Categoría: Politica

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa finalizó la noche de este lunes las entrevistas a ocho candidatos al procurador general de la República que dirigirá la institución del 2 de mayo de 2025 al 1 de mayo de 2028, y aprobó un dictamen favorable.

Al finalizar las entrevistas que faltaban, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política, propuso aprobar el dictamen favorable, que podría ser recibido por el pleno legislativo este martes para elegir a uno de los ocho candidatos.

Hasta esta noche, ninguna fracción ha propuesto –públicamente– un candidato. Las propuestas son realizadas públicamente en el pleno por el representante de cada grupo parlamentario. Las propuestas de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, en las elecciones de funcionarios de segundo grado pasado, siempre han coincidido.

René Escobar Álvarez fue el primer candidato entrevistado este lunes. Es el procurador general actual, fue presidente de la directiva de la Oficina para Adopciones, inició como auxiliar jurídico y defensor público.

Presentó como logros de su gestión la supresión de unidades innecesarias, el Centro de Atención Virtual (Caval) con 100,000 atenciones al año, la línea «Estamos contigo» y la línea «Lesa», coordinación interinstitucional con el Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia, renovación de infraestructura, ampliación de oficinas de atención, donación de terreno en La Libertad Costa; creación del Centro Integrado de Atención Psicosocial para Niños y Niñas Adolescentes.

El funcionario informó que han tenido la declaratoria de 61 casos de adoptabilidad y la Oficina para Adopciones (OPA) ha alcanzado desde junio de 2022 un total de 104 adopciones autorizadas, 87 bajo su administración, «un incremento del 84 % respecto a años anteriores». Indicó que el país pasó de una adopción en 2009 a 37 en 2024 y 12 en 2025. «Tenemos seis casos de adopciones internacionales», detalló.

Aseguró que han atendido a más de 67,000 mujeres en el último año.

Sara Nohemy García Leonardo, secretaria de actuaciones en Juzgado de Primera Instancia de La Libertad, felicitó a la actual procurador y dijo que no podría señalarle falencias. Ofreció “poner en primer lugar a la personas y a la familia”. Agregó que “probablemente se podrá encontrar” un punto de mejora o “a lo mejor no” aunque mencionó que haría mejoras en la atención al usuario y prevención de violencia intrafamiliar.

García Leonardo también ha sido jueza suplente en San Juan Tepezontes, Ereguayquín, exfiscal electoral en Zaragoza de marzo de 2013 a junio de 2016

Sara Yolanda González Alfaro, quien fue jefa del departamento legal de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador de 2019-2020 y asesora de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo de 2005-2006, destacó que ha regresado a El Salvador, ya que residió en Doha, Qatar de 2006 a 2010, entre otros países.

Ante la pregunta del diputado Raúl Chamagua sobre qué traería de todo lo que ha visto desde el exterior a El Salvador. “Tenemos que simplificar las funciones de la PGR, humanizar la PGR a través de sus empleados, no es el titular, no podemos tener un sentimiento de autoridad, ser autoritarios ante alguien que busca los servicios”, respondió.

Ante otra pregunta de la diputada Cesia Rivas sobre qué acción haría ante tardanza en los procesos laborales cuando la PGR ejerce la representación de los trabajadores, respondió que en materia laboral las conciliaciones son básicas y ofreció una sistematización de casos en el sitio web para evitar lentitud de los procesos. “Así como somos ahora, el país de la seguridad, de la amabilidad, también nuestros empleados tienen que reflejar eso. Alguien de la PGR no debe salir diciendo ‘voy a buscar abogado’, debe salir diciendo ‘tengo abogado”, contestó.

Karina Jeanette Martínez Guevara, magistrada propietaria de la Cámara de la Primera Sección del Centro de San Salvador, ofreció mejorar los tiempos de solución porque “hay mucha queja en la mora”. Aseguró que la medida provisional no se puede tomar de manera apresurada y que la estandarización de los procedimientos es urgente.

