Categoría: Politica

John Kutsch, director de la Alianza de Energía de Torio, que ayuda a El Salvador a iniciar su programa nuclear, aseveró que El Salvador podría sentar las bases para convertirse en el “Dubai de América Central” con una inversión nuclear a base de torio, como la que está analizando realizar.

El Salvador explora la posibilidad de desarrollar una planta nuclear a base de torio, algo que no es inaccesible según ha explicado el director de la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador, Rafael Gómez Escoto, quien indica que el torio es más asequible, produce menos desechos radiactivos y presenta menos riesgos. El acuerdo con la Alianza del Torio fue firmado en marzo de 2023.

El director de la Alianza de Energía de Torio se pregunta en el artículo, publicado en «Nuclear Newswire», si El Salvador puede lograr un despliegue de energía, dado que es un país “sin instituciones o infraestructura de energía nuclear previa?

Sin detallar los desafíos concretos que tiene El Salvador en este tema, Kutsch explicó que esto “depende del fuerte compromiso político continuo” para superar “obstáculos sociales, políticos y técnicos”.

“El progreso hasta ahora ha sido rápido y los pasos dados han sido los correctos. Es una gran apuesta y, si tiene éxito, habrá una gran recompensa”.
John Kutsch, director de la Alianza de Energía de Torio.

Según Kutsch, El Salvador no solo podría lograr electricidad confiable y abundante, sino otras oportunidades como un mercado de combustibles más amplio para los procesos industriales, la atracción de profesionales inteligentes, nuevas industrias y empleo, la posibilidad de convertirse en “un centro centroamericano de medicina nuclear” y proteger al país de las oscilaciones en los mercados de combustibles fósiles.

La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) está evaluando si El Salvador cumple los requisitos para desarrollar una planta nuclear ya que se evalúan lugares posibles que tengan agua abundante, poca densidad poblacional, sin conflictos y sin mucha actividad sísmica.

En el artículo Kutsch cuenta que El Salvador está evaluando proveedores de tecnología en Europa, Corea del Sur, Argentina y Estados Unidos.

El Salvador pretende tener un reactor nuclear de investigación en 2030 para capacitar a 400 especialistas en siete años.

Las indemnizaciones de trabajadores en el Gobierno Central sumaron un total de $216 millones al cierre del año 2024, una cifra que triplica el monto destinado para el mismo fin un año atrás, de acuerdo con un reporte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.

Para las indemnizaciones del Gobierno Central se programaron $218,344,800 y se ejecutaron $216,062,700, al 31 de diciembre de 2024, indica el informe de ejecución financiera firmado el 14 de marzo de 2025.

Un año atrás, en el año 2023, las indemnizaciones de trabajadores en el Gobierno Central sumaron $62 millones, tres veces menos.

A partir del año 2025, el Gobierno Central se proyectó un recorte de al menos 9,261 plazas según el presupuesto general aprobado por la Asamblea Legislativa.

El Gobierno llegó a un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF o EFF), que se otorga a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos por deficiencias estructurales, que le permitirá acceder a un financiamiento de $1,357,336,327.23 y cuya aprobación exige a El Salvador un ajuste fiscal de 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años, lo que implica una reducción del gasto y un aumento de los ingresos.

Puede leer: Las claves del acuerdo entre el FMI y el gobierno de El Salvador

Durante el año pasado, el mismo reporte indica que el gasto en remuneraciones permanentes bajó en un 3 %, de $1,768 millones a 1,715 millones en la planilla del Gobierno Central. El gasto en remuneraciones en general subió un 4.8 %.

La ejecución presupuestaria real en el año 2024 también muestra otras erogaciones como seguros, comisiones y gastos bancarios por $94,130,100, que tuvo un aumento de 113.8 % respecto a los $44,018,000 ejecutados en 2023.

Así mismo, en pasajes y viáticos, Contabilidad Gubernamental registró un aumento de 34.5 % de $10,532,900 en 2023 a $14,162,600 en 2024, según las ejecuciones presupuestarias contenidas en el informe de ejecución presupuestaria de Hacienda.

Las consultorías, estudios y arrendamientos suman $52,862,200 en 2024. En 2023, se ejecutaron $23,812,000 en este rubro.

