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La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa estudia este martes una reforma a la Ley Orgánica Judicial para convertir el Juzgado de Dulce Nombre de María en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, que mantendrá la competencia sobre nuevos casos penales de Dulce Nombre de María y conocerá además procesos laborales.

Los juzgados de instrucción de Chalatenango y Tejutla se repartirán los procesos penales que tenía primera instancia de Dulce Nombre de María, según el proyecto de reforma solicitada por la Corte Suprema de Justicia. El Juzgado deberá realizar un inventario y remitir los procesos en 180 días o menos.

“Se advierte una sobrecarga de trabajo del Juzgado de lo Civil y Mercantil en el distrito de Chalatenango, por lo que es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta mediante una redistribución de los recursos con los que ya cuenta el Órgano Judicial”, asegura la propuesta de decreto.

La Asamblea Legislativa recibió el 2 de julio la solicitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial, Henry Alexander Mejía. La Corte acordó el 24 de junio aprobar un anteproyecto de reforma.

Actualmente el Juzgado de Dulce Nombre de María recibe 130 procesos al año, “una carga baja”, dijo el magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal. Con la conversión, afirmó que proyectan 389 casos al año. «La idea es mejorar los tiempos de respuesta», indicó.

Los cambios son:
Juzgado de Dulce Nombre de María
El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María se convierte en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, pero conservará su residencia en el distrito de Dulce Nombre de María.

Por ello, hoy habrá dos juzgados civil y mercantil de Chalatenango, el actual será 1o. y el convertido será el Juzgado 2o. de lo Civil y Mercantil de Chalatenango.
Competencia laboral, civil, mercantil
Los dos juzgados 1º y 2º de lo Civil y Mercantil de Chalatenango tendrán competencia de conocer los procesos de lo laboral y los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de la circunscripción territorial del departamento de Chalatenango.

Los procesos laborales, civiles, mercantiles o de inquilinato del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María serán continuados por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango hasta su conclusión.
Competencia penal y los casos penales
El Juzgado de Instrucción de Chalatenango asumirá la competencia en materia penal en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.

El Juzgado de Instrucción de Tejutla y el Juzgado de Instrucción de Chalatenango asumirá los procesos penales del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.
Segunda instancia
La Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla: conocerá en segunda instancia los procesos civiles, mercantiles y de inquilinato de los juzgados primero y segundo de lo civil y mercantil de Chalatenango.

La Cámara de lo Laboral de San Salvador conocerá procesos laborales de dichos juzgados civil y mercantil de Chalatenango.

Y la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro: procesos penales de dichos juzgados.

La nueva ley presupuestaria aprobada por el Senado estadounidense, conocida como «la gran y hermosa ley» del presidente Donald Trump, incluyó tarifas aplicadas a los extranjeros por solicitudes de visa, relacionadas a su estatus migratorio, autorizaciones de empleo o por cargos ante una orden de deportación en ausencia.

Son un total de 16 secciones con 27 tarifas definidas en la ley que pueden ser aplicadas por la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y que pueden ser ajustadas cada año según la inflación.

En cada sección, la ley faculta a la DHS a redefinir cada tarifa en un reglamento.

Algunos de los montos irán Fondo General del Tesoro y otros serán absorbidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos incluida la Oficina de Detención y Deportación.
Listado de tarifas de Inmigración para extranjeros en EEUU en la ley de Trump

1. Tarifa de solicitud de asilo: $100

2. Tarifas de Documentos de Autorización de Empleo:

-Para solicitantes de asilo: $550.
-Para personas en libertad condicional: $550.
-Para Estatus de Protección Temporal (TPS): $550.
Cada autorización inicial de empleo será válida por un periodo de un año o por la duración de la libertad condicional del extranjero.

3. Tarifa de libertad condicional para inmigración (inmigration parole fee): $1,000.

Hay excepciones como: el extranjero tiene una emergencia médica, no puede tener el tratamiento necesario en el estado extranjero donde reside, la emergencia pone en peligro su vida, el extranjero es padre o madre de quien tiene la emergencia médica, si es donante, si tiene un familiar cercano en Estados Unidos cuyo fallecimiento es inminente, entre otros.

4. Tarifa especial para menores inmigrantes: $250.
Para cualquier padre, madre o tutor de un extranjero que solicite la condición de menor inmigrante especial.

