La Asamblea Legislativa prorrogará este martes por tres años la «Ley especial transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños» aprobada en 2022.
La normativa permite documentar y asentar nacimientos, estados familiares o muertes a los sobrevivientes de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, ocurridas entre los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, lo cual les permite ir completando el registro único de víctimas, algo que les permite reclamar las medidas de reparación.
“Tenemos que terminar lo que empezamos”, dijo Andrés Alejandro Amador, coordinador del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la masacre El Mozote y lugares aledaños (RUV), en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.
Advirtió que los casos «prácticamente se han duplicado». Puso como ejemplo una pareja que tenía 10 hijos; sobrevivieron la madre y dos hijos. Para su registro requieren 9 «subsidiarios (partidas) de nacimiento», 9 «subsidiarios de defunción», una declaración de unión matrimonial y dos reconocimientos de paternidad, un total de 21 procesos.
Sin el decreto, los sobrevivientes requerirían la contratación de abogados para seguir el procedimiento ordinario. Con el decreto, “casi todo se basa en declaraciones juradas de referentes históricos» que «conocen bien la situación doméstica de ese lugar”.
«Esas sí eran violaciones a derechos»: Chamagua
El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aprovechó para cuestionar las críticas que realizan organizaciones locales e internacionales sobre el respeto a los derechos humanos en El Salvador durante la actual gestión gubernamental.
«Es necesario hacer énfasis y resaltar que esta problemáticas aborda el tema de los derechos humanos que en el conflicto civil fue muy delicado y que desde mi punto de vista esas sí eran violaciones graves a los derechos humanos, no como las historietas que ahora los medios de oposición intentan vender, de camuflajear, a personas con severos daños de corrupción que los venden como que fueran perseguidos políticos o violaciones a derechos humanos, no tiene nada que ver», dijo Chamagua, diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Sonsonate.
«Yo no quiero ni imaginar lo que se vivió en esa época, tantas situaciones de torturas y familias que quizás desaparecieron completas», agregó Chamagua. Añadió que la guerra «no tuvo sentido» ya que «la razón del porqué se originó el conflicto civil nunca se solucionó», que según el legislador fue «la desigualdad social y económica».
Organizaciones han criticado en El Salvador capturas arbitrarias, torturas y muertes de personas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción, y las capturas de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, como de Enrique Anaya, el abogado que pidió la nulidad de la candidatura de Nayib Bukele para su reelección presidencial.
«Al contrario, eso se maximizó (la desigualdad) una vez se terminó el conflicto civil, pero, bueno, nos toca ahora a nosotros, somos una nueva generación de políticos, funcionarios».
Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.
Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), calificó la guerra de hipócrita. «Conmueve este tipo de cosas que pasaron y últimadamente como partidos políticos los hemos visto abrazándose y dándose besos», dijo, respecto a los exgobernantes Arena y FMLN.
«Es un tema de una guerra hipócrita que hubo donde personas que ahora andan huyendo decidieron mandar a matar a familias, una comunidad entera, solo se imagina matar ocho niños, ¿qué tenía que ver un niño?». Reynaldo López Cardoza (PCN).
Nos ha quedado bastante claro la necesidad de estos tres años. Felicitarle por su gestión al frente de este tema dado que nuestros salvadoreños necesitamos pronta y cumplida justicia.
Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.
¿Cuántas víctimas tiene el Registro?
Ayer, el coordinador del Registro de las víctimas de El Mozote no reveló cuántas personas han registrado hasta la fecha; ante la pregunta expresa del diputado López Cardoza, respondió que la cifra es «confidencial» por el «resguardo de las personas».
Hasta septiembre de 2017, según una publicación de El Faro, el Registro único tenía 978 personas ejecutadas, de las cuales 553 eran menores de edad, 604 familiares, 47 sobrevivientes y 29 desplazados, totalizando 1,658 personas.
El 18 de noviembre de 2021, Gobernación aseguró en un comunicado que «ya hay más de mil víctimas reconocidas plenamente y 600 casos que ya se cuenta con una base para que sean incluidos».
Según una publicación de la asociación Cristosal, de octubre de 2024, en El Salvador persistían incumplimientos de las medidas de reparación a las víctimas de la masacre ordenadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), del 25 de octubre de 2012. Mencionaba como incumplimientos: falta de justicia, falta de un plan integral de desarrollo para comunidades afectadas pese a algunas obras en el caserío que responden más a un desarrollo turístico. En esa ocasión, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote pidió la prórroga de la ley para establecer el estado familiar.
Teníamos en el paquete que se nos entregó de la administración anterior 317 casos. Suponiendo de los que se han resuelto o iniciado se duplicaron… si ese patrón se continúa dando, estamos hablando de 955 casos específicos más.
Andrés Alejandro Amador, coordinador del Registro de Víctimas de El Mozote.
