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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este martes los nuevos calendarios electorales del sufragio en territorio nacional y del sufragio de los salvadoreños en el extranjero, ambos de las elecciones generales que se celebrarán en 2027.

Los cambios en algunas fechas electorales se deben principalmente a la reforma al Código Electoral aprobada el 14 de mayo por la Asamblea Legislativa.

En el calendario electoral del sufragio en el territorio nacional, se modificaron las fechas límites para que los salvadoreños puedan cambiar dirección en su Documento Único de Identidad (dui) y se incluya en el Registro Electoral 2027, y la fecha del cierre del Registro Electoral, que ahora es el 29 de noviembre de 2026, y ya no el 30 de octubre de 2026. El cierre definitivo será el 29 de diciembre de 2026.

Siempre en el calendario electoral nacional, se modifican otras fechas, por decisión del TSE, como la última fecha para definir centros de votación, se adelanta la fecha límite para definir el proceso sancionatorio a los ciudadanos que no asistan a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y también se adelanta la fecha límite para liquidar el presupuesto y emitir un informe de rendición de cuentas de las elecciones.

En el calendario del sufragio de salvadoreños en el extranjero, el cierre del Registro Electoral para el Voto Electrónico (Revel) será el 29 de noviembre de 2026 con el cierre definitivo de inscripciones el 29 de diciembre de 2026.

También se amplían los plazos para la campaña país de información de la Ley especial del sufragio en el extranjero, y para los procesos de contratación del sistema de votación remoto por internet y electrónico presidencial, y de la auditoría del sistema y la auditoría a la información del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para el Revel.

Así mismo, el TSE extiende los plazos para definir los centros de votación en el extranjero y la cantidad de dispositivos que se colocarán en cada centro de votación, como la logística para la votación electrónica presencial.

Solo el Ministerio de Cultura registró un cumplimiento alto con un 92 % de la información que por ley debe publicar sin que algún ciudadano lo solicite, según un estudio publicado este martes por el Centro de Monitoreo Político de la Acción Ciudadana (AC). Esta se llama «información oficiosa«.

Con ello, desbancó al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que en el informe del año 2025 encabezaba, con un 69 %, el ranking de transparencia de información oficiosa publicado por la organización no gubernamental. El CNJ ahora ocupa el cuarto lugar aunque obtuvo mayor porcentaje de transparencia, un 76 %.

Ninguna institución cumple con el máximo legal de publicar el 100 % de la información requerida por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

La mayoría tienen un cumplimiento bajo o medio: 22 instituciones públicas tienen un cumplimiento igual o menor al 50 % de la información oficiosa, y 15 instituciones públicas tienen un nivel de cumplimiento de entre 51 % y 80 % de la publicación de información oficiosa que debe publicar.

La Presidencia tiene el 27 %, la Asamblea Legislativa, el 32 %, y el Órgano Judicial, 44 %. En el piso del ranking, se ubican el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Fiscalía General de la República (FGR) con el 1 %.

Entre las instituciones de control, solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) publica más del 50 % (64 %) de la información oficiosa, el resto de instituciones de control registraron cumplimientos entre el 1 % y el 47 %.

¿Qué información deben publicar? Son 27 tipos de información: el presupuesto, las obras públicas de los últimos tres años, las actas, estadísticas, viajes, remuneraciones, las resoluciones ejecutoriadas, listado de asesores, inventario de bienes muebles, memorias de labores e informes, autorizaciones y concesiones, adquisiciones y contrataciones, entre otras.

La información oficiosa menos publicada es el listado de ofertantes y contratistas de la institución, que se cumple en un 3 %.

Ranking de transparencia de información oficiosa según Acción Ciudadana

1. Ministerio de Cultura: 92 %.

2. Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM): 80 %.

3. Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA): 76 %.

4. Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ): 76 %.

5. Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA): 75 %.

6. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN): 69 %.

7. Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL): 68 %.

8. Ministerio de Hacienda: 67 %.

9. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): 64 %.

