Categoría: Politica

Solo 198 salvadoreños fueron encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos durante marzo pasado, una cifra 31 veces menor que el promedio mensual de 6,235 que hubo en los cuatro años precedentes, de 2021 a 2024, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

La cifra únicamente se acerca a los 471 compatriotas encontrados en mayo de 2020, en plena pandemia covid-19, año en el cual el promedio mensual había caído a 1,755 migrantes.

En los dos primeros meses completos de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, el flujo de personas migrantes salvadoreñas cayó de 8,214 en febrero-marzo de 2024 a apenas 484 en febrero-marzo de 2025, una baja del 94 %.

No solo la cantidad de salvadoreños retenidos ha disminuido en la frontera sur de la nación norteamericana, sino migrantes de todas las nacionalidades.

Así, enero de 2025 arrancó con 61,447 migrantes atrapados en la frontera sur, le siguió febrero con 11,709 migrantes, una baja del 80 %, y continuó marzo con 11,017, una disminución de 6 %.

En todo Estados Unidos, incluida la frontera sur, la CBP registra 29,065 retenciones de migrantes de todas las nacionalidades solo en marzo, entre los cuales hubo 320 salvadoreños, 1,122 guatemaltecos, 898 hondureños, 372 venezolanos, 87 nicaragüenses y 9,230 mexicanos, el país con mayor cantidad de retenciones.

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Los 252 venezolanos deportados desde el 15 de marzo por Estados Unidos y recluidos a El Salvador están siendo procesados por delitos y todavía están en prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) según el gobierno salvadoreño.

En la propuesta salvadoreña oficializada el 22 de abril por el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, se asegura que los 252 venezolanos bajo custodia de El Salvador «han sido identificadas por su vinculación con estructuras del crimen organizado transnacional, particularmente con el grupo denominado Tren de Aragua y están siendo procesadas por la comisión de diversos delitos».

Uno de los reclamos de congresistas demócratas a la política de Trump para deportar migrantes supuestamente criminales y recluirlos en la megacárcel salvadoreña es que estas personas no han tenido el «debido proceso» penal, es decir, no están condenados por un delito específico.

El gobierno de El Salvador confirmó el 22 de abril que los venezolanos todavía se encuentran en el Cecot.

El domingo 20 de abril, el presidente de El Salvador propuso a Nicolás Maduro, de Venezuela, repatriar a estos 252 venezolanos a cambio de la liberación de la misma cantidad de presos políticos incluidos extranjeros.

Ayer, Bukele cuestionó a Maduro de falta de coherencia por haber rechazado su propuesta, ya que liberó a 30 presos políticos a cambio de Alex Saab, uno de sus colaboradores.

Los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos acordaron un programa de deportación de criminales extranjeros para encarcelarlos en El Salvador, concretamente en el Cecot, a cambio de $6 millones anuales o un aproximado de $20,000 preso cada año.

En su reciente visita a Estados Unidos, el presidente Donald Trump le «instó» a Bukele a construir más recinto carcelario como el Cecot.

El Cecot tiene capacidad para recluir a 40,000 personas y alberga más de 15,000. Estados Unidos ha enviado casi 300, pero no ha informado cuántos o quiénes de estos han sido procesados o condenados por crímenes. Sin embargo, públicamente, sí han sido señalados por funcionarios estadounidenses de pertenecer a las pandillas Tren de Aragua y MS-13.

Mientras, un grupo de demócratas exige liberar a algunos expresamente, como el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien la Corte Suprema ordenó regresarlo a Estados Unidos; y el venezolano Andry Hernández Romero, quien fue detenido cuando fue a la cita de solicitud de asilo mediante la aplicación CBP One bajo la sospecha de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha restringido el acceso a las resoluciones de períodos anteriores del organismo colegiado desde su Portal de Transparencia.

La institución también sumó nueve meses sin divulgar los acuerdos que los nuevos jueces electorales han tomado desde que asumieron sus cargos en septiembre pasado.

