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Los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitieron este viernes un dictamen favorable para reformar el Código Municipal con el fin de eliminar la solvencia de pago de impuestos municipales como requisito para inscribir sociedades en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

El artículo 100 del Código Municipal actualmente exige la presentación de «la solvencia de impuestos municipales de los socios o de la sociedad» para su constitución como sociedad mercantil. Con la reforma, la solvencia de impuestos, tasas o contribuciones municipales seguirá siendo exigida para trámites de «modificación, transformación, fusión y disolución de sociedades».

«Uno de los requisitos que eran quizás de los que tomaban más tiempo para poder finalizar el registro de su empresa era la solvencia municipal, requisito que gracias a esta reforma quedaría totalmente eliminado, siendo así que la formalización de una SAS puede hacerse en un par de horas, ya que no todas las municipalidades tienen esa agilidad de brindar de manera rápida».

Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

El requisito de la presentación de la solvencia municipal «quedaría totalmente eliminado» según Dania González, diputada de Nuevas Ideas que preside la Comisión, aunque la lectura del proyecto de decreto no fue transmitida por la Asamblea Legislativa.

El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, dijo que ellos están «para apoyar al empresario en acelerar los procesos para que ellos rápidamente puedan desarrollar su actividad económica».

«Que mediante esta reforma nosotros podamos también eliminar el requisito de presentación de las solvencias municipales de sus otorgantes», reiteró.

Argumentó que servirá «para acelerar un procedimiento tan básico como es la inscripción de un negocio».

La diputada Gonzálz agregó que con el decreto transitorio para que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se inscriban de forma gratuita, desde febrero de 2024, se registraron 2,268 sociedades bajo esta modalidad hasta enero de 2025. De ese total, 35 % se realizó en línea en creaempresa.gob.sv.

Polémica por votación de proyecto distinto

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó que se hizo un lectura distinta al proyecto distribuido entre los diputados.

La diputada Dania González le respondió que «pronto» le harían llegar el texto del dictamen a ser aprobado. Luego de que le fuera entregado, Gonzálz sometió a votación el dictamen y proyecto de decreto leídos.

Después de la aprobación del dictamen, por mayoría, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, pidió la palabra para explicar que no dio su voto porque no tuvo acceso al documento de la reforma con tiempo prudencial: «Que se haga constar en acta que se hizo la votación mientras yo estaba comparando ambos textos, por lo cual no puedo emitir mi voto con la información suficiente, para poderlo hacer de manera responsable, muchas gracias», dijo Ortiz.

«Se toma nota, diputada», respondió Gonzálz, quien continuó con el desarrollo de la agenda de la sesión y la finalizó.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa a 10 deportistas originarios de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Cuba y Nicaragua, especializados en disciplinas como natación, fútbol, kickboxing, basquetbol, gimnasia, lucha, karate do y voleibol de sala y de playa.

Para estos 10 atletas el Gobierno pide que los diputados la nacionalidad salvadoreña por naturalización. La solicitud fue recibida el miércoles 28 de mayo, a las 11:08 de la mañana.

1. Filippo Giuseppe Pilenga, nacido en Caxias do Sul, Río Grande do Sul, Brasil, el 4 de julio de 2007, nadador federado en la Federación Salvadoreña de Natación, ha participado en Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos.

2. Zander Knight Tidwell, nacido en California, Estados Unidos, el 10 de enero de 2007, futbolista, ha participado en competencias en México, Estados Unidos, España y Guatemala, participado en clínicas deportivas, talleres y eventos comunitarias. “La Federación Salvadoreña de Fútbol Sub 20 considera” que “puede contribuir significativamente al desarrollo del deporte en nuestro país”.

3. Pablo Andrés de León Donis, atleta de kickboxing, nacido en Guatemala el 19 de marzo de 1995, 10 años de pertenencia federativa, trayectoria regional.

4. Cooper Alejandro Tidwell, nacido en Lima, Perú, el 15 de enero de 2010, basquetbolista, ha participado en torneos de desarrollo federado y junio NBA.