10. Centro Nacional de Registros (CNR): 61 %.

11. Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP): 59 %.

12. Ministerio de Vivienda: 59 %.

13. Ministerio de Desarrollo Local: 58 %.

14. Ministerio de Turismo: 56 %.

15. Ministerio de Relaciones Exteriores: 53 %.

16. Ministerio de Salud: 51 %.

17. Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT): 49 %.

18. Viceministerio de Transporte (VMT): 47 %.

19. Procuraduría General de la República (PGR): 47 %.

20. Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS): 46 %.

21. Ministerio de Economía (Minec): 45 %.

22. Órgano Judicial: 44 %.

23. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial: 43 %.

24. Ministerio de la Defensa Nacional: 35 %.

25. Asamblea Legislativa: 32 %.

26. Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE): 27 %.

27. Presidencia de la República: 27 %.

28. Tribunal de Ética Gubernamental (TEG): 24 %.

29. Universidad de El Salvador (UES): 22 %.

30. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt): 15 %.

31. Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS): 13 %.

32. Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP): 8 %.

33. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): 7 %.

34. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP): 7 %.

35. Corte de Cuentas de la República (CCR): 5 %.

36. Dirección de Obras Municipales (DOM): 4 %.

37. Fiscalía General de la República (FGR): 1 %.

38. Tribunal Supremo Electoral (TSE): 1 %.

Los salvadoreños tienen hasta el 27 de agosto de 2026 para cambiar su dirección de su Documento Único de Identidad (DUI) y que la nueva dirección sea actualizada en el Registro Electoral 2027.

“Ampliamos el periodo para actualizar tu dirección nacional en el DUI. Votar es más fácil si actualizas tu dirección. Así podremos asignarte un centro de votación más cerca de tu nuevo hogar”, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en redes sociales.

La fecha límite original para realizar el cambio fue el 27 de abril de 2026 pero esta es prolongada por la reforma al Código Electoral aprobada el 14 de mayo del mismo año.

La reforma al Código Electoral permitió que los cambios de domicilios en el Registro Electoral puedan realizarse hasta “seis meses” antes de las elecciones; el Código establecía un año antes de la fecha electoral pero un decreto transitorio permitió extenderlo hasta el 27 de abril de 2027.

La reforma electoral también amplió el plazo para que los salvadoreños puedan inscribirse en el Registro Electoral nacional, pasándolo de 180 a 90 días antes de las elecciones. Originalmente el Registro Electoral nacional cerraba el 31 de agosto. Con la reforma, cerrará el 30 de noviembre de 2026.

Hasta el 10 de mayo, un total de 167,448 salvadoreños habían solicitado cambios de domicilio dentro de El Salvador según el director ejecutivo del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco.

Sin embargo, se desconocen los cambios de domicilio clasificados por municipio original y municipio de destino.

Diario El Mundo solicitó información sobre la cantidad de salvadoreños con DUI con domicilio en El Salvador que realizaron modificaciones de su domicilio clasificados por municipios o ciudades de extranjero nuevos domicilios, mes de modificación, sexo y grupos de edad, del 3 de abril de 2023 al 27 de abril de 2026. El RNPN respondió que esta información es inexistente pese a que era proporcionada en años anteriores.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes un dictamen de reforma a Ley de fomento de producción higiénica de la leche y productos lácteos y de regulación de su expendio que, según el viceministro de Agricultura busca prohibir la comercialización de lácteos con adulterantes pero que, al comparar el proyecto con la ley actual, levanta la prohibición de la comercialización de lácteos con leche en polvo.

El dictamen de reforma fue aprobado a raíz de la propuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que elimina del artículo 21 la prohibición actual de comercializar productos lácteos con leche en polvo. En la solicitud enviada a la Asamblea firmada por el viceministro, Óscar Domínguez, se argumenta que se pretende facilitar la comercialización de lácteos.

