Categoría: Politica

La extracción o el uso ilegítimo de información personal de clientes, por parte de algún empleado de call centers, ha provocado la pérdida de cinco mil empleos durante los últimos años según datos contabilizados por el Comité del Call Centers para la Cámara Americana de Comercio (AmCham).

“Un solo incidente grave puede alejar al cliente y ocasionar pérdida de contratos, estimamos que por delitos de este tipo en años recientes hemos perdido alrededor de 5,000 puestos de trabajo”, dijo ayer presidenta del Comité, Karla Machón en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

Explicó que la reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», para permitir presentarse como víctimas en este tipo de fraudes, es «urgente» para proteger la información de «clientes internacionales cuando esta se ve vulnerada por empleados locales».

“Actualmente, si un colaborador comete un acto ilícito que afecte al cliente final, por ejemplo, filtración de información, confidencialidad, extorsión, o incurre en fraude, no podemos proceder legalmente si el cliente no está inscrito en El Salvador. Esto genera impunidad, limita nuestra capacidad de acción y debilita la confianza de nuestros socios internacionales”, argumentó, ante los diputados.

El dictamen favorable de la reforma fue aprobado el miércoles y posiblemente sea aprobado este jueves en el pleno.

¿Cómo ocurren los fraudes por extracción de información?

El presidente del Comité de Ciberseguridad de AmCham El Salvador, Héctor Cuchilla, explicó a los diputados que los “call centers o centros de contactos contratan empleados, los entrenan y les dan una cantidad de permisos sobre los datos que les confía las empresas que contrata el call centers”.

Así, acceden a información como nombres, direcciones, teléfonos, correos, saldos de cuentas e medidas de seguridad de las cuentas.

Sin embargo, advirtió que “algunos de esos empleados deciden tomar una mala decisión” y que miembros del crimen organizado los buscan “les ofrecen dinero o sobornos para facilitar información que está en esa base de datos”, entonces, “esa información es utilizada para secuestrar cuentas, hacer compras, desviar fondos, robar dinero”.

“Los fondos que se roban van para todos los peores usos que se puedan imaginar: compra de drogas, armas, terrorismo, trata de personas, otros cibercrímenes más grandes”.
Héctor Cuchilla, presidente del Comité de Ciberseguridad de la AmCham El Salvador.

Sin embargo, no solo es la extracción de datos la conducta fraudulenta del uso de la información de los usuarios, sino otras.

¿Cuáles son las conductas típicas de este tipo de fraudes en los call centers?

1. Identificar cuentas de alto perfil.
2. Extracción de los datos.
3. Uso indebido de información como beneficiar a terceros.
4. Manipulación de registros de las cuentas.
5. Generación de datos falsos, por ejemplo, para realizar ventas falsas.
6. Borrado de interacción.

Cuchilla explicó que, cuando el cliente pierde su dinero y se queja con la entidad –farmacia, centro comercial, ferretería, emisor de tarjetas, banco– y esta le pasa los costos del fraude al call center, lo que les acarrea pérdida de reputación y en ocasiones de contratos y empleos.

Sin embargo, advirtió que no pueden judicializar los casos porque actualmente no pueden presentarse como víctimas. “Estos empleados nosotros los podemos detectar y lo más que podemos hacer es decir ‘usted ya no trabaja con nosotros porque rompió las reglas de ética de la compañía’ pero no hay forma de denunciarlos. Puedo denunciarlo, el problema es que no voy a poder suministrar evidencia porque no fui víctima”, indicó.

Por ello, urgen una reforma para “permitirle a todos los actores” de la cadena del manejo de información de los usuarios y permitirles que se presenten como víctimas el propietario, el controlador y el procesador de los datos.

La AmCham detalló que los call centers en El Salvador suman una exportación anual de $500 millones, generando entre 36,000 y 48,000 empleos directos en todo el país con un mercado global que supera los $100,000 millones y proyecta a crecer hacia $162,000 millones a 2029. Solo en 2024, los call centers crearon 12,000 empleos nuevos.

