Categoría: Politica

La iniciativa de Ley de Tecnologías Robóticas, cuyo proyecto fue entregado el jueves por el Ejecutivo al Legislativo, crearía «incentivos fiscales para los primeros despliegues robóticos» como una forma de «recompensar la innovación, asunción de riesgos y atraer tecnologías pioneras».

La ley, sin embargo, no detalla cuáles incentivos fiscales recibirían los proyectos robóticos, y establece dichos incentivos como «compromisos» que tendrá «el Estado».

Para el desarrollo de la robótica en el país, el Estado se compromete en el proyecto de ley a crear laboratorios especializados en robótica, centros de investigación y centros de innovación dedicados a las tecnologías físico-digitales, para permitir el traslado de conocimientos.

El segundo «compromiso» del gobierno, según el artículo 18, será crear incentivos fiscales para los primeros despliegues robóticos de su tipo para recompensar la innovación, la asunción de riesgos y atraer tecnologías pioneras.

Otro de los compromisos que serían asumidos por el Gobierno serían generar oportunidades de «prueba piloto de soluciones con soluciones con tecnologías robóticas» y promover la enseñanza de la robótica en el sistema educativo a todos los niveles en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

¿Para qué aplicará la tecnología robótica en El Salvador?

La Ley de Tecnologías Robóticas será ejecutada por la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

La ley permite aplicar tecnologías robóticas para:
1. Salud: El cuidado de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y otras aplicaciones de salud.
2. Espacio público. Permite aplicar estas tecnologías para espacios de acceso público.
3. Comerciales: Para interactuar directamente con personas en actividades comerciales o de servicios.
4. Transporte: Para el transporte de personas o mercancías en vías públicas.

Sin embargo, estas tecnologías robóticas no serán aplicables en los siguientes casos:
1. Equipos, tecnologías, electrodomésticos y dispositivos de uso doméstico, industrial, de salud u otros que cuenten con patentes o permisos requeridos previo a la vigencia de la ley.
2. Vehículos aéreos no tripulados o drones que requieran regulación de entidades gubernamentales.
3. Prototipos para fines académicos si no son usados fuera de dichas instalaciones.
4. Sistemas de automatización de edificios con sensores y dispositivos fijos permanentes.
5. Actividades de aficionados sin fines comerciales que según la ANIA no tenga riesgo de la ausencia de supervisión.

La iniciativa, que llegó al Legislativo el jueves 19, fue conocida este viernes 20 en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, en la que los diputados acordaron llamar para su próxima reunión al director de la ANIA, Mario José Flamenco Rivas –exfuncionario de la Oficina Nacional de Bitcoin–, para que les brinde información sobre el proyecto de ley.

Una vez aprobada la ley, la ANIA deberá crear un marco regulatorio en 180 días hábiles, plazo en el cual deberá iniciar la coordinación con instituciones públicas.

Mientras un poco más de la mitad de salvadoreños (54.7 %) percibe que la imagen del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha mejorado, más de la quinta parte de la población (23.3 %) sostiene que «ha empeorado».

Los datos provienen de la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA) realizada a finales de mayo (del 14 al 24) con un error muestral de 2.75 %.

Cada grupo poblacional da sus razones para argumentar que ha mejorado o empeorado la imagen del mandatario.

Un 41.7 % dice que su imagen ha mejorado porque está combatiendo la delincuencia, el 24.5 % dice que se debe a que está trabajando bien y el 8.8 % indica que «ayuda a las personas».

En menor cantidad, lo atribuyen a su «forma de pensar y actuar» (6.7 %), escucha a la población (4.5 %), a mejoras en servicios básicos de salud y educación (2.3 %), mejoras en la economía (2 %) o en la infraestructura (1.7 %), mencionan medidas económicas (1.3 %) y un 1 % dice que combate la corrupción y es transparente.

Del segundo grupo, el cual percibe que la imagen del gobernante ha empeorado, la mayoría menciona el «abandono a los sectores» y el «mal trabajo del gobierno» (29.6 %), aunque un buen grupo dice que es autoritario y escucha poco a la población (20.4 %).

El resto de razones señaladas son: la falta de respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a los arrestos injustificados (15.6 %), la mala situación económica y el desempleo (11.9 %), porque «es corrupto y por su falta de transparencia» (8.8 %), «no prioriza la educación y la salud de la gente (3.7 %), ha impulsado la minería metálica (2.7 %) y el cierre de escuelas y centros de salud (1.4 %).