LaComisión Política de la Asamblea Legislativa, después de unapolémica entre la oposición y Nuevas Ideas, aprobó el dictamen de reforma alartículo 86 del reglamento de la Asamblea Legislativa para prohibir que los diputados puedan votar «abstención» y obligarlos a que voten a favor o en contra.

Ladiputada Marcela Villatoro, de Arena, consideró innecesaria la reforma y criticó que esta prohibición únicamente se aplica en países como Corea del Norte, Cuba, China y Venezuela. «Usualmente son estos países con regímenes autoritarios donde no se permite esa disidencia de opinión», afirmó.

Villatoro indicó que para los diputados de Nuevas Ideas es fácil porque «solo votan todo a favor de lo que les envían», pero que para la oposición es difícil conocer «muchísimas piezas» que son aprobadas «con dispensa de trámites», es decir, que son entregadas por el Gobierno el mismo día de aprobación sin haberlas divulgado con anticipación. Opinó que la reforma es una forma de coartar o de silenciar a la oposición.

Muchos cosas vienen de 30, 20 páginas, es bien difícil conocerlas de fondo en tan poco tiempo y es esta una de las razones por las cuales nosotros tomamos la decisión de abstenernos en las votaciones. Si pasan diciendo que lo que decimos es irrelevante, que no les importa, que somos tres pelones, ¿por qué querer cambiar la forma de votación?
Marcela Villatoro (Arena).

Ladiputada suplente de Vamos,Cesia Rivas, criticó la reforma y preguntó en qué beneficiará la reforma a la población. «Ustedes hacen lo que quieren, al final de cuentas solo puyan un botón, que es de a favor», dijo.

Hay propuestas olvidadas y desaparecidas, propuestas que benefician a la gente, soluciones pendientes como el aumento al salario mínimo, la derogatoria de la Ley de la Minería, medidas económicas, propuestas que eviten más escuelas cerradas, más despidos.
Cesia Rivas (Vamos).

El presidente de la Comisión,diputado Ernesto Castro, deNuevas Ideas, argumentó que la población debe tener derecho de «saber cuál es la postura concreta de un diputado» y de conocer qué es lo que piensa cada diputado. Mientras, el diputado pedecista Reinaldo Carballo (PDC) aseguró que las abstenciones son «como el voto de Pilatos».

Usted (población) tiene derecho a saber qué es lo que pensamos. Es el derecho que tiene el pueblo salvadoreño de conocernos. Así que las votaciones van a ser sencillas, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo?, sí o no, se acabó, sencillo”.
Ernesto Castro (Nuevas Ideas).

«Yo siempre he considerado que el voto de abstención es un voto gallo-gallina, no dice sí, no dice no, es como el voto de Pilatos, es como lavarse las manos, no estuvo de acuerdo en crucificar».
Reinaldo Carballo (PDC).

La diputada Villatoro pidió, entonces, modificar el reglamento para que se agenden las piezas de correspondencia presentadas por la oposición, para que puedan ser discutidas y votadas. «Para que el pueblo salvadoreño vean también que están en contra de los proyectos de salud mental o cuando se presentó la propuesta para aumentar el salario mínimo, mejor voten en contra para que el pueblo vea también», indicó.

Posteriormente,la diputada Suecy Callejas, deNuevas Ideas, observó que se está discutiendo algo que «se hace por costumbre» ya que no está regulada la forma de votación a favor, en contra o abstención.

«Tenemos democracia como EE.UU., Reino Unido, Canadá, España, Suiza, Francia, Singapur, Irlanda, Uruguay, que tienen su voto regulado en favor o en contra. No estamos cometiendo ningún atropello a la forma en que se toman las decisiones que se toman en esta Asamblea. No estamos diciendo usted tendrá que votar a favor o en contra, su libertad se mantiene», indicó.