¿Qué dice la reforma?

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma para que en el artículo 11 se establezca que se sancionará con penas de 10 a 12 años de prisión «quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a un sistema informático base de datos, sistemas de gestión de relaciones con clientes, sistemas y plataformas de ventas, servicios de centros de contacto» (call centers), así como a servicios de blockchain, para «consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros» o para otorgar beneficios no autorizados, ocultar interacciones, realizar manipulaciones indebidas o «crear información falsa a nombre del propietario de los datos» para «un beneficio para sí o para un tercero».

La reforma establece que este delito se cometería «en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos», siendo el propietario quien tienen la propiedad sobre sus datos, el controlador, la entidad que determina medios para el procesamiento de sus datos; y el procesador, la entidad que recopila, almacena, modifica o elimina dichos datos en nombre del controlador de dichos datos.

La diputada arenera Marcela Villatoro cuestionó el miércoles a la secretaria general del partido Vamos, Cesia Rivas, por «falta madurez política» y le recordó el pasado del fundador de su instituto político.

«El orgullo y la falta de madurez política no abonan cuando la democracia está en detrimento. La unidad, respeto y ver el bien en las personas dejando de lado las diferencias y buscar lo mejor por la sociedad si… La soberbia es parte de lo que nos hunde como país», aseveró Villatoro, jefa de la fracción legislativa de su partido.

Villatoro reaccionó a lo dicho por Rivas en una entrevista a Diario El Mundo de que su partido «nunca han contemplado hacer alianza con ningún partido que tenga señalamientos por corrupción», al preguntársele si había contemplado hacer alianza opositora con Arena dentro de la Asamblea Legislativa.

La diputada de Arena agregó que ella sí está dispuesta a trabajar con quienes estén dispuestos a «trabajar por restablecer la justicia en este país».

«La desunión de los sectores y el elitismo solamente beneficia la narrativa gubernamental. Los que piensan en excluir a quienes no se sienten identificados con el gobierno es porque están con ellos de la mano. Yo apoyo lo bueno y no discrimino ni menosprecio, creo que esa es la gran diferencia», señaló Villatoro.

Además, la diputada arenera le recordó a la secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, que su partido sí tiene un pasado, refiriéndose a uno de sus fundadores, Josué Alvarado.

«Parece que se les olvida, muy convenientemente, que su partido si tiene un pasado, ya que su fundador y candidatos presidencial fue un ferviente creyente del partido Arena y que incluso fue parte del mismo en apoyo a candidaturas presidenciales», expresó Marcela Villatoro a Diario El Mundo, en referencia a Alvarado.

«No, nunca estuvo contemplado, al contrario, siempre hemos sido claros en ese tema, que no podemos. Y este no es un tema personal, lo quiero aclarar, no es un tema personal, es un tema de partidos políticos, es un tema de que nosotros no podemos hacer alianzas con partidos señalados por corrupción, con partidos donde se le ha hecho mucho daño a mucha gente, así que nosotros no, no vemos esas alianzas, no las vimos antes, mucho menos ahora», fueron las declaraciones que dio la secretaria general de Vamos, a Diario El Mundo.

Alvarado, un pastor evangélico que fue uno de los fundadores y secretario general del partido Vamos y que «creía en Arena», tuvo que renunciar a Vamos ya que en septiembre de 2022 la Fiscalía lo procesó por una acusación por acoso sexual agravado.

En la legislatura actual, que inició el 1 de mayo de 2024, de oposición solo Arena con dos diputados y Vamos con una obtuvieron votos necesarios para ser parte de la Asamblea Legislativa, y aunque en votaciones dentro del pleno, se han apoyado, no forman alianza como bloque de oposición.

La emisión nacional de pasaportes cayó un 16 % en el primer trimestre de 2025, según los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) publicados en la pu00e1gina de transparencia de la institución, sin embargo, la entrega de documentos en el extranjero aumentó 29 %.

