Categoría: Politica

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este martes al Ministerio de Hacienda a que suscriba un préstamo de $120 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para fortalecer los servicios de salud en El Salvador.

En la votación, no hubo votación “abstención” ni “en contra”. Votaron a favor los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.

El contrato de préstamo se destinará al “Proyecto de mejora de la atención de salud en El Salvador” que será ejecutado por el Ministerio de Salud y servirá para “fortalecer la red de servicios del sector salud con énfasis en la atención primaria de salud”. El nuevo crédito será cancelado en un plazo de 25 años.

¿Para qué se utilizarán los fondos?

Según Hacienda, este préstamo incluye la construcción, adecuación y equipamiento de tres centros nacionales especializados: Centro Nacional de Radioterapia, Centro de Cuidados Paliativos y Unidad Nacional de Trasplante.

También, incluirá “mejorar la capacidad” de establecimientos de primer nivel, y el “desarrollo e implementación” de un “sistema para la gestión de la logística y la distribución de medicamentos”.

Un total de $93.3 millones se destinarán a “mejorar el acceso a servicios de salud de calidad”: construcción, el mejoramiento y la remodelación de “infraestructura priorizada” a nivel nacional y la adquisición de equipamiento médico y no médico.

Estos fondos se desglosan así:
-$47.9 millones para la red de servicios de primer nivel de atención.
-$12.6 millones para atención hospitalaria.
-$32.8 millones para centros especializados como construcción del Centro de Cuidados Paliativos y Nacional de Radioterapia.

Otros $22.9 millones se destinarían a infraestructura tecnológica, equipo y herramientas, actividades de formación del recurso humano y de los profesionales de la salud y servicios de apoyo a la gestión, de los cuales $11.5 millones se destinarían a “transformación digital”, $1.5 millones para “fortalecer el talento humano” y $9.9 millones para “cadena de suministros”. Hacienda detalló que también incluye “servicios de lavandería, alimentación, entre otros”.

Además, un total de $3.8 millones se destinarán a la administración, supervisión y auditorías del proyecto. Este fue el desglose más detallado que presentó el Ministerio de Hacienda a los diputados en la reunión que tuvo el lunes con los diputados de la Comisión de Hacienda.

Al menos unos 70 empleados del área de recolección de basura, del distrito de Cojutepeque, en el municipio de Cuscatlán Sur, continúan este martes con la suspensión de labores, en protesta por precarias condiciones laborales.

“Esta es una suspensión de labores y seguimos este día porque no hay ningún acercamiento de la alcaldesa y su concejo hacia la clase trabajadora, en este caso nosotros, así que vamos a seguir a ver si ellos deciden restablecer la mesa técnica que teníamos, de lo contrario seguiremos con esta actividad”, confirmó Rutilio Erazo, vocero del Sindicato de la alcaldía de Cuscatlán Sur.

El municipio de Cuscatlán Sur está bajo la dirigencia de Guadalupe Campos, con la bandera de Nuevas Ideas. Los trabajadores denuncian la falta de seguros para vehículos y de vida para el personal, la ausencia de uniformes, calzado y equipo de protección, así como condiciones deplorables en camiones recolectores.

También denuncian la suspensión de los bonos de junio y diciembre, y que se han otorgado aguinaldos aumentados de forma selectiva, además de traslados arbitrarios de empleados. Aseguran que existe maltrato y acoso laboral por parte de jefaturas.

Erazo dijo que entre los 70 colabores que es “casi” toda el área de Desechos Sólidos y “unos pocos del área administrativa están apoyando la suspensión, del distrito de Cojutepeque, también (Santa Cruz) Michapa nos está acompañando desde ayer y si no hay una respuesta favorable de parte de la administración lo que se pretende es que apoyen los otros distritos”, aseguró el sindicalista.

Cuscatlán Sur está integrado por 11 distritos: Cojutepeque, San Rafael Cedros, Candelaria, Monte San Juan, El Carmen, San Cristóbal, Santa Cruz Michapa, San Ramón, El Rosario, Santa Cruz Analquito y Tenancingo.