“Que con el objeto de eliminar obstáculos a la comercialización de leche y productos lácteos y armonizar la normativa secundaria con las regulaciones contenidas en los instrumentos normativos de la integración centroamericana, es preciso reformar la citada ley, a fin de mejorar una mayor competitividad y beneficio a los consumidores”, dice el proyecto de decreto.

Según la propuesta de reforma al artículo 21 se elimina la disposición que establecía: «Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de la leche en polvo»; dejando solo la disposición que actualmente está vigente: «Asimismo se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes».

En la Comisión, ayer, el viceministro aseguró que la reforma claramente «elimina» los adulterantes en los lácteos y que, por ejemplo, buscan que la gente “consuma crema y no grasa disfrazada de crema”. Con ello, dijo, «inicia el declive de aquel monopolio que ha mantenido a El Salvador con precios que cambian cuando ellos quieren» y se colocan al nivel de competencia de la región.

Lo dijo así: «Lo que estamos buscando es que simplemente que la población consuma más lácteos no solo de forma inocua sino que con leche, con más leche. El artículo que nosotros estamos solicitando lo dice claramente, que estamos eliminando los adulterantes en la fabricación o procesamiento de lácteos y esto viene a la par de buscar la seguridad alimentaria con mucha inocuidad para todos los salvadoreños», indicó.

Un representante de una gremial ganadera explicó a Diario El Mundo que actualmente ya está prohibido el uso de adulterantes y que actualmente también está prohibido que se comercialicen lácteos con leche en polvo, por lo que cree que la reforma provocará “competencia a más bajos precios” pero que afectará al productor de leche de vaca en el país porque “es competencia con polvo de leche importada”.

Al cierre de esta nota, el dictamen aún no había sido leído, aunque sí fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes. Los legisladores no pidieron cambios al proyecto propuesto por el MAG, tampoco el viceministro pidió cambios al proyecto enviado. Luego de la aprobación el diputado Ricardo Rivas (Nuevas Ideas) declaró un receso para dar tiempo a los técnicos de elaborar el dictamen y leerlo. El diputado, quien ha dicho en anteriores ocasiones que es productor de tilapia, aseveró que también es productor de leche.

El presidente de la comisión dijo: “Después de haber recibido al viceministro y ya exponer su punto técnico sobre esta reforma, voy a someter a votación. Someto a votación en el sentido se reforme la ley en los términos antes expuestos”.

 

El compromiso de El Salvador en acuerdo con EEUU

El acuerdo comercial bilateral entre Estados Unidos y El Salvador, que aún no está vigente, establece compromisos para El Salvador que buscan facilitar la importación de productos lácteos estadounidenses y prohíbe medidas discriminatorias o no científicas para estos.

Al suscribir este acuerdo con Estados Unidos, El Salvador se comprometió a permitir las importaciones de productos lácteos de Estados Unidos de origen bovino, ovino y caprino siempre que tengan certificado sanitario estándar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, según el artículo 2.13 literal «b» y prohíbe mantener medidas «no científicas, discriminatorias o preferenciales» que pongan en desventaja las exportaciones de Estados Unidos, lo que podría impedir restricciones contra productos lácteos estadounidenses elaborados con leche en polvo.

También «El Salvador garantizará que sus medidas sanitarias y fitosanitarias se basen en la ciencia y evaluación de riesgos, y que no constituyan restricciones encubiertas al comercio bilateral. Asimismo, eliminará las barreras sanitarias y fitosanitarias injustificadas en áreas que menoscaben la reciprocidad», indica el literal «a» del artículo 2.3.

En busca de esta facilitación del comercio de productos de origen animal, la Asamblea ha aprobado antes otros decretos.

En abril de 2025, aprobó una nueva «Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal» en la cual amplió las facultades del MAG en ingreso de animales, alimentos no procesados de origen vegetal o animal, entre otras. En mayo de 2026, reformó la «Ley de protección a la sanidad vegetal y salud animal» para otorgarle el control de la importación y exportación de los productos lácteos al MAG, dándole la potestad de otorgarles las certificaciones. En ese entonces, argumentó que con la reforma se eliminaría la burocracia sin descuidar la protección sanitaria.

