Redacción HCloud

Categoría: Politica

  • EEUU aún no oficializa tarifa adicional de visa de $250 a turistas extranjeros

    EEUU aún no oficializa tarifa adicional de visa de $250 a turistas extranjeros

    Sin aún detallar la tarifa de la nueva «Visa de Integridad», el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó una notificación en el Registro Federal sobre algunas tarifas de inmigración que estableció la Ley de Reconciliación HR-1, conocida como «The One Big Beatiful Bill”, promulgada el 4 de julio de 2025.

    En la publicación, del 22 de julio de 2025, el DHS todavía no oficializó la “tarifa de Visa de Integridad (Visa Integrity Fee), exigida por la ley HR-1 para cualquier extranjero a quien se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión.

    Informó dicha tarifa “requiere coordinación interinstitucional antes de su implementación” y “se implementará en una próxima publicación”, indica la publicación del DHS en el Registro Federal.

    La Embajada de Estados Unidos en El Salvador aún no dio información al respecto y pidió estar atentos a anuncios oficiales.

    Un vocero de la Embajada aseguró que efectivamente el 4 de julio el presidente Donald Trump promulgó la ley “The One Big Beautiful Bill” y pidió a la población estar pendientes información oficial.

    “Proporcionaremos más información sobre la implementación y el impacto de esta ley para el Departamento de Estado tan pronto como sea posible. Recomendamos a los solicitantes que estén pendientes únicamente de la información oficial publicada por la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador y del Departamento de Estado”, respondió la oficina diplomática.

    No menor a $250 y reembolsable

    La nueva ley HR-1, sancionada por Trump el 4 de julio, establece una tarifa de $250 para quienes obtengan una visa no inmigrante denominada “Visa Integrity Fee” o la “Visa de Integridad”.

    Según la ley, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos impondrá una tarifa a cada extranjero al que se le emita una visa no inmigrante “al momento de la emisión de dicha visa”. Una visa no inmigrante puede ser visa de turista, negocios, estudios o trabajo temporal.

    La normativa indica que el monto será el que disponga “mediante reglamento, pero en ningún caso menos de $250”.

    Sin embargo, la ley permite al secretario de Seguridad Nacional “reembolsar a un extranjero una tarifa impuesta” después del vencimiento del periodo de validez de la visa si demuestra que no ha solicitado la admisión durante dicho periodo de validez o si cumplió todas las condiciones de dicha visa, incluida no aceptar empleo no autorizado y que el extranjero “salió de Estados Unidos a más tardar 5 días después de la fecha en que se le autorizó a permanecer nuevamente en los Estados Unidos”, o si el extranjero solicitó ajustar el estatus dentro del periodo de validez de la visa de no inmigrante.

    Las tarifas que no se reembolsen irían al Fondo General del Tesoro de Estados Unidos.

    Las únicas tarifas publicadas por DHS

    Según la notificación del 22 de julio de DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus tarifas de acuerdo con la nueva ley HR-1 a partir del 22 de julio y aclaró que todas las tarifas no sustituyen las actuales, ya que son “adicionales”.

    “Cualquier formulario con sello del 21 de agosto de 2025 o posterior que no incluye la tarifa correspondiente será rechazado”, indicó.

    Las nuevas tarifas requeridas por la ley HR-1 y que fueron publicadas por DHS son:

    Solicitud de asilo: $100. La tarifa aplicó para solicitud de asilo inicial y solicitud pendiente anual: $100. Es el formulario: I-589. Actualmente no tiene un cargo. La tarifa no tiene posibilidad de exención.

    TPS, registro inicial (I-821): $500. La tarifa actual según la publicación es $30, por lo que el total sería $530. No ofrece exención de pago.

    Jóvenes inmigrantes o SIJs (I-360): $250. Actual: $0. Total $250.