Los seguros de vida de los empleados, según el estado demostrativo de ejecución presupuestaria de gastos, sumaron $552,400 en 2023 y disminuyó a $332,000 en 2024, una erogación que está dentro de la unidad “Obligaciones generales del Estado.”

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha decidido que el 30 de septiembre de 2026 convocará oficialmente a los partidos y a los ciudadanos para las

elecciones de diputados de la Asamblea Legislativas y de concejos municipales de 2027. Con la convocatoria a elecciones, el Tribunal debe publicar un decreto.

Dos fuentes internas del TSE confirmaron a Diario El Mundo en el calendario electoral aprobado por el organismo colegiado se ha establecido

el martes 30 de septiembre de 2026 como el día para convocar a comicios al cuerpo electoral. El Código electoral establece que la convocatoria debe realizarse «por lo menos cuatro meses a la fecha de la elección».

El Tribunal ha definido el 28 de febrero de 2027 como la fecha para realizar las elecciones legislativas y municipales, por lo que, la institución convocaría cinco meses antes de la jornada electoral, respetando así lo dispuesto en la legislación electoral vigente. Los salvadoreños elegirían 44 concejos y 60 diputados.

El artículo 170 del Código establece que el Tribunal también debe emitir un decreto convocando a los comicios, el cual, debe ser publicado una sola vez en el Diario Oficial y en «los principales medios informativos del país». Con la convocatoria a elecciones se habilitan otros procesos para presentar solicitudes de inscripción de candidatos.

La convocatoria a elecciones de 2024 se realizó el 6 de septiembre de 2023 y no se realizó en un acto publico sino que los magistrados pregrabaron el evento y lo transmitieron por cadena nacional y en redes sociales como «un vivo falso». La prensa nacional no tuvo acceso al evento grabado en un hotel capitalino.

Para ese evento, el Tribunal había gestionado un contrato en Bolpros por $16,000 que incluía los servicios para una mesa principal, una tarima, tres arreglos florales, sonido, dos pantallas LED y servicios de alimentación para 500 personas, pero el contrato no se ejecutó «para no gastar» según dijeron en ese momento fuentes electorales.

El Colectivo de Veteranos, Veteranas y Excombatientes del Conflicto Armado del departamento de San Salvador denunció persecución por parte del gobierno para las organizaciones sociales, al mismo tiempo que pidió la liberación de miembros del movimiento detenidos durante la vigencia del régimen de excepción.

Durante una concentración frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador, el colectivo dijo este domingo que el Estado salvadoreño incrementa la opresión en contra del pueblo salvadoreño en general, enfocando las acciones sobre defensores de derechos humanos y dirigentes de organizaciones populares.

“Se ha agudizado la captura y encarcelamiento, contra las personas del pueblo y la resistencia, ya se tiene conocimiento sobre muchos casos de torturas y muertes en control penales que se han convertido en espacio en los que no se garantiza los derechos a la salud y la vida de las personas capturadas”, indicó Salomón Alfaro, miembro del movimiento.

Alfaro recordó la captura de José Santos Melara, José Atilio Montalvo, Eliseo «Álvaro Segura», así como Pedro Alfonso Mira, todos miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y del estudiante de Sociología de la Universidad de El Salvador y comunicador social, Luis Alberto Menjivar, detenidos el 30 y 31 de mayo.

En su pronunciamiento, el colectivo denunció la captura de Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), detenido en febrero pasado cuando la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que lo acusaría de enriquecimiento ilícito de más de $200,000.

Los excombatientes y veteranos también se pronunciaron por la captura de Félix «Ángel López Flores», hijo del abogado Félix López, así como del vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), Fidel Zavala.

“Requerimos al Estado y al gobierno de El Salvador que respete, proteja y garantice la salud y la vida de los compañeros detenidos que son personas adultas mayores y en algunos casos ya padecen de enfermedades crónicas que necesitan medicación permanente”, añadió «Álfaro».

El colectivo pidió un trato digno para los detenidos, que se garantice su atención médica para mantener la integridad física, psíquica y moral.

Además, pidieron que se reestablezcan sus derechos constitucionales porque consideran que los casos están fuera del régimen de excepción, al mismo tiempo que se garantice un proceso judicial “justo”.

