Expertos independientes o «procedimientos especiales» del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno de los Estados Unidos, además de comunicación relacionada a los gobiernos de El Salvador, Venezuela y Cuba, para manifestar preocupación sobre la posible violación al derecho internacional de los derechos humanos en las deportaciones de ciudadanos venezolanos y salvadoreños a El Salvador.
La carta fue enviada el 23 de abril de 2025 y publicada 60 días después en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OHCHR).
Los «procedimientos especiales» son expertos independientes en derechos humanos que informan y pueden intervenir «mediante cartas» a los Estados, pueden hacer llamados urgentes, exponer hechos o denuncias, estándares internacionales y exponerles preocupaciones, según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
En este caso, el país en cuestión es Estados Unidos relacionado a El Salvador sobre las deportaciones de venezolanos y salvadoreños de Estados Unidos a El Salvador al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Entre las preocupaciones mencionadas por los expertos de la ONU están: «la prohibición de la expulsión ilegal o arbitraria, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho al debido proceso en la expulsión de migrantes y solicitantes de asilo, el derecho a la vida familiar y los derechos de los niños, la obligación de no devolución, la prohibición de la desaparición forzada y el requisito de condiciones humanas de detención».
En la misiva, se mencionan 108 presuntas víctimas e instan «al Gobierno de Su Excelencia a revisar estas leyes, políticas y prácticas para garantizar que toda medida adoptada cumpla con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos».
«Migrantes en una prisión de justicia penal»
Los expertos de la ONU señalaron que desconocen el procedimiento legal aplicado y el estatus legal de los detenidos para probar sus presuntas asociaciones con pandillas o cualquier actividad criminal, y advierten que es posible que «se haya identificado individuos con Tren de Aragua basado en sus tatuajes, ropa, actividad social y estatus migratorio».
«No parecen estar bajo investigación criminal en El Salvador, no tienen estatus migratorio legal allí y están sujetos a una detención renovable de un año aparentemente como migrantes en una prisión de justicia penal. La detención arbitraria prolongada también podría constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante», dicen en su comunicación los procedimientos de la ONU.
Señalan falta de información sobre los detenidos a pesar de solicitudes y que el gobierno de El Salvador ha negado la asistencia consular a Venezuela. Señalan que los detenidos no tienen comunicación con sus abogados, «duermen en camas de metal sin colchones y están confinados en sus celdas durante 23 horas al día, privados de tiempo al aire libre», con escaso acceso a alimentos, agua, medicamentos esenciales para enfermos crónicos, entre otros.
También, piden que explique «qué salvaguardas de derechos humanos están incluidas en el acuerdo de deportación y detención entre los Estados Unidos y El Salvador, incluida cualquier disposición para una deportación efectiva».
La carta se refiere a las deportaciones realizadas el 15 de marzo desde Texas, Estados Unidos, de 238 venezolanos y 23 salvadoreños, de los cuales 137 aparentemente fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y otros 101 bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos; entre el 30 y 31 de marzo, de otras 17 personas, 7 venezolanos y 10 salvadoreños, presuntos pandilleros; y el 12 de abril, otros 10 presuntos pandilleros. Muchos de los deportados se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ubicado en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur.
La solicitud firmada por 12 relatores o expertos advierte que, mientras esperan una respuesta, exhortan a adoptar medidas para «evitar cualquier daño irreparable a la vida y la integridad personal de los afectados».
¿Quiénes firman la carta?
1. Ben Saúl, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
2. Gabriella Citroni. Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
3. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
4. Balakrishnan Rajagopal. Relator Especial sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto.
5. María Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
6. Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
7. Jorge Katrougalos, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
8. Cecilia M. Bailliet, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional.
9. Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
10. Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
11. Siobhán Mullally, Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
12. Laura Nyirinkindi, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
