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Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la junta directiva del ISDEMU por violaciones a derechos sindicales y contra dos agentes policiales por haberlas agredido al negarles el ingreso a la institución, según aseguró el sindicato.

La secretaria general de USTTISDEMU, Sonia Viñerta, explicó que los cinco delitos denunciados son: discriminación laboral, coacción al ejercicio a la libertad sindical, atentados relativos al derecho de igualdad, atentados relativos al derecho de asociación y actos arbitrarios.

Viñerta detalló que los denunciados son:

• Presidenta del ISDEMU, Yanci Salmerón.
• Subdirectora de Atención especializada, Nohemi del Carmen Rosa.
• Director de Administración y Finanzas de la institución, Miguel Ernesto Santana Belloso.
• Jefe de la Unidad Financiera, Ángel Jaime Vargas.
• Las agentes policiales Wendy Bernal y Glenda Alvarenga.

La sindicalista explicó que la denuncia contra las dos agentes se sumó, luego que el lunes se presentaran al ISDEMU para presentar la documentación que las acredita como representantes del sindicato, sin embargo, en una discusión por la entrada a la institución, Viñerta se mantuvo entre las dos puertas de acceso principal, lo que fue tomado por los sindicalistas como una agresión.

«Estos hechos que se dieron el lunes no son los únicos, hemos venido sufriendo desde el año pasado una serie de vulneraciones de derechos».

Sonia Viñerta, secretaria general de La Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.

Viñerta aseguró que en las vulneraciones se cuentan las reuniones que solicitaron a la Junta Directiva para conocer en su momento, la veracidad del recorte presupuestario para la institución y luego, las medidas a tomar «para apalear la situación», sin embargo, ninguna de los dos encuentros se habría concretado.

El lunes las sindicalistas se presentaron ante el Ministerio de Trabajo para denunciar vulneraciones a sus derechos sindicales. En esa oportunidad, Viñerta dijo que las autoridades del ISDEMU estaban presionando a las empleadas inscritas en el sindicato para que se desafiliaran sino «sus nombres iban a ser enviados en una lista a Capres (Casa Presidencial)».

A principios de 2025, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al Gobierno salvadoreño que “ponga fin inmediatamente” a la persecución, violencia, amenazas, estigmatización, intimidación y agresiones contra líderes sindicales y que «ponga fin» a la violencia contra sindicalistas y que «adopte medidas para garantizar que tales actos no se repitan».

La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, rechazó la reforma a la Ley del Fondo de Conservación Vial (Fovial) aprobada con dispensa de trámites en la sesión plenaria del martes 8 de abril, porque considera que la propuesta trae más deuda y muestra que el dinero «no está alcanzando».

“Sin duda el dinero no está alcanzando y su interés es seguir metiendo mano al dinero del FOVIAL ya que en 2021 autorizaron los diputados oficialistas que el FOVIAL pudiera emitir títulos valores (deuda) respaldados por sus flujos futuros”.
Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.

La reforma a la Ley del Fovial elimina el límite del 50 % que tenía su Consejo Directivo para comprometer ingresos presentes o futuros y así poder adquirir deudas, así como para invertir fondos en proyectos de transporte como sistemas integrados de transporte y componentes electromecánicos.

La diputada, suplente de Claudia Ortiz, consideró una «excusa» la inversión para quitar el techo de los ingresos comprometidos para deuda. «Es una mala gestión en la administración del fondo y desnaturaliza para lo que fue creado», señaló.

Recordó que en el año 2021 los diputados de Nuevas Ideas autorizaron que el Fovial pudiera emitir títulos valores con un límite de hasta el 50 % de sus ingresos futuros. “Pero como hoy no les alcanza quitan ese techo y en las reformas presentadas derogan el artículo 28-A de ese techo”, insistió. El artículo 28-A limitaba al Fovial a comprometer hasta el 50 % de sus ingresos.