5. Tarifa de Estatus de Protección Temporal: $500. En la reforma se elimina $50.

6. Tarifa por Integridad de Visa: $250.

7. Tarifa de formulario I-94 (registro de entrada/salida): $24.

8. Tarifa anual de asilo: $100

9. Tarifa por la solicitud de renovación y extensión de la Autorización de Empleo (EAD) para personas en libertad condicional (parolees): $275.
Será válida por un periodo d un año o por la duración de la libertad condicional del extranjero.

10. Tarifa por solicitud de renovación o prórroga de autorización de empleo por parte de solicitantes de asilo (EAD para asilo): $275.
Concluirá después de la denegación de una solicitud de asilo a menos que el caso se remita a un juez de inmigración.

11. Tarifa de solicitud de renovación de Autorización de Empleo para extranjeros a quienes se les conceda el TPS: $275.

12. Tarifas relacionada a solicitud de ajuste de estatus migratorio:
-Tasa por solicitud de ajuste al estatus de residente permanente legal: $1,500.
Se deberá pagar antes de resolución del tribunal.
-Tarifa por la presentación de solicitud de exención de las causas de inadmisibilidad: $1,050.
-Tarifa por la presentación de una solicitud de TPS: $500.
-Tarifa por la presentación de apelación ante una resolución judicial de inmigración: $900.
-Tarifa por presentar una apelación contra un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional: $900.
-Tarifa por la presentación de una apelación contra una decisión de un funcionario en un caso disciplinario: $1,325.
-Tarifa para moción para una reconsideración: $900.
-Tarifa por solicitud de suspensión de deportación: $600.
-Tarifa por solicitud de cancelación de deportación para ciertos residentes permanentes: $600.
-Tarifa por solicitud de cancelación de deportación y ajuste de estatus de residentes temporales: $1,500.

13. Tarifa de sistema electrónico de autorización de viaje.
No menos de $10 por autorización de viaje y se explica un ajuste posterior relacionado al Índice de Precios al Consumidor.

14. Tarifa del sistema electrónico de actualización de visa: $30.

15. Tarifa para extranjeros con orden de deportación de ausencia: $5,000.
El secretario de Seguridad Nacional exigirá el pago de esa tarifa a cualquier extranjero que reciba una orden de deportación en ausencia y sea posteriormente arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Podrá ser dicho monto o el monto que el secretario establezca mediante reglamento. Habrá ajustes anuales por inflación.
No se aplicará si la orden de deportación fue revocada.
El 50 % de dichos fondos irá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la cuenta de tarifas de la Oficina de Detención y Deportación.
Las tarifas no se eximirán ni se reducirán.

16. Tarifa de aprendizaje de extranjeros inadmisibles: $5,000.
Esta tarifa se aplica a cualquier extranjero inadmisible en el momento en que sea aprehendido entre puertos de entrada.

La Secretaria de Innovación de la Presidencia de la República contratará una consultoría para crear el diseño de lo que será un Centro de Datos del Estado, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuyos fondos empezarán a integrarse al presupuesto general del Estado de 2025.

La incorporación solicitada por el gobierno asciende a $9 millones, y su dictamen favorable fue aprobado el lunes. Los fondos serán transferidos a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, que ejecutará el proyecto.

Con estos primeros fondos se financiará la consultoría para la adecuación, la distribución y el equipamiento de un edificio estatal ya existente que tendrá aproximadamente 3,500 metros cuadrados y que se convertirá en el Centro de Datos del Estado que busca mejorar los servicios digitales en 57 instituciones públicas.

“Básicamente busca la adecuación y equipamiento de un edificio de aproximadamente 3,500 metros cuadrados para el funcionamiento de un centro de datos, no se pretende la adquisición de un nuevo edificio ni la construcción de uno, se pretende usar algún inmueble propiedad del Estado que permita ser adecuado y equipado”. Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público.

Se trata de un préstamo que promete financiar la mejoría en los servicios digitales estatales a ejecutarse durante los próximos años hasta 2029.

Según el director de inversión de Hacienda, Marlon Herrera, estos primeros $9 millones se usarán en la contratación de una consultoría para la elaboración del diseño del Centro de Datos del Estado. Con el proyecto, se promete que 57 entidades del Estado tengan acceso a la nube del Estado alojada en el Centro de Datos TIER III, es decir capacidad de continuar sin interrupciones, gracias a «sistemas redundantes» y «múltiples rutas de distribución de energía y enfriamiento”.