Las resoluciones emitidas por los magistrados del TSE no están disponibles en su Portal de Transparencia luego de la actualización que la entidad realizó en su sitio web en febrero de 2025.

El sitio estuvo en mantenimiento varios meses y se habilitó sin un acceso a las resoluciones del TSE.

Antes de la actualización, la última resolución publicada era de fecha 4 de julio de 2024, correspondiente a un informe presentado por la alcaldía de La Libertad Costa contra un concejal que no se había presentado a las reuniones de concejo por varios meses aunque se le convocaba. La resolución fue emitida por el colegiado del período 2019-2024.

«Está incumpliendo la ley el Tribunal si no tiene publicada esa información (resoluciones). Aquí lo que procedería es una denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública».
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Con esta resolución, se suman nueve meses sin que se conozcan públicamente las resoluciones de los jueces electorales, en particular, no se conoce ninguno de los acuerdos tomados por los nuevos magistrados que asumieron sus funciones en septiembre de 2024, aunque en enero la Secretaría General aseguró que estaba «en proceso de elaboración» de las versiones públicas para divulgarlas.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró que, al no estar publicadas las resoluciones, «el Tribunal está incumpliendo» el artículo 15 literal de la Ley de acceso a la información pública porque le ordena «que las resoluciones emitidas estén publicadas como información oficiosa».

Las resoluciones tendrían que ser publicadas tratándose sobre peticiones, denuncias o recursos que interpongan los ciudadanos, partidos o colaciones» y señaló que lo que procede en esta situación es la interposición de una denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) o que el mismo instituto se activa de oficio contra esta actitud.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió este martes la propuesta formal al gobierno de Nicolu00e1s Maduro para repatriar a 252 venezolanos presos en El Salvador a cambio de que libere la misma cantidad de presos polu00edticos de Venezuela.

En el escrito, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador confirmu00f3 que los 252 «venezolanos se encuentran recluidos «en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) tras haber ingresado al territorio salvadoreu00f1o» desde el 15 marzo, y revelu00f3 que estu00e1n «siendo procesados por la comisiu00f3n de diversos delitos».

Cancilleru00eda salvadoreu00f1a reiteru00f3 que los venezolanos son «identificados por su vinculación con estructuras del crimen organizado transnacional», específicamente la pandilla Tren de Aragua.

Según el gobierno de Bukele, la propuesta incluye la liberación de 50 personas extranjeras de distintas nacionalidades presas en Venezuela.

La propuesta fue enviada al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, cuyo ministro es Yvu00e1n Gil Pinto.

«Falta de coherencia»

El presidente Bukele dijo a Maduro en X que su «negativa» para aceptar esta propuesta es una falta de «coherencia», ya que en el pasado llegu00f3 a «liberar 30 presos polu00edticos a cambio de uno solo: Alex Saab, uno de sus mu00e1s cercanos colaboradores acusado de participar en delitos graves y cru00edmenes contra el pueblo venezolano».

“¿No fue usted quien afirmu00f3 que haría “todo lo que fuera necesario” para lograr la liberación de detenidos en El Salvador? ¿Fue un simple espectu00e1culo mediu00e1tico la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos?”, cuestionu00f3 Bukele a Maduro.

Maduro rechazu00f3 la propuesta de Bukele y exigió la libertad de los venezolanos a quienes consideru00f3 «secuestrados» en el Cecot.

El ru00e9gimen venezolano no es reconocido por El Salvador ni por Estados Unidos, la Uniu00f3n Europea y gran parte de Amu00e9rica Latina debido al fraude electoral perpetrado en julio de 2024. Muchos gobiernos reconocen al candidato opositor, Edmundo Gonzu00e1lez, como el lu00e9gitimo ganador de los comicios. Gobiernos y organismos internacionales han denunciado al ru00e9gimen de Maduro por violaciones de Derechos Humanos.

