Categoría: Politica

  • Alcalde de San Luis Talpa dice que no buscará la reelección hacia 2027

    Alcalde de San Luis Talpa dice que no buscará la reelección hacia 2027

    El alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), anunció este lunes que no buscará la reelección en su cargo.

    «Para mí es un momento doloroso y duro. Tengo 74 años de edad y no he gozado a mi familia, no la he disfrutado porque soy un hombre de trabajo. Quisiera seguir ayudando, sirviéndole a la población, pero ya hablé con mi familia y con Dios, y no voy a buscar la reelección para este nuevo periodo, me retiro para estar con mi familia», anunció a través de su cuenta en X @AlcaldeMenendez y también en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

    Aclaró que, que no busque la reelección, «no significa que yo no voy a cumplir mi trabajo hasta el último día de mi mandato municipal».

    «Voy a trabajar duro todavía porque quiero dejar, además de los legados que ya están y todo lo que he hecho antes por San Luis Talpa como municipio y hoy como distrito, y con todos los demás distritos de La Paz Oeste, quiero dejar más legados», expresó el funcionario.

    El jefe edilicio citó las amenazas que denunció en julio de 2020 y que dijo haber recibido a través de teléfono celular. Aseguró que en tres ocasiones lo han intentado asesinar. «¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo algo de malo? Nada, lo que yo estaba haciendo era tratando de ayudarle a la gente a que ya no muriese de la enfermedad de insuficiencia renal. Le dispararon a mi vehículo, una vez me dispararon casi a quemarropa. Trataron de hacerme la vida imposible, pero no me rendí, luchamos muy fuerte», dijo, en referencia a su oposición al uso de agroquímicos en la zona.

    Recientemente, el alcalde metapaneco de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde, anunció también que no participará en las elecciones porque «muchas cosas» le quitaron su tranquilidad. Landaverde ganó la comuna con una coalición de Nuevas Ideas y Cambio Democrático (CD).

  • Aumentan salvadoreños inadmisibles y con libertad condicional en EEUU en enero 2026

    Aumentan salvadoreños inadmisibles y con libertad condicional en EEUU en enero 2026

    La cantidad de salvadoreños inadmisibles se ha triplicado en los últimos meses, de 48 en febrero de 2025 a 142 en enero de 2026 y el número de salvadoreños con libertad condicional también se ha multiplicado de 13 casos registrados en febrero de 2025 a 110 en enero de 2026, según datos publicados por el Tracreports.org.

    Los datos del sitio público de análisis migratorio tracereports.org muestran un aumento general durante los últimos meses de migrantes inadmisibles pero también de casos otorgados de libertad condicional en los puertos de entrada de Estados Unidos.

    Así, en enero de 2026, la cantidad de personas de todos los países a las que se les otorgó libertad condicional aumentó de 3,304 en febrero de 2025 a 12,639 en enero de 2026, un lapso aproximado de un año. También, los migrantes inadmisibles han aumentado de 11,973 a 20,539 en el mismo lapso.

    La gráfica de tracereports.org muestra un aumento de las decisiones de libertad condicional (paroled) en los últimos cuatro meses. Esta gráfica incluye a migrantes de todas las nacionalidades. / tracereports.org.

    El Salvador no está entre los primeros países con mayor número de migrantes con libertad condicional en Estados Unidos. Estos son: India, México, China, Canadá, Brasil, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Reino Unido y Jamaica.

    Los primeros 10 países con mayor número de libertad condicional (paroled) solo en enero de 2026. Tomado de: tracereports.org.

    Estos son los registros de las personas que llegan a los puertos de entrada de los Estados Unidos y son inadmisibles por diferentes razones. El uso de la «expulsión acelerada» por las autoridades portuarias bajó un 12 % en los últimos 12 meses, según tracereports.org, que también advierte que ha crecido la libertad condicional, que permite a los migrantes «ingresar temporalmente y residir en los Estados Unidos» sin tener una admisión formal por «razonas humanitarias. urgentes o beneficio público significativo».