«No creo que el pueblo salvadoreño diga ‘voy a elegir a esta persona para que llegue a no decir nada, a abstenerse», dijo. La legisladora también expresó: «Quedarnos callados es una postura».

La diputadaMarcela Villatoro refutó a Callejas y le respondió: «La costumbre es fuente del derecho», lo que fue rechazado por la diputada Callejas: «La costumbre no constituye derecho sino los casos en que la ley nos remite a ella».

Villatoro reaccionó. Le preguntó aSuecy Callejas: «Quiero que nos diga y nos ilumine a todos los que estamos aquí presenten qué pasan con todas las votaciones en las cuales hubieron votos de abstención. Si no es costumbre, entonces, ¿cómo se llama?».

Castro respondió que «esos no son votos». «No se puede decir ni sí ni no, simplemente queda en el aire», indicó. La diputada Villatoro pidió establecer la posibilidad de «no votar» para un diputado en la reforma al reglamento. No tuvo apoyo. Después votaron por la reforma, cuyo dictamen se aprobó por mayoría, con los votos de Nuevas Ideas, PDC y PCN.

Elnn Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Cuscatlán Sur (Sitracoj) en Cojutepeque, inició una suspensión de labores este lunes y denunció una serie de irregularidades, aparentemente, cometidas por la administración municipal liderada por la alcaldesa Guadalupe Campos.nnSegún el sindicato, entre las principales violaciones se encuentran la falta de seguros para vehículos y de vida para el personal, la ausencia de uniformes, calzado y equipo de protección, así como condiciones deplorables en camiones recolectores y la elaboración de un reglamento que contradice la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), el Código de Trabajo y la Constitución.nn“En cuanto a la reparación de los camiones recolectores (de basura) estamos bien fregados…prácticamente no han solventado esa situación con los camiones recolectores y sí a eso le agregamos, hoy los vehículos no tienen seguro ¿Qué significa eso compañeros? Que no solo los vehículos no tienen seguro, sino que cada uno de nosotros empleados no tenemos seguro por el momento… es lamentable porque realmente están jugando con la vida de cada uno de ustedes”, manifestó en conferencia un representante del sindicato.nnAdemás, los trabajadores acusan la suspensión de los bonos de junio y diciembre, y denuncian que se han otorgado aguinaldos aumentados de forma selectiva y traslados arbitrarios de empleados. También aseguran que existe maltrato y acoso laboral por parte de jefaturas.nn“Lamentablemente no hemos podido recuperar esos bonos, sin embargo, la lucha se ha estado haciendo, aquí hay muchos compañeros que nos han estado acompañando al Ministerio de Trabajo…Lastimosamente, este es un procedimiento, a veces son largos, a veces son cortos, pero todavía no tenemos una respuesta de los bonos del año pasado (2024) que se los quitaron en agosto y se los quisieron quitar en diciembre”, aseguró el vocero del sindicato.nnPor otro lado , uno de los señalamientos más graves que se le acusan a la edil Campos es el aumento de plazas laborales que, según Sitracoj, representan un gasto de más de $70,000 mensuales, lo que estaría afectando la ejecución de proyectos municipales.nn“Pedimos a la población y las autoridades la comprensión ya que antes de tomar estas acciones se ha agotado la vía administrativa y del diálogo, ante la negativa de la alcaldesa a no querer reunirse con ningún sindicato”, indicó el sindicato en un comunicado.nn

Sin diálogo

nHasta la tarde de este lunes, el sindicato confirmó a Diario El Mundo que no tenían respuesta del concejo municipal y que, a través de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la comuna había informado que no se sentaría a hablar con los manifestantes.nnLos sindicalistas aseguraron que de no tener respuesta, la suspensión de labores seguirá mañana, y que al momento solo afecta una parte del servicio de recolección de basura en el distrito de Cojutepeque.nn“No descartamos activar otros distritos”, aseguró uno de los sindicalistas a través de mensajes de texto.nn

El Ministerio de Economía aclaró este lunes que el proyecto de «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos» no regulará los agromercados y la central de abastos, los cuales son administrados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el objetivo de vender los alimentos a precios menos altos que el resto de puntos de venta.

