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La Asamblea Legislativa ratificó ayer un préstamo por $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que según el decreto de autorización se puede destinar a «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

El préstamo fue ratificado con dispensa de trámites con 55 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El contrato de préstamo se denomina «Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador», pero la diputada Ortiz expresó su duda de que en realidad se destine a educación.

Ortiz señaló que en septiembre de 2025 el ministro de Hacienda prometió que el presupuesto para 2025 «no iba a incorporar deuda para gasto corriente» y que los préstamos serían destinados a obra pública.

«Este proyecto solo tiene el nombre bonito. Después dice que estos recursos se pueden destinar para atender prioridades estratégicas del gobierno, a saber cuáles son, obligaciones generales del Estado, pago de deuda, y transferencias varias, apoyo a la caja fiscal», advirtió.

Citó que el artículo 2 del decreto «no dice que se va a utilizar para educación», sino «para atender prioridades estratégicas del gobierno», lo que implica, afirmó, que el dinero se utilizaría para «lo que quiera» el gobierno. «Es muy probable que esto se vaya a gasto ordinario del gobierno», auguró.

«Si en la tercera vuelta, quizás la próxima semana, vemos en qué rubro del presupuesto se ingresan estos fondos y no va para educación, para mejorar escuelas, para apoyar a los docentes (…), entonces, ha sido una gran mentira y el gobierno sí se está endeudando para gasto ordinario, se los dejo como reto», planteó la diputada de oposición.

La «tercera vuelta» del préstamo es la reforma presupuestaria que será necesaria para realizar el desembolso y la incorporación de los fondos al presupuesto.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, respondió que para el gobierno es «prioridad estratégica» la educación.

«Está clarísimo que para este gobierno es una prioridad estratégica la educación, así como ha sido el tema de la salud, la seguridad y la infraestructura pública, esto busca impulsar acciones centradas en la mejora de la calidad educativa y se trabaja para cerrar brechas estructurales, tecnológicas y de infraestructura que tuvimos por años relegadas en este país», afirmó.

La Asamblea Legislativa también autorizó, «en primera vuelta», la firma de un contrato de crédito también por $75 millones del CAF que pueden ser utilizados para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal» pero cuyo nombre es «Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador».

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) demandó este jueves que se garanticen los derechos del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien fue detenido el su00e1bado pasado en Georgia, Estados Unidos, mientras daba cobertura a una protesta contra las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

En un comunicado oficial, la APES manifestó su “profunda preocupación” por la captura del comunicador, arrestado en el condado de DeKalb, mientras ejercía su labor periodística en el marco de una manifestación del movimiento ‘No Kings’.

“El arresto ocurrió en un contexto de cobertura legítima y en el ejercicio de la libertad de expresión, reconocida universalmente. Exigimos que se respeten sus derechos”, declaró la organización.

La asociación expresó solidaridad con el periodista y su familia, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que velen por su seguridad, defensa y respeto a su integridad. Asimismo, advirtió que una posible deportación “sentaría un precedente negativo para la prensa hispana y el ejercicio periodístico” en Estados Unidos.

“El respeto al trabajo de los periodistas y de los medios independientes que informan sobre temas sensibles para la comunidad migrante debe ser una prioridad”, enfatizó la APES. También instó al Gobierno salvadoreño a proporcionar asistencia consular inmediata.

El miércoles, Guevara fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmaron fuentes oficiales. Su esposa, Miriam Guevara, aseguró a la agencia EFE que había conversado con él y que, a pesar de las circunstancias, se mantenía optimista.

Mario Guevara, ampliamente reconocido en la comunidad hispana de Georgia con mu00e1s de 782,000 seguidores en Facebook, fue detenido por la Policía de Doraville mientras transmitía en vivo. Aunque se identificó como periodista, fue acusado de tres cargos: caminar en una vía vehicular, obstrucción de agentes de seguridad y reunión ilícita.