Bukele hizo la propuesta el domingo 20 de abril por la tarde, advirtiu00e9ndole que en El Salvador «no tenemos presos polu00edticos», algo objetado por la oposiciu00f3n salvadoreu00f1a.

Ese du00eda, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, respondiu00f3 que el Cecot es un «lugar de desaparición forzada de inocentes» usado para «recibir a cambio sumas millonarias de dinero» y tildu00f3 el trato a los venezolanos de «crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes pru00e1cticas nazis de mitad del siglo XX».

Los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este martes un dictamen favorable para incorporar los primeros $24 millones en el presupuesto general de la nación 2025 y que se destinarán al Programa Integral de Seguridad Hídrica, por medio del Acuerdo de Fondeo para Conservación.

Estos $24 millones son parte de un total de $350 millones que el gobierno de El Salvador debe a transferir durante un período de 20 años.

Este será un único pago de un monto de $24 millones distribuidos así: $12 millones en abril y $12 millones en octubre de este año. Desde 2026 al 2044 serán pagos con montos promedios de $17.5 millones.

Estos dineros serán transferidos al Fondo Fiduciario para la Conservación y restauración del Río Lempa, para el Programa Integral de Seguridad Hídrica.

Julio Darío Alemán, jefe de Departamento de Gestión de la Deuda del Ministerio de Hacienda, explicó que, con estos recursos del ahorro generado «por las operaciones de manejo de pasivos (deuda) en el 2024», «se está habilitando el compromiso que tiene el gobierno para poder transferir estos recursos al fideicomiso».

El 22 de mayo de 2024, la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo que gestionara la emisión de títulos valores por hasta $1,500 millones.

Se refería a nueva deuda de $1,000 millones otorgada por JPMorgan Chase Bank, N.A., con un canje de los ahorros generados en el pago de intereses comprometidos para la conservación, la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa, con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC), a través de un seguro de riesgo y una garantía de la Cooperación Andina de Fomento (CAF).

El dictamen favorable que aprobaron los diputados establece que cada pago será en concepto de pagos de conservación y que Hacienda realizará los pagos semestrales durante los 20 años plazo.

Esta incorporación de los primeros $24 millones deberá ser aprobada en la próxima sesión plenaria, este 24 de abril.

Los cuatro congresistas demócratas que visitaron El Salvador regresaron a los Estados Unidos, mientras el presidente Nayib Bukele recibirá a la presidenta del Caucus El Salvador, la congresista republicana de Florida, Ana Paulina Luna, una veterana de la Fuerza Aérea, exmodelo y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

La congresista republicana publicó la carta de aceptación de solicitud de audiencia con Bukele.

Ella visitará a El Salvador como presidenta del Caucus de El Salvador, un cargo que ocupaba Matt Gaetz, quien renunció a seguir en el congreso por su nominación como fiscal, cargo al cual desistió.

La audiencia se realizará el 8 de mayo a las 6:00 de la tarde en Casa Presidencial. «En caso de fuerza mayor o de algún imprevisto de última hora, es importante considerar que la fecha u hora de esta audiencia podría cambiar», indica el escrito de la Oficina del Delegado Presidencial del Protocolo de Estado de Casa Presidencial con fecha 1 de abril de 2025.

La invitación se publica después de que cuatro congresistas demócratas hayan regresado a su país sin haber logrado reunirse con un salvadoreño y un venezolano deportados por los Estados Unidos.

Mientras los demócratas insistieron esta mañana en que Trump cumpla la orden de la Corte Suprema de facilitar el retorno del salvadoreño deportado Kilmar Ábrego García, con quien se reunió el senador demócrata Chris Van Hollen para verificar su estado de salud; los republicanos acusan a los demócratas de defender o reunirse con criminales.

