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El Salvador busca fortalecer lazos con Luxemburgo en la búsqueda de cooperación para el desarrollo, informó este lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco. El gobierno luxemburgués aseguró que hablaron sobre «las relaciones bilalterales».

La canciller salvadoreña aseguró en sus redes sociales que también buscan cooperación en asuntos internacionales aunque no detallaron los temas a los que se refirieron durante su encuentro con su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel.

Bettel escribió también en sus redes sociales que la conversación con Hill Tinoco fue «agradable», mientras que la diplomática salvadoreña dijo que fue un «fructífero diálogo». La Cancillería salvadoreña no ha informado sobre la reunión ni los acuerdos de la misma.

A inicios de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que Luxemburgo inauguró su nueva sede de operaciones en suelo salvadoreño a través su Agencia de Cooperación Lux Dev.

Luxemburgo apoya proyectos por all menos 7.5 millones euros en El Salvador para iniciativas de autoempleo de jóvenes, además, del apoyo de 2 millones de euros para el fortalecimiento de la. Cooperación Sur-Sur.

The pleasure was mine, dear @Xavier_Bettel. I appreciated our productive dialogue on strengthening ties between El Salvador and Luxembourg, especially in cooperation for development and global affairs. Looking forward to continued collaboration. https://t.co/O4WG76g2z0 pic.twitter.com/1cjIqlbeCy

— Alexandra Hill Tinoco (@CancillerAleHT) July 14, 2025

La cantidad de vuelos con salvadoreños deportados han aumentado un 175 % entre enero y junio de 2025 según los datos recopilados por Witness at the Border. Junio ha sido el mes con más vuelos de salvadoreños deportados en lo que va del año.

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En enero se reportaron solo 8 vuelos con deportados procedentes desde Estados Unidos y con destino a El Salvador, sin embargo, para junio se registraron 22 vuelos, lo que representa un incremento del 175 % entre los dos meses.

En total, van 85 vuelos con connacionales reportados en lo que va del año. El informe de Witness at the Border se basa en las estadísticas reportadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En enero llegaron a El Salvador ocho vuelos; en febrero se recibieron otros 11; par marzo los vuelos llegaron a 14; en abril la cifra bajó levemente a 13; en mayo volvió a aumentar a los 17 y finalmente en junio se reportaron otros 22 vuelos.

Las cifras indican que los vuelos han aumentado constantemente durante la administración de Donald Trump. En febrero se experimentó un aumento del 38 %; en marzo de 27 %; luego en abril se registró la única baja del 7 %, pero en mayo volvió a aumentar 31 % y en junio incrementó otro 29 %.

Solo durante junio de 2025, los países del Triángulo Norte concentran el 56 % de las deportaciones. El Salvador es el país con menos vuelos recibidos entre Guatemala (51), Honduras (43) y El Salvador con solo 22. El informe registra que en total salieron de Estados Unidos 209 vuelos con deportados en junio.

En marzo se recibieron vuelos provenientes de Estados Unidos con venezolanos para ser recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas aseguraron que los suramericanos pertenecían al Tren de Aragua.

Entre los deportados se encuentran salvadoreños sin documentación legal, solicitantes de asilo, personas con antecedentes penales. En medio de las deportaciones masivas, expertos migratorios ven casi seguro que el gobierno estadounidense cancele el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños.

Los expertos también instan al gobierno salvadoreño a que desarrolle un plan integral de atención a salvadoreños migrantes para atenderlos con enfoques diferenciados de género, edad y derechos humanos, y brindarles atención psicosocial.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), una de las cuatro empresas públicas del Estado salvadoreño, cerró el año 2024 con un patrimonio de $301.4 millones, $17 millones menos respecto al año 2023 cuando era de $318.4 millones pero más que los $282.8 millones con los cuales cerró el año 2022.

Sus activos cerraron en $900.5 millones y sus deudas o pasivos totales, $615.3 millones, lo que hace que se concluya una diferencia o patrimonio a su favor de $301.4 millones.

Sus balances, publicados en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda, muestran también que los ingresos por ventas han aumentado en la ANDA, pero que los gastos han superado sus ingresos al menos durante los últimos cinco años.

Por ello, los «resultados» de los últimos cinco años han sido negativos: en 2023 fue -48.9 millones y en 2024 -16.2 millones.