En sintonía, los veteranos y excombatientes solicitaron que se respete la movilización y el derecho a la protesta pacífica de las organizaciones.

Para las elecciones municipales y legislativas de 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribirá a los candidatos a diputados en octubre de 2026 y los candidatos a alcaldes y concejos municipales serán inscritos por las Juntas Electorales Departamentales (JED) desde noviembre de 2026.

Dos fuentes internas del TSE confirmaron a Diario El Mundo que según el calendario electoral de 2027, los candidatos legislativos serán inscritos desde el jueves 2 de octubre de 2026 y el plazo concluirá el 10 de noviembre. Las solicitudes son presentadas ante la Secretaría de la institución de acuerdo con el Código Electoral.

La legislación electoral indica que, desde la convocatoria oficial a elecciones, los partidos políticos quedan legalmente habilitados para presentar las solicitudes de sus candidatos a diputados.

Los magistrados convocarán al cuerpo electoral a comisión el 30 de septiembre de 2026. La entidad electoral tendrá que recibir solicitudes de inscripción desde el 1 de octubre y tendrá poco más de un mes para resolver.

En ese mes se incluye el plazo para que los candidatos legislativos subsanen observaciones del 6 de octubre al 30 de noviembre de 2026.

Para la inscripción de candidatos legislativos se debe presentar:

• Certificación de partida de nacimiento.
• Fotocopia ampliada del Documento Único de Identidad (DUI).
• Certificación de acta de escrutinio de elecciones internas.
• Certificación de partida de nacimiento de padre o madre.
• Constancia del TSE en que se le reconozca habilitado para ser candidato.
• Solvencia de renta, solvencia municipal, certificación de la Corte de Cuentas.
• Declaración jurada de estar solvente de cuotas alimenticias.
• Certificación de presentación de su última declaración jurada de patrimonio.

Concejos inician en noviembre

Las JED deberán inscribir a los candidatos a alcaldes y concejos municipales del 10 al 24 de noviembre de 2026. Las Juntas son integradas aleatoriamente por los partidos contendientes. El sorteo de posiciones se realiza en un evento público y en presencia de los institutos políticos.

Las Juntas deben iniciar el 9 de noviembre de 2026 la recepción de las solicitudes de candidatos a alcaldes y su respectiva planilla para regidores por cada uno de los 44 concejos municipales. El plazo concluirá el 24 del mismo mes.

Si las JED realizan observaciones a las solicitudes de los candidatos, estas deberán ser subsanadas del 12 al 30 de noviembre. Tanto las solicitudes de candidatos legislativos como municipales pueden presentarse personalmente o por medio de representantes legales acreditados por los partidos o pactos de coalición.

El artículo 144 del Código Electoral establece que las planillas de concejos municipales y diputados deben ser presentadas completas, aunque indica que, si las planillas municipales están incompletas, “serán inadmisibles”. El artículo 145 establece que, una vez presentadas las solicitudes, tanto el TSE como las JED deben resolver “dentro de los tres días siguientes”.

Requisitos para candidatos a concejos:

• Ser salvadoreños.
• Ser del estado seglar.
• En ejercicio de sus derechos.
• Mayor de 21 años.
• Saber leer y escribir.
• Ser de moralidad e instrucción notoria.
• Ser originario o domiciliado en el municipio por el que compite por al menos un año antes de la elección.
• Presentar certificación de partida de nacimiento.
• Fotocopia ampliada del DUI.
• Certificación de acta de escrutinio de elecciones internas.
• Constancia de afiliación del partido por el que compite.
• Declaración jurada de no estar inhabilitado.
• Declaración jurada de estar solvente de cuotas alimenticias.
• Solvencia de renta y solvencia municipal.

El calendario electoral establece que los partidos tienen hasta el 29 de julio de 2026 para celebrar elecciones internas para elegir a sus candidatos legislativos y municipales para la jornada electoral de 2027. Los institutos deben anunciar la fecha de sus elecciones a más tardar el 7 de abril del próximo año.

La Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (Andrysas) entregó esta semana un reconocimiento a la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las mujeres en El Salvador, Miriam Bandes, por su trabajo al frente de la organización.