«A diferencia del senador Van Hollen, quien bebió margaritas con un miembro de cártel, me concentraré en fortalecer la asociación entre nuestras naciones, promover compromisos compartidos con la seguridad, la libertad y el orgullo nacional, así como discutir nuestros compromisos de seguir luchando por los derechos humanos», escribió la congresista republicana quien se reuniría con Bukele en mayo.

El presidente Nayib Bukele no es ajeno a esta disputa entre republicanos y demócratas.

La mañana de este martes, el gobernante salvadoreño retomó un comentario de la cuenta del congresista Maxwell Alejandro Frost con el cual insinúa que estaba en una pandilla.

«Nunca pensé que las letras de Max P que tuiteé a los 19 años recibirían tanta atención de MAGA», escribió el congresista Maxwell Alejandro Frost. «Solo he estado en una pandilla» y colgó una imagen de una banda musical».

«Sigue buscando mis publicaciones antiguas. Seguro que hay más cosas graciosas. No olvides etiquetarme», le escribió. «Lo loco es que, si fueras salvadoreño y publicaras eso en 2016, entonces Bukele probablemente lo usaría como evidencia para arrestarte y encarcelarte», le respondió el usuario @x_facts_matter, que se presenta como emprendedor y evangelista de Florida.

Manuel Vicente Menjívar Esquivel, quien fue diputado propietario por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) durante 15 años, falleció en las últimas horas, informó este martes el partido de derecha en sus redes sociales.

“Con profundo pesar, la Renovación de Arena lamenta el fallecimiento del Ing. Vicente Menjívar, exdiputado por el departamento de La Libertad. Despedimos a una persona ejemplar, cuya entrega y vocación de servicio permanecerán en nuestra memoria. Nos solidarizamos con su familia y elevamos una oración por su descanso eterno. Descansa en paz, Vicente. Gracias por tu entrega y legado”, publicó el partido.

Francisco Lira, actual diputado del partido por el departamento de La Libertad, expresó sus condolencias.

“Con profundo dolor acompaño en su tristeza a la familia Menjívar. Hoy se nos ha adelantado Chente Menjívar, un gran amigo y consejero, cuyo ejemplo y cariño dejaron huella en nuestras vidas. Lo recordaremos siempre con respeto, gratitud y un inmenso aprecio. Que Dios lo reciba en su gloria. QDDG”, manifestó Lira.

Menjívar Esquivel era ingeniero agrónomo y fue diputado desde el año 2000 hasta el año 2015. Como diputado, Menjívar pidió en diciembre de 2014 del entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, luego de que se conociera públicamente que el efemelenista compró lotes al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

La velación será este martes 22 de abril a partir de las 3:00 p.m. El miércoles 23 de abril habrá misa de cuerpo presente en la Iglesia Corazón de María a las 3:00 p.m. y el funeral se realizará en Jardines del Recuerdo a las 4:00 p.m.

Un grupo de congresistas demócratas que visitan El Salvador abogaron ayer por que se publique el contrato entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para deportar supuestos criminales y recluirlos en el

Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) u otras cárceles salvadoreñas.

El congresista demócrata Robert García, de California, manifestó que quieren que «el contrato entre Estados Unidos y El Salvador se haga público».

«Deberíamos entender qué fondos se están transfiriendo para apoyar a las prisiones y deberíamos hacerlo público», dijo ante la pregunta de un periodista en una rueda de prensa.

Para los congresistas, es «ilegal e inmoral» que se deporten personas acusadas de ser criminales sin haber tenido un proceso penal mediante el cual hayan sido condenadas por un crimen.

«Nuestro gobierno está pagando para que las personas sean encarceladas en El Salvador, lo que se refiere a criminales y eso no se ha probado, no se puede probar la criminalidad sin el debido proceso, por lo tanto estamos utilizando el dinero de los contribuyentes en Estados Unidos para violar nuestras leyes constitucionales y encarcelar a personas a costa de contribuyentes», dijo la

congresista Maxine Dexter, en San Salvador.