“Es importante dejar claro que quedan excluidos de esta ley los agromercados y centrales de abasto”, dijo Marta Elizabeth Solis, directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa.

Junto a la abogada Jessica Marleni Melara, ambas representantes del Ministerio de Economía llegaron hoy a la Asamblea Legislativa para reunirse con la Comisión de Infraestructura, presidida por el diputado Salvador Chacón, de Nuevas Ideas.

“Damos por recibido el expediente… Sabemos que es un tema muy importante para la población y sobre todo para ir modernizando la administración pública como lo ha venido haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele”, afirmó Chacón, luego de las explicaciones.

Los diputados de la Comisión no hicieron preguntas.

Chacón indicó que “se le va a entregar a cada diputado miembro de la Comisión el punteo que trajeron las licenciadas”. “Esperamos que más adelante podamos seguir viendo el tema para seguirlo estudiando”, añadió.

La representante del Ministerio de Economía confirmó que la ley declarará de utilidad pública las inversiones del Ejecutivo en los mercados municipales y la entrega en comodato de los mercados municipales en donde el Órgano Ejecutivo haga una inversión. También, aseveró que las facultades de los municipios beneficiarios se mantienen pero añadió que la nueva ley prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe.

El proyecto recibido este lunes establece que los «mercados nacionales» serán administrados por la Dirección de Mercados, hacia donde pasarán también los mercados municipales que sean intervenidos por instituciones del Órgano Ejecutivo. La Dirección de Mercados arrendará los puestos de ventas, establecerá tarifas e impondrá multas de hasta $50 o revocatoria del arrendamiento por infracciones como no tener limpio el puesto de venta o mantener ventas ambulantes a un perímetro de 100 metros alrededor del mercado.

El proyecto ha sido criticado por concejales del FMLN, que creen que el Gobierno busca privatizar los mercados o desaparecer las municipalidades, pero otros concejales esperan que la iniciativa pueda mejorar la condición de los mercados. También confirmó que el director será nombrado por el presidente de la República y que el director será la máxima autoridad.

