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La Dirección de Migración y Extranjería de El Salvador casi ha cuadruplicado el otorgamiento de nacionalidades salvadoreñas en una década, ya sea por nacionalización o naturalización, desde 132 que aprobó en el año 2014 hasta 500 durante el año 2024, un aumento del 279 %.

Desde enero de 2014 a marzo de 2025, El Salvador ha otorgado la nacionalidad salvadoreña a un total de 2,886 extranjeros, un promedio de 240 cada mes. Del total, un 79.4 % de los casos fue otorgada a través de nacionalizaciones y un 20.6 % se realizó a través de naturalizaciones.

La tendencia es un alza [gráfica abajo].

Durante los años 2015, 2016 y 2017, El Salvador otorgó 30, 66 y 51 nacionalizaciones y naturalizaciones, respectivamente; en 2018 se otorgaron 136 nacionalidades, una cantidad similar a la otorgada en el año 2014.

En 2019 se otorgó la nacionalidad salvadoreña a 206 extranjeros, en el año de la pandemia la cantidad de nacionalidades otorgadas subió a 316; y a partir de 2021 la cantidad de extranjeros que se convirtieron en salvadoreños superó los 400 hasta llegar a 500 en 2025.

Esta tendencia de incremento sigue en el año 2025, ya que en los primeros tres meses se ha otorgado la nacionalidad a 131 extranjeros, 105 nacionalizaciones y 26 naturalizaciones. Si esta tendencia continúa, el año concluirá con más de 500 nacionalidades salvadoreñas otorgadas.

Una vez tengan la nacionalidad salvadoreña, pueden ejercer el sufragio, asociarse en partidos políticos, optar a cargos públicos, y tienen la obligación de cumplir la Constitución de la República.

La nacionalización es válida únicamente para ciudadanos de origen centroamericano, mientras que la naturalización implica cumplir ciertos requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

Según la Constitución de la República, la nacionalidad salvadoreña por naturalización puede ser solicitada por personas originarias de un país hispanoamericano que tengan un año de residencia en el país, los extranjeros de cualquier origen que tengan cinco años de residencia, los que obtengan esa calidad del Órgano Legislativo y las personas extranjeras casadas con salvadoreños que tengan dos años de residencia en el país antes o después del matrimonio.

La calidad de salvadoreño naturalizado se pierde por residir más de dos años en el país de origen o ausencia por más de cinco años; y por sentencia ejecutoriada.

Los requisitos para las naturalizaciones son certificación de partida de nacimiento, solvencia policial y penal, fotocopia de pasaporte, de documento único de identidad del cónyuge si está casado con un salvadoreño, certificación de partida de matrimonio, certificación de la Embajada de su país en la que se indique que se permite la doble nacionalidad y copia de carnet de residente definitivo.

La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) inició formalmente operaciones en San Salvador Centro luego de que el convenio de cooperación fuera aprobado, aunque el concejo municipal sigue sin tener información oficial sobre el comienzo de la recolección de desechos en el municipio, compuesto por los distritos de San Salvador, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Mejicanos.

El convenio fue aprobado el miércoles 18 de junio de 2025 y tiene una vigencia indefinida.

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ANDRES publicó en su sitio web que su servicio ya se encuentra disponible en San Salvador Centro, además, de los municipios de La Libertad Costa, La Libertad Este, La Paz Este y San Salvador Este. El portal web permite a los ciudadanos hacer reportes por acumulación de basura, problemas en la red vial o en la iluminación de San Salvador Centro.

Pese a esto, dos fuentes internas aseguraron a Diario El Mundo que en el concejo municipal no se informó de la fecha de firma del convenio de cooperación ni de la fecha de inicio de operaciones de ANDRES en los cinco distritos.

La cuenta de prensa de la alcaldía capitalina no ha informado oficialmente sobre la firma del convenio, el cual debía ser suscrito entre el alcalde Mario Durán y el director de ANDRES, Alexander Francisco Gil Arévalo.

El acuerdo contempla que el director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz, funja como administrador y responsable «de coordinar, facilitar y apoyar» el convenio.

«Desde que aprobaron el convenio, nada dicen», aseguró una de las fuentes. Otra persona dijo que «todas las preguntas que se formularon respecto a este tema no fueron respondidas», por lo que desconocen los pormenores de lo planificado para las operaciones de ANDRES.

El convenio faculta a ANDRES a que «mejore las rutas» de recolección de basura y establece que el 50 % de los ingresos municipales por el servicio de residuos sólidos sean destinados para el «Fondo especial para la logística y ejecución de la recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos».

La Universidad de El Salvador (UES), que acoge a más de 60,000 estudiantes, en su mayoría de escasos recursos, evalúa el posible impacto de la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30 % a las donaciones que reciben ONG y entes públicos respaldados por cooperación internacional.