Según el sindicalista, la alcaldesa “mandó a decir”, por medio de la Procuraduría de Derechos Humanos que “ella no quiere reunirse con los sindicatos, entonces prácticamente está cerrando la opción de sentarnos a dialogar, entonces nos vamos a mantener en lo mismo porque no hay ningún acercamiento”.

El trabajador municipal confirmó que debido a esta suspensión de labores que realizan, la recolección de basura en Cojutepeque se ha visto afectada, aunque al parecer la alcaldía ha movilizado camiones de otros distritos, por ello, ese trabajo se desarrolla de forma irregular.

“Con la cuestión de la basura, han mandado camiones de otros distritos, pero han descuidado esos otros, entonces la gente está preocupada y se está quejando por esa situación, así que ya hay problemas en los otros distritos también”, dijo el sindicalista.

Con 54 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la ley de presupuesto del año 2025 para incorporar $8.7 millones de un préstamo del Banco Mundial para mitigar condiciones de vulnerabilidad de los habitantes del cantón La Canoa, en distrito de San Miguel, por las inundaciones que ocurren en los márgenes y bordas del río Grande de San Miguel.

Los fondos provienen del préstamo «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente en El Salvador» al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), que permite destinar parte de los fondos a los daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto en junio de 2024.

El director de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que el MOPT diseñó el proyecto rehabilitación de bordas y margen en el río Grande de San Miguel para «mitigar condiciones de vulnerabilidad» de los habitantes del cantón La Canoa originadas por riesgos de inundación en los márgenes del Río Grande de San Miguel y anegaciones en la zona.

Según Hacienda, con ese dinero, se intervendrán bordas de 3.5 a 4 metros de altura con muros de gaviones –muros que se rellenan con grava–, obras de control de erosión en un margen del río de aproximadamente de 600 metros y plantación de árboles a lo largo de la ruta y en áreas protegidas como medida de compensación ambiental.

En la comisión celebrada el lunes, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió a Hacienda extender las obras a otras zonas del ríos Grande y no limitarlo únicamente al cantón La Canoa. Pidió intervenir el cantón El Tecomatal y los caseríos El Picudo, El Consuelo y El Altamiz.

En el pleno, este martes, reiteró su petición.

“Me decía el personal de Hacienda que van a mandar esa observación al ministro de Obras Públicas, a él también de manera personal le he expresado esta problemática, porque si tapamos solo desde el lado de La Canoa, el agua siempre va a buscar su salida”. Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

En la comisión, el diputado aseguró que se puede incluir a las otras comunidades. “Se puede porque el título es rehabilitación de bordas en San Miguel”, indicó. “Nosotros vamos a trasladar estas necesidades”, le prometió el funcionario de Hacienda.

En la sesión del lunes, el diputado William Soriano le pidió al director de Crédito Público que para construir una ruta de 16 kilómetros entre Polorós y Nueva Esparta “solo está pendiente una nota” de Hacienda. “Ya se tiene el diseño por parte de Obras Públicas, hace falta una nota de Hacienda para la adjudicación”, le dijo.

El procurador general, René Gustavo Escobar Álvarez, no considera que las 8,000 personas que han sido capturadas bajo el régimen de excepción y posteriormente liberadas con medidas cautelares distintas a la detención sean inocentes o culpables.

En una entrevista que le hizo la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, como candidato a la reelección en su cargo de procurador, el funcionario aseveró que «una revisión (de medidas) no significa que esa persona sea inocente o culpable de la comisión de un delito».

Es una revisión de la medida cautelar que hace un juez, (que) puede considerar que esa persona no represente un riesgo y que puede continuar el proceso en libertad”. René Escobar, procurador genera.

Según los datos del funcionario, «de un poco más de 8,000 personas liberadas por una revisión de medidas, de manera directa más de 4,700 han sido promovidas por un defensor público de la PGR y de manera indirecta a través de estrategias de defensa superan los 2,000 casos, por gestiones ante Fiscalía General de la República«, expresó.

El funcionario defendió de esta forma el papel de la PGR en el régimen de excepción, luego de cuestionamientos de la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos.

La diputada Cesia Rivas le preguntó cómo están haciendo ante los recortes en la PGR y ante las demandas de los familiares de las personas privadas de libertad y de niños que están en total abandono.