Según la diputada, citando datos de la Bolsa de Valores de El Salvador, entre marzo de 2022 y junio de 2024 se han colocado 12 tramos por $129.9 millones, respaldados por ingresos del Fovial por un monto de $1,380 millones.

La diputada Claudia Ortiz no votó en la aprobación, con dispensa de trámites, de la reforma del Fovial, aprobada únicamente por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC.

Su diputada suplente criticó que la reforma fuera aprobada con dispensa de trámites; “traen más deuda y que no pasan al estudio de la Comisión para que la gente no se dé cuenta de las verdaderas intenciones y que los diputados no tengamos margen de maniobra necesario para advertir lo que hacen”.

Fovial fue fundada en el año 2000 para el mantenimiento de la red vial de El Salvador. Con la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, sus fondos podrán ser invertidos en proyectos de transporte y toda la infraestructura relacionada a los mismos.

El Salvador ha recibido 33 vuelos de salvadoreños deportados desde Estados Unidos, la misma cantidad de vuelos que recibió el país durante el primer trimestre de 2024, según los datos de la organización Witness at the Border.

El mes con más vuelos de deportados fue marzo con 14.

Durante 2025, en enero se recibieron 8 vuelos; en febrero, se recibieron 11 y en marzo se recibieron 14, uno de estos fue vuelo militar. Durante 2024, los vuelos recibidos fueron: 11 vuelos en enero; 12 en febrero y 10 en marzo.

En el informe, la organización señala que «posiblemente» en los vuelos de marzo fueron deportados «16 venezolanos» que han sido recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Los gobiernos de El Salvador y Estados aseguraron que los deportados el 31 de marzo pertenecen al Tren de Aragua y de la MS-13 aunque el gobierno salvadoreño informó que eran 17 deportados.

El 16 de marzo, Estados Unidos deportó 238 venezolanos señalados de ser miembros de la pandilla del Tren de Aragua.

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A inicios de febrero, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseguró a medios nacionales que los vuelos recibidos con deportados eran los «habituales» y aseveró que no constituían «deportaciones masivas».

«O sea, han venido regular los (ordinarios), pero no en esa deportación masiva que ha sido anunciada en otros países, definitivamente que no», afirmó.

La vicecanciller dijo en ese momento que se mantienen en «constante colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos» e indicó que el flujo de migrantes salvadoreños retornados «ha sido muy poco», pese a los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre deportaciones masivas.

Los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) revelan que solo durante 2024 se deportaron a 15,284 salvadoreños con estatus irregular en el país norteamericano, el tercer año con más deportaciones de salvadoreños desde 2018.

El Ministerio de Hacienda ha solicitado incorporar los primeros $24 millones de los $350 millones que debe erogar durante 20 años para la conservación, la seguridad hídrica y restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa, como fruto del canje de deuda impulsado por el gobierno de EE.UU. durante la administración Biden.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, pidió al Congreso salvadoreño que le apruebe una reforma presupuestaria para incorporar $24 millones en el presupuesto general del Estado de 2025.

El gobierno salvadoreño tiene el compromiso con Estados Unidos de realizar aportes graduales para financiar un programa ambiental, con un monto de $17.5 millones anuales entre los años 2026 y 2044, y de $24 millones en 2025, distribuidos así: $12 millones en abril de 2025 y $12 millones en octubre de 2025.

Los diputados de la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto se reúnen el martes 22 de abril.

El fondeo para el ambicioso proyecto ambiental resultó del refinanciamiento de $1,000 millones a El Salvador aprobado en octubre de 2024 por el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co., como parte del acuerdo con la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) que, aportando la garantía, logró amarrar el ahorro en intereses al proyecto ambiental.

La DFC proporcionó un seguro de riesgo político (PRI) para que la operación pudiera ser posible.

El programa tenía una junta directiva conformada por siete miembros, que incluía un representante del gobierno salvadoreño, uno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y cinco representantes gubernamentales. Los proyectos que EE.UU. mantiene de la USAID han sido asumidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos según ha asegurado el secretario estadounidense Marco Rubio.