Con una trayectoria que incluye trabajos como fotoperiodista en La Prensa Gráfica y como reportero de Mundo Hispánico en Atlanta, Guevara ha documentado en los últimos meses las operaciones de ICE en la región metropolitana de Atlanta a través de su canal digital.

Los partidos de oposición Vamos y Arena no apoyaron las reformas que se aprobaron a la «Ley especial contra delitos informáticos y conexos». Las diputadas de ambos partidos expresaron dudas sobre cómo se aplicará la ley.

La reforma fue solicitada por la Cámara Americana de Comercio (AmCham), cuyos representantes explicaron que busca fortalecer la confianza con los socios internacionales, en referencia a los call centers en donde empleados tienen acceso a datos personales de clientes de empresas que subcontratan sus servicios. La reforma, sin embargo, se aplica en general también a las personas que tengan acceso a bases de datos o sistemas informáticos de manera legítima.

«El problema con este tipo de iniciativas o de leyes, muchas veces, no es el texto de las iniciativas o de los decretos, es el contexto en el que estamos viviendo y qué instituciones son las que van a aplicar y con qué discrecionalidad, con qué intencionalidad van a aplicar esas leyes», opinó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

Agregó que debido a cómo ha visto que se aplican otras normativas sujetas, a discreción o a uso del poder del gobierno actual, no tiene la certeza de que la reforma se aplique correctamente.

“Si bien una reforma en el texto puede estar bien estructurada, lo que podemos esperar en su aplicación, con la discrecionalidad que hemos visto que se usa del poder y de las instituciones, no nos deja del todo tranquilos que se use de la mejor manera”.
Claudia Ortiz (Vamos).

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, dijo que se han cometido muchos ilícitos vulnerando los datos de las personas, sin embargo, aunque “la intención es buena, el problema es que no sabemos cómo este gobierno puede utilizarlo”, comentó.

La reforma incrementa a 12 años de cárcel el castigo máximo para quienes tengan acceso a datos de manera legítima pero hagan uso indebido e ilegítimo de los mismos datos.

“Así mismo será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados”, indica el decreto.

También, se sancionará “eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos”, establece la reforma aprobada este jueves.

Las diputadas de oposición, de los partidos Arena y Vamos, creen que la Asamblea Legislativa tiene una calificación promedio de 6.02 de la población –según la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA– como resultado de su falta de independencia y de no aprobar leyes que beneficien a la población.

«La calificación de la población salvadoreña al trabajo de la Asamblea Legislativa en este primer año de gestión es de 6.02, por debajo del 6.07 del año anterior», señala la encuesta.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, manifestó que esa calificación se debe a que la población percibe que la Asamblea Legislativa no toma desiciones con independencia y la califica como pasapapeles.

«Por esa falta de independencia, no se toman decisiones que podrían ser beneficiosas para todos los salvadoreños… Entonces, lastimosamente, la Asamblea Legislativa se volvió un pasapapeles y, como se volvió un pasapapeles, la gente no le toma seriedad», criticó la diputada de Arena.

La diputada de oposición cree que la población percibe que los diputados no están haciendo el trabajo para el que fueron elegidos y critica que bloquean las iniciativas de oposición «porque son iniciativas que no son de partidos afines al gobierno», además de advertir que las comisiones de trabajo se redujeron a ocho comisiones y son suspendidas frecuentemente.

«No se estudia nada que no venga con dispensa de trámite y eso ha hecho que la población ya vea las cosas con ojos de verdad y ven que no se está haciendo el trabajo que debería de desempeñarse».

Marcela Villatoro (Arena).

La calificación a la Asamblea Legislativa tampoco le tomó por sorpresa a la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quien argumentó que esto responde a que los diputados no han legislado para la población y en lo que más le afecta, como la economía. «¿qué ha hecho la Asamblea Legislativa para solucionar esto? Casi nada, realmente», dijo Ortiz.