Los datos reportados por la institución indican que la cantidad de pasaportes entregados en las sucursales de Migración en El Salvador ha disminuido en un 16 %. Las cifras señalan que en el primer trimestre de 2024 se emitieron 81,102 pasaportes salvadoreños y la cifra se redujo a 67,874 en el mismo período de 2025.

La sucursal con mayor disminución es la ubicada en Santa Ana con 28 %, cuyos datos indican que en los primeros tres meses de 2024 emitió 10,681 pasaportes y en el mismo plazo de 2025 ha entregado 7,713. Le sigue la sede de Pasatiempo que presenta una reducción del 26 %.

La sucursal que mu00e1s pasaportes emite en el país es la ubica en Las Cascadas, esta ha entregado 16,582 documentos, lo que representa una disminución del 7 %, frente a los 17,776 del mismo período de 2024. La oficina con menor disminución es la del redondel Masferrer con solo 5 %. Según el reporte, todas las sucursales físicas presentan una disminución.

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El 96 % de los pasaportes emitidos en el exterior fueron entregados en EEUU

Por otro lado, la entrega de pasaportes salvadoreños en el extranjero aumentó en un 29 %, de acuerdo a las cifras de la entidad migratoria. En el primer trimestre de 2024 se emitieron 52,596 y para el mismo período de 2025 se entregaron 67,808, es decir, 15,212 mu00e1s.

Los datos revelan que de los documentos de viaje entregados en el exterior, el 96 % fueron emitidos a connacionales en Estados Unidos. El otro 4 % restante se distribuye en «otros pau00edses» según el documento publicado por Migración. Individualmente, la entrega de pasaportes en la nación norteamericana representa un 30 % de aumento para el primer trimestre de 2025 y en otros países aumentó un 14 %, en comparación con el mismo período de 2024.

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Los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron este miércoles un dictamen favorable para penalizar con hasta 12 años a quienes hagan uso ilegítimo de bases de datos.

Las reformas son a la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos que ya había sido estudiada el año pasado y a las que la Comisión les otorgó dictamen favorable en agosto de 2024, pero no se había aprobado en pleno. La tarde de este miércoles, diez meses después, la retomaron en Comisión y recibieron a representantes de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) para que dieran sus observaciones a las reformas.

Los representantes de AmCham explicaron a los diputados el esquema de fraudes que utilizan los estafadores de bases de datos a empresas y sugirieron se tomaran en cuenta para crear una verdadera seguridad jurídica.

Sergio Campos, coordinador legal de AmCham explicó que la intervención de ellos sobre las reformas es para «proteger la información sobre todo la confidencial de cada uno de los salvadoreños, como usuarios de servicios financieros, servicios de plataformas y que están alojados y procesados en estas bases de datos y que no tiene nada que ver con tema de coartar la libertad de expresión o cualquier tema de una libertad individual», aclaró.

Campos dijo que analizaron el marco normativo actual y han tomado en cuenta todos los ilícitos informáticos que las empresas han vivido «y se ha concluido lo que en derecho se conoce como laguna jurídica, precisamente para poder judicializar este tipo de ilícitos, por lo que hemos concluido que las reformas a esta ley de delitos informáticos y conexos resulta necesaria, para poder perseguir este tipo de delitos y que también las empresas tengan ese respaldo y esa seguridad jurídica para expandir sus negocios e invertir en el país», comentó.

Héctor Cuchilla, presidente del Comité de Tecnología y Ciberseguridad en la Cámara explicó a los diputados que la modalidad de estafa que ellos han detectado, y puso de ejemplo los servicios tercerizados, es decir los call center.

«Cuando una compañía en el exterior o local contrata a un call center o centro de contacto para que maneje todas sus interacciones de servicio al cliente, de ventas, de soporte técnico, este contrata empleados, los capacita y les da una cierta cantidad de permiso sobre esos datos, como datos financieros, nombres, direcciones, correos, saldos u otros, y el problema que hemos notado es que hay sindicatos de crimen organizado que buscan a los colaboradores de los centros de contacto, les ofrecen dinero, sobornos básicamente, para que les faciliten información que están en esas bases de datos y luego esa información es utilizada para secuestrar cuentas, hacer compras, desviar fondos, robar dinero y eso tiene toda una cadena de afectación, el cliente pierde su dinero, acceso a su cuenta, cualquier cantidad de ilícitos», detalló Cuchilla.