El programa de conservación y restauración del río Lempa será liderado por el gobierno de El Salvador, junto al Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y el Catholic Relief Services (CRS). En la primera fase, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizará un diagnóstico con las comunidades.

Sin embargo, en el acuerdo el gobierno se comprometió a establecer una entidad para supervisar la restauración de la cuenca, aprobar un Plan Nacional de Recursos Hídricos Integrados, un sistema de monitoreo, un mecanismo de retroalimentación pública y quejas por violaciones a la Ley nacional de recursos hídricos y la Ley general de medio ambiente, desarrollar estándares para calcular los costos de agua potable y saneamiento y declarar 75,000 hectáreas de zonas de recarga de acuíferos para el año 2044.

En una entrevista con Donald Trump Jr., el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló que una de las primeras peticiones del presidente salvadoreño Nayib Bukele, al aceptar recibir a pandilleros del Tren de Aragua en las cárceles de El Salvador, fue que Estados Unidos envíe también a «sicarios de la MS-13» porque son buscados también por crímenes en territorio salvadoreño.

Rubio recordó que se reunió con el presidente salvadoreño y aseguró que lo conoce desde «hace mucho tiempo», reiterando lo considera un presidente proestadounidense y reiterando que el 14 de abril lo tendrán de visita en la Oficina Oval del presidente Donald Trump, en Washington, Estados Unidos.

Luego recordó así la negociación con presidente salvadoreño:

Y estuvo de acuerdo; dijo, miren, he construido estas cárceles y albergaré gente aquí. Primero, quiere a sus sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos, porque también son buscados por delitos en El Salvador.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, había dicho el 4 de febrero que el presidente Bukele había pedido deportar a los cabecillas de las pandillas que están en Estados Unidos y que fue un «tema de honor».

Según el relato de Rubio, Bukele también se manifestó «dispuesto a detener a miembros» de la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarada como grupo terrorista por Trump desde el 20 de enero de 2025.

El funcionario estadounidense explicó que tuvieron que buscar un lugar para enviar a los miembros del Tren de Aragua porque «Venezuela no los aceptaba» y que Bukele «tiene el lugar perfecto», el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), ubicado en el distrito de Tecoluca, del municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente.

Venezuela no los aceptaba, así que tuvimos que encontrar un lugar donde enviarlos, y él tiene el lugar perfecto. Hicimos un trato con él a principios de febrero, y esta fue la forma en que se ejecutó. Estamos muy agradecidos.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

En rechazo al fallo judicial que buscaba que solicitaran al presidente Nayib Bukele que «ahora deben repatriar» a los venezolanos, expresó: «No podemos vivir en un país, no es constitucional, donde los jueces dirigen la política exterior de Estados Unidos».

El 16 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua y 23 miembros de la pandilla MS-13, incluido el cabecilla César Antonio López Larios, alias El Greñas; además, el 31 de marzo, deportó otros 17, entre miembros del Tren de Aragua y MS-13.

Según El Faro, hasta marzo de 2024, la justicia estadounidense solo había logrado capturar a seis de 27 cabecillas de la MS-13 acusados por el FBI de terrorismo en un proceso iniciado en 2020 en la Corte Este de Nueva York, otros 17 se encontraban en El Salvador y 4 se encontraban prófugos.

Se desconoce si los cabecillas de la MS-13 deportados a El Salvador quedarían con procesos penales o penas de prisión pendientes en los Estados Unidos.

La asociación Cristosal informó ayer que, de 94 casos de deportados de Estados Unidos a El Salvador, registrados mediante un formulario habilitado en línea llenado por los familiares, el 78 % tenía un trabajo cuando fue detenido y el 47 % tenía asilo.

Mientras, detalló que el 87 % de los registrados tiene tatuajes, al 48 % se le acusa de un delito o pertenecer al Tren de Aragua y solo el 13 % posee antecedentes penales, según información proveída por los familiares o allegados de las personas deportadas a Cristosal.