Ortiz aseguró que el partido que es mayoría en la Asamblea Legislativa «no usa ese poder para ayudar a la gente», por lo cual «no representa a la mayoría de la gente».

«Representan a un pequeño grupo de poder económico-político que está usando el Estado para tener mayores recursos, beneficios, exenciones fiscales. ¿Y a la gente qué le está quedando? La gente dice a gritos: ‘La economía es el problema’, y no se está haciendo nada al respecto». Claudia Ortiz (Vamos).

El gobierno ha sostenido que sí están enfrentando desafíos económicos, apostándole al turismo y disponiendo de los agromercados.

En la encuesta, se le preguntó a la población ¿a quién cree que representan los diputados de la Asamblea Legislativa cuando votan?, el 38.2% respondió que «al presidente» y un 19.9% «a ellos mismos». Al respecto, la diputada Villatoro señaló que «ninguno» de los diputados de Nuevas Ideas «tiene iniciativa propia».

La diputada Villatoro insistió en que «todas las iniciativas de ley que vienen a la Asamblea Legislativa vienen del Ejecutivo» y ninguna es presentada a iniciativa real de algún diputado de Nuevas Ideas. «Como por ejemplo cuando yo presenté reformas a la Ley de Salud Mental, que es tan importante en este país, pero no se permitió estudiarla en la Asamblea Legislativa y es una iniciativa personal que podía haber ayudado a los salvadoreños. Eso les pasa a ellos, no pueden presentar de manera personal ningún tipo de reforma que no venga del Ejecutivo y por eso la gente los ha visto como ‘pasapapeles’ o como muy vulgarmente se les conoce como puyabotones», criticó la diputada de oposición.

Diario El Mundo intentó conocer la visión de los diputados de Nuevas Ideas, específicamente a Frank Menjívar y Ricardo Rivas, pero pese a que se les pidió declaraciones sobre el estudio de opinión, optaron por pasar de largo.

Según la encuesta presentada el 19 de junio por el Iudop-UCA, el 12 % piensa que los diputados representan a su partido político, el 17.4% a toda la población y el 5.4%, a la gente que votó por ellos.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa autorizó, con dispensa de trámites, la inhumación de los restos mortales de doña Lilian Hasbún de Batarse en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el distrito de San Miguel, en San Miguel Centro, siguiendo la voluntad de su familia y de la feligresía migueleña.

La solicitud fue presentada por el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), este 19 de junio a las 8:25 a.m., y su dispensa de trámites fue solicitada por el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas.

En la sesión plenaria, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, dio el pésame a la familia Batarse. «Yo salí del colegio Guadalupano y siempre ella fue parte de ese ejemplo de guadalupanas plancartinas que nos enseñaban ese mensaje que el padre Juan Antonio Plancarte, que teníamos que hacer el bien, que teníamos que luchar por una sociedad más justa», dijo.

«Hoy San Miguel pesa menos, hemos perdido a una gran mujer migueleña, mama Lilian Hasbún de Batarse siempre fue una luz de esperanza para el pueblo migueleño, su vida la dedicó al servicio de las personas más humildes, de personas muy pobres», expresó por su parte el diputado Carballo.

El diputado, quien también dio el pésame a la familia, reveló que, cuando llegaba a escuelas «muy humildes de cantones de San Miguel» y veía «una banda musical muy bonita», les preguntaba cómo obtuvieron los instrumentos y le respondían: «Los regaló mama Lilian».

También, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aseguró que «el día que morimos nuestras obras van con nosotros». «Quiero darle mi más sentido pésame a la familia y también es tía de nuestro diputado suplente Arturo Batarse», expresó Navarro.

Doña Lilian Hasbún de Batarse, quien falleció el 17 de junio de 2025, fue una empresaria, exalumna del Colegio Guadalupano, conocida como mama Lilian, fue presidenta fundadora de la Cofradía Damas Guadalupanas Plancartinas de San Miguel, presidenta fundadora de Unión de Mujeres Americanas (filial de San Miguel), miembro de la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles S.O.S. de El Salvador, cita la solicitud.