En 2024, la ANDA tuvo $256.5 millones de ingresos pero $272.7 millones en gastos, una diferencia de $16.2 millones. Esta diferencia en donde los gastos dejan atrás a los ingresos ha sido más grande en tres años anteriores: $65.9 millones en 2020, $61.2 millones en 2021 y una diferencia de $21.2 millones en 2022, siempre los gastos mayores a los ingresos.

El mayor gasto de la administradora estatal de agua se concentra en personal, gastos financieros y costos de venta. Sus ingresos, en su mayoría, provienen de sus ventas, que durante los últimos años van en aumento: desde $120.4 millones en 2020, $133.6 millones en 2021, $147.6 millones en 2022, $149.5 millones en 2023 y $158.6 millones en 2024.

El Ministerio de Hacienda publica en su Portal de Transparencia Fiscal los balances financieros y estados de resultados de las empresas públicas.

La publicación de la información está comprendida dentro del ángulo de transparencia del acuerdo del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el 27 de junio pasado aseguró que en la primera revisión del Servicio Ampliado para el gobierno salvadoreño «se promulgó una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal; (ii) se publicó un decreto presidencial que limita las excepciones a la Ley de Contratación Pública; (iii) se publicó información financiera sobre las empresas estatales más grandes; y (iv) se facilitó el acceso a la información sobre contratos públicos». El FMI también reconoció que se «siguen tomando medidas para mitigar los riesgos asociados al Bitcoin y deshacer la participación del sector público en Chivo».

El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que incorpore en el presupuesto estatal $9 millones de un préstamo de $60 millones para la contratación de una consultoría en la elaboración del diseño y la adecuación del edificio en donde funcionaría un centro de datos.

Con el préstamo, se busca que se cumplan «estándares internacionales de certificación TIER III».

Se trata del contrato de préstamo 5937/OC-ES para financiar el «Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador», aprobado el 25 de marzo de 2025.

Los fondos serán recibidos en el presupuesto de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, según el proyecto de decreto, concretamente, $8,500,000 para bienes y servicios, y $500,000 para inversiones en activos fijos.

El proyecto de reforma presupuestaria no incluye más detalles. Los fondos solicitados terminarían de ejecutarse en diciembre de 2025.

Los fondos del préstamo buscan adecuar y equipar un edificio que ocupará un Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

Según el BID, este proyecto beneficiaría a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos, y permitiría que todas las instituciones del Estado accedan a la «nube del Estado», aumente la disponibilidad de servicios en línea y mejore la gobernanza.

La iniciativa fue recibida el 9 de julio y será estudiada en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa este lunes.

El Gobierno pidió incorporar $500,000 al presupuesto general del Estado 2025 proveniente de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para mejorar la atención de salud del país.

Los fondos del proyecto 8847 “Programa para la mejora de la atención en salud de El Salvador (Promas)”, serán distribuidos así:

-$93,900 para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad dentro de un sistema basado en la atención primaria de salud.
-$22,400 para fortalecer la capacidad operativa del Ministerio de Salud para brindar servicios de atención médica de calidad.
-$25,000 para respuesta de emergencia contingente.
-$358,700 para la gestión de proyectos.

En el plan para mejorar la atención primaria de salud, el gobierno plantea en la reforma propuesta que buscará “la promoción y prevención de la salud a nivel comunitario, mejorar la prestación de servicios de atención sanitaria en el primer nivel de atención y en el nivel hospitalario” y “mejorar la infraestructura y equipamiento de la red de servicios”.

En administración, se menciona la “transformación digital de la salud”, el fortalecimiento de recursos humanos, capacidad de almacenamiento y distribución de medicamentos, insumos médicos y no médicos, y mobiliario del Ministerio de Salud.

En la realización de proyectos, según la solicitud, se busca “apoyar las gestiones de planificación, monitoreo, supervisión y seguimiento del proyecto, presentación de informes y auditorías financieras”.

Según la propuesta, $102,100 se ocuparán para bienes y servicios, $300,000 para gastos financieros, y $97,900 para activos fijos. Los fondos se terminarían de ejecutar a diciembre de 2025 según el proyecto de decreto.