Pero la cadena de afectación no se queda ahí, continua el experto, «el cliente presenta su queja a la entidad que manejaba sus datos, esta entidad le reclama al centro de contactos y le va a pasar todos los costos de ese fraude, el centro de contactos los va a pagar, pero esto también conlleva pérdida de negocios, perdida de reputación, multas, sanciones y el problema legal que vemos que cuando queremos judicializar estos casos, el problema es que nosotros no somos la víctima. Ese es el tema principal: ¿A quién le robaron los datos? Pregunta la Fiscalía, se los robaron a un cliente final, entonces yo como centro de contacto, no puedo decir que me robaron datos que estaban a mi custodia, y eso me deshabilita para denunciarlos, ni puedo suministrar evidencia, según la legislación actual», explica Cuchilla.

Por lo que la reforma que pidió AmCham, según dijo Cuchilla es que se incorporara a todos los afectados en la cadena para que se les «permita se manifiesten como víctimas, en el artículo 11 de la Ley sobre fraudes en la industria».

Los diputados de la Comisión estuvieron de acuerdo y emitieron el dictamen favorable para la reforma, que podría ser conocido y aprobado en pleno este jueves 19 de junio.

La reforma

Reforma al artículo 11, el cual trata de penas sobre el fraude informático y que en la ley actual castiga el uso indebido de bases de datos con cárcel de seis a diez años.

Se modifica el inciso primero quedando de la siguiente manera:

«El que, por medio del uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas informáticos o componentes, datos, metadatos, configuraciones o la información en ellos contenida inserte instrucciones falsas o fraudulentas que resulten en un provecho para sí o para un tercero en perjuicio ajeno, será sancionado con prisión de seis a diez años».

Debido a la petición de AmCham se agrega el inciso tercero al artículo 11:

«Así mismo será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a un sistema informático, base de datos, sistemas de gestión de relaciones con cliente, sistemas de plataformas de ventas, servicios de centros de contacto, servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados, eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos.

Con esta reforma, expresó el diputado Raul Chamagua se va a tener más seguridad a las inversiones en el país. «Ganan las empresas porque su inversión se ve protegida y ganamos nosotros como Estado salvadoreño al tener más opciones de fuentes de empleo, que al final es lo que buscamos», aseguró.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este miércoles al gobierno salvadoreño que garantice «la integridad física» y la libertad de los periodistas y solicita que detenga «inmediatamente» la persecución, vigilancia o intimidación contra el gremio, pues considera alarmante el deterioro de la libertas de prensa.

La entidad aseguró en el comunicado firmado por más de 10 organizaciones que se encuentra profundamente alarmada por «el acelerado deterioro de la libertad de prensa» en El Salvador y su reciente intensificación, por ello pide al gobierno que cese la persecución contra el gremio.

La SIP retomó un informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que registra la salida de al menos 40 periodistas provocado por «un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias». La entidad estima que la salida de estos periodistas «genera una profunda crisis» en la libertad de expresión, lo que, «ha sembrado un clima de temor generalizado», afectando también a las familias de los periodistas.

«Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda alarma ante el acelerado deterioro de la libertad de prensa en El Salvador, que se ha intensificado gravemente en las últimas semanas».

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un comunicado.

Enfatizó que los profesionales de la información obligados a salir del país pertenecen a diferentes medios de comunicación y que han publicado investigaciones sobre abusos de derechos humanos, corrupción y falta de transparencia.

Además, piden al gobierno que aclare públicamente las denuncias de periodistas sobre listas de vigilancia y amenazas de captura contra periodistas. El Faro alertó el mes pasado sobre supuestas ordenes de captura contra varios de sus colaboradores luego de la publicación de una investigación.