Ambos gobiernos dijeron haber alcanzado un acuerdo para que El Salvador pueda recibir y encarcelar a criminales extranjeros a cambio de un pago anual de $20,000 por prisionero o $6 millones anuales.

El 15 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla «Tren de Aragua» y 23 salvadoreños acusados de ser miembros de la MS-13. Posteriormente ha enviado otros grupos.

Los congresistas visitan El Salvador en una misión no oficial –ya que no tuvieron la autorización del Congreso– con la intención de verificar las condiciones de salud y de presionar por la libertad del salvadoreño Kilmar Ábrego García y del venezolano Andry Hernández Romero, ambos deportados de Estados Unidos y recluidos en El Salvador.

Los funcionarios estadounidenses argumentan que dichos prisioneros no han sido sometidos a un debido proceso antes de ser recluidos y subrayan que el presidente Donald Trump debe cumplir una orden de la Corte Suprema estadounidense que ordenó al gobierno de ese país facilitar el retorno de Ábrego García, ya que un tribunal de Baltimore suspendió su deportación en 2019.

El gobierno estadounidense rechaza las peticiones de los demócratas argumentando que Ábrego García es miembro de la MS-13 –algo que su abogado rechaza– y no tiene estatus legal en Estados Unidos.

El Observatorio de Mujeres y Política de la organización Transparencia Electoral reconoció en El Salvador y otros 17 países se han «dado pasos firmes hacia la democracia partidaria» con el establecimiento de cuotas de género para asegurar la participación de las mujeres en la política.

Sin embargo, la organización Acción Ciudadana (AC) considera que la cuota podría ser mayor al 30 %.

La coordinadora del Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral, Nayma Enríquez Estrada, aseguró en marzo que en El Salvador y otros 17 países de América Latina se han «dado pasos firmes hacia la democracia partidaria» porque se ha implementado legislación que promueve la paridad y las cuotas de género. Indicadores del Observatorio de igualdad de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que El Salvador está dentro de los países con menos mujeres electas como alcaldesas, regidoras y diputadas.

Enríquez Estrada reconoce esos «pasos firmes» en la paridad de género en la política en países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Guyana;

«América Latina ha dado pasos firmes hacia la democracia paritaria, con 18 países que han adoptado leyes de paridad y/o cuotas de género para cargos electivos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Guyana».
Nayma Enríquez Estrada, coordinadora del Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral.

A pesar del avance, Enríquez reconoce que la aplicación de esta legislación ha sido resultado «de la presión de las redes parlamentarias y movimientos feministas institucionales» y que, pese a las normativas, existen «prácticas bastante sofisticadas de simulación» para que las mujeres ocupen candidaturas en distritos no competitivos, sin presupuesto o sin influencia real.

Según el observatorio de igualdad de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), El Salvador es uno de los 15 países con menos mujeres electas para ocupar curules legislativos en el parlamento nacional, mientras que ocupa la posición 13 con menos mujeres electas para alcaldesas o regidoras en los gobiernos locales.

Los desafíos: reformas a estatutos

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, considera que, si los partidos quieren fomentar la paridad de género, podrían revisar sus instrumentos electorales como estatutos o reglamentos para definir «las condiciones de participación de las mujeres» en política y establecer reglas como por ejemplo, que la mitad de las candidaturas propietarias y suplentes sean mujeres.

Además, la Asamblea Legislativa podría reformar la Ley de Partidos Políticos para que en las elecciones internas se asegure que la cuota de género sea mayor al 30 % y así «fijar el tema de paridad». En las elecciones internas se escogen los candidatos a cargos de elección popular.

Mientras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podría brindar capacitaciones o apoyo técnico a los partidos para aplicar las nuevas disposiciones que definan la paridad de género en El Salvador. El TSE recibió en 2024 al menos 11 denuncias por violencia política, los casos fueron remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR), pero aún no se han divulgado resultados.