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, anunció ayer un programa para aumentar la producción de leche, con entrega de insumos al costo, mejoramiento genético, el apoyo con maquinaria, entrega de semilla de pasto mejorada e incluso con créditos con tasas de interés entre 4 % y 5 % anual.

“Parte del componente del programa de producción es la comercialización y ya sostuvimos una reunión con el sector industrial, quienes están dispuestos a comprar la leche de todas estas microcuencas y cuencas lecheras que entren al programa de aumento a la producción, cumpliendo con todos los estándares de inocuidad, y dando así el fino cumplimiento de la reforma que estamos solicitando, a procesar lácteos con leche libres de adulterantes”, prometió el funcionario.

El funcionario aseveró que «todos los insumos van a estar al costo para los ganaderos”, replicando un programa de producción de hortalizas.

Subrayó que serán siete «cuencas lecheras», una estará ubicada en San Juan Opico y otra una en San Miguel.

«Al agruparlos, les brindarmos todos los insumos al costo, mejoramiento genético gratuito, apoyo con maquinaria, entrega de semilla de pasto mejorada, algo que ya estamos gestionando es una tasa especial para ganaderos, entre el 4 y 5 % para hacer un gran apoyo para los ganaderos que entren», fue su promesa.

El funcionario difundió que tendrán servicio a domicilio para distribuir a los ganaderos un concentrado y proporcionó el teléfono en donde podrá ser solicitado: 7748-4179. “Próximamente vamos a habilitar todos los puntos de venta”, indicó.

El funcionario hizo el anuncio en la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, que dictaminó una reforma que levantará la prohibición del comercio de lácteos elaborados con leche en polvo y que mantendrá la prohibición que se comercialicen con adulterantes. El Salvador y Estados Unidos han suscrito un acuerdo comercial que compromete al país a «permitir las importaciones de productos lácteos de los Estados Unidos de origen bovino» y prohíbe expresamente medidas «no científicas, discriminatorias o preferenciales» que pongan en desventaja las exportaciones de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó un listado de plazas temporales disponibles que se contratarán por el proceso electoral relacionado a los comicios generales del 28 de febrero de 2027.

Algunas plazas se requieren para todo el territorio nacional: asistentes de sede, colaborador de sede de transmisión electoral, coordinadores electorales, encargados de zona logística de las sedes de la División de Organización Electoral (DOE), encargados de logística de las sedes de la DOE, instructores de transmisión del Centro de de Operaciones de Transmisión (COT), ordenanzas, supervisores de redes y técnicos auxiliares de sedes.

Estas son las plazas disponibles, la descripción del cargo y sus requisitos, según el sitio habilitado por el TSE: https://postulaciones.tse.gob.sv/public/inscripcion/pasos/CARGOS.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen que prorrogará el Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (Ficafé), ya que no hay fondos suficientes para pagar o redimir los certificados de inversión que vencen en julio de 2026 y que tienen garantía hipotecaria.

Este decreto, que sería aprobado en la sesión plenaria de este miércoles, evitaría acciones de cobros o embargos.

De acuerdo a la lectura del dictamen 231 aprobado realizada por el diputado Boris Platero, de Nuevas Ideas, aunque el sector cafetalero se ha beneficiado con el Ficafé, ha sido afectado por la volatilidad de los precios, los efectos de la roya y el impacto ambiental de la sequía, por lo que “se considera necesario una ley que permita ampliar el plazo de duración del Ficafé a efecto de que continúe operando y cumpliendo los fines para el cual fue constituido”. Según el proyecto de decreto, que no fue modificado en la Comisión, la prórroga sería de cinco años.

De acuerdo con Bandesal, el fideicomiso es manejado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) y fue constituido con fondos de los fideicomitentes Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, Bancoagrícola, Cuscatlán y Davivienda para dar financiamiento al sector cafetalero.