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, explicó el miércoles que la Fiscalía General de la universidad ya fue instruida para analizar a fondo la situación.

«Hay preocupación en la cooperación internacional», afirmó, tras reunirse con varios representantes de organismos cooperantes que están a la expectativa del efecto que la nueva normativa podría tener en la institución.

Quintanilla recalcó que buena parte de los fondos para proyectos de movilidad académica, compra de equipo e investigación provienen de la cooperación internacional.

«Si eso sucede (afectación), impacta directamente a la universidad», sostuvo.

La UES cuenta con el presupuesto más bajo entre las universidades públicas de Centroamérica. Para 2025, el monto asignado es de $125.75 millones, inferior en 5 % a los $132.47 millones aprobados para 2024.

El rector adelantó que, con el análisis de la Fiscalía, buscan confirmar el alcance real de la ley para, de ser necesario, solicitar a la Asamblea Legislativa ajustes que protejan los fondos destinados a la educación superior.

La Asamblea Legislativa aprobó la normativa el pasado 20 de mayo a propuesta del presidente Nayib Bukele. La ley aplica un gravamen del 30 % a toda donación internacional para personas o entidades, y ha sido comparada con legislaciones restrictivas de países como Nicaragua.

Bukele defendió la iniciativa el 1 de junio, durante su discurso de primer año de su segundo mandato:

«Hace unos días esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros: es una ley para proteger la cooperación internacional».

La Dirección de Integración busca comprar uniformes para los empleados de la instalación por $50,722.60 según consta en la oferta de compra publicada el 30 de junio en el sitio web de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

La oferta indica que los uniformes serán adquiridos con fondos del gobierno central.

En total son 2,593 piezas de vestir que la institución comprará entre blusas y camisas manga larga y corta, pantalones tipo jeans, gorras, chumpas, pijamas sanitarias y gabachas para médicos.

En las especificaciones de la oferta, se ha detallado que todas las prendas deben contener el logo del gobierno de El Salvador y de la Dirección de Integración. Las empresas interesadas en adjudicarse este contrato deben enviar sus ofertas técnicas y muestras del material a ofrecer.

El gasto en cada prenda:

• Blusas manga corta: $8,670.
• Blusas manga larga: $7,410.
• Camisas manga corta: $8,670.
• Camisas manga larga: $7,410.
• Jeans para hombre: $3,878.60.
• Jeans para mujer: $3,480.40.
• Gorras: $1,653.60.
• Chumpas: $9,158.40.
• Pijamas sanitarias: $354.
• Gabacha para médicos: $37.60.

La oferta de compra estará vigente durante 60 días calendario, es decir, hasta el 29 de agosto de 2023, pero el contrato que firme la Dirección de Integración estará vigente desde que se finalicen las negociaciones hasta el 31 de enero de 2026.

Integración solicitó que las tallas utilizadas de muestra no sean distintas a las tallas de las prendas que serán entregadas a sus empleados. Si hay empleados que no se tallen las prendas, entonces, la institución informará sus nombres para «disminuir los reclamos por prendas no talladas».

Este año también el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) inició un proceso de compra de uniformes para empleados por $72,249 entre blusas, camisas, blazers, chaquetas, capas y «filipas», además de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que destinó al menos $831,000 para uniformes.

La representante del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, informó este miércoles que dentro de aproximadamente dos meses tiene una reunión en el Congreso de los Estados Unidos para dar su testimonio a través de «un par de congresistas».

Escobar, quien aseguró que han iniciado «más de 200 procesos internacionales en Naciones Unidas» y otras denuncias en «diversas organizaciones internacionales de derechos humanos», dijo en una entrevista en radio YSUCA, que dará su testimonio en una instancia del Congreso estadounidense.

«En dos meses más o menos tengo una reunión en el Congreso de los Estados Unidos donde yo voy a ir a decir mi testimonio y donde una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es abrirle a los ojos a ciertos funcionarios que están haciendo una alianza con las personas equivocadas en El Salvador, están negociando con criminales de lesa humanidad», dijo en la entrevista.

La activista de derechos humanos detalló a Diario El Mundo que se trata de «una conversación con un par de congresistas, a través de una fundación que ha ayudado a personas extranjeras capturadas en CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo)».

Escobar, quien aseguró que salió del país luego de conocer que estaba en una lista de personas a capturar, dijo que no duda de que El Salvador está viviendo una «escalada represiva» de violaciones a derechos humanos. «Yo soy defensora de derechos humanos desde hace 13 años cuando comencé en un sindicato de la administración pública», comentó.

La activista de derechos humanos exhortó «a los militares y policías» a «no cumplir órdenes ilegales». Ella ha asegurado públicamente que había tres equipos policiales destinados a perseguirla.