Dedicó su vida a obras de impacto social como clínicas médicas gratuitas, comedores comunitarios, programas educativos y talleres de valores para niños y jóvenes. Su fe en la Virgen María y su convicción en la dignidad del ser humano la guiaron en la ejecución de al menos 24 proyectos a favor de los más necesitados.

En 2017, la Asamblea Legislativa entregó el reconocimiento como “Ciudadana Distinguida de El Salvador”, y en 2014 la Alcaldía de San Miguel como “Mujer Distinguida”.

Fue nombrada por el papa Francisco como “Dama de la Orden de San Silvestre”, un título reservado para laicos con una trayectoria destacada en servicio a la Iglesia Católica.

“Más que vivir debemos servir a los demás… El amor impulsa a ir más allá”, expresó en su discurso de agradecimiento al recibir el homenaje de la Asamblea Legislativa en 2017. Con esa filosofía, inspiró y lideró causas que transformaron la vida de miles de familias en San Miguel.

La Asamblea Legislativa obtuvo un promedio de 6.02 de calificación, en una escala del 0 al 10, de todas las notas otorgadas por la población entrevistada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).

Solo un 22.8 % de los salvadoreños dicen que los diputados salvadoreños representan a toda la población o a la gente que votó por ellos –17.4 % a toda la población y 5.4 % a la gente que votó por ellos.

El estudio, presentado este jueves, revela que cuatro de cada diez salvadoreños (38.2 %) creen que los diputados de la Asamblea Legislativa representan al presidente Nayib Bukele.

Además, dos de cada diez (19.9 %) sostienen que los legisladores se representan a ellos mismos, un 12.8 % dicen que representan a su partido político, Nuevas Ideas; un 3.2 % ve una representación legislativa de los empresarios.

El régimen de excepción, que domina la agenda legislativa desde el 27 de marzo de 2022 y es prorrogado cada mes, logró una nota promedio de 7.78. Un 34.8 % de la población, más de la tercera parte, tiene «poco, algún o mucho» temor al régimen de excepción; un 65.2 %, dos terceras partes de los salvadoreños, dice que no le teme al régimen.

El Iudop realizó esta encuesta del 14 al 24 de mayo de 2025 a 1,272 personas con un error muestral de 2.75 % y un nivel de confianza del 95 %, mediante entrevistas personales con visita a las viviendas.

El mismo estudio calificó con un promedio de 5.13 a las 44 alcaldías de El Salvador, con un 8.15 al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y con un 7.85 a su gobierno.

La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) pasó con una nota promedio de 6.21.

Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó este jueves la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos para establecer una pena entre 10 y 12 años de prisión para las personas que tengan acceso legítimo a información de personas, como en centros de contacto o «call centers», y los usen indebidamente para beneficio propio o de un tercero.

La reforma, que no solo incluye a call centers, se realizó al artículo 11 que castiga el delito de «fraude informático» y que actualmente castiga el uso indebido de bases de datos con cárcel de seis a diez años.

Con la reforma, sancionan con penas de 10 a 12 años de prisión a quienes por sus funciones tengan acceso a una base de datos o también a sistemas de relaciones con clientes, ventas o centros de contacto, sistemas de blockchain, subcontratación de negocios u otros, y que los consulten, los extraigan o los usen de manera ilegítima, o los manipulen indebidamente, para su beneficio o para el beneficio de un tercero.

La reforma agrega que el delito de «fraude informático» se cometería «en perjuicio del propietario de los datos, del controlador o procesador de los mismos». La Cámara Americana de Comercio (AmCham) pidió a los diputados incluir la posibilidad para las empresas procesadoras de datos de mostrarse como víctimas, con el fin de poder procesar penalmente a los empleados que caigan en estas conductas. Actualmente, explicó, únicamente los pueden despedir.