5. Kayla Angelina Estrada Coll, gimnasta, nacida en Guatemala el 23 de marzo de 2015, ha participado en campeonatos centroamericanos de clubes con medallas de plata y oro en 2022, 2023, 2024 y 2025 en categoría infantil niveles 2 y 4. Parte del proceso de formación de la Federación Salvadoreña de Gimnasia (FSG), categoría UPAG 1 (10 años).

6. Kevin Francisco Alemán Gómez, nacido en Ciego de Ávila, Cuba, el 24 de mayo de 2006, luchador con medallas de oro, plata y bronce en Cuba, participó en el Campeonato Nacional U23 en 2024 y obtuvo oro.

7. Montavious Charles Marc, nacido en Florida, Estados Unidos, el 22 de junio de 1990, baloncestista.

8. Brandi Danielle Harvey-Carr, baloncestista, nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 16 de septiembre de 1994.

9. Marcia Yessenia Pérez Morales, nacida en Escuintla, Guatemala, el 9 de abril de 1998, karate do. Ha obtenido medallas de oro, plata y bronce en campeonatos internacionales.

10. Larissa Milagros Rodríguez Díaz, nacida en Estelí, Nicaragua, el 11 de noviembre de 2010, voleibol de sala y de playa, convocada a la Selección Nacional U17 que participará en los Juegos Deportivos Centroamericanos.

La solicitud será estudiada en una comisión de trabajo por los diputados. La asignación de la comisión se realizará después de la sesión plenaria solemne del 1 de junio a las 8:00 de la noche, en donde se espera que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dé su informe de labores de su sexto año de gobierno.

Los diputados facultaron al Órgano Ejecutivo en el Ministerio de Hacienda para que respalde un préstamo del Banco Mundial a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por $150 millones para financiar el “Proyecto de energía geotérmica para el desarrollo sostenible e inclusivo de El Salvador”.

La construcción de una central geotérmica en el distrito de Chinameca, municipio de San Miguel Oeste, departamento de San Miguel, con ocho pozos profundos, un sistema de tuberías de acero para recopilar el vapor de los pozos hacia la central, la conexión de la central a la subestación.

El programa, en segundo lugar, promete incluir programas sociales y la creación de un Centro de Excelencia Geotérmica que promete capacitar a “estudiantes y profesionales” en industria geotérmica y sectores afines.

El préstamo tendrá un plazo de pago de 30 años con hasta seis años de gracia que deberá ser pagado en cuotas semestrales, consecutivas, si es posible iguales, hasta la total cancelación del mismo.

Por el préstamo, la CEL deberá pagar 0.25 % del monto total del préstamo como comisión inicial del préstamo y otro 0.25 % cada año sobre el saldo no desembolsado del préstamo.

La tasa de interés es una tasa de referencia más el margen variable o la tasa que pueda aplicar después de una conversión.

La energía geotérmica es aproximadamente el 21.8 % del total de energía producida en El Salvador, con una capacidad instalada de 204.4 MW. LaGeo, una empresa estatal, investiga nuevos campos geotérmicos en los municipios de Tepetitán, en San Vicente, y Chinameca, en San Miguel. El Salvador tiene actualmente centrales geotérmicas en Ahuachapán y Berlín.

La Asamblea Legislativa reformó ayer la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) para facultar al superintendente dictar la política farmacéutica, permitir a la institución vender servicios de control de calidad y reducir el plazo para que personal que haya salido de la institución pueda trabajar en entes regulados, como las farmacéuticas.

La ley actual establece que el personal de la Superintendencia no podrá laborar en los dos años posteriores al cese de sus funciones en la institución “para personas naturales o jurídicas, privadas, que sean objeto de regulación por la Superintendencia”.

La reforma redujo este plazo a un año.