El secretario Rubio no detalló cuántos venezolanos y salvadoreños deportados están condenados, procesados por delitos o fueron deportados por razones migratorias pero señaló, si se mira «los antecedentes penales de algunas de estas personas», este «es uno de los peores grupos de seres humanos» que él ha visto en su vida.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que ha brindado 506,656 servicios de atención a mujeres salvadoreñas desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2024, cifra que representa una disminución del 3 %.

La institución detalló, en su informe de rendición de cuentas, que el presupuesto para atención de violencia y discriminación contra las mujeres durante 2024 fue $1,994,380, el cual es utilizado para pagos de salarios del personal que atiende esta área.

En la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM) se atendieron 61,029 mujeres. La institución reporta la presencia de estas unidades en las procuradurías auxiliares departamentales y cuentan con tres delegadas especializadas para atender hechos de violencia o discriminación.

Las unidades están conformadas por 35 defensoras públicas especializadas, dos auxiliares jurídicas, 14 psicólogas y siete trabajadoras sociales. Solo en San Salvador brindaron 14,846 atenciones, le siguió La Libertad Sur con 6,589 atenciones y San Miguel, con 5,872.

En Ciudad Mujer, se atendieron 10,917 mujeres con servicios de formación técnica y en emprendimiento; en servicios de salud sexual reproductiva especializados y servicios crediticios para mujeres y los relativos a la autonomía financiera.

¿Cuáles servicios ha prestado la Procuraduría General a las mujeres durante 2024?

• 170,297 atenciones a mujeres usuarias de la institución.
• 769 mujeres acreditadas como mediadoras en sus comunidades.
• 40,929 atenciones psicosociales.
• 32,825 mujeres atendidas en el centro de atención virtual.
• 6,055 atenciones en el control de fondos a terceros.
• 53,436 mujeres beneficiadas con defensa pública penal.
• 11,280 mujeres atendidas en derechos patrimoniales.
• 1,280 mujeres atendidas sobre desplazamiento forzado interno.
• 66,189 atenciones sobre temas de familia.
• 537 mujeres servidoras públicas fueron atendidas en materia laboral y 9,694 como trabajadoras.
• 4,490 mujeres atendidas en ludotecas.
• 6,148 atendidas en temas de mediación y conciliación.
• 26,248 mujeres fueron atendidas en temas de niñez y adolescencia.
• 335 atenciones sobre penas juveniles.
• 289 mujeres atendidas sobre quejas y denuncias.
• 163 atenciones sobre servicios itinerantes,
• 3,747 mujeres atendidas en trámites notariales.

Sin embargo, estas atenciones representan una caída del 3 % en las mujeres beneficiadas pues, en el plazo de octubre de 2022 a septiembre de 2023, se portaron 521,106 atenciones. Es decir, que en el último año, la PGR ofreció al menos 14,450 atenciones menos en comparación con el mismo período anterior, según los últimos dos informes de rendición de cuentas de la institución.

Actualmente, la Asamblea Legislativa ha entrevistado a ocho candidatos a procurador general, entre los que se encuentra el actual titular René Escobar. La Comisión Política ya dictaminó la elección, pero aún no ha pasado el acuerdo al pleno para nombrar al nuevo procurador.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará en octubre de 2025 la campaña para informar a los salvadoreños sobre el cierre del plazo para notificar cambios en su domicilio para que estos sean incluidos en la aplicación del voto residencial para las elecciones legislativas y municipales de 2027.

El Tribunal tiene previsto informar a los salvadoreños del fin de actualizaciones de domicilio desde el 8 de octubre de 2025 hasta el 27 de febrero de 2026. Para notificar a las autoridades sobre un cambio de residencia, el ciudadanos debe actualizar su Documento Único de Identidad (DUI).