Se agrega un inciso tercero al artículo 11 sobre fraudes informáticos: «Asimismo, será sancionado con prisión de diez a doce años, quien en razón de sus funciones tenga acceso legítimo a un sistema informático, base de datos, sistemas de gestión de relaciones con cliente, sistemas de plataformas de ventas, servicios de centros de contacto, servicios basados en tecnologías blockchain, servicios de subcontratación de procesos de negocios y sistemas o servicios donde los registros de información de terceros estén disponibles con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima registros de información de terceros o para otorgar beneficios no autorizados, eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas o para crear información falsa a nombre del propietario de los datos accediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí, o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, controlador o procesador de los mismos».

La reforma contó con los votos de la bancada cian y sus aliados del PCN y PDC; los partidos de oposición Arena y Vamos no votaron.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves un reconocimiento especial para el Alianza Women por haber alcanzado su

décimo campeonato

en la Liga Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador.

El 10 de junio también

aprobó

con 58 votos, incluidos los de Arena y Vamos, un reconocimiento para Alianza Fútbol Club por haberse coronado campeón nacional.

«Es un homenaje al esfuerzo disciplina y perseverancia de mujeres que han dejado huella en el fútbol salvadoreño. Su trayectoria inspira a nuevas generaciones a romper barreras y a soñar en grande, demostrando que el talento femenino requiere igual visibilidad apoyo y celebración… Este logro significa la lucha de la igualdad de género en el deporte, es demostrar que el fútbol también se escribe en femenino con garra, pasión y excelencia», según el dictamen favorable, leído por la

diputada Lorena Fuentes, de Nuevas Ideas.

En su uso de la palabra, la diputada

Suecy Callejas

, de

Nuevas Ideas

, expresó que este reconocimiento «honra la perseverancia, el talento y la disciplina de nuestras atletas que con su ejemplo están abriendo el camino a futuras generaciones de niñas, adolescente y mujeres».

El equipo femenino ha ganado 10 títulos de liga, además de haber alcanzado recientemente un subcampeonato a nivel centroamericano.

La Asamblea Legislativa definirá la fecha en la que llamen al equipo Alianza Women y a su cuerpo técnico, para otorgarles el reconocimiento especial por haberse consagrado campeonas nacionales por décima ocasión en la Liga Mayor Femenina de Fútbol.

Las 44 municipalidades tuvieron una nota promedio de 5.13 en una escala del 0 al 10 otorgada por la población salvadoreña según la encuesta realizada en mayo y presentada este jueves por el Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).nnLa alcaldía de Ahuachapán Norte –Atiquizaya, El Refugio, San Lorenzo y Turín– aparece como la única aprobada por la población, con una calificación de 6.4; seguida de La Paz Este, reprobada con un 5.7, y Santa Ana Centro, con 5.5.nnAhuachapán Norte es gobernado por Darwin Regalado, La Paz Este –conformado por San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca– por la exdiputada Marcela Pineda y Santa Ana Centro, por Gustavo Acevedo, todos de Nuevas Ideas.nnSegún el estudio de opinión pública, las municipalidades peor evaluadas son San Salvador Sur y San Salvador Oeste, con un 4.5; la segunda peor nota, según el boletín de la UCA, la obtuvo Santa Ana Oeste, con una nota de 4.7.nnSanta Ana Oeste es gobernado por el exdiputado Jorge Castro, San Salvador Sur por Mario Vásquez, exalcalde de Ciudad Delgado; San Salvador Oeste, por el exdiputado José Urbina, todos de Nuevas Ideas.nnSanta Ana Oeste es conformado por Candelaria de la Frontera Chalchuapa El Porvenir San Antonio Pajonal San Sebastián Salitrillo Santiago de la Frontera; San Salvador Sur, por Santo Tomás, Santiago Texacuangos, Panchimalco y Rosario de Mora; y San Salvador Oeste, por Apopa y Nejapa.nnPara buena parte de la población, la reducción de fondos para las municipalidades perjudicó el trabajo de las mismas. Un 20.3 % sostiene que la derogación del Fondo de Apoyo Municipal (FAM) afectó algo el trabajo de las alcaldías, el 25.4 %, sostiene que un poco y el 15.3 %, que mucho, en total, un 61 % sostiene que el recorte del fondo afectó el trabajo municipal algo, un poco o mucho.nnEl Iudop de la UCA realizó esta encuesta del 14 al 24 de mayo a 1,272 personas con un error muestral de 2.75 % y un nivel de confianza del 95 %. Tanto en el boletín como en la presentación de la encuesta, no se divulgaron todas las alcaldías municipales debido a que únicamente se tomaron en cuenta alcaldías con más de 40 personas entrevistadas.