La Superintendencia de Regulación Sanitaria es la autoridad del Estado responsable de regular, vigilar o autorizar la comercialización de productos farmacéuticos, medicamentos, suplementos nutricionales, dispositivos y equipos médicos, cosméticos e higiénicos, alimentos para regímenes especiales, bebidas para uso humano, alcohol etílico potable y no potable, tabaco, dispositivos de liberación de nicotina y de las sustancias y productos químicos.

Además, la reforma facultó al superintendente de la SRS a que emita la política farmacéutica y cualquier otra política relacionada a la ley.

En tercer lugar, la reforma permitió que la SRS pueda realizar pruebas de control de calidad a productos regulados a cambio de tarifas, a solicitud de personas o entidades nacionales o extranjeras. Organismos internacionales que dan ayuda humanitaria y promueven el desarrollo en El Salvador estarán exentos de dichas tarifas.

La ley ya establecía que la institución percibiría los ingresos por tarifas de los servicios prestados, pero no facultaba expresamente a la SRS de prestar servicios de “control de calidad a productos objeto de su regulación para otros fines no previstos en esta ley.”

El objeto de la ley es regular, vigilar y otorgar el registro sanitario, reconocimiento del registro, autorización de comercialización, de los productos regulados antes mencionados.

La reforma fue aprobada por diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra, luego de rechazar la reducción del plazo para que exempleados de la SRS puedan laborar en un ente regulado por la entidad.

El Ministerio de Hacienda transferirá un total de $43 millones a los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para entregar bonos de $75 a productores agrícolas, suplir los agromercados con $10 millones y adquirir inmuebles para derechos de vía con $3 millones.

Los fondos saldrán, según el ministro de Hacienda, Jerson Posada, «asignaciones disponibles dentro del presupuesto del Ramo de Hacienda» que «no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal». No detalla a qué unidad estaban asignados los fondos.

¿Cuánto presupuesto tenían programado?

Un total de $30 millones irán al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA) para el bono agrícola.

En el presupuesto general del Estado 2025 el CDCA inició con un presupuesto de $6 millones de los cuales se han devengado $353,272.37, según el Portal de Transparencia Fiscal. Hasta marzo, el presupuesto del CDCA se había modificado a $23 millones para todo el año 2025.

De la reforma, otros $10 millones de Hacienda serán reorientados a la línea de trabajo de «Abastecimiento y Seguridad Alimentaria» de la unidad presupuestaria «Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento», que inició el año 2025 con un presupuesto de $22.9 millones y que hasta marzo modificó a $24.4 millones de los cuales ha devengado $5.3 millones.

La reforma presupuestaria fue aprobada con 58 votos, incluido el de Vamos.

Destino de los $43 millones reorientados

-$30 millones para que el Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA) ejecute el Programa de Paquetes Agrícolas denominado «Bono Agrícola (BAG)».

-$10 millones para fortalecer la capacidad logística de abastecimiento de los agromercados.

-$3 millones para que el MOPT adquiera inmuebles afectados por proyectos y obras de inversión (derechos de vía).

Seis días antes de la reforma un grupo de agricultores aglutinados en la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (Confras) divulgaron su preocupación por el atraso en la entrega del bono agrícola, ya que revelaron que muchos ya comenzaron los preparativos de la siembra del ciclo agrícola 2025-2026.

«Muchos productores lo están esperando, muchos de ellos se han comunicado, ahora le estamos dando una respuesta favorable en la cual ellos van a poder ser beneficiados de esta tarjeta y obtener el kit que ellos necesitan». Norma Lobo (Nuevas Ideas).

“Muchos ya están esperando los paquetes agrícolas”. Reynaldo López Cardoza (Nuevas Ideas).

En mayo de 2024, el MAG reportó la entrega de tarjetas intransferibles o bonos agrícolas a «más de medio millón de productores de subsistencia» para adquirir insumos en cualquiera de los agroservicios autorizados por el MAG en un plazo máximo de 60 días. Un monto de $30 millones cubre bonos agrícolas de $75 para 400,000 personas.