En ese sentido, la SIP pide que se dé seguridad para que los periodistas desplazados puedan volver al país y aseguraron que la comunidad internacional «se encuentra monitoreando de cerca la situación».

La organización se refirió también a la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros por considerarla «una amenaza directa a la libertad de prensa» y para las organizaciones por imponer restricciones severas «que pueden ser utilizadas como herramienta de persecución».

Rodrigo Samayoa Rivas, quien fue candidato a alcalde por el partido Arena y luego de renunciar a ese partido se afilió a GANA, bandera con la que fue diputado en la Asamblea Legislativa, falleció el martes, según confirmaron fuente familiares y políticas.

El también ex diputado y fundador de GANA, Guillermo Gallegos expresó sus condolencias ante este fallecimiento.

Según Gallegos, Samayoa era laboratorista de profesión y tenía unos 75 años de edad. Sus restos están siendo velados este día y la misa de cuerpo presente se celebrará a las 4:00 p.m. en Montelena.

Rodrigo Samayoa tuvo una vida política en la fue miembro del partido Arena y por el que participó como candidato a alcalde de San Salvador en las elecciones del domingo 12 de marzo de 2006, en las que fue derrotado por Violeta Menjívar del FMLN.

En 2009, Samayoa participó en las elecciones de diputados, siempre por el partido Arena y se convirtió en uno de sus 32 legisladores, sin embargo el 7 de abril de 2010, el mismo Samayoa anunció su retiro del partido tricolor y pasó a usar la camisa naranja.

En 2012 se vio envuelto en una controversia por que fue acusado por “amenazas y expresiones de violencia” contra la que era su esposa en aquel entonces y fue desaforado. Samayoa regresó a la Asamblea en 2014 y se declaró diputado independiente.

El exdiputado de GANA, Guillermo Gallegos, lamentó su fallecimiento este miércoles.

“Pues, lamentando la muerte repentina del doctor Rodrigo Samayoa, un buen amigo, una persona con quien compartí por muchos años, como miembro del partido y como amigo. Expreso mi pesar y mi más sentido pésame a su familia”, manifestó Gallegos a Diario El Mundo.

Aunque no se tiene información oficial de la familia, Gallegos comentó que “al parecer”, Samayoa falleció de “un infarto”.

Mañana,
thursday 19 de junio, inicia la vigencia de la nueva «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas», una normativa que prohíbe programar gastos sin fuente de financiamiento y obliga al Estado a programar sus gastos en función de disminuir su nivel de endeudamiento.

La nueva ley fue publicada en la edición del Diario Oficial del 11 de junio y entra en vigor ocho días después, es decir, el jueves 19 de junio.

La obligación más cercana del Ministerio de Hacienda es diseñar el primer Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que deberá estar en función de reducir la deuda hacia un 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030. La deuda de El Salvador llega a 89.2 % del PIB ($32,107.13 millones) con pensiones, a diciembre de 2024.

Para publicar este Marco Fiscal de Mediano Plazo que sirva de referente para el ejercicio fiscal 2025 y para la elaboración del presupuesto de 2026, el Ministerio de Hacienda tiene un plazo de «tres meses contados a partir de la vigencia» de la ley.

Este es es uno de los plazos más cercanos que establece la nueva normativa a Hacienda, emitida como parte de uno de los compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño para acceder a un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de fortalecer las finanzas públicas de El Salvador.

Sin embargo, para todas las instituciones del Estado, la obligación más cercana es que en los primeros 10 días de cada mes deben entregar a Ministerio de Hacienda información mensual «de ingresos y gastos» y de «operaciones de financiamiento interno y externo» contemplados en el presupuesto. Hacienda puede establecer instructivos y el presidente puede emitir un reglamento.

La normativa regula las normas sobre el endeudamiento público incluida la deuda de pensiones, que supera los $10,700 millones, e incluida la deuda de las instituciones descentralizadas y empresas públicas, es decir, no se limita al Gobierno Central.

¿Cuáles son los plazos que le impone la ley de sostenibilidad a Hacienda?