El estudio deja clara una considerable presencia mediática del presidente, ya que el 56.2 % de los salvadoreños dicen que lee, ve o escucha información sobre las acciones de Bukele «siempre» o al menos «una vez por semana».

El desempeño y la confianza

Según el estudio de opinión, la imagen de Bukele sigue siendo positiva aunque tuvo una leve baja en el último año. Mientras, es aprobado por los salvadoreños con una nota de 8.15, su desempeño es aprobado por el 84.3 % además de que un 67.3 % le tiene alguna o mucha confianza, hay una proporción de la población que dice tenerle poca o ninguna confianza al gobernante (32.7).

Si bien solo un 15.6 % ve un mal o regular desempeño, de quienes lo aprueban, un 58.3 % califican su desempeño como «bueno» y un 26 % como «muy bueno».

Quienes le atribuyen logros plantean la seguridad y el combate a la delincuencia (66.6) y quienes piensan en fracasos mencionan desafíos económicos sobre costo de la vida (22.8) seguido del arresto de personas inocentes o autoritarismo (6.6).

Además de los desafíos económicos, la cercanía a la población es, al parecer, otra debilidad señalada, en esta ocasión, por más de la mitad de la población en el estudio. Un 33.5 % dice que se siente muy cercano o cercano al presidente versus el 51.7 % responde que se siente distante o muy distante del mismo.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que su Centro de Servicio Temporal en Saint Paul, Minnesota, en Estados Unidos, ya no está disponible para realizar trámites del Documento Único de Identidad (DUI), según un anuncio publicado en su página web.

El centro ubicado en el 60 plato blvd E, Suit 150 cerró operaciones este viernes 20 de junio luego de completar el período por el que fue habilitado por el Registro. Había estado habilitado desde el 24 de marzo.

La entidad no detalló cuántos trámites del DUI se realizaron en el centro mientras estuvo activo para los connacionales.

Por otro lado, la institución informó que este fin de semana estará desplegando jornadas móviles para el trámite de emisión del DUI. El sábado 21 habrá una jornada en San José, California de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en Tanchito’s restaurant.

Además, estarán en Far Rockaway, Nueva York; en el Centro Hispano de Durham, Carolina del Norte y en Iglesia Fuente de Vida, en Baton Rouge, Los Ángeles de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El trámite del DUI en el exterior tiene un costo de $35 y se pueden realizar emisiones gratuitas por primera vez, actualizaciones, reposiciones y renovaciones. Los procesos se pueden realizar en consulados, ferias y representaciones del RNPN.

Emisiones por primera vez:

• Pago de $35.
• Partida de nacimiento original.
• Presentar un documento de identidad (cédula, carné electoral, carné de minoridad, pasaporte o licencia de conducir, certificación de ficha de cédula de identidad personal, carné de residente emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería, tarjeta de residente permanente con fotografía / tarjeta de residente temporal, tarjeta de autorización para trabajar).

Modificaciones:

• Pagar $35.
• Presentar DUI vigente.
• Presentar acta de matrimonio para agregar el cónyuge.
• Presentar acta de divorcio para añadir el divorcio.
• Presentar acta de defunción para agregar como viudo.
• Para agregar «conocido por» se debe presentar partida de nacimiento marginada con los nombres por los que es conocido.
• Para agregar la profesión debe presentarse el titulo original y fotocopia.
• Para agregar el tipo de sangre debe presentarse el comprobante emitido por un laboratorio con sello de la Junta de Vigilancia.

El ministro de Hacienda, Gerson Posada, solicitó a la Asamblea Legislativa incorporar $2.1 millones para que el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf), en el presupuesto estatal 2025, para que eche a andar un proyecto de equipamiento tecnológico especializado.

Según la iniciativa, el INCAF «ha determinado la necesidad de fortalecer el talento humano salvadoreño», para lo cual ha formulado el proyecto de inversión «Equipamiento tecnológico especializado para el Centro de Desarrollo Profesional (CDP) del INCAF, en el distrito de llopango, San Salvador Este, el cual tiene un costo de US$2,177,000».

La iniciativa explicó que el propósito del proyecto «no es otro» más que dotar al CDP en Ilopango de los equipos tecnológicos especializados para mejorar los servicios de capacitación y formación en «hidráulica, neumática, mantenimiento industrial, manejo de maquinaria pesada, electricidad y soldaduras«.

