General de Minería Metálica, aprobada el pasado 23 de diciembre por 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

El Gobierno ha argumentado que contribuirá al desarrollo económico del país y a la generación de empleo en las áreas rurales. Las organizaciones han hecho un llamado para que el proceso legislativo sea revisado y se abra un espacio de diálogo con la sociedad civil, especialmente aquellas que viven en sectores donde pretenden llevar a cabo actividades mineras.

Ante ello, piden al Gobierno que garantice la transparencia. “Es imprescindible que las grandes empresas mineras deben rendir cuentas de sus acciones y sus impactos y los recursos obtenidos de la minería deben ser utilizados para el beneficio de las comunidades”, se lee en el comunicado.

También, piden políticas públicas de restauración ambiental y la protección de los recursos ambientales desde un enfoque sostenible. “En lugar de apostar por la minería metálica, es vital invertir en alternativas sostenibles de desarrollo económico como la agroecología, las energías renovables y el ecoturismo, donde el empleo y el crecimiento económico no dependan de la destrucción ambiental”, concluyeron las organizaciones en el comunicado.

El uso de halógenos no será prohibido con la nueva reforma a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial aprobada el pasado 20 de diciembre y que será aplicada a partir del año 2025.

Lo que sí será una infracción de tránsito que implicará una multa de $50 será usar halógenos a una altura superior a los 75 centímetros desde el suelo. Portar halógenos en su automóvil será permitido solo si están instalados a una altura igual o menor a los 75 centímetros a partir del suelo.

Antes de la reforma, la ley parecía prohibir los halógenos en toda la ciudad, ya que la infracción de tránsito estaba redactada así: «Usar halógenos en la ciudad o a una altura superior a los 75 centímetros desde el suelo». La reforma suprimió esa equívoca prohibición de los halógenos eliminando la frase «en la ciudad». Tenía una multa de $11.43.

Con la reforma, la infracción de tránsito es la número 25 y quedó así:

«25. Usar halógenos a una altura superior a los 75 centímetros desde el suelo: $50.»

No dar luz baja al encontrar otro vehículo en sentido opuesto también será infracción multada con $100.

Han pasado casi ocho meses desde que el fiscal general, Rodolfo Delgado, anunciara que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.) fue víctima de un fraude millonario.

Fue el 9 de mayo de 2024 que la Fiscalía informó que COSAVI estaba investigando a 32 personas, entre ellas al entonces gerente de la cooperativa, Manuel Alberto Coto Barrientos, por defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un fraude que se presume asciende a $35 millones.

Esa noche, la Superintendencia del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, anunció que COSAVI estaba intervenida y que la cooperativa podía honrar los depósitos de sus asociados aunque aclaraba que recuperar los fondos iba a tomar un tiempo.

¿Qué pasó después?

El 10 de mayo por la tarde, la Policía Nacional Civil (PNC) presentó públicamente a 15 detenidos. Manuel Coto no estaba entre ellos, aunque sí sus padres. Mientras, los socios se volcaron a las agencias a preguntar por su dinero para intentar sacar sus ahorros, pero no pudieron.

El 13 de mayo, en una nueva conferencia, la superintendenta del Sistema Financiero anunció que COSAVI empezaría a devolver gradualmente el dinero a los socios y que empezaría con quienes tuvieran menos de $1,000. Esa noche, Evelyn Gracias reveló que la cooperativa tenía $230 millones en la cartera de depósitos. También, anunció el cierre de todas las agencias de COSAVI en el país, a excepción de la central ubicada sobre la calle Gabriela Mistral, de San Salvador.

El 14 de mayo, comenzaron a devolver fondos debajo de $1,000; sin embargo, la cooperativa les sumaba todos los productos financieros y, si estos sobrepasaban el techo, su dinero no era devuelto.

Dos días más tarde, la superintendenta volvió a dar una conferencia donde subió el techo para retirar los ahorros a $2,000.

• 21 de mayo: la SSF habilita capa de $3,000.
• 27 de mayo: la SSF habilita capa de $4,000.
• 6 de junio: la SSF habilita la capa de $5,000.
• 12 de junio: la SSF habilita capa de $6,000.
• 24 de junio: la SSF habilita capa de $7,500.
• 9 de julio: la SSF habilita capa de $10,000.
• 12 de agosto: la SSF habilita capa de $15,000.
• 4 de septiembre: la SSF habilita capa de $20,000.
• 17 de septiembre: la SSF habilitó la capa de $25,000 y fue la última en el 2024 a pesar de las exigencias de los socios afectados que reclaman su dinero.

“Detenido en Panamá”

El sábado 27 de julio, el fiscal general, Rodolfo Delgado, publicó en su perfil de X, que Coto Barrientos había sido detenido en Panamá.

“El principal asociado en el desfalco contra los asociados de la Cooperativa Santa Victoria de R.L, COSAVI, ha sido detenido por las autoridades, en Panamá”, publicó el fiscal, sin embargo, nunca lo mostraron detenido y tampoco hablaron de su traslado a El Salvador. Pero posteriormente Delgado aseguró que la información sobre esta supuesta captura había sido una «operación de inteligencia» sin explicar en qué consistía dicha operación con la divulgación de información falsa.