En un programa de radio, el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, aseguró que las relaciones entre su país y El Salvador están «en un nivel excelente» con interés de impulsar la cooperación y el intercambio en «diversos sectores».

Además de anunciar avances en tres proyectos que el país asiático desarrolla en El Salvador e informar que ya hay un agregado militar en la Embajada china desde agosto de 2024 para establecer «canales de contacto», el embajador reveló que «hay discusiones, hay diálogos entre la parte salvadoreña y empresas chinas en ferrocarril o metros».

“En un nivel excelente (relaciones China-El Salvador), ambas partes tienen mucho interés de impulsar la cooperación, el intercambio en diversos sectores”.
Zhang Yanhui, embajador chino en El Salvador, en La Tribu.

Ante la pregunta si no hay celos cuando El Salvador se acerca a Estados Unidos, el diplomático respondió: «Cada quien tiene su derecho de decidir». «Somos miembros de una misma familia, estamos en el mismo barco. Necesitamos tener intercambios comerciales, turismo, cultural, todo, eso va a beneficiar a todos”, indicó.

«La empresa china también tiene mucho interés de apoyar, eso depende de las siguientes coordinaciones o de negociaciones, si puede llegar a un consenso, también es importante”, indicó, sobre las pláticas con empresas chinas especializadas en metros o ferrocarriles.

“China ahora tiene un kilometraje de 160,000 kilómetros de ferrocarril, casi 50,000 kilómetros de tren de alta velocidad, casi todas las ciudades con una población de 200,000, puede avanzar de una ciudad a otra, en una velocidad de 350 kilómetros por hora”, destacó.

El 16 de diciembre de 2024, el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (Fosep) aprobó un préstamo de $4.6 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para un estudio de la construcción de fases del Tren del Pacífico que pasarían por el Sitio del Niño, San Juan Opico (La Libertad), San Salvador y La Unión, «Línea Oriente», a cargo de la empresa Deloitte Consulting, S.A. de C.V.

En noviembre de 2024, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, dijo que una misión coreana les entregó un estudio de factibilidad del Tren del Pacífico, una promesa de campaña del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el 13 de enero de 2019, en la presentación del Plan Cuscatlán, donde dijo que el tren llevaría personas de Ahuachapán a La Unión «en una hora y media» y que conectaría también con Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

En febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le «planteó» al presidente Bukele «estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio para salvaguardar la soberanía y los intereses de ambas naciones y la región» según su portavoz Tammy Bruce.

Los gobiernos de China Popular y de El Salvador, durante la gestión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) restablecieron relaciones diplomáticas en agosto de 2018 tras romper relaciones con Taiwán.

La

diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, propuso públicamente ayer que la Chivo Wallet se utilice para entregar subsidios, luego de que se conociera que desmantelar el monedero estatal a finales de julio es parte de los compromisos asumidos por El Salvador en el programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Con la Chivo Wallet, se usaron muchos fondos públicos y lo dijimos en su momento, hace tres, cuatro años, que eso no era algo que iba a generar un beneficio al país y el tiempo nos dio la razón. Pero Chivo Wallet es una aplicación en la que se invirtió dinero y no debe desperdiciarse, entonces la propuesta que yo ye hecho a la Asamblea Legislativa es que la infraestructura tecnológica de Chivo Wallet se transforme en una aplicación para entregar subsidios», expuso la diputada.

Según la diputada opositora, por medio de la Chivo Wallet, se podrían entregar los subsidios al transporte público, a la canasta básica, entre otros.

“Se podría utilizar esa infraestructura tecnológica, ya que tiene algún tipo de programación al respecto, para entregar subsidios al transporte público, subsidios a la canasta básica. Hoy que la gente tiene tantos problemas para acceder a los alimentos, subsidios para estudiantes, es decir, se podría aprovechar, en lugar de dejar tirado algo que se usó, no le sirvió a nadie, solo a unos pocos y ahora se va a desechar”.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que el gobierno salvadoreño desmantelará el monedero estatal Chivo a finales de julio como parte de los compromisos asumidos en el programa de $1,400 millones.

