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Las diputadas de los partidos opositores, Arena y Vamos, cuestionan la falta de medicamentos y en cierre de dos clínicas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y creen que la directora, Mónica Ayala, le debe una explicación a la población.

“Esto es delicado, mire, no hay medicinas, la gente le dan citas por muchos meses después, hasta un año después y la gente está pagando por tener su seguro social, entonces, ¿por qué el ISSS no le está respondiendo a los salvadoreños? Sería bueno que dé la cara la directora del Seguro y le explique a la gente por qué”, aseveró la diputada de Arena, Marcela Villatoro.

La diputada se quejó de que muchos pacientes, incluso con enfermedades crónicas, no reciben sus correspondientes medicamentos del ISSS.

“La gente no logra medicinas, le toca comprarlas aparte, el caso de una persona que tiene enfermedad en sus riñones y ha tenido que estar comprándolo él, ha tenido tres infartos y lo que hicieron fue mandarlo para la casa, es preocupante esta situación”, reclamó.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, atribuye este problema a una mala administración y corrupción. “Hemos tenido una mala administración en los últimos años, que en el pasado hubo también mala administración y corrupción, es cierto, es totalmente cierto, pero quienes lograron el poder mayoritario, casi absoluto, no están haciendo absolutamente nada para mejorar los servicios públicos que el Estado le tiene que dar a la población”, criticó la diputada de oposición.

También, sostuvo que hay fallas en el servicio de salud pese a que ha habido recursos suficientes.

“Después de tantos préstamos, de tantos recursos no sabemos por qué están cerrando clínicas, por qué están cerrando escuelas, por qué no hay medicinas suficientes, los médicos no pueden ni recetar algo diferente porque les han prohibido decir que no hay medicina y no pasan de recetarle Acetaminofén», cuestionó.

El 13 de marzo pasado, el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetriss), Rafael Aguirre, aseguró que “el Seguro Social sigue con desabastecimiento de medicamentos” como Amoxicilina, Ibuprofeno, Diclofenac, Metocarbamol, Irbesartán, Verapamilo, Morfina y antidiabéticos, entre una lista de 50 medicamentos.

La diputada Claudia Ortiz, quien votó una vez más en contra en de una nueva prórroga del régimen de excepción, aseveró que se siguen capturando inocentes y reteniendo en las cárceles a personas pese a cartas de libertad.

«Necesitamos justicia sin margen de error. Si dejaron libre al «Crook» –cabecilla de pandilla que habría sido liberado en noviembre de 2021– y por otro lado hay inocentes, incluso personas fallecidas, eso no es justicia» –cuestionó la legisladora– «queremos justicia sin margen de error, justicia sin abusos, queremos seguridad y paz verdadera que no se base en ningún tipo de tregua ni acuerdos con grupos del crimen organizado», agregó.

La diputada dijo que, luego de tres años, se debe dar un «salto de calidad» con la medida para que no haya inocentes pagando crímenes que no cometieron.

Señaló que las instituciones de justicia deben ser «realmente independientes y que hagan investigaciones basadas en técnicas científicas» y «no solamente se hagan capturas masivas» y, en segundo lugar, que la verdadera justicia garantice que «quienes tienen responsabilidad por sus crímenes la paguen y quien no tiene nada que deber pueda mantenerse tranquilo, libre, trabajando, con su familia».

«Eso no lo tenemos y a tres años esta administración no ha corregido esos errores», insistió la legisladora de oposición.

Ortiz señaló que no se puede avanzar en una verdadera seguridad, si no se trabaja para eliminar las causas de la violencia como la pobreza y la «corrupción de gobiernos que han pactado con pandillas».

«Por otra parte hay que ir a las causas que han dado origen a la violencia en El Salvador, causa como la pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a empleo, el ingreso insuficiente que tienen muchas familias, también la corrupción de gobiernos de diferentes partidos políticos que han hecho treguas con grupos de crimen organizado, de todo eso hay que ir a la raíz, para poder aspirar a una paz verdadera», aseguró.

La diputada de Vamos cuestionó también a la Dirección General de Centros Penales por negar la libertad a personas que tienen cartas de libertad emitidas por jueces. «Esto es muy grave para todos los salvadoreños, porque no puede existir un funcionario del Ejecutivo que tenga más poder que un juez en relación a la libertad ambulatoria de los salvadoreños», advirtió.