    Durante 2025, la cantidad de salvadoreños inadmisibles por las autoridades portuarias (Oficina de Operaciones de Campo, OFO) osciló entre 27 y 86 mensuales; sin embargo, en enero de 2026 subió a 142. El dato, así como los sistematizados por traceports.org, excluye al personal de tripulación «que llegan sin buscar entrada y son confinados al puerto».

    Los salvadoreños que recibieron una decisión de la OFO de «paroled» o libertad condicional oscilaban entre 3 a 17 entre febrero y septiembre de 2025; pero aumentaron a 56 en octubre, 64 en noviembre, 54 en diciembre y 110 en enero de 2026.

    Sin embargo, la tendencia general indica que las decisiones de libertad condicional en los puertos han sido altas en los años fiscales estadounidenses 2023 y 2024, con una sensible disminución a partir de 2025.

    En lo que va del año fiscal 2026, se registra 35,659 casos de todas las nacionalidades; en años anteriores han sido 44,175 en 2025, 431,786 en 2024, 381,541 en 2023, 130,016 en 2022, 29,732 en 2021, 28,076 en 2020, 35,314 en 2019, 41,856 en 2018, 74,481 en 2017, 111,675 en 2016, 91,715 en 2015, 71,340 en 2014, 53,869 en 2013 y 27,800 en 2012.

    De la misma manera, las inadmisibilidades de migrantes extranjeros en los puntos de entrada también cayeron a partir de 2025. Estas han variado desde 216,529 en 2012, aumentó a más de 1 millón en 2023 y 2024, y bajaron a 438,826 en 2025 y a 91,234 en 2026, años fiscales estadounidenses.

  • RNPN adquiere licencias para verificación biométrica y autenticación de identidad digital

    RNPN adquiere licencias para verificación biométrica y autenticación de identidad digital

    El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) adquirió la licencia para una plataforma de verificación biométrica y autenticación documental para login.gob.sv, el portal de identificación digital que ofrece a los salvadoreños y que ofrece agilizar trámites en línea.

    El RNPN dispone de la plataforma login.gob.sv con la finalidad de que los salvadoreños creen su identificación en línea, y ofrece agilidad en los trámites, solicitud de solvencias y obtención de otra documentación en las instituciones del Estado.

    «Se requiere mecanismos de validación a distancia para gestionar procesos donde se requiere contar con la identidad digital para brindar una identificación inequívoca y unificada en el entorno digital, para habilitar procesos en línea dotado de seguridad a las personas y entidades que consumen y ofrecen servicios digitales», detalla el anexo del contrato 32213, correspondiente a la oferta de compra 350 del 12 de diciembre de 2025 llevada a través de la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros).

    El contrato incluye dos ítems: una licencia de plataforma de Onboarding con prueba de vida, autenticación documental, más OTP (contraseña de un solo uso) para 4,200,000 clics»; y en segundo lugar, el servicio de implementación e integración técnica con plataforma institucional, acompañamiento especializado y seguimiento operativo.

    El primer ítem permitiría un «proceso completo de verificación de identidad» (onboarding) con la captura del Documento Único de Identidad (DUI), el pasaporte, la tarjeta de residente o DUI digital, además de la prueba de vida mediante selfi o video, y la verificación del código OTP al celular. El proceso no requerirá descargar una APP e incluiría «mecanismos contra deepfakes».

    La plataforma promete realizar una identificación segura, eficiencia y modernización de los servicios de Gobierno y simplificación de los trámites en línea. Hasta diciembre de 2024, el RNPN informó que poseía un millón de usuarios.

    El contrato para la adquisición del «Licenciamiento de verificación biométrica y autenticación documental para el portal login.gob.sv más servicios de implementación e integración» tendrá vigencia hasta el 9 de agosto de 2027, de acuerdo al contrato de compra venta publicado en el Portal de Transparencia de la institución. El valor del contrato es $1,420,014.50.

    La institución también adquirió, con vigencia hasta el 31 de enero de 2027, un «Licenciamiento de sistema de monitoreo de disponibilidad y ciberseguridad» contratado el 28 de noviembre de 2025 por $118,500.