El desmantelamiento del monedero estatal fue anunciado el 19 de diciembre de 2024 por Stacy Herbert, directora de la Oficina de Bitcoin, quien emitió un comunicado, en respuesta a las críticas de algunos bitcoiners sobre que el gobierno cedió a la presión del FMI para acceder a financiamiento.

Chivo Wallet fue lanzada por el gobierno salvadoreño en septiembre de 2021 como una medida para impulsar la adopción del bitcoin. Con la Chivo Wallet, hubo un periodo en el cual se regaló un bono de $30 para los nuevos usuarios, lo que provocó largas filas de salvadoreños en los cajeros de Chivo intentando sacar ese dinero en dólares.

La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Arena, espera que el gobierno cumpla el acuerdo financiero que ha alcanzado con el «Fondo Monetario Internacional (FMI)» del programa de Servicio Ampliado (SAF) y cuya primera revisión liberaría $120 millones.

Una de las condiciones es aprobar una «Ley de Sostenibilidad Fiscal», para lo cual la diputada de oposición, dijo, votaría.

«El gobierno debe cumplir sus compromisos porque el «Fondo Monetario Internacional» es serio y se debe hacer lo posible por cumplir. Tengo entendido que se está esperando que se existiese una «Ley de Responsabilidad Fiscal», que eso ya venció el plazo que ellos habían pedido para poder ser aprobada en nuestra Asamblea Legislativa y vamos a ver si se presenta en los próximos días», dijo Villatoro.

La diputada advirtió que, en los próximos meses, se verán «recortes en presupuestos» y estarán a la expectativa si «hay despidos», ya que rebajar la grasa del Estado es parte de las condiciones que ha puesto el FMI.

En la información que difundió el Fondo, adelantó que el gobierno prepara planes para reformar el sistema de servicio civil (Ley de Servicio Civil) y los sistemas de pensiones, a fin de «apuntalar el ajuste más allá de este año». Estas medidas incluirán una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuya promulgación está «prevista próximamente».

«Creo que es importante una Ley de Responsabilidad Fiscal con la que se supervise cómo está funcionando el Estado y que los recursos ingresen de forma adecuada, que no se dispersen y que funcione todo económicamente bien para nuestro país. Por su puesto que una Ley de Responsabilidad Fiscal contará con nuestro apoyo», dijo Villatoro.

El 9 de mayo se venció el plazo para que El Salvador aprobara una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), una normativa que busca mejorar las finanzas públicas y que fue suspendida durante la pandemia por covid-19; aunque, el 27 de mayo, luego de la primera revisión del plan SAF, el FMI señaló que el programa ha tenido un sólido desempeño por parte de El Salvador.

Según el acuerdo, El Salvador debe incrementar los requisitos de liquidez bancaria, a la vez que se fortalecerá la supervisión bancaria y de cooperativas.

Con la «Ley Anticorrupción», el gobierno se ha comprometido a garantizar su «aplicación adecuada y oportuna» para «mejorar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, incluidas las cuentas fiscales del sector público en general».

La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Arena, pidió una reforma a la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes (ley del IVA) para quitar este impuesto a los alimentos de la canasta básica y además congelar sus precios.

La propuesta fue hecha en la sesión plenaria por Villatoro, quien dijo que el recién aprobado incremento al salario mínimo ha derivado en incrementos de precios de productos de la canasta básica.

“El 1 de junio inicia lo que se ha aprobado como el nuevo salario mínimo con el aumento que se ha hecho del mismo, sin embargo, mucha población salvadoreña nos ha comunicado que, a raíz de esto, se han estado aumentando los precios en algunos productos de la canasta básica y que siempre que se aumenta el salario mínimo es usual que aumentan los precios de los productos… No sirve que se aumente el salario mínimo, si los precios también suben. Consideramos oportuno congelar los precios de la canasta básica por un plazo de un año”, expuso la diputada de oposición.