Las actualizaciones de domicilios sirven para que la autoridad electoral asigne como centro de votación al ciudadano, el recinto más cercano a su vivienda, como parte de la aplicación del voto residencial. La actualización del DUI tiene un costo de $10.31.

De acuerdo al calendario electoral aprobado por el organismo colegiado, el 27 de febrero del próximo año será el último día para que los salvadoreños actualicen su DUI con su nueva dirección y que esta sea incluida en el registro electoral, que sirve como base para la elaboración de los padrones electorales.

El artículo 20 del Código Electoral establece que la actualización de modificaciones de residencia se suspende un año antes de las elecciones, mientras que el registro electoral se cerrará definitivamente 120 días antes de los comicios.

El calendario también incluye la vigilancia y fiscalización del cierre de actualizaciones el 27 de febrero por la Junta de Vigilancia Electoral (JVE). De acuerdo al artículo 135 del Código, la Junta debe vigilar la organización, actualización, depuración y publicación del registro, así como todas las actividades del TSE.

El Tribunal ya informó oficialmente que el 28 de febrero de 2027, los salvadoreños acudirán a las urnas para elegir a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 alcaldes con su respectivo concejo municipal, de no cambiar las reglas electorales vigentes hasta este momento.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) anunció este miércoles el «Plan de fiscalización del uso de vehículos naciones» en el período vacacional de Semana Santa, que tendrá supervisión en puntos estratégicos «en todo el país».

La Corte de Cuentas informó que el plan se ejecutará desde el domingo 13 al lunes 21 de abril para «promover una gestión eficiente del parque vehicular estatal» para evitar «el desgaste innecesario de los vehículos y reducir los costos operativos», cumpliendo los artículos 1 y 3 de la Ley de la CCR, y el Reglamento para el control de vehículos nacionales y consumo de combustible.

«La Corte de Cuentas recuerda a todas las entidades sujetas a control que el uso de vehículos nacionales debe estar debidamente justificado, documentado y autorizado».
Corte de Cuentas de la República.

El Plan contempla la instalación de puntos estratégicos de verificación del uso adecuado de los automotores públicos, donde habrá presencia de la Dirección General de Tránsito y de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).

Además, estarán revisando el cumplimiento de las misiones oficiales de instituciones durante vacaciones, estando debidamente «autorizado por un funcionario competente» y se comprobarán los siguientes datos: autorización, fecha, horario y nombre del funcionario avalado para la utilización del vehículo.

Los agentes policiales y de la Corte revisarán que las placas de los vehículos y distintivos oficiales de las instituciones estén debidamente señalizados, así como que la tarjeta de circulación y la licencia de conducir estén vigentes y en regla.

La entidad fiscalizadora instó a las instituciones de gobierno y municipalidades cuidar los vehículos y «abstenerse de autorizar su uso para fines particulares). La CCR reiteró que los automotores se deben usar para «generar valor y beneficio a los ciudadanos».

#ComunicadoOficial | Informamos a las entidades sujetas a fiscalización, medios de comunicación y población en general que hemos lanzado el Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales que se realizará en el periodo vacacional del 13 al 21 de abril de 2025. … pic.twitter.com/qHyOxPPXRh

— Corte de Cuentas de la República (@CortedeCuentas) April 9, 2025

El director de Tejido Social, Carlos Marroquín, aseguró este miércoles que el “germen” de las pandillas «ya no existe», en las zonas que eran más asediadas por las maras, situación que acreditó al Plan Control Territorial.

«El Plan Control Territorial te ha regalado una alternativa distinta, una nueva forma de vivir en nuestras comunidades, la seguridad es una realidad, por eso la opinión más válida es la de la gente de las zonas que fueron mucho más golpeadas por el fenómeno de las pandillas en nuestro país, la gente en las comunidades está feliz… ese germen ya no existe y se les puede consultar a personas que viven en comunidades emblemáticas por el fenómeno de pandillas».
Carlos Marroquín,
Director de Tejido Social.