La calificación que la población otorga al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, disminuyó tres décimas de 8.46 a 8.15 en su sexto año de gestión, según la encuesta del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) presentada este jueves.

La nota que otorgó la población al gobierno de Bukele bajó por segundo año consecutivo, de 8.28 en el año 2024 a un 7.85 en el año 2025, es decir, 0.43. Esta es “la calificación más baja desde el 7.69 otorgado en 2020”, observa el Iudop.

Desde los primeros 100 días del año 2019, la nota al gobierno de Bukele ha fluctuado entre 7.69 –la peor nota, en 2020– y el 8.51, la mejor nota que ha logrado su gobierno, en su segundo año de gobierno, 2021.

El Iudop advierte que la nota otorgada a Bukele concuerda con que el 67.3 % de la población tiene mucha o alguna confianza en el mandatario y el 75.2 % dice que la seguridad es lo mejor que actualmente sucede en el país. El principal logro, según el 66.6 % de los entrevistados, es la seguridad.

Cuando se le preguntó a la población por el principal fracaso del gobierno de Bukele, el 37.3 % respondió que ninguno y el 11.6 % no respondió o no sabe. Esta pregunta no fue de opción múltiple, ya que sus resultados suman el 100 %.

Un 51 % de la población mencionó como fracasos los siguientes.
1. Economía y el desempleo (9.4 %).
2. Alto costo de la vida (8.3 %).
3. Las malas decisiones del gobierno (5.4 %).
4. El deterioro de la economía de las familias salvadoreñas (5.1).
5. El arresto de personas inocentes (4.6).
6. La aprobación de la Ley de Minería (3.5).
7. La corrupción y la falta de transparencia (2.5).
8. La falta de apoyo a algunos sectores de la población (2.4 %).

Si se organizan los fracasos mencionados, un 22.8 % de la población menciona fracasos económicos, un 10.6 % reclama derechos humanos, ambientales y de acceso a la información o combate a la corrupción, pero un 7.8 % señala “malas decisiones” del gobierno y “falta de apoyo a sectores de la población”.

El Iudop realizó esta encuesta del 14 al 24 de mayo de 2025 a 1,272 personas con un error muestral de 2.75 % y un nivel de confianza del 95 %, mediante entrevistas personales con visita a las viviendas.

Para el 69.6 % de los salvadoreños, el principal problema de El Salvador está relacionado con temas económicos: economía (39.2), desempleo (15.3), alto costo de la vida (10.1), pobreza (5).

Otros, el 3.9 %, ven la mala calidad de los servicios básicos como el principal problema del país y el 2.1 % cree que es el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos.

Las instituciones que reciben peores notas son el Ministerio de Vivienda (5.97), Ministerio de Salud (6.76) y Ministerio de Economía (6.68); los mejores evaluados son Seguridad Pública (8.43) y Turismo (7.98).

El año 2025 muestra también una leve disminución de la imagen del actual gobierno en otros estudios de opinión pública.

Bukele bajó su aprobación del 89 % al 85 % de 2024 a 2025 según CID Gallup presentada en mayo y su calificación cayó de 8.43 a 7.73 de 2024 a 2025 de acuerdo con la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia presentada públicamente en enero.