Según el INCAF, que funge en lugar del desaparecido Instituto de Formación Profesional (Insaforp), identificó «recursos disponibles en la cuenta de saldos de años anteriores» por $2,177,000, según acuerdo del Consejo del INCAF de la sesión ordinaria Noo2/2025, del 3 de abril de este año.

Para este año el INCAF tuvo una asignación de $25.7 millones, de los cuales utilizaría $19.9 millones para capacitación y formación a nivel nacional. En su último presupuesto, en 2024, el Insaforp contaba con $64.7 millones, de los cuales $51.4 millones se destinaban a formación profesional.

La iniciativa será conocida en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que fue convocada para el día lunes 23 de junio.

La reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, faculta a personas, entidades o empresas, a que puedan presentarse como víctimas del delito de fraude informático en procesos penales seguidos contra un empleado que ha extraído o manipulado datos personales de clientes para obtener algún provecho o beneficiar a otra persona.

La reforma permite que los llamados “controladores» o «procesadores” de datos personales puedan mostrarse como víctimas del delito de “fraude informático” y no únicamente los propietarios de dichos datos personales.

La Cámara Americana de Comercio (AmCham) urgió esta reforma a los diputados, tomando como base lo que ha ocurrido en “call centers” en El Salvador.

Karla Machón, presidenta del Comité de Call Centers de AmCham El Salvador, aseguró que el uso indebido de los datos personales de bases de datos manejadas por estas empresas «debilita la confianza de socios internacionales”. “Estimamos que por delito de este tipo hemos perdido 5,000 puestos de trabajo”, indicó.

La AmCham ve la modificación como una gran oportunidad estratégica ya que la inversión de los call centers en El Salvador supera los $100,000 millones y se proyecta que llegue a los $162,000 millones en 2029.

Según la redacción de la reforma, esta no solo aplicará a los «call centers», ya que el artículo habla de las personas que tienen acceso a un “sistema informático” y una “base de datos” en general, aunque también menciona expresamente a quienes tengan acceso a: los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), plataformas de venta, centros de contacto (call centers), servicios de tecnologías blockchain y, nuevamente de forma amplia, a «sistemas donde los registros de información de terceros estén disponibles».

Actualmente, el fraude informático únicamente es imputado a quienes manipulan sistemas informáticos o sus datos para sacar provecho, pero no menciona en perjuicio de quién se comete el delito; y la pena oscila entre 6 y 10 años de prisión. Esta disposición no se elimina en la reforma.

Con la reforma, se deja detallado que el delito ocurrirá cuando los empleados de estos lugares consulten, extraigan o manipulen información de las bases de datos para obtener un beneficio “en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos”; y el delito, en este caso, tendrá una pena entre 10 y 12 años de prisión.

La reforma a la «Ley especial contra los delitos informáticos y conexos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, faculta a personas, entidades o empresas, a que puedan presentarse como víctimas del delito de fraude informático en procesos penales seguidos contra un empleado que ha extraído o manipulado datos personales de clientes para obtener algún provecho o beneficiar a otra persona.

La reforma permite que los llamados “controladores» o «procesadores” de datos personales puedan mostrarse como víctimas del delito de “fraude informático” y no únicamente los propietarios de dichos datos personales.

La Cámara Americana de Comercio (AmCham) urgió esta reforma a los diputados, tomando como base lo que ha ocurrido en “call centers” en El Salvador.

Karla Machón, presidenta del Comité de Call Centers de AmCham El Salvador, aseguró que el uso indebido de los datos personales de bases de datos manejadas por estas empresas «debilita la confianza de socios internacionales”. “Estimamos que por delito de este tipo hemos perdido 5,000 puestos de trabajo”, indicó.

La AmCham ve la modificación como una gran oportunidad estratégica ya que la inversión de los call centers en El Salvador supera los $100,000 millones y se proyecta que llegue a los $162,000 millones en 2029.

Según la redacción de la reforma, esta no solo aplicará a los «call centers», ya que el artículo habla de las personas que tienen acceso a un “sistema informático” y una “base de datos” en general, aunque también menciona expresamente a quienes tengan acceso a: los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), plataformas de venta, centros de contacto (call centers), servicios de tecnologías blockchain y, nuevamente de forma amplia, a «sistemas donde los registros de información de terceros estén disponibles».

Actualmente, el fraude informático únicamente es imputado a quienes manipulan sistemas informáticos o sus datos para sacar provecho, pero no menciona en perjuicio de quién se comete el delito; y la pena oscila entre 6 y 10 años de prisión. Esta disposición no se elimina en la reforma.