    Según la descripción de la licencia, esta incluye detección de amenazas complejas, gestión continua de vulnerabilidades con escaneos periódicos, gestión de de superficie de ataque «para monitoreo continuo de activos digitales expuestos», entre otros. «La arquitectura incluirá agentes ligeros distribuidos, oficinas centrales, centros de datos, oficinas de enrolamiento, emisión y entrega de DUI (consulados) y duicentros», indica.

    Los servicios críticos que serán monitoreados incluye el servicio de identidad digital, el sistema REVFA con los 262 distritos, el servicio «Todos», utilizado por 40 instituciones públicas y privadas que proporciona datos de identidad basados en el DUI, entre otros.

     

  • Bukele insiste que periodistas y ONG quieren liberación de todos los pandilleros

    Bukele insiste que periodistas y ONG quieren liberación de todos los pandilleros

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró este domingo que periodistas, activistas y organizaciones no gubernamentales buscan la liberación de todos los pandilleros detenidos desde el inicio del régimen de excepción, al referirse a un informe de expertos en derechos humanos sobre la situación del país.

    En una publicación en la red social X, el mandatario afirmó que el documento sostiene que el 100 % de las detenciones realizadas durante el régimen de excepción son arbitrarias, lo que, según su interpretación, implicaría que el Estado estaría obligado a liberar a todos los detenidos.

    Bukele acompañó su mensaje con cuatro imágenes del informe y sostuvo que, si se califica una detención como arbitraria, la consecuencia legal sería la liberación inmediata de la persona detenida.

    El presidente también señaló que el documento afirma que las capturas se han realizado “sin garantías mínimas y sin el debido proceso”, lo que, a su juicio, también implicaría la liberación de los detenidos.

    En su publicación, Bukele cuestionó además que el informe plantee que encarcelar a una persona únicamente por su pertenencia a una pandilla —y no por delitos específicos— constituiría una violación a los derechos humanos.

    Asimismo, el mandatario aseguró que el documento pide al Estado salvadoreño poner fin al régimen de excepción, derogar la legislación penal y procesal aprobada en ese contexto y retirar a la Fuerza Armada de tareas de seguridad pública.

    Bukele también criticó a organizaciones y periodistas que, según dijo, reciben financiamiento de Open Society Foundations y afirmó que estas buscan generar “caos” en los países de la región.

    Ayer, el mandatario -que está por cumplir siete años en el poder- cuestionó el mismo informe de señalamientos expuestos esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde juristas internacionales afirmaron que en el país se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción.

    Esta semana, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que asegura que hay “base razonable para creer” que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad.

    El informe, presentado en el 195 período de sesiones de la CIDH, celebrado en Guatemala, sostiene que durante el régimen de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles.

    “A la luz de lo documentado y del derecho penal internacional, existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador, incluyendo asesinato, encarcelamiento o privación grave de la libertad en contravención de normas fundamentales, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos”, indicó la conclusión XVI del informe.

    Bukele ya había reaccionado a este informe el miércoles y dijo que  las organizaciones defienden «únicamente» los derechos «de los criminales».

  • TSE verifica posibles centros de votación en Los Ángeles, Estados Unidos

    TSE verifica posibles centros de votación en Los Ángeles, Estados Unidos

    La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, verificó este fin de semana los posibles centros de votación en el exterior, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

    Según la publicación del TSE en sus redes sociales, la visita se trató para verificar la infraestructura y accesibilidad de estos; las fotografías señalan la visita de la presidenta en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

    Además, la magistrada se reunió con miembros de la diáspora, donde expusieron sus inquietudes para «identificar oportunidades de mejora de cara a las Elecciones 2027», dice la publicación.

    «Estas acciones forman parte del proceso orientado a garantizar espacios adecuados que permitan a los salvadoreños en el exterior ejercer su derecho al voto de manera plena y en las mejores condiciones», añade.

    El Registro Electoral de salvadoreños en el exterior tiene un total de 944,684 salvadoreños habilitados para votar según las cifras más actualizadas a inicios de marzo de este año.

    Desde el cierre del Registro Electoral 2024, el 7 de agosto de 2023, se han inscrito un promedio de 216 salvadoreños en el exterior diariamente en el Registro Electoral 2027 con la emisión de su Documento Único de Identidad (DUI) según los datos del TSE.