Después de tres años que el gobierno ha implementado el régimen de excepción, el gobierno registra más de 85,500 capturados, mientras, organizaciones de derechos humanos aseguran que han recibido, al menos 6,689 denuncias de capturas de «inocentes» y «380 muertes en manos del Estado».

La Asamblea Legislativa ratificó este martes el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta $500 millones para el «Programa de apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de El Salvador», el cual fue suscrito el 31 de marzo pasado, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La ratificación del préstamo recibió 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena y Vamos votaron en contra. El contrato de préstamo fue aprobado por el BID el 20 de marzo, su suscripción fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 25 de marzo, Hacienda y el BID suscribieron el contrato el 31 de marzo y finalmente el contrato fue aprobado este 1 de abril por la Asamblea Legislativa.

El apoyo financiero de organismos multilaterales fue contemplado para mejorar la estabilidad financiera de El Salvador en el marco del acuerdo con el FMI.

El préstamo de $500 millones del BID tendrá una comisión de 0.75 % sobre el saldo no reembolsado, a partir de 60 días desde la suscripción del contrato, un plazo de siete años y a un interés resultante de la tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

La primera cuota del préstamo se debe pagar en tres años desde la vigencia del contrato y los intereses deberán pagarse semestralmente desde los seis meses a partir de la vigencia del contrato.

Tras cuatro años de negociación, en febrero de 2025, el gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con el FMI por aproximadamente $1,400 millones. El programa de financiamiento por $1,357.3 millones fue aprobado como parte de un financiamiento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), una modalidad de préstamo del FMI que se aprueba a países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales. Este financiamiento del FMI liberaría $3,500 millones en préstamos a favor de El Salvador.

Con los votos de 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa prorrogó, por 37ª vez, el régimen de excepción después de que este cumpliera tres años de vigencia el pasado 27 de marzo, luego de que lo solicitara el vicepresidente, Félix Ulloa, encargado del Despacho del presidente Nayib Bukele.

La nueva prórroga inicia este domingo 6 de abril y finalizará el próximo lunes 5 de mayo de 2025.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó en abstención en la votación nominal y en la votación general no se encontraba en el pleno.

Con esta aprobación, continúan suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13, y el artículo 24 de la Constitución de la República, relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones, para todos los salvadoreños.

“Las condiciones bajo las cuales fueron suspendidas las garantías constitucionales, decretadas el 27 de marzo de 2022 aún se mantienen”, expresó el documento enviado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en el documento basado en la sesión del Consejo de Ministros.

El gobierno reiteró en la petición de prórroga “que las medidas extraordinarias decretadas” desde el 27 de marzo de 2022 “han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 85,500 individuos incluyendo principales líderes de pandillas”.

Argumentan que es necesario seguir prorrogando el régimen de excepción.

“Hay evidencia de participación de miembros de pandillas en la realización de los hechos vinculados al narcomenudeo, ingresando la droga al país vía terrestre, utilizando transporte pesado y otras modalidades… Se ha detectado que continúan desarrollándose acciones por parte de mujeres vinculadas a esas organizaciones criminales, quienes han adoptado posiciones de mando orientadas a mantener la comisión de hecho delictivos”, detalla la solicitud del Gobierno.

El diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, pidió la palabra para defender por qué es “necesario” seguir “cada mes» con el régimen.

“Estamos ya en el tercer aniversario de la ejecución del régimen de excepción y se sustenta desde el artículo 1 del a Constitución del a República. Hace un par de semanas, tuvimos declaraciones de nuestro ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, quien dijo que algunos menores de edad que recobraban su libertad, luego de estar internos por delitos, en la cárceles les ordenaban que, al salir, levantaran en las pandillas y les daban alguna posición para ser reconocidos como líderes de pandillas, estas situaciones nos ponen alerta y por eso se necesita la aprobación cada mes del régimen de excepción”, dijo el diputado cian.

Por su parte, el diputado Francisco Villatoro, de Nuevas Ideas, aseguró que “el presidente Donald Trump ha felicitado este trabajo y ha agradecido el apoyo del país para que ellos también puedan fortalecer la seguridad en su país, y estas buenas relaciones benefician a muchos salvadoreños que viven en Estados Unidos así como en el país”.

La diputada Helen Jovel, de Nuevas Ideas, habló de “oportunidades para jóvenes y de un Estado fuerte que no se doblega ante ningún criminal y de libertad”.

Walter Alemán, también legislador de Nuevas Ideas, aseguró que, con la nueva aprobación del régimen, están “demostrando que están comprometidos con todos los salvadoreños y que gracias a esta herramienta El Salvador se ha convertido en una nación segura.”