    Documentos de Autorización de Empleo (EAD): de $275 a $550. El cobro total oscila entre $275 y $1,425, dependiendo de las tarifas actuales que se suman a la adicional establecida por la nueva ley:
    (Formulario I-765)
    -$550 para solicitante de asilo inicial o aplicante de EAD
    -$275 para renovación o extensión del EAD de aplicante de asilo
    -$550 EAD para refugiado en libertad condicional por un año
    -$550 EAD para cónyuge en libertad de condicional de empresario
    -$275 para renovación de EAD de refugiado en libertad condicional por un año
    -$275 para renovación de EAD de cónyuge de empresario en libertad condicional
    -$550 para EAD TPS inicial válido por un año
    -$275 para renovación o extensión de EAD TPS, válido por un año
    -$275 para Autorización de empleo tras la emisión de un nuevo período de libertad condicional

  • Gobierno pide nueva reforma a Ley contra el crimen organizado ante vencimiento de decreto 803

    Gobierno pide nueva reforma a Ley contra el crimen organizado ante vencimiento de decreto 803

    El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, solicitó ayer a la Asamblea Legislativa nuevas reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, a pocos días del vencimiento, el próximo 25 de agosto, del decreto 803, que otorgó hasta 24 meses para acusar a miembros del crimen organizado o pandillas en una sola causa o proceso penal.

    Tienen por objeto lograr mayor eficiencia y eficacia en la determinación de responsabilidades de quienes sean sometidos a juzgamiento en esta competencia. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

    La reforma establecería un plazo de instrucción de hasta dos años a partir de una solicitud de la Fiscalía General de la República de asignación de número de cada causa para cada estructura criminal, independientemente de la fecha de captura de los imputados.

    «Finalizado el plazo transicional del decreto legislativo 803, de fecha 26 de julio de 2023 (publicado el 25 de agosto de 2023), el juez a solicitud del fiscal deberá asignar un número de causa en contra de la estructura criminal y en consecuencia de sus miembros para su procesamiento de acuerdo con los agrupamientos solicitados por la Fiscalía en aplicación del referido decreto (803)», reza el artículo 6 de la propuesta de reforma.

    «Una vez presentada la solicitud para la asignación de causa, el plazo de instrucción aplicable será el dispuesto en el artículo 17 de esta ley (24 meses) contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados», continúa la redacción del artículo 6.

    >> Por vencer decreto 803 que prolongó tiempo para acusar a detenidos en el régimen, Movir pide su derogación

    La propuesta indica que la Dirección General de Centros Penales recibirá el oficio del juez de crimen organizado y cumplirá inmediatamente su orden «eliminando el registro efectuado con base en el referido decreto» (803).

    La propuesta también establece la celebración de una «Audiencia Única Abierta» luego de la acusación fiscal, que se llevará a cabo en un plazo no mayor a 60 días y que permanecerá abierta «mientras existan miembros de la estructura criminal sin juzgar» hasta un periodo de dos años.

    «El juez, previa consulta al fiscal, podrá declarar el cierre de la audiencia, sin perjuicio de reabrir el proceso si se identifican nuevos miembros o actividad de la estructura criminal», indica la reforma al artículo 18.

  • Diputado William Soriano: “Llevamos años consultándole a la gente” sobre reforma constitucional de reelección indefinida

    Diputado William Soriano: “Llevamos años consultándole a la gente” sobre reforma constitucional de reelección indefinida

    El diputado William Soriano, del partido Nuevas Ideas, sostuvo el miércoles que consultaron por años a la población sobre la reforma a la Constitución de la República para habilitar la reelección presidencial indefinida, acordada y ratificada el 31 de julio por la Asamblea Legislativa.

    El pasado 6 de agosto, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas pidió a los diputados «reconsideren las reformas a la Constitución, pues no tomaron en cuenta al pueblo para hacer las reformas constitucionales, para habilitar una reforma constitucional indefinida». El arzobispo exhortó a hacer reformas de cara al pueblo y a darles legitimidad.

    A esto, el diputado de Nuevas Ideas dijo que daría su opinión en base a lo que la población opina y aseguró que llevan años consultando a la gente.

    «Yo le puedo opinar en base a lo que la población opina. Si usted se dedica a escuchar a la gente, va a comprender que ahí está el respaldo de la gente. Nosotros llevamos años consultándole a la gente, lo pueden ver en cientos de videos donde la gente nos pide que se reelija el presidente», aseguró Soriano.

    El diputado de Nuevas Ideas dijo que son los salvadoreños los que «tienen el derecho a escoger el camino que quieren» y que serán ellos quienes decidan si Nayib Bukele debe seguir en la Presidencia de El Salvador.