    El Registro Electoral de Salvadoreños en el Exterior cerrará el 30 de noviembre de 2026 debido al decreto transitorio aprobado el 24 de febrero que les permite realizar nuevas inscripciones –así como cambios de domicilio– en el Registro Electoral hasta 90 días antes de las elecciones. Este decreto transitorio está vigente desde el 27 de febrero, día en que fue publicado por el Diario Oficial.

    La diáspora habilitada para votar ha aumentado de 741,094, un dato del Registro Electoral de 2024 que permitió inscripciones hasta el 7 de agosto de 2023 –hace más de dos años y medio– hasta los 944,684 compatriotas habilitados para votar en 2027.

    El 28 de febrero de 2027, los salvadoreños votarán para elegir cargos de alcaldes municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y presidente, tras una reforma constitucional.

  • Reforma flexibiliza historial crediticio para MYPE y elimina responsabilidad personal por atrasos en pagos a proveedores

    Reforma flexibiliza historial crediticio para MYPE y elimina responsabilidad personal por atrasos en pagos a proveedores

    Las reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE), aprobadas esta semana, incorporan cambios que buscan facilitar el acceso al financiamiento del sector y también elimina la responsabilidad personal de los titulares de instituciones públicas por atrasos en pagos a proveedores.

    Uno de los cambios más relevantes se introduce en el artículo 45, donde se establece que el sector financiero deberá ofrecer servicios financieros, no financieros y de desarrollo de mercados de capitales que respondan a las necesidades de las MYPE.

    La reforma indica que estos servicios deberán contar con un “enfoque de riesgo diferenciado”, que incluya la flexibilización de requisitos como el historial crediticio y el tiempo de operación en el mercado, con el objetivo de facilitar el acceso a fondos y la formalización de estas empresas.

    Otro de los cambios es la derogación de los artículos 33 y 33-A de la ley. Este último establecía que los titulares de las distintas instituciones del Estado serían responsables de pagar oportunamente las obligaciones asumidas a través de contratos de proveeduría, particularmente con las MYPE. Con la reforma, esta responsabilidad personal queda eliminada.

    Sin embargo, la reforma incorporó en el artículo 32 que el Ministerio de Hacienda deberá establecer mecanismos para priorizar la cancelación de las cuentas por pagar a las MYPE presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quienes desempeñen esas funciones.

    El artículo 33, que regulaba la compensación a las MYPE por incumplimientos en pagos, es trasladado prácticamente al artículo 32. Esta compensación equivale al interés legal mercantil vigente sobre las sumas adeudadas.

    La reforma mantiene el plazo máximo de 30 días para que el Estado cancele pagos a sus proveedores MYPE y establece que el trámite para solicitar la compensación deberá realizarse mediante el procedimiento definido en la Ley de Compras Públicas.

    Las modificaciones también ajustan levemente los montos de ingresos utilizados para definir la clasificación de las MYPE. En el artículo 3 se añade que esta clasificación servirá de base para políticas de simplificación de trámites, agilización del proceso de formalización, costos de servicios de trámites y tarifas preferenciales, con el propósito de favorecer a estas empresas y promover su inclusión financiera. Asimismo, el artículo 21 establece que los costos de los servicios de trámites en las instituciones de Gobierno deberán ser proporcionales a la clasificación de la empresa.

    Las reformas incluyeron al Ministerio de Hacienda como miembro de la junta directiva y eliminan a los representantes de las universidades. También se retira a las universidades de los consejos de administración de los fondos Fecamype y Programype en el artículo 52-C. Sin embargo, se mantienen en el artículo 62, que establece que el Ministerio de Economía y Conamype, en coordinación con otras instituciones públicas, privadas y universidades, promoverán la calidad, innovación y el desarrollo tecnológico de las MYPE.

    Además, se crearían las “mesas técnicas representativas locales” que deberán conformar los gobiernos municipales o alcaldías junto con sectores productivos y empresariales MYPE, gremiales y otros actores, con el fin de formular planes de acción y gestionar proyectos y programas para el sector. Con esta medida se eliminarían los comités municipales y departamentales que tenía la normativa.