El congresista demócrata Maxwell Frost aseguró el lunes el gobierno de El Salvador les denegó la solicitud de reunirse y verificar las condiciones físicas del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado el 15 de marzo de Estados Unidos a El Salvador y recluido inicialmente en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

«El gobierno de este país ha denegado nuestra solicitud de verlo porque este no es un viaje oficial», declaró el lunes.

Los congresistas también pidieron realizar un «control de bienestar» al venezolano Andry José Hernández Romero, un maquillista de 30 años, de la comunidad LGBTI, deportado de EE.UU. y que estaría recluido en el Cecot.

“Nos informaron en la Embajada que el gobierno local ha denegado nuestra solicitud. Dicen que es porque no estamos aquí oficialmente«, detalló el mismo congresista a la televisora MSNBC, antes de la conferencia de prensa en El Salvador.

Fue así como hicieron una carta para presionar por la verificación del estado de salud de ambos prisioneros.

En El Salvador, nuestra delegación presionó a la Embajada de EEUU para que realizara una verificación de bienestar. La embajada accedió a investigar su estatus. Seguiremos luchando por el debido proceso.
Robert García, congresista demócrata, sobre estado de Andry Hernández Romero.

Frost explicó que la denegatoria fue «una de las razones» por las cuales habían solicitado, junto al congresista demócrata Robert García, al congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para conformar un comité oficial.

Sin embargo, los congresistas no viajan como comité oficial.

El objetivo era formar una delegación del Congreso de Estados Unidos para visitar el Cecot y permitir “realizar un control de bienestar” tanto a Ábrego García como a Hernández Romero, de quien aseguran pasó “una entrevista de miedo creíble” durante su proceso de asilo antes de ser deportado y ahora está recluido en el Cecot.

La noticia sobre la denegatoria fue replicada el lunes por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que no emitió alguna opinión.

La «denegatoria», sin embargo, podría verse cambiada en el futuro tal como pasó durante la visita del senador Chris Van Hollen, quien sorpresivamente recibió una llamada el jueves 17 de abril, mientras se preparaba para regresar a Estados Unidos, en la cual le anunciaron que trasladarían a Ábrego García para que se reuniera con él en el hotel Sheraton Presidente.

Ayer, el congresista García subrayó que estaban «listos» para cuando la Embajada de Estados Unidos en El Salvador les avise «para poder ir a ver a Kilmar o a Andry».

«Es responsabilidad de Trump»

Los congresistas no detallaron con quiénes se reunirían por la tarde, pero dijo que han sido «muy claros» en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y cargaron la responsabilidad al presidente estadounidense, Donald Trump.

«Sabemos que nuestro presidente tiene una fuerte relación con el presidente de Estados Unidos… No tenemos duda de que si Donald Trump quisiera a Ábrego García de regreso, Ábrego García ya estaría ahí. Esto es responsabilidad de Donald Trump, nuestro presidente debe acatar las órdenes de la Corte Suprema», subrayó García.

Según un escrito judicial, Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró que «el 20 y 21 de abril», el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, «requirió una actualización del gobierno de El Salvador sobre la ubicación física y el estatus de custodia de Ábrego García» y que «el gobierno de El Salvador respondió el 21 de abril que Ábrego García está recluido en el centro industrial de Santa Ana», en referencia al Complejo Industrial Penitenciario de Santa Ana. «En buenas condiciones y un excedente estado de salud», agregó el funcionario según el escrito.

Sin embargo, Chris Newman, abogado de Ábrego García que acompaña a los congresistas demócratas, aseguró que están pidiendo una prueba de vida del salvadoreño, porque no confían en las afirmaciones de los gobiernos de El Salvador ni de Estados Unidos.

Ábrego García dijo al senador Chris Van Hollen, el pasado jueves 17 de abril, que estaba recluido en un penal de Santa Ana habiendo sido trasladado una semana atrás desde el Cecot, donde fue llevado luego de su deportación el 15 de marzo de 2025.