La legisladora dijo que buscan beneficiar a los dueños de micro y pequeñas empresas que tienen que hacer los ajustes de planillas y pagar esos incrementos.

La diputada @Villabull propuso eliminar el IVA a la canasta básica por un año, los diputados de la @BancadaCyan no votaron ni a favor, ni en contra, a pesar que recalcan que «hoy la votación es a favor o en contra» @ElMundoSV pic.twitter.com/nsZ0YjVdue

— Jessica Guzmán (@Jessmonic) May 29, 2025

“Les volvemos a pedir a esta Asamblea Legislativa que se le quite el IVA a los productos de la canasta básica por el plazo de un año, a modo también de beneficiar a las micro y pequeñas empresas y que necesitan busca ajustes para poder pagarle a sus empleados, porque lastimosamente no se han presentado medidas económicas para ver cómo los ayudamos a que ellos hagan un ajuste”, dijo en el pleno.

La iniciativa, que ya ha sido propuesta anteriormente, no tuvo votos de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió que incluyeran su voto a favor de la propuesta, pero Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, le dijo «no es posible ya que no se encontraba usted incorporada».

El precio de la canasta básica alimentaria (CBA) subió en abril por un mayor costo en las raciones de pan francés, tortillas y verduras, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec).

La última actualización señala que la CBA en la zona urbana se ubicó en $247.27 en abril, $1.38 en promedio más cara que los $245.89 de marzo. También la canasta básica rural se encareció, aunque a un menor ritmo, en $0.63, y se ubicó en $178.76.

La diputada Marcela Villatoro, jefa de la fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que no es la defensora de Norman Quijano y exhortó a que se le siga su debido proceso, luego de que se conociera que el actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) haya sido detenido el 6 de marzo y que que está recluido en el Centro de Inmigración y Aduanas.

«No estoy para defender a alguien, ni para acusar a nadie. Yo no soy la defensora de él, tampoco soy la Fiscalía, que siga su debido proceso, que muestre lo que tenga que mostrar, siguiéndole el juicio como debería de ser», dijo la diputada Villatoro.

También, dijo que no quería dar más declaraciones sobre la detención de Quijano, porque medios afines al gobierno «tergiversan» información, aseguró.

«Hay muchas páginas que son progobierno, personas progobierno y utilizan las palabras que uno dice para tergiversar información y yo no me voy a prestar a eso, por eso, mejor no opinar al respecto. No voy a prestarme a que se tergiverse información por parte de medios afines al gobierno», señaló.

Vamos: «Verdadera justicia»

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, dijo que espera «se garantice verdadera justicia». «Habrá que ver cómo se desarrollan los siguientes eventos alrededor de ese tema. Las acciones que se le señalan deben ser investigadas y juzgadas con un sistema que garantice verdadera justicia», dijo Ortiz.

Quijano fue condenado por los delito de agrupaciones ilícitas y fraude electoral a más de 13 años de prisión en abril del 2024, luego de haber sido hallado culpable de pactar con pandilleros en la campaña presidencial del año 2014, al prometer favores a cambio de votos. En la acusación, la Fiscalía aseguró que los hechos se habrían cometido cuando Norman Quijano era candidato para la presidencia en las elecciones del 2014 y 2015, específicamente, en días previos a la segunda vuelta del evento electoral, donde se supuestamente tuvo reuniones con las pandillas (Barrio) 18 y Mara Salvatrucha MS-13, y con quienes realizó negociaciones ilícitas haciendo ofrecimientos de beneficios a estas pandillas a cambio de votos.

Desde antes de haber sido condenado, en 2021, el Juzgado Quinto de Instrucción solicitó a la Oficina Central Nacional de la Interpol en El Salvador emitir la difusión roja en contra del diputado.

Según la Oficina de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Quijano está bajo custodia del ICE en el Centro de Detención del Servicio de Port Isabel de Texas, luego de ser detenido el 6 de marzo y de solicitar asilo a los Estados Unidos.