El contrato de préstamo Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador de $60 millones fue aprobado en octubre de 2024 por el BID y autorizado el 7 de febrero y aprobado el 25 de marzo de 2025 por la Asamblea Legislativa. Su objetivo, según el BID, es mejorar la prestación de los servicios digitales del Estado para impulsar la economía digital en El Salvador. Uno de los primeros componentes es encontrar un “edificio existente adecuado y equipado para la infraestructura de datos del Estado” que cumpla los estándares, para lo cual se asigna un total de $30 millones.

Un centro de datos TIER III, según el Uptime Institute, puede funcionar sin interrupción. Es común en bancos, gobiernos o empresas tecnológicas y un máximo de 1.6 horas de inactividad al año.

“Para la definición de la meta se ha estimado que, a partir del año 3, se podrá sumar 1 entidad al mes a la nube del Estado”, indica el informe de monitoreo del proyecto del BID, compartido el pasado 25 de junio. Se busca certificar en habilidades digitales a 2,500 funcionarios públicos anuales desde 2025 durante tres años con un puntaje mínimo de 7.5 base 10.

Uno de los donantes que financia proyectos de investigación en la Universidad de El Salvador (UES) ha decidido frenar el financiamiento que brinda a la institución de educación superior estatal debido a la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros que faculta al Estado a fiscalizar a todos los agentes extranjeros a través del Ministerio de Gobernación y además les establece un impuesto del 30 % a sus contribuciones.

Durante 2024, la UES recibió unos $13 millones luego de haber gestionado 30 proyectos de investigación, según el rector, fondos que fueron utilizados para movilidad académica, compra de equipo y de insumos para las investigaciones y proyectos.

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, explicó el lunes que uno de sus donantes les informó que «se van a mantener en reserva la decisión de acompañar proyectos» con esta institución por la aprobación de la nueva ley que ha sido cuestionada por el probable impacto en la libertad de asociación y expresión.

«Precisamente hemos encontrado la resistencia en una de ellas, en donde ha expresado que por el momento se van a mantener en reserva la decisión de acompañar proyectos que la Universidad de El Salvador ha venido gestionando y por supuesto, están en la libertad».
Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador (UES).

Quintanilla detalló, durante una entrevista en Informa TV, que los donantes tienen la libertad de reorientar los fondos que destinaban hacia El Salvador para apoyar a otros países de Centroamérica o África. Aseveró que en sus pláticas con embajadores le han expresado que «existe esa preocupación» y que están en desacuerdo con la normativa «en cuanto a que sus países están interesados en el desarrollo de la Universidad de El Salvador».

Por estas razones, considera que la normativa «seguro afectará a la Universidad de El Salvador» y a otras universidades, puesto que la vicerrectora académica del Alma Mater le informó que en, el Consejo de Educación Superior –un organismo consultivo del Ministerio de Educación–, las otras universidades también están preocupadas por el impacto a donaciones para investigaciones.

«Nosotros por supuesto somos respetuosos de la ley y en esa lógica nos vamos a someter a lo que esté establecido y, por supuesto, aceptar la decisión que los cooperantes».
Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador (UES).

En este sentido, la institución ha solicitado a la Fiscalía General de la UES y al decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales que analicen la normativa para concluir cuál es el impacto que pudieran tener en el trabajo que han «venido construyendo con la cooperación internacional».

Esta ley creó un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) con facultad para requerir a los agentes extranjeros documentos o cualquier información que considere necesaria, de forma oficiosa, supervisar, fiscalizar y llevar un control de las actividades de los agentes extranjeros, requerirles “los informes necesarios”, remitir a Fiscalía un informe semestral de las actividades registradas, colaborar con otras instituciones del Estado, sobre informes sobre “la actividad de los sujetos obligados” para investigación y procesos administrativos y decidir quiénes estarán excluidos, así como revocar la exclusión o renovarla ante “incumplimientos”. La ley prohíbe actividades políticas.