«Estamos abiertos a que ustedes puedan conocer esa situación», le dijo Escobar, quien calificó el papel de la PGR como «contrapeso» del Estado.

El funcionario también aseveró que «más del 87 %» de los «270 casos de personas inocentes» presentadas por un «organismo internacional» eran personas que «tenían antecedentes penales y policiales por una serie de delitos todos relacionados con el crimen organizado». Comentó que él había pedido una semana para analizar los casos pero que la organización publicó en un medio que la PGR le había «denegado la información».

«Mi mandato es atender de manera personal a las personas, no a grupos. No es la manera (colectiva). No se puede desmeritar el trabajo de un defensor público. Hemos solicitado habeas corpus en algunos casos», afirmó el procurador ante los diputados.

«Damos la garantía de los derechos de la defensa técnica a todas las personas privadas de la libertad, incluyendo quienes han estado en contexto de régimen de excepción», afirmó, sin proporcionar un dato específico sobre la cantidad de casos del régimen de excepción por cada defensor público y la mora que presentan.

Hasta abril, el Gobierno ha informado de más de 85,500 capturas de personas bajo el régimen de excepción –desde marzo de 2022–, la incautación de 4,683 armas de fuego, $4.9 millones en efectivo, 10,834 vehículos, 22,087 celulares y también registra una disminución de homicidios gradualmente desde 2016 (14 diarios) a 2024 (menos de 1 al día).

En contraste, la organización Socorro Jurídico Humanitario calcula que más de 300 personas detenidas bajo régimen de excepción han muerto en cárceles y que la mayoría de estas no tenían relación con estructuras criminales; además de más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, entre estas capturas arbitrarias y torturas.

En abril de 2022, la PGR reportó un total de 3,097 asesorías legales del 27 de marzo al 1 de abril, la mayoría correspondiente a capturados por el régimen de excepción.

El informe de rendición de cuentas de derechos humanos de las mujeres de 2024 indica que la Unidad de Defensa Pública Penal de la PGR ha dado un total de 12,655 asistencias en el contexto del régimen de excepción, 1,668 a mujeres y 10,987 a hombres.

La Asamblea Legislativa se alista a elegir al próximo procurador general de la República que ejercerá por los próximos tres años la titularidad de la institución que da servicios de defensoría pública a los salvadoreños.

Los diputados de la Comisión Política entrevistaron a los ocho candidatos que presentaron sus atestados, entre ellos el actual procurador René Escobar Álvarez, cuya entrevista fue la más prolongada del lunes.

Los aspirantes propusieron: expandir centros de mediación con ayuda de estudiantes de derecho, centralizar en la PGR el servicio de la resolución de conflictos en todo El Salvador, sanear del personal que divide, disminuir la mora, sistematizar casos de la PGR y no ser autoritarios.

El procurador, que se centró en sus logros de sus gestiones, aseguró que «tres años no son suficiente y es necesario darle sostenibilidad a los proyectos».

1. Dionisio Ernesto Alonso Sosa, abogado en el libre ejercicio y juez suplente especializado de niñez y adolescencia, fue colaborador judicial en el Juzgado 9º de Instrucción, auxiliar de la Fiscalía General de la República, director ejecutivo de la Oficina para Adopciones (OPA).

Propuestas: mejorar en la calidad de servicios de atención, fortalecer la capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, con la cooperación internacional y con las organizaciones de la sociedad civil; apostarle a la investigación de los casos de adopciones. “Expandir los centros de mediación” de la PGR con ayuda de las universidades y que los estudiantes de derecho hagan sus prácticas jurídicas auxiliando con investigación a los defensores públicos.

2. Cándida Dolores Parada de Acevedo, la actual procuradora general adjunta, fue coordinadora nacional de mediación y también fungió como presidenta suplente de la OPA.

Propuestas: crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos en la PGR que centralice la resolución de conflictos del país; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; y reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados de grupos delincuenciales, por ejemplo. Que defensores públicos den información vía telefónica a los familiares de los privados de libertad, tener un plan de teletrabajo para un 40 % de personal, reforma a la ley de mediación y arbitraje para fortalecer estos mecanismos e impulsar una Ley de Paternidad Responsable y dar asistencia legal a los salvadoreños en el exterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. Juan José Losa Lizama, abogado, fue asesor jurídico de la Policía Nacional desde 1996 hasta el 31 de mayo de 2022 y es presidente en funciones de la Asociación Salvadoreña de Personal Policial con Discapacidad.