Sin plazo: reglamentos e instrumentos
El presidente podrá emitir un reglamento de la ley, no dice plazo. El Ministerio de Hacienda puede emitir acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones, guías y cualquier otro instrumento.

Ingresos y gastos: primeros 10 días de cada mes
Todas las instituciones del Estado deben suministrar a Ministerio de Hacienda en un plazo no mayor a 10 días hábiles del siguiente mes, tanto de los rubros de ingresos y gastos, operaciones de financiamiento.

Municipalidades: cada operación
Las municipalidades deben remitir a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda la información de cada operación financiera y de endeudamiento, flujo de ingresos propios, a más tardar 5 días hábiles después de la operación, y publicar un informe semestral de operaciones de emisión de deuda.

Saldo de deuda cada mes
Hacienda debe publicar mensualmente el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) con pensiones según cada nivel de gobierno, instrumento, plazo y acreedor, incluyendo deuda de pensiones.

Saldo de pagos pendientes: cada mes
Hacienda debe publicar mensualmente el saldo adeudado de requerimientos pendientes de pago (pendientes por 90 días o más) de bienes y servicios, y de transferencias corrientes de la Dirección General de Tesorería, notas de crédito pendientes de pago y Letras del Tesoro (Letes), emisiones y cancelaciones de Letes cada mes.

Marco Fiscal: cada año
El Marco Fiscal de Mediano Plazo actualizado será publicado anualmente en el Portal de Transparencia Fiscal a más tardar el 31 de mayo.

Cumplimiento: cada año
Hacienda debe publicar un informe de cumplimiento de metas, durante el año fiscal anterior.

Presupuesto y riesgos: cada año
Todas las instituciones del Estado deberán proporcionar al Ministerio de Hacienda información íntegra y detallada de presupuesto, riesgos fiscales y pasivos contingentes en no más de 60 días después de la terminación del año fiscal.

Informe actuarial
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) deberá remitir al Ministerio de Hacienda un informe actuarial del sistema previsional con los flujos de ingresos y egresos. No indica plazo, pero el acuerdo del FMI indica que la evaluación actuarial independiente deberá ser publicada en julio de 2025 y una propuesta de reforma de pensiones, el 10 de febrero de 2026.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presenta retrasos

en el inicio de procesos de contratación de empresas y en la preparación de convenios y de tecnología para conformar el registro electoral de los salvadoreños en el exterior que se usaría en las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero de 2027.

Dos fuentes internas de la institución confirmaron a Diario El Mundo que el Tribunal no ha iniciado con tres actividades programadas en el calendario electoral definido para el próximo evento electoral en que los salvadoreños elegirían a diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes.

El calendario establece que el 2 de junio de 2025 debió haber iniciado la formulación de los términos de referencia para la contratación de la empresa que desarrollará e implementará el sistema de votación y de las compañías que se encargarán de las auditorías al sistema, al registro y al escrutinio final del voto electrónico de los salvadoreños en el extranjero.

Asimismo, el 16 de junio debió empezar la preparación del equipo tecnológico y la coordinación para la firma de convenios con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) para la transferencia de los datos de los salvadoreños en el exterior para el registro electoral.

Sin embargo, las fuentes detallaron que ninguna de las actividades ha iniciado formalmente. La institución tiene hasta el 31 de julio para formular los términos de referencia, los cuales contienen objetivos, alcances, especificaciones técnicas, plan de trabajo, plan de logística y descripción del sistema de votación y de las auditorías requeridas por la institución.

El Tribunal tiene hasta septiembre para coordinar la firma de convenios con las tres entidades. El RNPN remite la información de los Documentos Únicos de Identidad (duis) de los connacionales para voto por internet; Migración y Cancillería de los pasaportes salvadoreños para voto electrónico presencial.

La institución dispone hasta noviembre para empezar la recepción de datos para el registro electoral. Las instituciones transfieren los datos al Tribunal y la Dirección de Registro Electoral los depura. Solo en 2024, Migración transfirió 8.1 millones de trámites de pasaportes al TSE para depurar e incorporar en el registro.