5 proyectos de la UES con cooperación extranjera

1. Innovación tecnológica, proyectos de investigación y desarrollo con impacto a pequeña y mediana empresa y buscan un valor agregado para empresas: $9 millones.
2. Estudios de geología. Facultad de Ciencias Agronómicas implementó la carrera de Ciencias de Geologías. Recibió financiamiento para compra de equipo, mismo que se usó para ir a Ahuachapán por explosión de ausol.
3. Laboratorio de toxinas marinas.
4. Laboratorio sobre energía nuclear para control de enfermedades.
5. Tratamientos a bajo costo en Odontología.

Pide exclusión para universidades
El rector de la UES pidió a la Asamblea Legislativa que valore las afectaciones que la Ley de Agentes Extranjeros puede causar a las instituciones educativas y que excluya de la ley a las universidades, para no afectar los proyectos académicos que dependen de la cooperación internacional.

Quintanilla aseguró que se mantendrán respetuosos de lo que establece la normativa y se van a «someter a lo que esté establecido y, por supuesto, aceptar la decisión que tomen» los cooperantes sobre los proyectos que están en gestión.

La controversial normativa aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa entró en vigor el 7 de junio y dio un plazo de 90 días para la inscripción de personas u organizaciones que reciben financiamiento desde el extranjero. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, aseguró que la normativa implica que El Salvador «da un paso más en la dirección de Nicaragua» y que está «dirigida a impedir el trabajo de las sociedad civil y medios independientes».

El concejo de San Salvador Centro autorizó la ejecución de un plan que permita actualizar los estados financieros y contables de la municipalidad en cumplimiento a la Ley de transición para reestructuración municipal.

La concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Liliana Andrade informó que en la sesión de concejo de la semana pasada se acordó dar autorización para que se realice la actualización financiera y contable de los cinco distritos.

La concejal dijo a Diario El Mundo que esta autorización se avaló porque es un requisito que contempla la ley de transición para la reestructuración municipal, la cual señala que los concejos tienen dos años para actualizar la información contable y financiera ante el Ministerio de Hacienda. Por ley, antes de mayo de 2024, cada municipio –ahora distrito– han tenido ha obligación de reportar sus estados financieros al Ministerio de Hacienda.

«Lo que sí apoyé fue la autorización para implementar un plan de acción para la actualización financiera y contable del municipio de #SanSalvadorCentro (que es un informe que se viene pidiendo desde que dimos inicio a esta gestión municipal)». Liliana Andrade, concejal del FMLN en San Salvador Centro.

La normativa indica que la contabilidad de cada distrito se realizará de forma separada pero que debe ir integrada en la contabilidad de los municipios. San Salvador Centro está integrado por San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.

La legislación aprobada en 2024 para reducir los municipios de 262 a solo 44 también señala que las comunas deben seguir registrando activos, pasivos, ingresos y gastos en el Sistema de Administración Financiero Municipal (SAFIM), así como realizar un cierre mensual al Ministerio de Hacienda.

La ley de transición obligó a los funcionarios salientes a poner al día su contabilidad y entregarla a los nuevos funcionarios, que asumieron las comunas desde el 1 de mayo de 2024. Asimismo, otorgó un período de dos años para que las nuevas autoridades actualizaran su contabilidad.

El informe actualizado debe ser entregado a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) del Ministerio de Hacienda para lograr el cierre y total liquidación de los ahora distritos. El concejo de San Salvador Centro está integrado por regidores de Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), FMLN y del Partido Demócrata. Cristiano (PDC).

El exembajador de El Salvador en la República de China, el abogado Aldo Álvarez, junto a otros profesionales conformarán el círculo de reflexión política que se denominará “Siglo XXI”, anunciaron este lunes en una conferencia de prensa.

El círculo está conformado por los abogados Juan Contreras y Aldo Álvarez, la educadora Mélida Villatoro, el politólogo Óscar Peñate y el especialista en administración pública Nelson Flores, quienes realizaron una conferencia de prensa en un hotel de San Salvador.

Estaban ausentes pero integrarán el grupo de reflexión: los sociólogos Mauricio Rodríguez y René Martínez, y el docente Rafael Góchez Fernández.

“Nos autoconvocamos, nadie nos ha convocado y decidimos conformar esta pluralidad para poner nuestros talentos individuales, nuestras capacidades personales en colectivo, para poder colaborar a empujar y apoyar este proyecto de país que está siendo llevado a cabo por el presidente Nayib Bukele”, expresó Álvarez, exsecretario de comunicaciones de Cambio Democrático (CD), partido que respaldó la primera candidatura presidencial de Bukele.