    «Si el Presidente ha hecho un buen trabajo, pues que sean los salvadoreños que escojan ese camino. En una elección libre y transparente, ellos pueden decir si continúan con el presidente o si cambian de gobierno, ese será el momento. Pero, como periodistas, deberían ir a la calle y preguntarle al pueblo salvadoreño sobre esa reforma, y van a llevarse una grata sorpresa», expresó.

    Las reformas constitucionales que Nuevas Ideas aprobó y ratificó el mismo 31 de julio en pocas horas:

    1- Eliminó una disposición del artículo 75 de la Constitución, que castigaba con «la pérdida de derechos del ciudadano» a quienes “suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección” presidencial.

    2- Se eliminó el polémico inciso 1 del artículo 152 de la Constitución. Se eliminó la disposición que prohibía las candidaturas presidenciales a quienes hubieran fungido en el anterior periodo como presidente.

    Esta disposición fue base para la reinterpretación que hizo la Sala de lo Constitucional para habilitar la reelección presidencial en periodo continuo e indicaba: “No podrán ser candidatos a Presidente de la República: 1o. El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

    3- Periodo presidencial de seis años y reinterpretación de «un día más». En el artículo 154 de la Constitución, se establece que el periodo presidencial será de seis años y se agrega que “en el caso de una reelección el primer día de nuevo mandato” no se considerará “un día más”, ya que este artículo prohíbe quedarse “un día más”.

    4- Eliminó segunda vuelta en el artículo 80 de la Constitución. Se agrega que “se considerarán electos como presidente y vicepresidente” los “candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos en el correspondiente proceso electoral”, eliminando la disposición que ordenaba una segunda elección cuando “ningún partido político o coalición haya obtenido mayoría absoluta”.

    5- Elecciones presidenciales en 2027. Se aprueba transitoriamente que el periodo presidencial 2024-2029 finalizará el 1º de junio de 2027 para que las elecciones coincidan con las municipales y legislativas.

  • Secretaria general de Vamos: “Sería un error no participar en las presidenciales del 2027”

    Secretaria general de Vamos: “Sería un error no participar en las presidenciales del 2027”

    La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, aseguró que su partido político sí podría participar en las presidenciales de 2027, argumentando que es un derecho y sería un error no hacerlo,  a pesar de que Vamos considera inconstitucionales las reformas que adelantaron las elecciones presidenciales.

    «No participar sería un grave error, participar es nuestro derecho y nuestra obligación. El hecho que alguien esté haciendo las cosas antidemocráticas y las esté haciendo muy mal, no quiere decir que nosotros las vamos a hacer igual… No debemos olvidar que a los dictadores les gustan las elecciones para legitimar la democracia fachada que le dan a creer a los demás», expresó Rivas, diputada suplente de Claudia Ortiz.

    Rivas señaló que participarían «porque al final hay gente que se siente representada por este proyecto, porque hay gente que ha visto cómo una diputada puede hacer las cosas bien, como ha sido la diputada Claudia Ortiz».

    Sin embargo, al consultarle si ya tienen la candidatura presidencial, evadió y dijo que más allá de la figura hacía un llamado a la ciudadanía para que se sumaran a Vamos.

    «Más que hablar de figuras, yo hago un llamado a la ciudadanía en general. El partido político Vamos abre sus puertas para todo aquel ciudadano, para todo sector, para toda organización civil, para toda aquella persona que diga ‘yo sí quiero cambiar las cosas’, porque este es un momento de resistir, de seguir alzando la voz», dijo la dirigente.

    Al preguntarle a la diputada por qué consideran participar cuando el mismo partido Vamos ha pedido que la reforma se declare inconstitucional dijo:

    «Vamos a ver, aquí no sabemos si van a haber elecciones, porque aquí en cada plenaria hacen lo que quieren y se pasan la ley por donde quieren». Cesia Rivas, diputada de Vamos.

    Agregó que en El Salvador ya se vive «un régimen autoritario» y que todo encamina a «una dictadura y desde el momento que el presidente se busca reelegir y perpetuarse en el poder es alguien que trabaja para centralizar el poder y no darle el poder al pueblo».

    «Ninguna persona que crea en la democracia plena va a apoyar la reelección indefinida», dijo.