La ley de voto exterior prohíbe que el Tribunal implemente un registro previo de los interesados en votar.

La entidad electoral aún no ha concluido la elaboración del Plan General de Elecciones (Plagel), que contiene el presupuesto para el voto nacional y exterior. Los magistrados ya concluyeron su estudio pero esperan la versión definitiva para aprobarlo.

Para las elecciones de 2024, el Tribunal firmó los convenios en abril de 2023, ocho meses antes de las elecciones. Para esos comicios, el registro estaba compuesto por 741,094 salvadoreños en el exterior aptos para votar por internet y 5.4 millones para emitir el voto electrónico presencial en centros de votación. De los 741,094 habilitados para votar por internet, solo 240,650 emitieron el sufragio (32.47 %), mientras que 500,444 (67.53 %) decidieron no votar.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tuvo por informada la designación del nuevo director propietario de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) en representación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de oposición.

El nuevo designado como director propietario es Irvin Antonio Sorto Peña, y en el cargo de directora suplente por el FMLN siempre estará Blanca Elizabeth Ramos Hernández.

El Tribunal comunicó la resolución al director financiero institucional, al director de Talento Humano del TSE y a la JVE, así como al secretario general del FMLN.

Sorto Peña fue candidato a diputado por La Libertad del FMLN. Durante el escrutinio final de las elecciones de 2024 Sorto pidió la «nulidad de las elecciones de la Asamblea Legislativa por falta de confianza», comicios realizados el 4 de febrero de 2024 junto a las presidenciales.

«El Tribunal se hizo del ojo pacho cuando hubo un candidato que se proclamó ganador y todavía tuvo el descaro de mencionar una cantidad de diputados cuando nadie sabía, mucho menos el país. ¿De dónde sacaba esos datos?», expresó en aquella ocasión.

La directora propietaria saliente de la JVE por el FMLN es Mirna Benavides.

Marta Elena Urbina Galán, una salvadoreña de 99 años, tramitó su Documento Único de Identidad (DUI) a domicilio.

El documento fue entregado por el Presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) en San Luis La Herradura, La Paz Centro.

El Registro informó que Urbina Galán tramitó su documento por primera vez a domicilio, esta es una facilidad que ofrece la institución para salvadoreños que poseen dificultad permanente para movilizarse, problemas de salud o edad avanzada, que no les permite realizar el trámite en los Duicentros correspondientes.

El documento de identidad fue entregado a doña Marta por el presidente del RNPN, Fernando Velasco, quien aseguró que el presidente Nayib Bukele los insta «a llegar a todos los rincones donde nos necesite un ciudadano».

«Doña Martita ha pasado 99 años sin su identidad, y este día, gracias a Dios y al trabajo de instituciones del Estado, hemos venido a darle ese derecho constitucional».
Fernando Velasco, presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales.

La institución afirmó que para el trámite del DUI de Urbina Galán se requirió el acompañamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) para gestionar la inscripción de la partida de nacimiento correspondiente.

Según la memoria de labores del RNPN, desde junio de 2023 hasta mayo de 2024 entregaron 491 duis a domicilio, representando un aumento del 2.93 % en comparación el mismo período del año anterior.

En ese plazo se beneficiaron a 188 mujeres y 303 hombres.

¿Cómo tramitar el DUI a domicilio?

• Descargar el formulario de solicitud del trámite a domicilio en el sitio web: http://www.rnpn.gob.sv/servicios/servicio-de-dui-a-domicilio/
• Croquis del lugar que visitarán los técnicos para el trámite.
• Recibo de pago en bancos de $10.31 para tramitar el DUI.
• Constancia médica del padecimiento por el que no puede acudir a un Duicentro.
• La solicitud de trámite a domicilio puede entregarse en cualquier Duicentro, en las oficinas del RNPN o en las seis sedes de Ciudad Mujer ubicadas en San Martín, Lourdes Colón, Santa Ana, Usulután, Morazán y San Miguel.