La solicitud será recibida por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el próximo lunes, junto a otras solicitudes de reformas presupuestarias para integrar fondos a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República y a Bienestar Magisterial.

El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) invertirá $549,419 para el proyecto «Construcción y equipamiento de Centro de Terapia dialítica y prediálisis del ISBM, municipio y departamento de San Miguel» con fondos propios, para lo cual el gobierno ha solicitado una reforma presupuestaria que incorpore dichos fondos.

Con $305,285 asignados al presupuesto 2025 para el proyecto, el refuerzo para la construcción del centro de terapia dialítica y prediálisis del ISBM contaría con un total de $854,704.

La propuesta fue recibida por la Asamblea Legislativa el 9 de julio y será estudiada en la Comisión de Hacienda, en la reunión convocada para este lunes 14 de junio.

Con los fondos se pretende completar el financiamiento del anticipo correspondiente al contrato de la obra, para continuar con las intervenciones y la construcción de las áreas médicas y administrativas del nuevo centro de terapia dialítica «destinado a proporcionar en la región oriental del país servicios a los usuarios del ISBM con insuficiencia renal», explicó el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, en su solicitud.

Los fondos provienen de saldos de años anteriores del ISBM y se destinará a infraestructura física en su totalidad.

Este dinero será ejecutado hasta diciembre de 2025 según el proyecto de decreto.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, recibió en junio una factura de la Federación de Profesionales de la Medicina (Fedemed), a la hora de pagar su sello de especialista tramitado en el Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem), que ya entregó más de 5,500 certificaciones según su sitio web.

Solano se declaró sorprendido al recibir su sello el 23 de junio de 2025, ya que, al pagarlo, en las oficinas del Conadem, recibió una factura de la Fedemed, una asociación de médicos, y no del recién creado Conadem.

Solano desconoce si el Conadem acordó que los fondos obtenidos por los sellos de las especialidades sean destinados a la Fedemed pero considera que debieran ser absorbidos por el Conadem y no por la asociación de médicos. El pago del sello asciende a $19.90.

«Mi sorpresa fue que esa factura, quien la emite no es la Conadem, sino que Fedemed, que es la Federación de Profesionales de Medicina, que es la que estuvo trabajando con los diputados de la bancada legislativa en la Ley de especialidades médicas, sorpresa, verdad», indicó el médico, quien ha recibido una certificación transitoria con una vigencia de 18 meses.

Para recibirla, el Conadem le comunicó había decidido en su sesión ordinaria 6-2025, del 2 de abril de 2025, que había cumplido los requisitos para considerarlo infectólogo y médico internista, y le instruyeron realizar una cita con el Conadem.

La Fedemed fue la gremial que, a través de su presidente, el pediatra Carlos Brizuela, presentó un proyecto de Ley de Especialidades de Profesiones Médicas, y también solicitó la creación de varios colegios para autorizar certificaciones de especialidades médicas. Los representantes de la Fedemed dicen representar al 90 % de los médicos del país.

Luego de la aprobación de la ley en 2024, el Conadem es la única instancia que puede certificar como especialistas a los profesionales de la salud con credenciales de una duración de un año. Si no se certifican pueden enfrentarse a una multa de hasta $180,000 e incluso a la suspensión o cancelación de su especialidad.

La ley establece un periodo transitorio de seis meses para obtener la credencial luego de un proceso de obtención de unidades valorativas evaluadas por un Comité Nacional de Educación Médica, para lo cual el Conadem otorgará un periodo de 18 meses.

El Conadem tendrá un presupuesto de $1.1 millón que le será transferido de Hacienda para lo que resta del año, de los cuales $463,575 será destinado a las remuneraciones de 45 empleados, $575,000 a bienes y servicios, $23,775 para compras de seguros de bienes y personas, y $50,000 para muebles y equipos informáticos.

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Registro Nacional a las Personas Naturales (RNPN) informó que el secretario de la Junta Directiva no había actualizado las actas de las sesiones desde el tercer trimestre de 2024, ya que el acta más reciente corresponde a septiembre del año pasado.

En el portal de transparencia de la institución consta una “nota aclaratoria” firmada con fecha 6 de mayo de 2025, en la que la Unidad de Acceso indica que las actas de consejo del tercer y cuatro trimestre de 2024 están pendientes, al igual que las correspondientes al primer trimestre de 2025. La Unidad de Acceso indicó que, al recibir la información, esta “será publicada a la brevedad posible”.