Propuestas: Presentaría un proyecto al ministro de Educación para enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7º grado y posteriormente darles un capital semilla; además, propuso una nivelación salarial para favorecer a las mujeres. Propone asignar a un delegado para que lleguen a los hospitales y den atención psicológica a las menores de 15 años.

4. Nelson Alexander Yanes Iraheta, director país del Consejo Independiente de Protección de la Infancia de España en El Salvador, excoordinador en Gobernación Departamental y exasesor jurídico del actual viceministro de Salud, Carlos Alvarenga.

Propuestas: Apoyo total a la niñez y sectores vulnerables, y la transformación digital para «transformar la PGR de un Blockbuster a un Netflix», trabajo articulado con el Conapina (Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia) y el despacho de la primera dama de la República, acompañarse de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República y trabajar con Google para homogenizar la data en la PGR, analizar «por qué los adoptantes regresan a los niños» y «en qué está fallando la OPA», identificar los sectores que dividen las instituciones y «sanearse internamente», ampliar la mediación y conciliación con un “despliegue territorial».

5. René Escobar Álvarez, procurador general actual, fue presidente de la directiva de la Oficina para Adopciones, inició como auxiliar jurídico y defensor público.

Propuestas: aseguró que «tres años no son suficiente y es necesario darle sostenibilidad a los proyectos». Mencionó como logros el Centro de Atención Virtual (Caval) con 100,000 atenciones al año, la línea «Estamos contigo» y la línea «Lesa», coordinación interinstitucional con el Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia, renovación de infraestructura, ampliación de oficinas de atención, creación del Centro Integrado de Atención Psicosocial para Niños y Niñas Adolescentes, la autorización de 87 adopciones bajo su gestión y el acercamiento a la población.

El funcionario admitió que hay una «carga» laboral pendiente, no la detalló.

Ante la pregunta de la diputada Cesia Rivas (Vamos), el funcionario defendió el papel de la PGR en el derecho de defensa en el contexto del régimen de excepción. Respondió que han promovido directamente las medidas cautelares en sustitución de la detención en más 4,700 casos de un total de 8,000; y que él no se «atrevería» a hablar de «personas inocentes o no». Sobre los recortes presupuestarios en la PGR, señaló que dan «la garantía de los derechos de la defensa técnica a todas las personas privadas de libertad» incluso a los capturados bajo el régimen de excepción.

6. Sara Nohemy García Leonardo, secretaria de actuaciones en Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, felicitó a la actual procurador y dijo que no podría señalarle falencias. García Leonardo también ha sido jueza suplente en San Juan Tepezontes, Ereguayquín, exfiscal electoral en Zaragoza de marzo de 2013 a junio de 2016.

Propuestas: ofreció “poner en primer lugar a la personas y a la familia”. Agregó que “probablemente se podrá encontrar” un punto de mejora o “a lo mejor no” aunque mencionó que haría mejoras en la atención al usuario y prevención de violencia intrafamiliar.

7. Sara Yolanda González Alfaro fue jefa del departamento legal de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador de 2019-2020 y asesora de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo de 2005-2006, destacó que ha regresado a El Salvador, ya que residió en Doha, Qatar de 2006 a 2010, entre otros países.

Propuestas: simplificar las funciones de la PGR, humanizar la PGR a través de sus empleados, no ser autoritarios ante alguien que busca los servicios. En materia laboral, ofreció una sistematización de casos en el sitio web para evitar lentitud de los procesos.

8. Karina Jeanette Martínez Guevara, magistrada propietaria de la Cámara de la Primera Sección del Centro de San Salvador.

Propuestas: ofreció mejorar los tiempos de solución porque “hay mucha queja en la mora”. Aseguró que la medida provisional no se puede tomar de manera apresurada y que la estandarización de los procedimientos es urgente.

En la discusión sobre la eliminación de la «abstención» como forma de votación en el Órgano Legislativo salvadoreño, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, expresó que es necesario «ponerse claros» y «definirse» sobre el país, la democracia y las libertades que quieren.