    El pasado 8 de agosto, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar inconstitucional la reforma a la Constitución aprobada el 31 de julio que habilitó la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

    «Este día, hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional, justamente, las reformas que se hicieron a la Constitución de la República para autorizar la reelección presidencial indefinida. Quiero decirles a todos que, mientras hay pueblo, hay esperanza y este día hemos venido a presentar algo que es un derecho, pero también es un deber», expuso Ortiz esa tarde, luego de presentar la demanda en la ventanilla de la Corte. La diputada llamó a la población a hacer uso de sus derechos y señaló que uno es la «insurrección» cuando se rompe el orden constitucional.

  • Diputada Villatoro: “La gente tiene que empezar a ver las repercusiones democráticas» de la reelección presidencial indefinida

    Diputada Villatoro: “La gente tiene que empezar a ver las repercusiones democráticas» de la reelección presidencial indefinida

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cree que ya es tiempo que la ciudadanía vea las repercusiones democráticas que traerán las reformas constitucionales recién aprobadas el 31 de julio, las cuales permiten una reelección presidencial indefinida en El Salvador.

    «La gente tiene que empezar a ver más allá y ver las repercusiones democráticas que va a tener en el futuro este tipo de decisiones. La misma Constitución establecía que quienes presenten iniciativas buscando la reelección perdían sus derechos como ciudadanos; si hubiese existido una Sala de lo Constitucional que fuera independiente, en este momento  esos diputados que firmaron ya hubieran perdido sus derechos de ciudadanos», expuso.

    La legisladora no cree que Nuevas Ideas haya realizado una consulta con la población antes de aprobar la reforma de la reelección presidencial indefinida y dice el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, simplemente busca justificar las reformas constitucionales, con las que «Nuevas Ideas ha quitado la democracia».

    «Realmente un estudio real no lo han hecho. Ellos debían alertarle a la gente qué pasa con la reelección presidencial indefinida, que una persona que tiene secuestrados todos los órganos del Estado, hasta el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa si esa persona empieza a tomar decisiones en contra de la población y ya no hay un mecanismo legal para restituir la democracia que fue quitada por los diputados actuales de Nuevas Ideas?», cuestionó.

    Villatoro puso como ejemplo a países como Venezuela y Nicaragua «que al final ya la gente no puede hacer nada y los propios ciudadanos se tienen que ir a otros países porque no pueden exigir justicia dentro de su propia casa», señaló.

    La Asamblea Legislativa aprobó sorpresivamente el 31 de julio una reforma a la Constitución de la República para eliminar el castigo de pérdida de derechos ciudadanos a las personas que promuevan la reelección presidencial y suprimir la prohibición para los candidatos presidenciales de haber gobernado seis meses del periodo inmediato anterior.

    La iniciativa fue presentada en la sesión plenaria, sin que estuviese agendada, por la diputada Ana Figueroa, quien es presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno y tiene una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Chosun University de Corea del Sur.

  • Nuevas Ideas defiende nueva deuda y Vamos pide austeridad

    Nuevas Ideas defiende nueva deuda y Vamos pide austeridad

    La Asamblea Legislativa autorizó el miércoles al Ministerio de Hacienda para que suscriba un nuevo préstamo de $250 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, defendió esta nueva deuda.

    «Deuda siempre ha existido, pero ¿qué hacían con la deuda anterior? ¿Dónde estaban las obras que ellos construían cuando endeudaban el país? Yo siempre recuerdo que ellos tuvieron en el presupuesto de deuda más de $100,000 millones y ¿dónde está El Salvador que ellos construyeron con ese dinero? ¿Había seguridad? ¿Y las escuelas? ¿Y los hospitales?, ¿y las medicinas? ¿Qué pasó con los presupuestos y la deuda que ellos tuvieron disponible en 30 años?, pues el pueblo sabe la respuesta: no se ve reflejada en la calidad de vida de la gente», cuestionó el diputado.

    El diputado aseguró que continúan dándole al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, las herramientas para la construcción de obras públicas en El Salvador.

    «Hoy continuamos, como lo prometimos que íbamos a hacer, a financiarle al presidente, a través de diferentes mecanismos, construcción de obra pública; y ustedes pueden ver la calidad de obra pública que estamos entregando de parte del presidente a la población», dijo Soriano.

    Vamos demanda austeridad

    Por su parte, la diputada suplente del partido opositor Vamos, Cesia Rivas, cuestionó la aprobación de más deuda adquirida por el Ejecutivo.