    La reforma también incorpora el artículo 20-A, que establece que las personas naturales deberán presentar obligatoriamente su declaración de impuesto sobre la renta o una declaración jurada de ingresos para inscribirse en el Registro MYPE. Asimismo, las empresas deberán actualizar los datos de su registro cada dos años para mantener su certificación.

  • William Soriano señala a las ONG de molestarse por Escudo de las Américas ante críticas sobre derechos

    William Soriano señala a las ONG de molestarse por Escudo de las Américas ante críticas sobre derechos

    En clara referencia a las organizaciones no gubernamentales que acusaron al Estado salvadoreño de cometer violaciones a derechos humanos en una audiencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, señaló a estas entidades de estar “furiosos” por el Escudo de las Américas.

    El diputado de Nuevas Ideas por La Unión aseguró que las organizaciones “jamás le perdonarán al presidente Nayib Bukele haber expuesto la industria millonaria de las ONG” y sostuvo que estas organizaciones “se alimentaban de dinero de los contribuyentes, de donantes oscuros con agendas nefastas”.

    “El Escudo de Las Américas los tiene furiosos. No le perdonarán que, a pesar de sus mil y un intentos, cada día tienen menos relevancia y necesitan activar todos sus tentáculos en un esfuerzo millonario por intentar una vez más destruir y manchar lo que ha liberado a millones de salvadoreños”, expresó en X.

    Según Soriano, las organizaciones estarían molestas con el presidente Bukele por “destruir la industria del crimen que tanto rédito les daba (premios, libros, documentales)” y por “unificar a América bajo un modelo de seguridad exitoso aclamado por millones”.

    Aunque las oenegés no participan en las elecciones presidenciales, el diputado de Nuevas Ideas expresó que, “al tener la más mínima posibilidad de recuperar el poder político y económico que una vez los hizo relevantes”, “destruirán la seguridad que ahora vive el país”. “Extrañan aquellos tiempos donde asesinaron a más de 41,000 salvadoreños y nadie hizo un esfuerzo similar para denunciarlo, o tan siquiera para detenerlo”, afirmó.

    Soriano cita un texto en el cual se asevera que “la Corte Penal Internacional, normalmente, como parte de la política criminal de este tribunal, investiga y sanciona a los más altos funcionarios del Estado que participaron” y que en el “corto, mediano o largo plazo cuando hay un cambio de Gobierno o cuando hay algún tercer país que tenga la capacidad jurídica para iniciar investigaciones de la humanidad se pueda actuar”.

    Los comentarios del legislador se dan después de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual organizaciones no gubernamentales denunciaron persecución política, desapariciones forzadas, muertes de detenidos bajo custodia policial, torturas y de posibles crímenes de lesa humanidad; mientras el Gobierno rechazó los señalamientos.

  • Representante de la Organización Mundial contra la Tortura pidió a la CIDH incluir a El Salvador en lista de países con violaciones a derechos

    Representante de la Organización Mundial contra la Tortura pidió a la CIDH incluir a El Salvador en lista de países con violaciones a derechos

    Donovan Ortega, representante de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), una entidad cuya sede central está en Ginebra, Suiz, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluir a El Salvador en el capítulo IV.B de su informe anual.

    Durante su breve intervención, el representante de la OMCT pidió «que la Comisión publicite su informe de seguimiento de recomendaciones del informe del estado de excepción y derechos humanos; y evalúe la inclusión de El Salvador en el capítulo IV.B del informe anual”.

    El Capítulo IV.B es una sección del informe anual que la CIDH presenta cada año ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en donde se incluye a los países del continente que considera merecen una atención especial por la situación de derechos humanos.

    La inclusión se genera, por ejemplo, cuando hay violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos, debilitamiento del Estado de derecho, ataques a la independencia judicial, restricciones a libertades fundamentales.

    Si un país está en el Capítulo IV.B, la CIDH podría hacer un análisis detallado de la situación en ese país, recomendar medidas y hacer más monitoreo internacional.

    El Gobierno salvadoreño ha criticado los señalamientos de las organizaciones en las audiencias de la CIDH, acusando a las organizaciones de defender «únicamente» a los criminales o pandilleros, y cuestionando por qué no denuncian delitos de lesa humanidad cometidos por las pandillas.