Ha sido importante que el pueblo nos ha acompañado en este camino en donde tenemos que ponernos claros, cuál es el país que queremos, cuál es la democracia que queremos, cuáles son las libertades que queremos… Las votaciones van a ser sencillas: está de acuerdo o no está de acuerdo, sí o no. Se acabó».
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

Señaló que estos términos –democracia y libertades– «han querido ser tergiversados» y que «las libertades» de gobiernos anteriores «tenían hundidos a este país en el caos, el dolor, la pobreza».

«Ahora es una visión de definirse, esto es tiempo para que todos nosotros como legisladores nos definamos cuál es la visión de país que vamos a querer», indicó, en la reunión del lunes de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

Así, el diputado rechazó «las medias tintas». «Yo creo que está claro lo que es eso», dijo.

Castro señaló que la población tiene derecho a conocer claramente qué piensa cada uno de los 60 diputados en cada una de las decisiones que tome la Asamblea Legislativa.

«Poder levantar la mano, poder expresarnos, poder plantear cada una de las visiones que cada uno de nosotros como diputados tengamos, estemos de acuerdo o no, porque esa es la democracia, esa es la libertad de ejercer nuestros derechos como diputados», indicó.

La diputada Suecy Callejas, también del partido Nuevas Ideas, aseveró que en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, Suiza, Francia, Singapur, Irlanda y Uruguay «tienen su voto regulado en favor o en contra».

«No estamos cometiendo ningún atropello a la forma en que se toman las decisiones que se toman en esta Asamblea. No estamos diciendo usted tendrá que votar a favor o en contra, su libertad se mantiene, somos un país democrático, vamos a seguir siendo un país democrático».
Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

La legisladora aseguró que no cree que el pueblo salvadoreño elija a un diputado para que en la Asamblea Legislativa no se exprese o llegue a «abstenerse», aunque también aseveró: “Incluso, quedarnos callados es una postura”. «Esto es para dar certeza jurídica», dijo.

La supresión del mecanismo de abstención se realizará mediante una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa que probablemente será aprobada en la sesión plenaria de este martes.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), consideró que la eliminación de la abstención como forma de votación en las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa podría ser una forma de coartar o silenciar a los diputados.

«Sí lo veo como una forma de coartar nuestro derecho como diputados y se podría ver como una forma de querer silenciar a los diputados de oposición. Estamos en teoría luchando por la democracia de este país, la mayoría de países en el mundo tienen la abstención dentro de su forma de votación y son países democráticos y quienes quitan este tipo de votación son los países que no lo son», expresó.

La legisladora explicó que, cuando los diputados votan en abstención, creen que la iniciativa no da certeza jurídica, no tienen suficiente información del tema o no pueden tomar una decisión «a la carrera o ajolotados».

Yo creería que eso es también una forma de querernos como dicen en buen salvadoreño toparnos al cerco, para decirnos a la población ‘mire, ellos están contra ustedes», ‘ellos están ustedes contra lo que nosotros estamos proponiendo’, ‘ellos son los malos’, entonces, esto me parece innecesario. Por otro lado, en todos los países del mundo existe el voto a favor, en contra y también la abstención.
Marcela Villatoro, diputada de Arena.

La legisladora defendió la abstención como una forma de votación válida porque el Gobierno envía proyectos que no es fácil conocerlos en un breve tiempo para aprobarlos con dispensa de trámites. «En el caso de Nuevas Ideas es mucho más fácil porque ustedes solo votan todo a favor de lo que les envían», indicó.

Además, Villatoro advirtió que los países en donde prohíben la abstención son: Corea del Norte, Cuba, China y Venezuela.

«Usualmente son estos países con regímenes autoritarios, donde no se permite esa disidencia de opinión», aseveró. Agregó que en todos los parlamentos del mundo, como Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile y Argentina, existe el voto a favor, voto en contra y la abstención.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, lamentó que este tipo de propuestas ingresen a la Asamblea Legislativa y se ignoren propuestas como la prohibición a la minería metálica.