Con la reforma, se deja detallado que el delito ocurrirá cuando los empleados de estos lugares consulten, extraigan o manipulen información de las bases de datos para obtener un beneficio “en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos”; y el delito, en este caso, tendrá una pena entre 10 y 12 años de prisión.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, pidió el jueves a la Asamblea Legislativa la aprobación de una «Ley de Tecnologías Robóticas», iniciativa que fue conocida este viernes por los diputados de la Comisión de Tecnología Turismo e Inversión, que acordaron llamar al recién nombrado director de Inteligencia Artificial, José Flamenco Rivas, un exfuncionario de la Agencia Nacional Bitcoin dirigida por la bitcoiner Stacy Herbert.

La institución competente para la aplicación de la Ley de Tecnologías Robóticas será la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y para ello se creará una División de Robótica, que implementará la ley. La ley busca establecer incentivos para fomentar la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías robóticas, además de lineamientos para su comercio, industria y la educación.

Los diputados decidieron llamar a la Comisión al director de ANIA, Mario José Flamenco Rivas, “para que dé información sobre la propuesta”.

“Me gustaría poder invitar al señor Mario José Flamenco Rivas, que es el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, para nuestra próxima reunión, para que nos pueda dar un poquito más de detalle, de información acerca de esta propuesta, ya que esta agencia va a estar a cargo de poder ejecutar este proyecto de ley, que de hecho en América Latina es de los primeros en especializarse, en un tema tan importante, como es la robótica”, propuso Dania González, presidenta de la Comisión.

Flamenco trabajó en la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador (ONBTC), cuya directora es Stacy Herbert, y habría trabajado con Jimmy Song, «educador de bitcoin». Fue nombrado por el presidente Nayib Bukele como nuevo director de la ANIA, según se conoció el 16 de junio pasado.

La mayoría de los diputados votaron a favor de la propuesta, menos la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, pidió que se invitara a representantes de universidades e instituciones educativas como la Universidad Don Bosco y el Instituto Técnico Exal (Itexal). «Son pioneros en temas de robótica», indicó.

Rivas señaló que el proyecto de ley no contenía «nada que hable sobre la ética», excepto un artículo sobre no causar daño a las personas humanas. «Ojalá a la hora que venga el encargado de la ANIA pueda hablar sobre ese aspecto… Considero que la ética va de la mano en todo el tema de inteligencia artificial, tecnología y robótica”, señaló Rivas.

La diputada Dania González ignoró la propuesta de la diputada de Vamos y finalizó la Comisión.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala donará un vehículo que será utilizado al Ministerio de Relaciones Exteriores para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado de El Salvador (Conabúsqueda).

La donación, según la iniciativa, se da en el marco de la finalización del proyecto “Verdad, memoria y reparación para los desaparecidos” en Guatemala que era financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID).

Por ello, la Asamblea Legislativa aprobó la exoneración del pago de impuestos incluido el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), así como costos de bodegaje. La exoneración de impuestos fue aprobada con 60 votos de todos los partidos.

El vehículo es un pick up marca Honda línea Ridgeline, blanco, de cinco asientos, año 2024.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recriminó la falta de aprobación de una Ley de justicia transicional “para que todas las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado puedan encontrar verdad, justicia, reparación, así como garantías de no repetición”.

Ortiz añadió que no solo hay desaparecidos en el marco del conflicto armado sino desaparecidos en el marco de la violencia de las pandillas, en migración y también los capturados del régimen de excepción que eran inocentes.

“Es un flagelo aberrante que golpea la dignidad humana de la manera más grave y es nuestro deber tomar acciones”, dijo.

Ortiz también exhortó a aprobar leyes que apoyen a los familiares que buscan a sus desaparecidos, una ley de bancos de datos genéticos y la ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada “que El Salvador no ha querido ratificar”.

“Eso está en manos de ustedes, colegas diputados, importante que El Salvador frente a este gran problema que data de décadas tome acciones urgentes, para que nunca ningún funcionario vuelva a decir que si no hay cuerpo no hay delito”.
Claudia Ortiz (Vamos).

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, no respondió a la diputada de Vamos. Aseguró que estos donativos “ayudan a poder cumplir con estos objetivos que el gobierno de Nayib Bukele tiene” y agradeció a la Fundación de Antropología Forense. “Ahora nuestra realidad es diferente”, aseguró, en referencia a la existencia de personas desaparecidas.