    «Preocupa, hacemos un llamado al Estado salvadoreño a que tenga una política de austeridad, porque el despilfarro continúa, las inversiones en bitcoin continúan y se siguen enfocando en lo que no es la necesidad de la gente», indicó.

    Según Rivas, Nuevas Ideas no está «respondiéndole a la gente» y señaló un «retroceso en las palabras».

    «Se dijo que no se iba a acudir a la deuda, pero sí se está acudiendo a ella», alegó la diputada, refiriéndose a que el presidente Bukele prometió que, cuando se iba a presentar el Presupuesto General de la Nación 2025, aseguró que tendría cero deuda.

    Rivas exhortó a la Asamblea Legislativa para que «sopese qué está haciendo» y que se enfoque lo que se hace con «una política de austeridad y que se le ayude a la gente».

    La suscripción del contrato de préstamo fue aprobado con 57 votos de Nuevas Ideas y aliados; y dos en contra, uno de Vamos y uno de Arena.

    Los fondos serían utilizados “igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado” que “requieran fuente de liquidez y transferencias varias”.

    El préstamo “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” fue solicitado por el gobierno salvadoreño al Banco Mundial.

    Este miércoles, la Asamblea Legislativa ratificó dos préstamos, $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para educación y $120 millones del Banco Mundial para un préstamo adicional del proyecto bypass de Apopa, y autorizó la firma de un préstamo de $100 millones del Banco Mundial activable en emergencias incluso sanitarias.

  • Gobierno pide extender vigencia de placas vehiculares hasta el 31 de agosto de 2026

    Gobierno pide extender vigencia de placas vehiculares hasta el 31 de agosto de 2026

    La Asamblea Legislativa recibió este miércoles la solicitud formal del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, de prorrogar la validez de las placas de los vehículos automotores con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2026.

    En su solicitud entregada este miércoles a las 9:22 de la mañana a la Asamblea Legislativa, el ministro de Obras Públicas indicó que buscan «contribuir con la economía de los salvadoreños» y pidió aprobar el decreto de «Prórroga a la disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos».

    La prórroga más reciente, aprobada el 22 de abril de 2024, vence el 31 de agosto de 2025.

    La solicitud será estudiada en la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa, la cual aún no está convocada para reunirse. El presidente legislativo, Ernesto Castro, convocó a una nueva sesión plenaria para el viernes 15 de agosto.

    La “Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos” establece circular que ningún vehículo puede circular sin las placas respectivas, previo al pago de precio y que la vigencia de las placas es cinco años.

  • Autorizan nuevo préstamo BIRF por $250 millones para prioridades u obligaciones del Estado

    Autorizan nuevo préstamo BIRF por $250 millones para prioridades u obligaciones del Estado

    Con 57 votos y dos en contra, la Asamblea Legislativa autorizó este miércoles al Ministerio de Hacienda para que suscriba un préstamo de $250 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), fondos que podrán ser utilizados “igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado” que “requieran fuente de liquidez y transferencias varias”.

    El préstamo “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” fue solicitado por el gobierno salvadoreño al Banco Mundial.

    Los fondos, según el decreto, buscan apoyar “las medidas que el Gobierno ha adoptado en el marco de responsabilidad fiscal y para el mantenimiento y continuidad de una política macroenómica adecuada”.

    No tienen un destino específico. “Los recursos del contrato de préstamo podrán utilizarse igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias”, indica el artículo 2 del decreto de autorización aprobado este miércoles.

    Por el crédito se pagará una comisión inicial del 0.25 % del monto total del préstamo, un 0.25 % de comisión de compromiso anual sobre saldo no desembolsado del préstamo, se pagará a 25 años de plazo, incluyendo cinco años de gracia, en cuotas semestrales.

    Este miércoles, la Asamblea Legislativa también autorizó un segundo préstamo con el BIRF por $100 millones que se desembolsaría si el gobierno salvadoreño lo solicita ante cualquier emergencia, el préstamo se denomina “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desarrollo diferido ante catástrofes”.

    La Asamblea también ratificó hoy un préstamo por $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $100 millones para “Proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador”; y $120 millones del BIRF de “Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”, un préstamo adicional para las obras del bypass de Apopa, cuya firma fue autorizada el 10 de julio de 2025.