«Hay propuestas olvidadas y desaparecidas, propuestas que benefician a la gente, soluciones pendientes como el aumento al salario mínimo, la derogatoria de la Ley de la Minería, medidas económicas, propuestas que eviten más escuelas cerradas, más despidos», reclamó. Pidió a la Asamblea Legislativa que le expliquen a la ciudadanía en qué les va a beneficiar la supresión de la abstención.

Rivas aseguró que hay abstención en iniciativas en donde se aprueban $500 millones de deuda.

«Ustedes hacen lo que quieren, al final y cuentas solo puyan un botón, que es de a favor porque, si no, no votan. Pero hay que considerar todas las propuestas que están engavetadas y que la gente está necesitando».
Cesia Rivas, diputada de Vamos.

La propuesta de supresión de la abstención es iniciativa del partido Nuevas Ideas, que argumentó que la población tiene derecho a saber qué piensan los diputados.

El coordinador nacional de Alianza Ciudadana, movimiento que aspira a ser partido político, René Landaverde Hernández, se desempeñó como cónsul durante el segundo gobierno del FMLN y durante el primer mandato del presidente Nayib Bukele, a quien respalda.

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Según el currículum disponible en la página de transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Landaverde Hernández fue cónsul en la representación diplomática y consular de El Salvador en Guatemala en 2016, durante el gobierno del expresidente del FMLN Salvador Sánchez Cerén.

Luego, en la cuenta de X de la Cancillería salvadoreña, hay una publicación del 18 de marzo, cuando la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, anunció que lo presentó como cónsul general en Ciudad de México, durante el primer periodo del presidente Bukele.

Landaverde fue cónsul en la agencia consular de El Salvador en Comitán de Domínguez, Chiapas, en México, aunque no se precisa el periodo en qué desempeñó tal función. Además, fue candidato a diputado por San Salvador por Cambio Democrático (CD) para las elecciones de 2024. Landaverde es graduado de la licenciatura de Ciencias jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES).

«Lo que tenga que ver con mi trayectoria profesional no tiene nada que ver con la visión del proyecto porque la Alianza a final de cuentas, como somos un colectivo, es entre todos los que vamos a decidir las agendas de trabajo, ahí cada quien tiene su perfil y su trayectoria».
René Landaverde Hernández, coordinador nacional de la Alianza Ciudadana.

Landaverde Hernández aseguró que su trayectoria profesional «no tiene nada que ver con la visión del proyecto» de conformación del partido Alianza Ciudadana, porque al final «es entre todos los que vamos a decidir las agendas de trabajo» e indicó que «es absolutamente cierto» que haya trabajado como cónsul en los tres lugares antes mencionados.

Además, dijo a El Mundo que su trabajo en el servicio exterior «fue precisamente con la población migrante» y que en el pasado trabajó como querellante en el caso contra el expresidente de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Flores. Asimismo, promovió junto a Eduardo Escobar y Ramón Villalta en 2012 una demanda de inconstitucionalidad contra la «omisión total» del mecanismo de votación para los salvadoreños en el extranjero.

Sobre el futuro del movimiento, asegura que, si bien actualmente es el coordinador nacional, no está interesado en asumir la secretaría nacional del partido porque su trabajo es más de organización. «Yo soy el coordinador del movimiento, pero no voy a ser el secretario general del partido porque el secretario lo va a elegir la militancia, es más, personalmente no tengo interés», afirmó a Diario El Mundo.

«No voy a ser el secretario general del partido porque el secretario lo va a elegir la militancia, es más, personalmente no tengo interés de asumir la secretaría general del partido, porque mi trabajo es más de organización».
René Landaverde Hernández, coordinador nacional de la Alianza Ciudadana.

Alianza Ciudadana está validando las firmas de las personas interesadas en ser fundadores del partido para la constitución de la escritura pública para poder presentar la solicitud de proselitismo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y recoger las firmas de los respaldantes para inscribirse formalmente como partido y participar en las elecciones de 2027.

El domingo, el movimiento informó que busca promover «agendas de trabajo desde la sociedad civil» y que apoyarían al presidente de la República, Nayib Bukele, para que «siga gobernando este país por cinco años más o por el tiempo que el pueblo le dé la gobernabilidad». Landaverde aseguró que el movimiento se financia con fondos propios.

La directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, Marta Solis, confirmó ante la

Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa que la entrega en comodato de los mercados municipales a la Dirección de Mercados Nacionales será un requisito para que el Gobierno, específicamente el Órgano Ejecutivo, haga una inversión en el mercado.

La representante detalló que a partir del artículo 22 del proyecto de

Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales se establece el régimen de dichos mercados.

En primer lugar, indicó que la normativa declara de

utilidad pública y de interés social las inversiones del Órgano Ejecutivo en el diseño, construcción o remodelación de los mercados municipales.

Luego confirmó el traspaso de los inmuebles municipales cuando una institución del Poder Ejecutivo intervenga el mercado municipal, incluido en el artículo 23 del proyecto.

“Existe una entrega en comodato, como prerrequisito las municipalidades deberán formalizar el contrato de comodato para que el Órgano Ejecutivo proceda a realizar la inversión”.

Marta Solis, directora de Asuntos Jurídicos del Minec.

Agregó que también “existe también la posibilidad de solicitud municipal, donde los municipios podrán solicitar inversión al Órgano Ejecutivo para diseñar, construir o remodelar los mercados y locales en espacios públicos, manifestando su intención de entregarlos en comodato a la Dirección”.

Así mismo, los mercados que actualmente estén siendo intervenidos por el Ejecutivo serían requeridos por la Dirección a las respectivas municipalidades.

“Por solicitud de la Dirección podrá solicitar a los municipios la entrega de los referidos mercados y locales cuando lo considere pertinente,

tal como es el caso de los mercados que actualmente están siendo intervenidos”, agregó.

Los diputados de la Comisión no realizaron preguntas a las representantes del Ministerio de Economía y decidieron continuar estudiando el proyecto.

La representante de Economía también detalló las fases de la adjudicación de puestos de venta y locales según el proyecto, que se resumirán en tres: solicitud de adjudicación de puestos de mercados administrados por la Dirección, presentación de documentación requerida, y la evaluación y aprobación. Por el arrendamiento habrá una tarifa que será definida por la Dirección, cuyo director será nombrado por el presidente de la República.

La

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) pidió al Ministerio de Trabajo que realice inspecciones en las instituciones de gobierno por el despido de más de 450 directivos sindicales desde octubre de 2024.

La UNT ya había reportado en diciembre que 58 sindicatos habían sido desarticulados.

El secretario general de la UNT, Erick Zelaya, exigió el lunes al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que «inicie las inspecciones por los más de 4,450 directivos sindicales» despedidos desde el 19 de octubre, fecha en que se realizó la primera marcha blanca contra la reducción de presupuesto y plazas en instituciones de gobierno.

Zelaya aseguró que se trata de «persecución sindical» generalizada y reprochó al ministro Castro que haya iniciado inspecciones de oficio en empresas privadas y de construcción y cuestionó: «¿Por qué no ha hecho de oficio las inspecciones por todos los despedidos, directivos sindicales en el Estado que son cientos».

«Exigimos al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que inicie las inspecciones por los más de 450 directivos sindicales que han sido cesados de sus trabajos a partir del 19 de octubre que se organizó la primera marcha blanca del año pasado. Esta persecución sindical se está generalizando, tenemos dos compañeros procesados del Sindicato de Trabajadores de salud, de Fosalud, que están siendo procesados en la Comisión de Servicio Civil».

Erick Zelaya, secretario general de la UNT.

Zelaya indicó que han registrado dos casos de sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Fondo Solidario para la Salud (Sitrasalud), que estarían siendo procesados en la Comisión de Servicio Civil del Tribunal de Servicio Civil. Al respecto, la secretaria de Sitrasalud, Silvia Navarrete, explicó a Diario El Mundo que los dos fueron acusados «de haber trabajado en otra institución con el tiempo que tenían para la labor sindical».

Navarrete dijo que ese proceso se desarrolló y que había demostrado que «no se había cometido esa falta» y había quedado «como cosa juzgada» pero que, luego de haber denunciado el despido de mujeres embarazadas, les caso se habría vuelto a abrir en su contra.

El lunes, el Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) y la Federación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTRAM) denunciaron violaciones a derechos laborales y sindicales, pues les restringen el tiempo de organización sindical y presionan para desafiliaciones.