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la «Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación» para facilitar la legalización de propiedad de más de mil inmuebles a favor del Ministerio de Educación y Tecnología.

Con la reforma a la ley original, aprobada en 2015, los procesos para que las propiedades sean inscritas a favor de Ministerio se apilarán no solo a los terrenos donde operan centros educativos sino aquellos «en los que tenga interés el Ministerio, que sean propiedad de personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado».

Esta nueva disposición es introducida en el artículo 2 de la normativa, cuyos efectos fueron prorrogados por cinco años más, hasta el año 2030.

La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, detalló que la ley actual ha permitido legalizar 1,976 inmuebles a favor del Ministerio de Educación, en donde funcionan 1,618 centros educativos, pero aún faltan 1,636 inmuebles que «deben ser legalizados» en donde hay 1,232 centros educativos «por encontrarse en terrenos que no están inscritos a favor del Mined». Merlos rechazó que sea expropiación.

Podrá aplicarse a hipotecados o bajo el ISTA

La reforma permitirá aplicar las disposiciones también a las propiedades hipotecadas o bajo legalización del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), ya que fue eliminada la exclusión que se hacía de estas condiciones en el artículo 4.

Listado con información del CNR

La reforma también establece que la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP) del Ministerio de Vivienda, a petición de Ministerio de Educación, realizará los levantamientos topográficos de los inmuebles que formarán parte del listado de interés del Ministerio de Educación y serán presentados al Centro Nacional de Registros (CNR) para su revisión hasta tener una «resolución favorable».

Así mismo, la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) extenderá la reposición de los testimonios de los títulos de propiedad de los inmuebles en 30 días hábiles, «independientemente de qué fuere el titular del derecho», «con el solo requerimiento por escrito del Ministerio».

Con la reforma, la publicación necesaria para que se ciudadanos terceros se opongan a la legalización de propiedad se reducirá de dos a una sola vez en el Diario Oficial y el plazo para presentarse será 60 días. El listado también se publicará en el sitio electrónico del Ministerio de Educación.

¿Cómo será el proceso?

Si el Ministerio posee bienes inmuebles sin un título de dominio escrito, podrá «titular su derecho» mediante un proceso abreviado ante juez competente o notario.

Una condición es la posesión pacífica por al menos siete años. La reforma dice que, si hay un poseedor distinto, «bastará con la declaración jurada otorgada por el titular o a quien delegue para probar la posesión».

1. Ante notario el fiscal presentará solicitud escrita que exprese que el Ministerio es el poseedor.
2. El notario citará al síndico municipal y persona de quien se haya adquirido el inmueble, publicará un edicto en un periódico de circulación nacional, abrirá a pruebas en tres días hábiles.
3. Inspección del inmueble con un perito y ordenará citar al síndico municipal y se establecerá la posesión con base en la inspección, la prueba documental y la prueba testimonial.
4. Si hay derechos de varios propietarios (proindivisos) se realiza un proceso diferente: el fiscal presentará solicitud escrita ante notario, que realizará la inspección con perito, citando a los colindantes y al menos un copropietario, se levantará acta y la resolución.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró este martes que el salvadoreño deportado de Estados Unidos y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) por «un error administrativo», «debe tener derecho a un debido proceso».

«Aquí definitivamente es obligatorio que se le siga el debido proceso que se debería hacer constitucionalmente y lógicamente que, si es un migrante que no ha cometido delito, que salga libre», señaló la legisladora.

La diputada insistió en que el gobierno de El Salvador tuvo que haber negociado beneficios para los salvadoreños con estatus irregular en Estados Unidos y no traer criminales extranjeros en el país.

«Este es un tema delicado. Nosotros quisiéramos saber cuál es el acuerdo y que, de hecho, tuvo que haber pasado por esta Asamblea Legislativa para conocer la realidad de lo que está pasando. Esta situación es lamentable y ojalá se hubiera tenido una mejor negociación con los Estados Unidos para que hubiéramos logrado un mejor acuerdo para los salvadoreños en Estados Unidos, para su situación migratoria», opinó la diputada de oposición.

«¿Para qué queremos más delincuentes? No necesitamos más de los que están ahí. Recibir personas que vienen con otro nivel de maldad. ¿Para qué? Para que les enseñen a ellos a ser más malos. Yo creo que no es justo para los salvadoreños y no vale la pena», concluyó la legisladora.