“Por este medio se informa a la ciudadanía que, a la fecha, la información relativa a actas de consejo, está pendiente de actualización por el secretario de juntas directiva”.
Unidad de Acceso a la Información Pública del RNPN.

La última acta disponible en el portal de transparencia corresponde al 18 de septiembre de 2024, cuando el organismo colegiado evaluó la solicitud para aprobar el presupuesto del Registro para el año fiscal 2025.

Según el acta, en esa sesión, estuvieron presentes la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal; Karen González de Girón, quien aún no había sido juramentada como magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Franklin Stanley Alegría y Jaime Ernesto Cerón Siliézar.

Durante las sesiones de junta directiva de 2025, el Registro ha acordado trasladar tres duicentros que estarán ubicados en Plaza Mundo Usulután, Plaza Mundo Soyapango y Plaza Mundo Apopa.

Acordó también cerrar el duicentro de Santiago de María, en Usulután. Asimismo, está contemplando que las renovaciones y reposiciones del Documento Único de Identidad (DUI) se realicen a través de una aplicación móvil.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la noche de este sábado que Ivania Nicole, atropellada el 4 de julio en Las Chinamas, Ahuachapán, «ya está completamente consciente y casi habla con normalidad».

Bukele acompañó la noticia de un audio con la voz de la menor mientras dice que quiere mucho al gobernante.

«Me dieron la noticia con este audio Se ve muy bien, y sus médicos dicen que está progresando de manera increíble», se publicó en la cuenta del mandatario.

Bukele aseguró que tiene «fe en que se recuperará al 100 % y que tendrá una vida normal» o «quién quita, espectacular», añadió.

El día del accidente, la menor fue trasladada en un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas hacia el hospital especializado de niños Benjamín Bloom, en San Salvador, desde el occidente y desde entonces el presidente se encargó de informar sobre su estado de salud a través de su cuenta de X.

El mismo viernes en la mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un ciudadano guatemalteco identificado como Jason José Herrera Orosco, de 29 años, quien según las autoridades atropelló a la menor con una camioneta café Range Rover, placas P954LCN.

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 114 de la carretera a la frontera Las Chinamas, Ahuachapán Centro. El accidente fue captado por una cámara de seguridad local, difundidas en redes sociales, que mostró el momento en que la menor cayó al suelo tras ser impactada por el vehículo, que siguió su marcha.

La PNC divulgó en su cuenta de la red social , que Herrera Orosco fue detenido en el caserío Matalapa, cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, municipio de Santa Ana Norte, departamento de Santa Ana, cuando intentaba cruzar por un punto ciego hacia Guatemala.

Ivania ya está completamente consciente y casi habla con normalidad.

Me dieron la noticia con este audio

Se ve muy bien, y sus médicos dicen que está progresando de manera increíble.

Tengo fe en que se recuperará al 100 % y que tendrá una vida normal, o, quién quita,… https://t.co/B21VviZn2q pic.twitter.com/txU7hqgQBP

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 13, 2025

Integrantes de las organizaciones Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), Colectivo de Derechos Humanos «Herbert Anaya», Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Justicia Social y Contraloría Ciudadana se concentraron este sábado frente a la Catedral Metropolitana, en el distrito de San Salvador, para exigir la libertad de personas inocentes.

Una de las manifestantes solicitó la mediación de la Iglesia Católica con el gobierno.

Aseguró que llevan 425 personas detenidas que resultaron muertas mientras estaban bajo custodia policial.

«Estamos sufriendo la persecución de la Policía, de los medios de gobierno pagados con nuestros impuestos. Este día queremos la mediación de la Iglesia ante este tirano que está matando a salvadoreños», afirmó una activista.

En un comunicado conjunto, estas organizaciones sostuvieron que «defender derechos humanos se ha convertido en un delito» en el país, ya que consideran que activistas que defienden a sus comunidades del desalojo o luchan por el derecho al agua «son criminalizados y detenidos bajo cargos inexistentes».

«Nos encontramos ante una defensa pública totalmente desbalanceada, donde saldrá el que logre sobrevivir, no el inocente». Comunicado SJH, Movir, Colectivo y Justicia Social.