Álvarez agregó que consideran “que existen muchos opositores a este proyecto que tratan de confundir a la gente y que la única manera de combatir estas narrativas de explicarles y de dejarle clara a la gente cuál es la naturaleza real de las cosas”.

La “gran y hermosa ley” de presupuesto del presidente Donald Trump aprobada a inicios de julio incluye una tarifa de visa de integridad para los turistas extranjeros en Estados Unidos que ascenderá a $250 ajustable por la inflación.

Esta “Tarifa de Integridad de Visa” será exigida por la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos “además de cualquier otra tarifa autorizada por ley” “a cualquier extranjero al que se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión”.

La ley establece una tarifa de $250 o “el monto que el secretario de Seguridad Nacional establezca mediante reglamento”.

Aunque la ley establece que estas tarifas “no se eximirán y reducirán”, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. “podrá reembolsar a un extranjero la tasa de $250 “tras el vencimiento de su periodo de validez” si el extranjero cumplió sus condiciones como no aceptar “empleo no autorizado” y si “no ha solicitado la extensión de su periodo de admisión” y ha salido de EE.UU. a más tardar cinco días después del último día; o se le extendió su estatus de no inmigrante o un ajuste al estatus de residente permanente.

La ley fue aprobada el 1 de julio por el Senado de Estados Unidos y firmada por el presidente estadounidense el 4 de julio.

El decreto fiscal y presupuestario del gobierno estadounidense incluye más de 20 tarifas de inmigración, como la tarifa de formulario I-94, de $24, y la tarifa relacionada con la renovación y prórroga de la Autorización de Empleo para personas en libertad condicional, de $275, o de renovación o prórroga de la Autorización de Empleo para solicitantes de asilo, también de $275, y para Estatus de Protección Temporal, por $500.

Las tarifas mencionadas se establecen “para el año fiscal 2025” en curso, que inició el 1 de octubre de 2024 y terminará el 30 de septiembre de 2025 y ajustables desde el año fiscal 2026, que inicia en octubre próximo.

Actualmente la tarifa para realizar el trámite de visa de no inmigrante no reembolsable asciende a $185. Esta tarifa se aplica para visas de turismo, negocios, tratamiento médico, tránsito, estudiante, medios de comunicación, intercambio, formación profesional, víctimas o testigos. La tarifa para el trámite de visa basadas en petición es $205 y aplica a trabajadores temporales, transferencias intraempresariales, personas con habilidades extraordinarias, entre otros.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador no ha anunciado algún cambio.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes cuatro dictámenes favorables, incluido el dictamen 109, para la ratificación del contrato de préstamo por $75 millones suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) “Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador” y que podrá ser usado para pago de obligaciones estatales o manejo de caja fiscal.

Los dictámenes serán aprobados posiblemente en la sesión plenaria, programada para este miércoles 16 de julio.

El crédito, cuya suscripción fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 19 de junio de 2025, tendrá un plazo de 18 años, con dos años de gracia y, según la explicación de Hacienda, es un «reconocimiento» del CAF a esfuerzos del Ministerio de Salud, que de acuerdo al artículo 2 del decreto de autorización puede ser utilizado para pago de deudas del Estado.

En la sesión de este lunes, el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó a los diputados que el objetivo del programa del crédito del CAF es “contribuir a la consolidación del proceso de transformación integral del sector salud”, “fortalecimiento de infraestructura hospitalaria, atención primaria, integración de tecnología de vanguardia y el fortalecimiento del capital humano en salud”.

El préstamo incluiría, en palabras del funcionario, “la ampliación de hospitales y unidades de salud especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad”, salud digital y capacidad de respuesta de emergencias.

Sin embargo, el funcionario inmediatamente agregó que esos “objetivos ya el Ministerio de Salud en estos años está trabajando, ha desarrollado diferentes iniciativas, diferentes acciones con recursos de préstamos externos” o “del fondo general”, por lo que la CAF con este préstamo “lo que hace es reconocer esos esfuerzos y acciones” con este nuevo crédito con la modalidad SWAT o “Crédito de Enfoque Sectorial Amplio).