El u003cstrongu003eSindicato del Instituto Salvadoreu00f1o para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) y la Federación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTRAM)u003c/strongu003e denunciaron este lunes supuestas violaciones a derechos laborales y sindicales en las alcaldías de El Salvador y pidieron al Ministerio de Trabajo inspecciones urgentes.nnLa secretaria general del USTTISDEMU, u003cstrongu003eSonia Viñertau003c/strongu003e, aseveró que las autoridades de la institución le habrían dicho a las empleadas afiliadas al sindicato que u0022sus nombres iban a ser enviados en una lista a Capres (Casa Presidencial)u0022 para ser despedidas. Por ello, aseguró que ha habido u0022una desafiliación muy importanteu0022 para u0022acabar con el sindicatou0022.nnViñerta dijo también que, desde diciembre, en el ISDEMU se ha promovido u0022una narrativau0022 para asegurar que el sindicato ya no existe y que tampoco hay Junta Directiva, sin embargo, la sindicalista mostró un documento supuestamente emitido por el Ministerio de Trabajo que certifica a la junta y se le nombra a ella como secretaria general.nnu003cblockquoteu003enu003cpu003eu0022Se ha generado una cultura antisindical y violatoria de derechos laborales que incluso ha pasado por atacar la libertad sindical… (Les decían que si) seguían en el sindicato sus nombres iban a ser enviados en una lista a Capres, que se les iba a despedir por continuar sindicalizadas. Eso ha generado una fuga, una desafiliación muy importante porque han pretendido acabar el sindicatou0022.nu003cstrongu003eSonia Viñerta, secretaria general del USTTISDEMU.u003c/strongu003eu003c/pu003eu003c/blockquoteu003enLa u003cstrongu003esecetaria general de ASTRAMu003c/strongu003e, u003cstrongu003eGuadalupe Centenou003c/strongu003e, pidió al Ministerio de Trabajo que realice inspecciones en las 44 alcaldías del país u0022porque están coartando el derecho sindicalu0022 y que en algunas alcaldías se les restringe el tiempo sindical y les están pidiendo trabajar días de asueto sin el pago correspondiente.nnCenteno agregó que, en una alcaldía de San Salvador, se les informó a los trabajadores de desechos sólidos que u0022es obligaciónu0022 que se presenten a trabajar los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de abril, aunque los tres días sean asuetos, y que se les pagaría u0022como día festivou0022 y no asueto.nnu0022¿A dónde se ha visto que van a sancionar a un trabajador para que venga a trabajar el día de vacación?u0022 cuestionó. El Ministerio de Trabajo atendió a los sindicalistas luego de la conferencia de prensa.nnu003cblockquoteu003enu003cpu003eu0022Necesitamos unas inspecciones urgentes a nivel nacional de todas las alcaldías porque están coartando el derecho sindical, también están amenazando que, si no vienen a trabajar los días de vacaciones, van a ser sancionadosu0022.nu003cstrongu003eGuadalupe Centeno, secretaria general de ASTRAM.u003c/strongu003eu003c/pu003eu003c/blockquoteu003ennEl Registro Federal de Estados Unidos informó la semana pasada que el u003ca href=u0022https://diario.elmundo.sv/politica/marco-rubio-certifico-que-gobierno-de-el-salvador-combate-la-corrupcion-y-respeta-los-derechos-humanosu0022u003esecretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, certificó que el gobierno salvadoreñou003c/au003e protege los derechos de defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros.nnLa Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió este año al Gobierno salvadoreño que u003ca href=u0022https://diario.elmundo.sv/politica/oit-pide-a-el-salvador-terminar-con-persecucion-de-lideres-sindicalesu0022u0022ponga fin inmediatamenteu0022 a la persecución, violencia, amenazas, estigmatización, intimidación y agresiones contra líderes sindicalesu003c/au003e y que u0022ponga finu0022 a la violencia contra sindicalistas y que u0022adopte medidas para garantizar que tales actos no se repitanu0022.nnu003cimg alt=u0022Los sindicalistas se reunieron este lunes con la Directora de Trabajo, el Jefe de Organizaciones Sociales y el Jefe del Departamento de Inspecciones del Ministerio de. Trabajo. / Cortesía.u0022 src=u003cimg src=u0022https://static.elmundo.sv/u003cbr/u003ennAdemás, Centeno consideró que la ampliación en el servicio de recolección de basura de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) u0022no viene ni siquiera a beneficiar a la poblaciónu0022, pues recordó las quejas de la recolección de desechos en San Salvador Este.nnu0022Entonces, ¿adónde está que quieren meter esa empresa en todos los municipios si sabemos que no le van a dar un buen servicio a la población?, no es lo mismo conocido que lo nuevo por conoceru0022 afirmó Centeno. Señaló que los trabajadores municipales ya conocen las rutas de recolección de basura, y que los motoristas y los recolectores de ANDRES u0022no sabenu0022.nnu003ca href=u0022https://diario.elmundo.sv/nacionales/andres-ampliara-cobertura-a-la-libertad-costa-la-libertad-este-y-la-paz-esteu0022u003eANDRES anunció que sus servicios se extenderán a La Libertad Costa, La Libertad Este y La Paz Esteu003c/au003e, alcanzando 17 distritos atendidos por ANDRES, que inició operaciones en diciembre.

El nnsecretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, certificó que el gobierno de El Salvador combate la corrupción y la impunidad, implementa políticas para fortalecer el Estado de derecho y la transparencia, y protege los derechos de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, sociedad civil, partidos de oposición e independencia de medios de comunicación, publicó el Registro Federal de Estados Unidos el 2 de abril.nnRubio también certificó que el gobierno salvadoreño implementa políticas para fortalecer la independencia de las “instituciones judiciales y electorales” y la “mejora de la transparencia del financiamiento de campañas políticas y partidos políticos”.nnEl alto funcionario de Trump también consideró que en El Salvador se está dando una aplicación eficaz de ley en seguridad y que se está limitando la participando de las fuerzas armadas en la seguridad pública con garantías al “proceso legal”.nnTambién, certificó, según la publicación, que se implementan programas contra la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, se implementan políticas contra la pobreza, reformas para fortalecer a educación. El gobierno de EE.UU. también emitió una certificación similar a favor de Guatemala.nnEstados Unidos también certificó que el gobierno coopera para combatir el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, y en la repatriación de migrantes, y en políticas de inversión.nn“Esta certificación se publicará en el Registro Federal y, junto con el Memorándum de Justificación correspondiente, se notificará al Congreso”, indica la certificación suscrita por Rubio el 25 de marzo.nnLa certificación se realiza por mandato de ley, específicamente de la Sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024. La declaración fue publicada por el Registro Federal el pasado miércoles 2 de abril, en el volumen 90 número 62.nnLa sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el año fiscal 2024 establece condiciones para la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras.nnSegún esa normativa, de los fondos habilitados para ayuda económica y bajo el título IV de la ley, el 60 % de fondos están condicionados para El Salvador, Guatemala y Honduras a una certificación otorgada por el secretario de Estado y reportada al Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos.nnEn El Salvador, organizaciones no gubernamentales y movimientos como Cristosal, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) reportaron recientemente 6,889 denuncias de violaciones derechos humanos durante el régimen de excepción, entre los cuales incluyen torturas y casi 400 muertes en centros penitenciarios.nnSegún el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) ha registrado 58 sindicatos desarticulados, 75 sindicalistas despedidos desde junio de 2024 y sindicalistas capturados.nnEl gobierno de Estados Unidos suspendió desde el 20 de enero de 2025 la ayuda canalizada mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Sin embargo, durante el año 2025, hasta el 7 de marzo de 2025, la USAID presenta $65,561,037 de obligaciones con El Salvador y $41,626,764 desembolsos.

El movimiento Alianza Ciudadana pidió el domingo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no atrase su proceso para inscribirse formalmente como partido político y así poder competir en las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y de alcaldes de febrero de 2027. Aseguran que presentarán más de las 50,000 firmas requeridas para completar su inscripción.

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René Landaverde, coordinador nacional de Alianza Ciudadana, aseveró que no van a permitir que la institución electoral los atrase en su proceso de inscripción, una vez hayan completado los requisitos exigidos por la ley para completar el procedimiento. Asegura que confía en el Tribunal.

«Lo que sí queremos es que el Tribunal Supremo Electoral como representante, como tribunal administrador de la justicia electoral, nos inscriba como partido una vez hayamos completado todos los requisitos, lo que no vamos a permitir es que nos estén atrasando».
René Landaverde, coordinador nacional de Alianza Ciudadana.

Landaverde sostuvo durante la conferencia de prensa que van «a cumplir con todos los requisitos» que establece la ley. Uno de los requerimientos es presentar al menos 50,000 firmas de salvadoreños en pleno ejercicio de sus derechos para que funjan como respaldantes del instituto político en organización.

Alianza Ciudadana pretende presentar 100,000 «como una forma de decir ‘no, es que no completaron las firmas’, no, si quieren más firmas, les vamos a traer más firmas», afirmó Landaverde, quien aseguró que detrás de cada líder comunitario que integra el movimiento «hay un montón de gente que eventualmente va a ser convocada para el proceso de constitución».

El líder del movimiento también dijo que confían «en que el Tribunal Supremo Electoral va a inscribir a la Alianza, obviamente cumpliendo todos los requisitos que la ley establece», pues indicó que no tienen «antecedentes» del Tribunal «que nos afecte como ciudadanos».