«El error administrativo»

Se trata de Kilmar Ábrego García, un residente legal en Maryland, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un menor con discapacidad, también ciudadano. Según documentos judiciales, Ábrego había recibido una resolución favorable de un juez de inmigración para evitar su deportación, debido al riesgo de persecución en su país natal.

«Por error administrativo, Abrego García fue deportado de Estados Unidos a El Salvador. Esto fue un descuido, y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden final de deportación y en su presunta pertenencia a la MS-13», se lee en la declaración judicial. El caso fue revelado por la revista estadounidense The Atlantic, que cita los documentos judiciales.

Pese a reconocer el error, el Departamento de Justicia estadounidense se opone a la repatriación. En el documento judicial, el asistente del fiscal general, Yaakov M. Roth, sostuvo que la corte carece de competencia para ordenar acciones de política exterior y que no hay evidencia de que Ábrego corra un riesgo inminente de ser torturado o asesinado en el Cecot.

A la fecha, se conoce que Estados Unidos ha enviado a El Salvador, bajo un acuerdo carcelario, a 278 personas al Cecot, los primeros fueron enviados el 16 de marzo en tres vuelos –238 venezolanos supuestos miembros del Tren de Aragua; y 23 salvadoreños, supuestos miembros de la MS-13.

El pasado domingo 30 de marzo, Estados Unidos envió a otros 17 supuestos criminales entre miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13) a El Salvador, también al Cecot.

Con 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este martes el «Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal de 2024» que el Ministerio de Hacienda debe rendir en cumplimiento del artículo 168 ordinal sexto de la Constitución de la República.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron.

El informe indica que las 140 instituciones del Estado presupuestaron un total de $17,650.9 millones de ingresos y en realidad ingresaron $16,678 millones, un 94.4 %.

También indica que de un total de $17,650.9 millones de egresos presupuestados, las 140 instituciones gastaron o ejecutaron $15,379.4 millones, un 87.1 %.

El Estado –gobierno central, descentralizadas no empresariales y empresas públicas– tiene un total de activos de $25,056.2 millones, según el informe, lo cual incluye el patrimonio estatal mu00e1s pasivos o deudas.

El informe tiene detalles de gastos como los siguientes:
-El Gobierno Central presupuesto $2,695 millones en remuneraciones y ejecutó $2,685 millones. En remuneraciones permanentes previó $1,718 millones y ejecutó $1,715 millones. El resto son remuneraciones eventuales, gastos de representación u otros.
-El sistema penitenciario erogó $165.4 millones, cantidad similar a la programada.
-Se ejecutaron $14.1 millones en pasajes y viu00e1ticos. Se habían programado $15.1 millones.
-Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia programó $38.4 millones pero se ejecutaron $22.3 millones.
-Inteligencia del Estado programó $43.5 millones y ejecutó $43.5 millones.
-La Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República proyectó un presupuesto de $37.2 millones y ejecutó $14.7 millones.

El artículo 168 de la Constitución ordena como obligación del presidente de la República «presentar dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada año el informe de labores de la Administración Pública en el año transcurrido».

El mismo artículo obliga al ministro de Hacienda «además, dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada periodo fiscal, la cuenta general del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal».

La Constitución advierte que, si no se cumplen estas obligaciones, «quedará por el mismo hecho depuesto el ministro que no lo verifique», lo cual será notificado al presidente para que nombre al sustituto.

El Salvador será la sede de la XXVII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe, y de la XLV Reunión de directores nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal.

Ambos eventos se celebrarán del 5 al 9 de mayo de 2025.

Este martes, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que exonera a los delegados, personal técnico y resto de personas acreditadas para asistir a las conferencias de pagos de servicios, derechos migratorios y consulares hasta el 12 de mayo.

El dictamen 78 para decretar la exoneración tuvo 60 votos a favor.

La vicepresidencia regional de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), de la cual es miembro El Salvador desde julio de 2005, acordó que El Salvador sea sede de ambas reuniones.

El Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua (Comalep), suscrito en septiembre de 1981, busca asistencia y cooperación entre aduanas de América Latina, España y Portugal para la correcta aplicación de las leyes aduaneras, institucionalizar la cooperación entre los países parte y combatir el fraude y los ilícitos aduaneros.

La Asamblea Legislativa rindió este martes un homenaje póstumo a Cristian Joel Bonilla Archila, quien se desempeñaba como diputado suplente de Nuevas Ideas en el periodo 2024-2027 y falleció a sus 29 años el pasado 25 de marzo.