El 3 de septiembre, los afectados de COSAVI propusieron a la Asamblea la “Ley de creación del Fideicomiso en apoyo a los afectados de Cosavi”, pero la bancada de Nuevas Ideas no dio su apoyo.

La captura en Honduras y la tragedia aérea en La Unión

El sábado 7 de septiembre, sorpresivamente, Coto Barrientos, fue capturado en Honduras; la información fue difundida el domingo 8 por la presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Lizette Ráquel Obando, al informar que estaba bajo poder judicial. “El prófugo Manuel Alberto Coto Barrientos, con notificación roja de INTERPOL por la supuesta comisión de delitos de defraudación a la economía y lavado de activos, se encuentra en sede judicial y será entregado para su juzgamiento en el marco de la cooperación internacional de nuestro país”, dijo Rebeca Ráquel, presidente de la CSJ de Honduras.

Esa noche, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas; y los subdirectores Douglas Omar García Funes y Rómulo Pompilio Romero Torres, se trasladaron en helicóptero para recibir a Manuel Coto de las autoridades hondureñas y, cuando regresaban, junto a un periodista de Canal 10, que transmitía la entrega de Coto Barrientos, la nave se estrelló.

Fue a las 11:14 p.m. que la Fuerza Armada reportó que el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña cayó en el sector de San Eduardo, del distrito de Pasaquina, municipio de La Unión Norte, departamento de La Unión y confirmó la muerte del director de la PNC, de Coto Barrientos y todos los tripulantes.

La reserva

El 5 de noviembre, toda la información del caso COSAVI fue puesta en reserva de manera total por siete años. «Todos los documentos relacionados a la Asociación Cooperativa y Crédito Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada” (COSAVI de R.L.) están bajo reserva según el índice de reserva publicado por la misma SSF.

Debido a la incertidumbre y el miedo que mantienen los aproximadamente 10,000 afectados de perder su dinero –unos dicen tener entre $500,000 y más de $1 millón en la cooperativa– han participado en protestas, una desarrollada frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) para exigir la devolución de sus ahorros, el 24 de noviembre.

Los ahorrantes también han condenado la reserva de información impuesta por las autoridades sobre el caso y la actuación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a la cual acusan de «incumplimiento de deberes» y de «actos arbitrarios», por lo que interpusieron un aviso penal el 19 de diciembre pasado ante la Fiscalía General de la República FGR.

La SSF ya no anunció otra capa de dinero para que socios la retiraran, tampoco ha dado más información sobre este caso que continuar en incertidumbre hacia el 2025.

El concejo municipal de Santa Ana Oeste acordó en sesión del 29 de noviembre las tarifas para la comercialización de agua embotellada marca «SAO». Los precios están vigentes desde el 20 de diciembre.

En el artículo 10 de la «Ordenanza para la creación de la empresa municipal de agua embotellada» publicada en el Diario Oficial del 10 de diciembre, se establece que el garrafón de cinco litros costará $1.75 y la botella de 500 mililitros costará $0.35.

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El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, aseguró en X que el agua que distribuirá la empresa es «agua de manantial», por ello, «tiene varios nutrientes» aunque no detalló cuáles.

«Esta por ser agua de manantial tienen varios nutrientes (después de las respectivas pruebas de laboratorio) a diferencia de las que han andado circulando en el mercado que son en su mayoría del chorro».
Jorge Castro. Alcalde de Santa Ana Oeste.

En el Diario Oficial del 25 de noviembre se divulgó oficialmente la creación de la empresa con la publicación de los estatutos, que indicaban que el precio de las botellas de agua sería establecido por el concejo.

La empresa tiene como domicilio el distrito de Chalchuapa y tiene según estatutos «autonomía técnica, administrativa y financiera» para comercializar el producto en todo el territorio nacional. La empresa es administrada por la Junta Directiva, que estará vigente por dos años y ha sido nombrada por el concejo municipal. La Junta deberá rendir informes contables cada tres meses.

El concejo le cedió a la junta la facultad de suscribir contratos con entidades públicas, privadas y personas naturales que ejerzan actividades «relacionadas con la venta de agua embotellada».

Al respecto, sin dar más detalles, el alcalde Castro explicó a usuarios de X que la empresa «casi es netamente municipal«. Indicó que la ley permite a las alcaldías «tener empresas mercantiles y es totalmente legal comercializar productos por medio de ellas».

La Junta Directiva nombrada por el concejo es:

• Rodolfo Rodríguez Martínez (presidente).
• José Arturo Batarse Orante (vicepresidente).
• Elías Cabrera Velásquez (secretario).
• Néstor Edilberto Castro Salas (Tesorero).
• Carlos José Méndez Henríquez (primer vocal).
• Mirna Alcira Peña de Linares (segunda vocal).