La Ley de partidos políticos en el Título II establece que los partidos se constituyen a partir de una escritura pública iniciada por al menos 100 ciudadanos en pleno goce de sus derechos, luego el partido en organización debe presentar una solicitud de proselitismo ante el TSE para que le sean autorizados libros oficiales para la recolección de las firmas en 90 días que duran las actividades de proselitismo.

Ayer, Alianza Ciudadana dio a conocer oficialmente que buscará inscribirse como partido político. Presentándose con una línea ideológica de «centro», aseguran que no serán oposición y que apoyan al presidente de la República, Nayib Bukele, para que siga gobernando «este país por cinco años más o por el tiempo que el pueblo le dé la gobernabilidad».

Un total de $46,575,000 ($46.5 millones) fue la nueva deuda adquirida por cuatro alcaldías de El Salvador durante 2024, del cual un 56 % se destinó al mantenimiento, un 38 % a consolidación de deudas y solo un 11 % a proyectos.

«El monto más importante lo conforman los préstamos contratados para gastos de mantenimiento de la operatividad del municipio, con el 55.7 %, equivalentes a $25,919.1 miles», indica el «Informe anual sobre la situación del endeudamiento público municipal», publicado en marzo de 2025 por el Ministerio de Hacienda.

Los préstamos para financiar proyectos de infraestructura vial ascendieron a un monto de $1,037.2 miles, equivalente al 2.2 % del total de la deuda contratada en 2024.
Ministerio de Hacienda en informe de deuda municipal 2024.

La mayor parte de la nueva deuda fue adquirida por San Salvador Centro, por $35.5 millones, de los cuales $25.6 millones destinó a «mantenimiento», es decir, un 72.1 %, y $9.8 millones para consolidación de deuda, un 27.6 % del desembolso total en el año.

Las otras alcaldías que adquirieron deudas en 2024 fueron San Salvador Este, $7.9 millones, todo para consolidar deudas; San Salvador Sur, $2.8 millones, $2.7 millones para proyectos; y Sonsonate Centro, $200,000, de los cuales $196,600 se destinaron a mantenimiento u operación de la comuna.

Más de la mitad de la deuda fue adquirida a una tasa de interés promedio de 9.5 % anual.

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¿Qué distritos conforman estos cuatro municipios?

San Salvador Centro: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

San Salvador Este: Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque.

San Salvador Sur: Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

Sonsonate Centro: Sonsonate, Sonzacate, Nahuilingo, San Antonio del Monte y Santo Domingo de Guzmán.

Los acreedores de la deuda municipal en 2024 fueron: Hencorp Valores, S.A., que realiza titularizaciones de fondos, es decir, compromisos de flujos de ingreso futuros, concentró el 54.8 % de la deuda adquirida en el año por las municipalidades. Presentaron tasas promedio de interés de 9.5 % y 9.7 % respectivamente.

El segundo fue el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., con un 38.6 % de la deuda; y el tercero fue el Grupo Fedecrédito, a una tasa de interés promedio de 13 % anual.

En total, Hencorp otorgó $25.5 millones, el Banco Hipotecario otorgó $17.9 millones y el Grupo Fedecrédito, $3 millones.

Por otra parte, en el mismo periodo, las alcaldías en general también realizaron una amortización a sus deudas por $74.5 millones, de los cuales $56.6 millones fueron cancelados por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Es así que la deuda municipal bajó $33.3 millones, un 4.2 % respecto a 2023, de $799.8 a $766.4 millones.

El informe de 2025 incluyó solo datos de 42 municipalidades con deuda pública, sin embargo, Hacienda advierte que no tiene la certeza de que incluya todos los préstamos contratados en 2024 por “el atraso en la contabilidad” de algunos municipios.