Bonilla Archila fue concejal propietario del partido Nuevas Ideas del periodo 2021-2024 en el distrito de Ilopango, de donde era originario.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, lo recordó como un amigo y colega.

“Tengo presente el día en que lo conocí. Alguien me escribió al teléfono y me dijo: ‘Bro, nos podemos reunir en Plaza Mundo, en el foodcourt, no en un lugar lujoso y ni siquiera me pidió ayuda para él. Me pidió dos cosas: que ayudáramos a alguien más y que trabajáramos por Ilopango”, contó ante el pleno.

Guevara relató que en ese momento “Ilopango fue la cuna donde nació la tregua de las maras”.

“Ahí nació la tregua de las maras y él valientemente nos guió por varias colonias en las que no se podía entrar, en las que entrar era prohibido y en las que salir era más difícil, y ahora ahora hablando con sus amigos, él siguió fiel a Ilopango, fue funcionario dos periodos, uno como concejal y actualmente como diputado suplente pero él siguió fiel a su municipio, a su comunidad, a su familia y eso dice mucho de alguien”, expresó el diputado, frente al pleno legislativo.

El diputado recordó que el último día de vida de Cristian, él trabajó en una comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa. “Llegaba temprano y era el último en irse”, indicó Guevara.

El diputado propietario Benjamín Zavaleta López, de quien era suplente Bonilla Archila, a quien conocía desde niño, aseguró que su ética de trabajo y su deseo de aportar soluciones les dejará un legado.

Además de su rol político, Cristian fue un amigo legal, un hombre de carácter, su presencia en la Asamblea Legislativa no solo fue valiosa en
términos profesionales sino también en lo humano, siempre dispuesto a escuchar.”Benjamín Zavaleta, diputado propietario.

“Cristian yo lo conocí desde pequeño, éramos muy buenos amigos, asistíamos a la misma iglesia… Recuerdo que lo busqué a él para que fuera mi suplente. Recuerdo que él me dijo que él no podía tomar esa decisión porque respetaba a quienes le habían dado el apoyo para que en ese momento fuese un funcionario en la alcaldía de Ilopango, y respeté su decisión”, relató.

Agregó que posteriormente dos días antes de que se inscribiera como diputado, Bonilla Archila aceptó ser su suplente.

Según el diputado Zavaleta, el diputado suplente fue un «hombre de palabra» y también «de acción”. Zavaleta, antes de ser diputado, fue gerente de servicios generales de la alcaldía de San Martín.

Cristian Bonilla fue diputado suplente desde mayo de 2024, concejal de Ilopango de mayo de 2021 a abril de 2024, y laboró en la Fiscalía General de la República en el año 2021, en la Escuela de Capacitación Fiscal, según su perfil público de la Asamblea Legislativa. Era licenciado en mercado de la Universidad Doctor Andrés Bello de 2017 a 2022 con una pre-especialización en marketing digital.

Los procuradores auxiliares destinan únicamente el 20 % de su tiempo a la preparación técnica de sus casos y el 60 % a las audiencias que deben atender, dejando un 20 % de su tiempo para atender a los familiares de los privados de libertad.

Así lo aseveró la procuradora general adjunta, Cándida Parada de Acevedo, en una entrevista realizada el lunes por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, en su calidad de candidata a procuradora general para el periodo de mayo de 2025 a mayo de 2028.

“Un estudio muy reciente que hicimos nos demostró que el tiempo de un defensor público penal se va 60 % en audiencias, el 20 % en atender a los familiares de las personas imputadas y el otro 20 % en la preparación técnica de sus casos”, detalló.

La funcionaria informó de estos datos cuando propuso una atención virtual por parte de defensores públicos para dar información a los familiares de los privados de libertad, además de dar mediaciones virtuales, con el fin de descargar de este trabajo a los trabajadores que están “en primera línea” en las audiencias.

La funcionaria propuso el programa “Justicia digital al alcance de todos y todas”, ya que manifestó que según el Censo de Población y Vivienda 2024 el 53 % de mujeres salvadoreñas hacen uso de la tecnología, el 80 % de la población usa internet y que el 77 % de la población usa teléfono inteligente.

La funcionaria también explicó que en la PGR se resuelven 56 % de los casos a través de la vía administrativa, por ejemplo que se resuelven a través de mediación, y 40 % por la vía judicial, pero planteó que las resoluciones de los casos deberían tener una proporción de 70 % en la vía administrativa y 30 % en la vía judicial.