El 1 de julio pasado, el periodista Héctor Silva Ávalos indicó en X que dio su testimonio en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. «Hablé de cómo el gobierno de El Salvador usa sus consulados para perseguir disidentes», indicó.

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos es un órgano formal de la Cámara de Representantes y está dirigida por dos copresidentes, el demócrata Jim McGovern y el republicano Chris Smith. Dicha comisión realiza audiencias para examinar avances sobre la «represión transnacional» (TNR), definida por el Departamento de Justicia como «una serie de tácticas que emplean los gobiernos extranjeros para trascender sus fronteras y dañar, intimidar, amenazar, acosar o coaccionar a personas. Entre las víctimas de la represión transnacional se incluyen a menudo disidentes y activistas políticos, periodistas, opositores políticos, grupos de minorías religiosas y étnicas, y miembros de la diáspora y comunidades en el exilio».

El 65 % de las peticiones que ciudadanos presentan al concejo municipal de San Salvador Sur corresponden a obras viales en sus distritos, según Raúl Cabrera, regidor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El concejal criticó que no existe planificación de obras en el municipio.

Desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025, el concejo municipal ha recibido 79 peticiones de pobladores; en un 65 % los ciudadanos solicitan obras viales como reparaciones o asfaltado de calles, le siguen la mitigación de riesgos y equipamiento social, informó el funcionario.

El regidor indicó que el distrito con más solicitudes es Santo Tomás pues de las 79 solicitudes al menos 44 provienen de esa localidad; le sigue Panchimalco con 15 y Santiago Texacuangos con solo 10.

«La municipalidad ha recibido una cantidad de cartas que llegan al concejo municipal solicitando obras, de esas solicitudes estamos hablando que desde mayo de 2024 a mayo de 2025 se han recibido 79 cartas de diferentes comunidades de los cinco distritos».
Raúl Cabrera, concejal del FMLN en San Salvador Sur.

Además, relacionó estas peticiones con que «casi el 44 %» de la población de San Salvador Sur «vive en condiciones de ruralidad» y que, si bien es cierto San Marcos es el distrito más poblado y el más pequeño, no ha habido inversión social en el mismo desde 2021.

Criticó que la falta de planificación en el municipio es lo que no permite identificar las necesidades que los ciudadanos tienen y atenderlas. Recordó que el presupuesto para ejercicio anual 2025 es de $38 millones.

San Marcos recibía, según el concejal, unos $162,000 mensuales del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), pero actualmente todo San Salvador Sur recibe $273,487 mensuales para los distritos de San Marcos, Panchimalco, Santiago Texacuangos, Santo Tomás y Rosario de Mora.

El concejo de San Salvador Centro perdonará los intereses que se hayan generado por la mora en deudas adquiridas por el impago de tasas o impuestos a la alcaldía de San Salvador Centro por parte de los propietarios de inmuebles que sean afectados por la construcción de la planta de biogás en el río Acelhuate.

La vigencia legal de la amnistía inició el 28 de junio y finalizará hasta que el último inmueble necesario para el proyecto sea adquirido por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

La «Ordenanza especial de dispensa de intereses moratorios por pago de tributos aplicados a la propiedad inmobiliaria, del municipio de San Salvador Centro, donde se ejecutará el proyecto de utilidad pública ‘Instalación de una plata de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate», aprobada el 14 de mayo, inició su vigencia el 28 de junio de 2025, ocho días después de su publicación.

Los beneficiados deberán pagar un 30 % del total como prima y podrán gozar de un plan de pago de hasta seis meses. Para aplicar, deben llegar a los Puntos de Atención Empresarial (PAE), oficina o ventanilla de atención al público, en cualquiera de los distritos de San Salvador Centro (Mejicanos, Ayutuxtepeque, San Salvador, Cuscatancingo y Ciudad Delgado).

No aplicarán los contribuyentes que tengan procesos judiciales de cobros de tributos municipales, intereses o multas.

En octubre de 2024, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que había comprado ya un 80 % de las tierras que se utilizarían en la planta de biogás que será construida entre los distritos de Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

Sin embargo, la ordenanza cita que la Ley de la CEL declara de utilidad pública los inmuebles que requiera para sus propósitos y la «necesaria» «expropiación de los inmuebles que deban ser inundados por los embalses, de los que tenga que utilizarse para establecer, servir o atender las presas, plantas, colectores» según el artículo 13 de la normativa.

La CEL no ha informado cuántos inmuebles serán afectados con la construcción de la planta de biogás.

El proyecto de la planta de biogás ha tenido un financiamiento de $414,853.82 de junio a diciembre de 2023 y de $1,458,575.17 de enero a marzo de 2024. La CEL estimó en junio de 2024 que finalizarían el proyecto el 1 de octubre de 2026. Según la memoria de labores, «se realizó la adquisición de terrenos para la construcción de la planta de generación en proceso para la obtención de permiso ambiental».