El u003cstrongu003eTribunal Supremo Electoral (TSE)u003c/strongu003e gastó casi medio millón de dólares en 247 viajes de los 10 exmagistrados y de empleados técnicos y operativos durante el período que inició el 1 de agosto de 2019 y que concluyó el 31 de julio de 2024. El mayor gasto fue en entrega de viu00e1ticos para los funcionarios electorales.nnLos reportes de viajes de misiones oficiales del TSE publicados en el portal de transparencia revelan que, en la anterior gestión, se realizaron 247 viajes internacionales, en la mayoría, los funcionarios participaron como observadores electorales y empleados que capacitaron organismos electorales en el exterior.nnEl primer viaje registrado en las bitu00e1coras se realizó el 8 de agosto de 2019 y el último el 29 de julio de 2024, dos días antes que los jueces electorales dejaran sus cargos de cinco años. De acuerdo con el cu00e1lculo realizado por Diario El Mundo, la institución solo en viu00e1ticos gastó $284,970. El magistrado que menos gastó en viajes fue Julio Olivo, el 7.8 % del gasto total.nnLa institución electoral gastó $70,624.24 en pagos de pasajes, la mayoría fue financiada por organizaciones que invitaban a los magistrados como observadores, capacitaciones y eventos. El gasto de viajes ascendió a $11,780 y en pagos de terminales y otros, $10,845.nnu003cstrongu003eEstimaciones del gasto total por cada magistrado propietario:u003c/strongu003enu003culu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Guillermo Wellman: $80,845.63.u003c/liu003entu003cliu003eExpresidenta del TSE, Dora de Barahona: $62,156.45.u003c/liu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Rubén Meléndez: $53,815.47.u003c/liu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Noel Orellana: $39,429.58.u003c/liu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Julio Olivo: $37,595.10.u003c/liu003enu003c/ulu003ennDe acuerdo con los datos de transparencia, en viajes del magistrado Wellman, el TSE erogó $15,950.63 en pasajes; $45,425 en viu00e1ticos; $18,030 en gastos de viaje y $1,440 para pagos de terminales u00e1reas. El gasto representa el 16.87 % del total. Le sigue la expresidenta Dora de Barahona, con $6,811.45 en pagos de pasajes; $37,980 en viu00e1ticos; $16,150 en viaje y $1,215 en pagos de terminal, representando el 12.97 % del gasto.nnLe sigue el exmagistrado Rubén Meléndez, en quien se gastaron $6,190.47 en pasajes; $33,135 en viu00e1ticos; $13,410 en viaje y $1,080 en pagos de terminales, lo que representa el 11.22 % del gasto total. Ademu00e1s, la institución erogó $9,202.08 en concepto de pasajes del exmagistrado Noel Orellana; otros $21,300 para viu00e1ticos; otros $8,252.50 en viajes y $675 en pagos de terminal, es decir, 8 % del total.nnEn el magistrado que menos gastó el TSE fue el exmagistrado Julio Olivo con $9,627.60 en pasajes; otros $19,180 en viu00e1ticos; ademu00e1s de $8,337.50 en «viaje» y $450 en pagos de terminal, lo que significó el 7.8 % de los $479,219.24 que gastó el Tribunal en los 247 viajes realizados a 27 países.nnu003ch2u003e71 viajes para capacitaciones de voto electrónico en el exterioru003c/h2u003enDesde el 16 de enero hasta el 23 de febrero de 2024, se realizaron 71 viajes de magistrados y técnicos para capacitar a los miembros de las Juntas Receptoras de Voto en el Exterior en países como Estados Unidos, Suecia, Nicaragua, Perú, México, Bélgica, España, Alemania, Costa Rica, Honduras, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamu00e1, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay.nnLos informes de los viajes de los nuevos magistrados del TSE aún no se han publicado en el portal de transparencia de la institución. Aunque se conoce que en los primeros meses viajaron a presenciar las elecciones de noviembre en Estados Unidos y en Ecuador.