El préstamo puede ser utilizado en “obligaciones generales del Estado, diversas transferencias y apoyo a caja fiscal” según su decreto de autorización, así como otro crédito similar del CAF por $75 millones ya ratificado y que también puede ser utilizado en manejo caja fiscal.

Los legisladores también votaron por tres reformas presupuestarias:

1. Dictamen 106: Incorporación de $9 millones para la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República para la contratación de una consultoría con el fin de «la elaboración del diseño del Centro de Datos del Estado» que se realizará en un edificio del Estado que tengan un área de 3,500 metros cuadrados.

2. Dictamen 107: de recursos propios incorporaron $549,419 al Instituto Salvadoreño del Bienestar Magisterial (ISBM) para construir y equipar la clínica de de diálisis y prediálisis en San Miguel.

3. Dictamen 108: Incorporación de $500,000 de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Ministerio de Salud.

El Salvador busca fortalecer lazos con Luxemburgo en la búsqueda de cooperación para el desarrollo, informó este lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco. El gobierno luxemburgués aseguró que hablaron sobre «las relaciones bilalterales».

La canciller salvadoreña aseguró en sus redes sociales que también buscan cooperación en asuntos internacionales aunque no detallaron los temas a los que se refirieron durante su encuentro con su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel.

Bettel escribió también en sus redes sociales que la conversación con Hill Tinoco fue «agradable», mientras que la diplomática salvadoreña dijo que fue un «fructífero diálogo». La Cancillería salvadoreña no ha informado sobre la reunión ni los acuerdos de la misma.

A inicios de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que Luxemburgo inauguró su nueva sede de operaciones en suelo salvadoreño a través su Agencia de Cooperación Lux Dev.

Luxemburgo apoya proyectos por all menos 7.5 millones euros en El Salvador para iniciativas de autoempleo de jóvenes, además, del apoyo de 2 millones de euros para el fortalecimiento de la. Cooperación Sur-Sur.

The pleasure was mine, dear @Xavier_Bettel. I appreciated our productive dialogue on strengthening ties between El Salvador and Luxembourg, especially in cooperation for development and global affairs. Looking forward to continued collaboration. https://t.co/O4WG76g2z0 pic.twitter.com/1cjIqlbeCy

— Alexandra Hill Tinoco (@CancillerAleHT) July 14, 2025

La cantidad de vuelos con salvadoreños deportados han aumentado un 175 % entre enero y junio de 2025 según los datos recopilados por Witness at the Border. Junio ha sido el mes con más vuelos de salvadoreños deportados en lo que va del año.

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En enero se reportaron solo 8 vuelos con deportados procedentes desde Estados Unidos y con destino a El Salvador, sin embargo, para junio se registraron 22 vuelos, lo que representa un incremento del 175 % entre los dos meses.

En total, van 85 vuelos con connacionales reportados en lo que va del año. El informe de Witness at the Border se basa en las estadísticas reportadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En enero llegaron a El Salvador ocho vuelos; en febrero se recibieron otros 11; par marzo los vuelos llegaron a 14; en abril la cifra bajó levemente a 13; en mayo volvió a aumentar a los 17 y finalmente en junio se reportaron otros 22 vuelos.

Las cifras indican que los vuelos han aumentado constantemente durante la administración de Donald Trump. En febrero se experimentó un aumento del 38 %; en marzo de 27 %; luego en abril se registró la única baja del 7 %, pero en mayo volvió a aumentar 31 % y en junio incrementó otro 29 %.

Solo durante junio de 2025, los países del Triángulo Norte concentran el 56 % de las deportaciones. El Salvador es el país con menos vuelos recibidos entre Guatemala (51), Honduras (43) y El Salvador con solo 22. El informe registra que en total salieron de Estados Unidos 209 vuelos con deportados en junio.

En marzo se recibieron vuelos provenientes de Estados Unidos con venezolanos para ser recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas aseguraron que los suramericanos pertenecían al Tren de Aragua.

Entre los deportados se encuentran salvadoreños sin documentación legal, solicitantes de asilo, personas con antecedentes penales. En medio de las deportaciones masivas, expertos migratorios ven casi seguro que el gobierno estadounidense cancele el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños.

Los expertos también instan al gobierno salvadoreño a que desarrolle un plan integral de atención a salvadoreños migrantes para atenderlos con enfoques diferenciados de género, edad y derechos humanos, y brindarles atención psicosocial.