Un 28.5 % de los salvadoreños estaría «muy de acuerdo» y un 42.1 % estaría «de acuerdo» con que Nayib Bukele se postulara para un tercer periodo presidencial, según la encuesta divulgada el jueves por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop).

Las personas entrevistadas que avalarían en algún nivel un tercer periodo presidencial para Bukele sumarían un 70.6 %.

Sin embargo, el 25.4 % de los salvadoreños respondieron que estarían en desacuerdo (14.7 %) o muy en desacuerdo (10.7 %).

Solo 2.4 % de la población se muestra indeciso ante la pregunta sobre la reelección para un tercer periodo consecutivo; la encuesta fue realizada mediante entrevistas personales a una muestra de 1,272 personas con un error de 2.75 %, más o menos, y un nivel de confianza del 95 %.

La misma encuesta indica que el 95 % de la población salvadoreña considera «muy o algo» importante que se respete la Constitución de la República: un 85.8 % dice que es «muy importante» y 9.2 %, que algo importante.

Según el estudio, Bukele obtuvo una nota de 8.15, tres décimas menos que hace un año, y 7.85 para su gobierno.

Las emociones predominantes sobre Bukele en la población son confianza (29.6 %) y esperanza (25.4 %); y la frase que definen los seis años de gobierno de Bukele es «un presidente que pone orden con mano dura», mencionada por un 54.3 % de los entrevistados.

La inscripción de Bukele en su candidatura presidencial para su segundo periodo 2024-2029 se basó en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida el 3 de septiembre de 2021, la cual fue un argumento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la resolución de inscripción. El TSE, en ese entonces, rechazó los recursos presentados por Luis Parada, de Nuestro Tiempo, y por los abogados Enrique Anaya y José Marinero, que pedían al TSE rechazar la solicitud de inscripción por considerarla inconstitucional citando, entre otros, los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248 de la Constitución.

En ese entonces, el TSE resolvió la inscripción de Bukele bajo el argumento de que la resolución de la Sala de lo Constitucional emitida el 3 de septiembre de 2021 indica que la prohibición de la reelección del artículo 152 de la Constitución está relacionada al «periodo inmediato anterior» y a la condición de «candidato».

El artículo 152 dice que «no podrán ser candidatos a Presidente» quien «haya desempeñado la Presidencia» «por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial».

Seis de cada 10 salvadoreños tienen «más cuidado» al compartir su opinión sobre política, revela la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA) presentada este 19 de junio.

De la población que teme expresar sus opiniones por consecuencias, el 48.3 % de la población dice que sería detenido o encarcelado, el 10.2 % prevé advertencias o amonestaciones, un 7.4 % prevé problemas laborales o podrían despedirlo, un 6.6 % cree que enfrentaría una denuncia o demanda, un 3.4 % prevé amenazas o persecución, y el 2.4 % señala que sería «acosado, intimidado» por las autoridades.

Al consultarles a las diputadas de oposición su valoración sobre estos datos, Marcela Villatoro, jefa de fracción del partido Arena, dijo que todos han visto «lo que ha pasado en las últimas semanas con personas críticas».

«Se ha buscado la forma de perseguírseles, de inventárseles casos políticos y todo un aparataje estatal haciéndoles un tipo de bullying en las redes sociales y eso hace que la gente tenga un poco de temor al momento de expresar sus opiniones y muchas personas deciden quedarse calladas y no decir lo que realmente piensan», expresó.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, expresó su preocupación y señaló que no se puede canjear la libertad por la seguridad. «Es preocupante… Y es que aquí nos han querido poner a elegir entre seguridad y libertad, y ese dilema es un falso dilema», dijo. Aseguró que es posible tener seguridad y libertad con «un Estado capaz de hacer su trabajo».

«Si el Estado no es capaz de impartir justicia a criminales y a inocentes, si el Estado no es capaz de investigar a fondo delitos, si el Estado no es capaz de dar pronta y cumplida justicia, no es culpa de la gente que está viendo limitada su libertad de expresión y ese no es un secreto: mucha gente se autocensura por temor a represalias de quienes están en el poder, lo que es lamentable», agregó.

El Iudop explica en su encuesta que «la percepción de que expresarse críticamente acarrea consecuencias negativas se ve reforzada por el hecho de que el 2.1 % de la población salvadoreña expresa que el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos constituyen parte de los principales problemas actuales del país».

Pese a ese temor de opinar en política, según el mismo estudio el 24.6 % de los entrevistados respondió que, cuando piensa en el futuro de El Salvador, lo primero que siente es temor; pero el 73.6 % aún siente esperanza.