    El representante de la OMCT, quien se presentó como parte de la sociedad civil en la audiencia, también pidió que la Comisión «inste al Estado a abstenerse de cualquier represalia, hostigamiento o criminalización» contra los participantes de la audiencia, así como a «a cesar la persecución judicial y extrajudicial de personas defensoras para silenciar las voces críticas, disuadir la protesta social o desarticular procesos organizativos comunitarios».

  • Bukele dice que organizaciones de derechos humanos quieren la liberación del 100 % de los pandilleros

    Bukele dice que organizaciones de derechos humanos quieren la liberación del 100 % de los pandilleros

    El presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó este sábado que organizaciones de derechos humanos buscan la liberación del “100 % de los pandilleros capturados” desde el inicio del régimen de excepción en El Salvador.

    En una publicación en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que estas organizaciones aseguran que más de 89,000 personas han sido capturadas arbitrariamente, que se han cometido violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

    “Bajo esa lógica, la liberación del 100 % de los detenidos pasaría a ser una obligación de todo Estado”, escribió Bukele.

    El presidente reaccionó a señalamientos expuestos esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde juristas internacionales afirmaron que en el país se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción.

    Bukele aseguró que los cuestionamientos buscan que el país vuelva a la situación de violencia previa al régimen. “Quieren la liberación del 100 % de los pandilleros y que El Salvador vuelva al estado en que se encontraba antes”, afirmó.

    El mandatario también criticó a las organizaciones de derechos humanos y aseguró que “se han convertido en los bufetes legales de los delincuentes”.

    Esta semana, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que asegura que hay “base razonable para creer” que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad.

    El informe, presentado en el 195 período de sesiones de la CIDH, celebrado en Guatemala, sostiene que durante el régimen de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles.

    “A la luz de lo documentado y del derecho penal internacional, existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador, incluyendo asesinato, encarcelamiento o privación grave de la libertad en contravención de normas fundamentales, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos”, indicó la conclusión XVI del informe.

    Bukele ya había reaccionado a este informe el miércoles y dijo que  las organizaciones defienden «únicamente» los derechos «de los criminales».

  • La abogada Ruth López cumple 300 días en prisión

    La abogada Ruth López cumple 300 días en prisión

    La organización Cristosal informó que este sábado, la abogada salvadoreña Ruth López cumplió 300 días desde que fue detenida en mayo del año pasado, preliminarmente señalada de peculado, pero luego, acusada de enriquecimiento ilícito.

    A través de sus redes sociales, Cristosal indicó que el caso se mantiene en reserva y la mayor parte de su tiempo en prisión ha estado incomunicada de su familia y sus abogados. Tampoco han permitido que organismos internacionales confirmen su estado.

    También destacaron que durante este tiempo, Ruth ha recibido cinco reconocimientos por su trabajo. La abogada era la jefa anticorrupción de Cristosal, al momento de ser detenida. Recientemente, a López le fue otorgado el Premio al Héroe contra la Delincuencia y la Corrupción otorgado por primera vez por el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), una de las organizaciones de periodismo de investigación más grandes del mundo, con sede en Ámsterdam y con presencia en seis continentes.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno de Bukele, porque enfrentan un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.

    López declarada por Amnistía Internacional como persona prisionera de conciencia, argumentando que su detención se basó en la expresión pacífica de sus ideas y en su labor de derechos humanos, sin indicios de violencia.

    La semana anterior, un informe de Cristosal señaló que al menos 245 perseguidos políticos, entre ellas abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, experimentaron algún tipo de persecución política en El Salvador durante el período de 2019 a 2025.

    Del grupo 50 son personas opositoras al Gobierno actual, 38 son personas críticas, 9 son familiares perseguidos y 148 son personas con protección internacional especial. El informe dice que tiene evidencia testimonial y documental.

    Entre los 245 casos de persecución política documentados en el estudio, hay 40 casos sin procesos judiciales, 25 con acciones judiciales no penales, 174 con acciones penales y 6 casos con ambos tipos de procesos judiciales. Un total de 186 víctimas son hombres y 59 son mujeres según el informe.