Los instrumentos financieros del Fideicomiso se vencen el 26 de julio de 2026, por lo que ello obligaría a redimirlos en su totalidad.

El gerente de gobierno corporativo de Bandesal, Luis Montoya, explicó que el Código de Comercio establece que los fideicomisos privados tienen un plazo máximo de 25 años; el Ficafé fue creado el 27 de julio de 2001, por lo que vencería el domingo 26 de julio de 2026.

“El sector cafetalero ha sufrido ciertos problemas en diferentes años y, por lo tanto, se han emitido decretos de supensión de embargos, lo cual no ha permitido la recuperación de la cartera en su totalidad”, expresó el representante de Bandesal, en su visita, este lunes, a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Según la presentación de Bandesal, a la fecha “no se cuenta con los fondos disponibles suficientes para hacer frente al compromiso de honrar” los Certificados Fiduciarios de Participacióin Amortizable (CFPA) y Certificados de Inversión (CI) con y sin interés.

No hubo ninguna pregunta de los diputados.

El diputado William Soriano, quien presidió la Comisión, aseguró que “el sector cafetalero está incursionando en el sector turismo y ampliando la productividad de las fincas y ofreciendo experiencias” y que eso “va a aumentando la sostenibilidad del sector”.

El legislador agregó que es el deber de los diputados permitir que el sector cafetalero tenga las herramientas para seguirse desarrollando y que Bandesal tiene una herramienta “muy importante” que es “permitir a través de la creación de fideicomisos y créditos que la operación de estas industrias tengan un factor de éxito bastante importante”.

Un informe de clasificación de Moody’s El Salvador clasifica las emisiones de certificados emitidos por el Ficafé con una perspectiva estable apoyada, sin embargo, por la estabilidad financiera de los bancos participantes. El informe indica que el sector cafetalero sigue enfrentando condiciones desafiantes: una recuperación limitada de la producción con exposición a choques climáticos, la volatilidad de los precios internacionales y la falta de mano de obra.

Originalmente los bancos fideicomitentes transfirieron en propiedad a Ficafé 860 créditos al sector cafetalero por un valor de $257.5 millones, se colocaron Certificados Fiduciarios de Participacióin Amortizable (CFPA) por un monto global de $210.3 millones, los cuales fueron adquiridos por los mismos bancos fideicomitentes en 2005, y los fondos sirvieron para financiar la compra de la cartera de créditos a los bancos fideicomitentes, con el respaldo de cada cartera y “el compromiso de cada banco de responder por los pagos”. El monto colocado vigente asciende a $4.5 millones a un plazo de 25 años.

Suspensión de embargos y sus prórrogas

En 2013 se aprobó la “Ley especial transitoria para la suspensión de embargos por créditos otorgados al sector productivo del café”, inicialmente tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, para suspender los pagos de capital a intereses de deudas provenientes del Ficafé y del Fondo de Emergencia del Café (FEC).

Esta suspensión de embargos fue prorrogada el 11 de octubre de 2018 del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que se aprobó, el 25 de enero de 2022, una nueva ley bajo el nombre “Ley especial transitoria para la suspensión de embargos por créditos otorgados al sector productivo del café” que prorrogó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2024.

La nueva ley de 2022 se prorrogó hasta el 1 de enero de 2026, mediante el decreto 172 del 11 de diciembre de 2024; y posteriormente se prorrogó hasta el 1 de enero de 2027, mediante el decreto 492.

 

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen de reforma presupuestaria por $554,615 de préstamos con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de $71.3 millones para empezar a ejecutar el “Programa de de desarrollo económico sostenible, inclusivo y nutricional en las zonas rurales, Progresar Rural”.

El director de crédito público e inversión, Marlon Herrera, explicó que el financiamiento fue autorizado el 9 de diciembre de 2025, y suma un total de $71.3 millones de tres préstamos.