El Salvador participó en en la I Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) que tuvo lugar en Sevilla, España. Este fue un encuentro de alto nivel, presidido por el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, quien calificó la reunión como «un foro privilegiado de diálogo político», en el que, según informó la Cancillería de El Salvador, se abordaron desafíos de la región.

El encuentro representa «un foro privilegiado de diálogo político, concertación política, solidaridad y cooperación basado en afinidades históricas y culturales compartidas», aseveró Álbares. El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, junto con los cancilleres iberoamericanos que asistieron al foro, adoptaron por consenso la Declaración de Sevilla.

El documento reafirma «el sistema de Cumbres y la importancia de una planificación de la cooperación iberoamericana más estratégica y concertada sobre la base de los principios de participación inclusiva y horizontal entre sus miembros y el consenso en la toma de decisiones».

El Salvador estuvo representado por su canciller, Alexandra Hill, quien según informó la Cancillería «hizo referencia al compromiso de El Salvador con Iberoamérica a partir de las iniciativas que buscan promover el desarrollo, a través de acciones concretas, con un compromiso mutuo y la búsqueda de resultados tangibles para nuestras comunidades».

La Cancillería aseguró que «El Salvador forma parte de estos esfuerzos de cooperación enfocados en el sector cultural y en el desarrollo del país, mediante los programas: Iberbibliotecas, Ibercultura Viva, Iberescenas e Ibermedia».

La organización Amnistía Internacional declaró ayer a la abogada Ruth Eleonora López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor José Ángel Pérez como personas «presas de conciencia», un estatus que otorga a personas que fueron privadas de libertad «específicamente por sus ideas, ejercer sus derechos» sin violencia y sin haber incitado al odio.

En un nuevo comunicado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, ana Piquer, consideró que El Salvador «atraviesa un punto de quiebre». «La comunidad internacional debe actuar con firmeza», exhortó.

Según, Piquer, el gobierno busca consolidar «el silenciamento sistemático de la disidencia» a través de «procesos opacos y nuevas normativas», mediante una «arquitectura institucional y normativa» para criminalizar la pobreza y la disidencia.

La entidad urgió a las autoridades salvadoreñas «liberar de forma inmediata e incondicional» a estas personas y dejar de usar indebidamente el sistema penal «para perseguir a quienes ejercen pacíficamente sus derechos» y exigió la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros, el régimen de excepción y la restitución del debido proceso y la independencia judicial. «Ninguna persona privada de libertad debe, bajo ninguna circunstancia ser sometida a regímenes especiales que impliquen incomunicación o la pérdida del derecho a visitas familiares o contacto con su defensa legal», indicó.

López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue capturada el 18 de mayo de 2025, bajo la acusación inicial de peculado en X y de enriquecimiento ilícito en el proceso formal; su caso ha sido declarado bajo reserva. Henríquez y Pérez fueron arrestados luego de su participación en una protesta contra un desalojo a la comunidad El Bosque. Fueron acusados de los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sostuvo que las tres detenciones «orman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública» y lo considera como «clara señal de alerta» del desmantelamiento del espacio cívico en El Salvador.

El Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) aseguró este miércoles que espera que el Estatus de Protección Temporal (TPS) sea prorrogado nuevamente en 2026 para los salvadoreños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió la semana pasada a «echar un vistazo» al TPS salvadoreño.

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El director ejecutivo de INSAMI, Jizi Moza, dijo a medios de comunicación que espera que el TPS siga vigente hasta septiembre de 2026 y que pueda haber una nueva prórroga. El TPS estaría vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, según la última prórroga que concedió el expresidente Joe Biden.

«Nosotros vemos que en armonía del actual gobierno salvadoreño con el gobierno de Estados Unidos es que no se ha ejercido lo del TPS, esperamos que se venza en 2026 y esperamos que pueda haber otra prórroga para el TPS».
Jizi Moza, director ejecutivo de INSAMI.

Moza indicó que los migrantes salvadoreños no están siendo la excepción en las redadas contra migrantes y que se captura por igual a todos los que se encuentran sin documentos o con órdenes de deportación.

«No hemos visto así que nos han reportado que cuando son las redadas les preguntan ‘mire, usted es salvadoreño’ no, las redadas son redadas», afirmó ante preguntas de si las deportaciones contra salvadoreños han parado por las buenas relaciones el gobierno salvadoreño con el estadounidense.

La semana pasada, el presidente Trump fue cuestionado sobre las razones para no cancelar el TPS para los salvadoreños si consideraba El Salvador uno de los países más seguros y el magnate respondió «echaremos un vistazo». Se estima que son más de 230,000 los connacionales amparados a ese beneficio en la nación norteamericana.