    Para el proyecto del bypass de Apopa, la Asamblea Legislativa aprobó un primer préstamo de $150 millones el 9 de abril de 2024. Para este año se han ejecutado $39 millones, de los cuales se han ejecutado $14 millones según Hacienda.

  • Diputados aprueban informe de Seguridad que reportó 32,917 capturas y baja de 37 % en incidencia delictiva

    Diputados aprueban informe de Seguridad que reportó 32,917 capturas y baja de 37 % en incidencia delictiva

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un informe de labores que reporta 32,917 detenciones desde junio de 2024 hasta mayo de 2025, presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra, tanto de este informe, como del presentado por el Ministerio de la Defensa Nacional.

    Según los dictámenes, Seguridad reportó una reducción del 99 % de homicidios, una disminución del 37 % en incidencia delictiva y de un 50 % en los homicidios en menores de edad respecto al año anterior.

    Los informes corresponden al periodo de junio de 2024 a mayo de 2025.

    El Ministerio de Seguridad reporta que se desarticularon 71 estructuras de pandillas, 64 bandas criminales, tres estructuras vinculadas al narcotráfico y 23 bandas de narcotraficantes con la detención de 4,312 de sus miembros.

    También, reportaron 98 bienes sujetos a medidas cautelares por parte del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), que vendió o subastó 65 inmuebles, y arrendó otros 60 inmuebles y 10 vehículos.

    “Por medio de datos y estadísticas, el informe respalda los logros obtenidos”, indicaron los diputados en su dictamen.

    Por su parte, el dictamen favorable del informe del Ministerio de la Defensa Nacional indica que la Fuerza Armada “desempeña su función militar de seguridad”.

    Según el Ministerio de la Defensa, el Comando Sumpul de la Fuerza Armada ha evitado, en la frontera «el paso de armamento, contrabando y tráfico de personas y drogas” y también “se impide que terroristas ingresen o salgan del país con la finalidad de evadir la justicia”. Los diputados también aprobaron este informe, aún no publicado, con 57 votos.

  • Educación aprueba planes de estudio de cuatro carreras de software a escuela superior de Presidencia

    Educación aprueba planes de estudio de cuatro carreras de software a escuela superior de Presidencia

    El Ministerio de Educación autorizó los planes de estudio de carreras relacionadas a desarrollo de software, servicios en la nube, ciberseguridad y operación de centros de datos a la Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT), dependiente de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Innovación.

    Esta escuela se especializa en la formación virtual de ciudadanos en áreas de innovación y tecnología y fue creada mediante decreto ejecutivo 29 del 30 de agosto de 2021 y publicado el 3 de septiembre de 2021.

    La Dirección Nacional de Educación Superior resolvió una solicitud de planes de estudio de carreras nuevas el 26 de mayo de 2025. Las carreras nuevas serán:
    1. Técnico superior universitario en desarrollo de software en código abierto.
    2. Técnico superior universitario en servicios en la nube.
    3. Técnico superior universitario en ciberseguridad.
    4. Técnico superior universitario en operación de centros de datos.

    Las carreras serán impartidas, según el decreto, en modalidad no presencial, y la aprobación comprende “a partir del ciclo 03-2023 al 02-2025”.

    El acuerdo 15-1182/2025 fue aprobado el 10 de julio de 2025 y publicado en el Diario Oficial del 30 de julio de 2025.

    La Escuela esit.gob.sv ofrece en su sitio web un título de técnico superior avalado por el Ministerio de Educación y programas educativos virtuales sobre el mundo digital.

    Entre los técnicos ofrecidos están en operación de centros de datos, servicio en la nube, desarrollo de software en código abierto y ciberseguridad, todos disponibles de modalidad virtual y con una duración de 24 meses.

    El técnico de centro de datos tiene seis ciclos de estudio, 31 asignaturas y es impartido por más de 10 docentes según el sitio.

    Los requisitos son, entre otros: disciplina, creatividad, lectura comprensiva y búsqueda de información. Para la inscripción, presentar documentación de identificación, título de bachiller, resultado global de prueba AVANZO con nivel intermedio o superior, o con nota mayor a 7.0 si es PAES, carta de compromiso, certificados de notas y realizar una prueba de admisión.