El funcionario mencionó que en comunidades donde han colocado las primeras piedras de CUBOS como el Distrito Italia, en Tonacatepeque; Chancuyo de Ahuachapán, Altavista en Ilopango, en Jardines de Zaragoza, entre otras, no solo han hecho obras de infraestructura, sino también obras sociales.

«En los 12 CUBOS que funcionan hemos tenido más de 750,000 visitas. Todo CUBO se coloca bajo un contexto y un diagnóstico, como el CUBO que funciona en la colonia Santa Lucía en Mejicanos, hace 15 años las pandillas incendiaron un microbús en el lugar; otro en la colonia IVU donde dominaban pandillas, también el CUBO del Emanuel en Santa Ana, el CUBO del Tamarindo en La Unión, donde había baja escolaridad, ausencia del Estado, narcomenudeo, narcotráfico, pandillas, un tejido social totalmente roto en estas zonas, todo tiene un contexto, nada se ha puesto solo por ponerlo«, aseguró Marroquín esta mañana en la entrevista de canal 21.

El funcionario aseguró que el trabajo que están haciendo no solo es en temas represivos, «con el tema de las capturas, ahora el sistema judicial está enfocado en mantener la paz, para la ciudadanía y estamos trabajando con niños que están construyendo desde el aprendizaje, cultura y deporte y eso nos generará un mejor país, romper los círculos de violencia», aseveró.

El 1 de abril pasado, la Asamblea Legislativa prorrogó, por 37ª vez, el régimen de excepción después de que este cumpliera tres años de vigencia el pasado 27 de marzo. La nueva prórroga inició el domingo 6 de abril y finalizará el próximo lunes 5 de mayo de 2025.

Según el documento de la prórroga “las condiciones bajo las cuales fueron suspendidas las garantías constitucionales, decretadas el 27 de marzo de 2022 aún se mantienen”. El régimen fue decretado luego de tres días de extrema violencia homicida, que dejaron más de 80 asesinatos.

El gobierno reiteró en la petición de prórroga «que las medidas extraordinarias decretadas» desde el 27 de marzo de 2022 «han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 85,500 individuos incluyendo principales líderes de pandillas».

Al menos 3,770 veteranos y excombatientes del Instituto Administrados de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve) subsanaron la documentación requerida y podrán cobrar con normalidad su pensión desde mayo.

La institución suspendió en noviembre el pago de pensión a más de 20,000 personas por inconsistencias en sus registros.

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El Inabve informó este miércoles que 3,770 del registro «han subsanado documentación» y que a partir de la publicación del calendario de pagos de mayo de 2025 «podrán realizar su cobro de la pensión con normalidad».

«Se notifica a 3,770 personas del registro Inabve que han subsanado documentación que a partir de la próxima publicación del calendario correspondiente a mayo de 2025, podrán realizar su cobro de pensión con normalidad».
Instituto Administrados de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve).

En el sitio web de la institución https://www.inabve.gob.sv/2025/04/6621/ se encuentra el listado de los casi 4,000 veteranos y excombatientes para ser consultado por los beneficiarios. En noviembre, el Instituto le suspendió el pago de pensión a 20,248 beneficiarios por hallazgos de inconsistencias en sus expedientes de registros.

Las pensiones habrían sido suspendidas porque los expedientes no cumplían con los requisitos que establece la Ley especial del Instituto en los artículos 2 y 3, en los que se establece quienes aplican cono veteranos y excombatientes para recibir pensiones del Inabve.

Para recuperar la pensión, los beneficiarios debían «presentarse para subsanar sus observaciones». La institución les otorgó a los veteranos y excombatientes un plazo de 60 días calendario para presentarse a centros de atención para subsanar sus observaciones.

A finales de noviembre de 2024, eran 2,381 veteranos y excombatientes habían subsanado sus inconsistencias, ese total representaba el 11 % de los afectados. El plazo para subsanar las observaciones concluyó con el 18.6 % de los beneficiarios. Al menos 16,478 no enmendaron las observaciones de sus registros.