Según Herrera, los fondos servirán para la contratación de personal, capacitación, asistencia técnica, equipo informático, equipo de oficina, capacitación y supervisión en zonas rurales a intervenir, vehículos y mobiliario.

“Busca transformar o apoyar la situación productiva, alimentaria del país, mediante la implementación de sistemas sostenibles…, fortalecimiento de la diversifiiación de la producción agropecuaria, fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la generación de medios de vida sostenibles”, fue la explicación del funcionario.

Los diputados no preguntaron. El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, quien presidió la comisión aseguró que es un proyecto “bastante importante”.

De acuerdo a explicaciones anteriores de Hacienda, durante la aprobación del préstamo, el todo programa incluye cuencas que alimentan distritos de riego en Zapotitán y Atiocoyo Sur, ambos de La Libertad, Atiocoyo Norte en Chalatenango, y Lempa Caguaca en Usulután y San Vicente, beneficiaría 74,000 familias de productores del sector agrícola, mejorar el acceso de las familias rurales a infraestructura hídrica, tecnología y servicios ecosistémicos, y capacitar para mejorar los ingresos de las familias.

La ejecución promete un componente de inversiones para el desarrollo de sistemas productivos y agroalimentarios sostenibles –infraestructura hídrica, distritos de riego, conservación de recursos naturales, viveros comunales y laboratorios gastronómicos, un segundo componente de transformación productiva y un tercer componente de gestión de evaluación.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen de una reforma al presupuesto de 2026 para incorporar un poco más de $900,000 para crear la unidad administrativa de un préstamo recién aprobado; y también alquilar inmuebles y reubicar a estudiantes mientras sus centros escolares son intervenidos.

El director de crédito e inversión del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, reiteró este lunes que los $912,210 servirán, entre otros, para el arrendamiento de inmuebles, adecuaciones menores y reubicación de estudiantes de seis centros educativos que serán intervenidos por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

Los fondos provienen de un contrato de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobado el 21 de octubre de 2025 por hasta $150 millones, aún no ejecutado, y una donación de la Alianza Mundial para la Educación. Será un total de $164 millones por el Ministerio de Educación y la DOM.

Explicó que el programa, en su conjunto, busca “el fortalecimiento de la gestión educativa y resiliencia de la infraestructura escolar para consolidar las trayectorias educativas completas desde el nivel de parvularia hasta bachillerato”.

“Los $912,210 básicamente se estarían destinando para garantizar la conformación y el funcionamiento de la Unidad Gestora del Programa durante el presente año, cubrir los servicios de arrendamiento de inmuebles y de adecuaciones menores para la reubicación de menores y estudiantes de aproximadamente seis centros educativos que serán intervenidos a través de la Dirección de Obras Municipales con el financiamiento contratado con el BID y la contratación de servicios de consultoría para diseño y desarrollo de estrategias y herramientas enfocadas en identificación de estudiantes con alguna limitación física y cognitiva”, detalló.

El diputado William Soriano, quien presidió la comisión, busca generar condiciones “para que los alumnos no sufran un cambio tan drástico”. El legislador de Nuevas Ideas tampoco detalló cuáles centros escolares serán intervenidos.

En mayo pasado, el presidente Nayib Bukele aseguró que 700 escuelas serían renovadas en tres días con una inversión de $690 millones y que, sumadas a 400 intervenidas, alcanzarán las 1,100 escuelas renovadas.

“En tres días serán 700 escuelas en ejecución y, sumadas a las más de 400 que se habían intervenido previamente, alcanzaremos 1,100 escuelas intervenidas. Para quienes decían ‘¿y dónde están las mil escuelas?’, ahí están: 210 que estamos entregando hoy, con estas 70; 694 en total dentro del programa y más de 400 que fueron remodeladas antes de iniciar Dos Escuelas por Día”, afirmó Bukele el 3 de mayo.

Según el sitio de “Dos escuelas por día”, hasta este lunes, son 780 escuelas en proceso de renovadas.