En la placa del reconocimiento, Andrysas agradeció a Bandes por «todo el acompañamiento, la confianza, el apoyo» brindado a la organización y aseguró que Bandes ha dejado huella influyendo positivamente en la vida de los salvadoreños y le reconocieron su trabajo «en pro de los derechos de las mujeres y una sociedad más equitativa y justa».

«En Andrysas queremos expresas nuestro más sincero agradecimiento por todo el acompañamiento, la confianza, el apoyo y principalmente por la complicidad y el cariño que nos ha brindado a lo largo de los años como institución».
Andrysas en el reconocimiento a Miriam Bandes.

ONU mujeres explicó en sus redes sociales que Bandes será «asignada a otra oficina de la región», aún no se conoce quién la sustituirá en el cargo de jefa de oficina de ONU mujeres en El Salvador. La institución no ha informado la fecha en que concluye la misión de Bandes en El Salvador.

En su sitio web, ONU mujeres asegura que inició operaciones en El Salvador en noviembre de 2013 aunque ha realizado proyectos «sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas» desde 2011. Se estima que a nivel mundial, ONU mujeres destina cerca de $176 millones para la adquisición de servicios y bienes cada año.

La Asociación Nacional de Regidoras Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas –@Andrysas_sv, entregaron un reconocimiento a la Representante de ONU Mujeres en El Salvador, Miriam Bandes, quien esta siendo asignada a otra oficina de la región. pic.twitter.com/U5XjKl1Hk4

— ONUMujeresElSalvador (@onumujeressv) March 27, 2025

El Ministerio de Educación nombró una directora de Planificación en funciones atendiendo a una nueva estructura organizativa según el acuerdo 15-0291/2025 tomado el 4 de febrero de 2025.

El 25 de febrero, el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, nombró a Ana Marta Najarro Espinoza como nueva directora de Planificación en funciones.

La nueva funcionaria podrá nombrar a los administradores de órdenes de compra y administradores de contratos en los procesos de comparación de precios que permite la ley actual al Ministerio.

El Ministerio también tomó el acuerdo 15-0378 para nombrar como director financiero institucional a José Arturo Martínez Díaz, quien también podrá nombrar a los administradores de órdenes de compra y administradores de contratos en los procesos de comparación de precios.

Uno de los desafíos del Ministerio de Educación para este año es la construcción y remodelación de centros escolares. Sin embargo, se desconoce si los nombramientos están vinculados a los procesos relacionados a las escuelas.

En marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de disposiciones transitorias que permitirá que el Ministerio de Educación agilice proyectos de construcción o remodelación de escuelas, permitiendo la contratación con la sola aceptación y comunicación con el contratista seleccionado.

Las disposiciones transitorias tendrán una vigencia de dos años, en las que el Ministerio de Educación podrá elegir de «una lista corta».

La Organización Mundial de Migración (OIM) contabiliza 74,094 muertes o desapariciones de migrantes de todas las nacionalidades desde el año 2014, de los cuales 274 eran personas de origen salvadoreño, según su base de datos actualizada hasta el 23 de marzo.

A través de los años, la mayoría de las muertes o desapariciones han ocurrido los dos últimos años, en los cuales se registraron cifra récords de 8,747 migrantes en 2023 y 8,962 migrantes en 2024. El año con menos tragedias de migrantes fue 2020, el año pandémico: 4,314.

De los 74,000 casos, 43,797 se registran como muertes y al menos 30,255 desapariciones.

Hasta el 23 de marzo de 2025, la OIM ya registra 1,042 muertes o desapariciones de migrantes en el mundo, 14 de estos son migrantes centroamericanos, pero ninguno salvadoreño.

La mayoría de las muertes de migrantes han ocurrido por ahogamiento (15,823), pero también por accidente de vehículos (6,515), condiciones climáticas (4,185), violencia (5,141), enfermedades (2,711) y muertes accidentales (1,189), de acuerdo con una tabla dinámica elaborada a partir de la base de datos que puede descargarse del sitio web de la OIM.

Desde 2014, la OIM ha registrado un total de 274 migrantes salvadoreños fallecidos o desaparecidos: la mayoría de casos ocurrieron en los años 2014 (83), 2016 (36) y 2019 (29 salvadoreños). En 2021, la OIM registró 23 muertes de migrantes salvadoreños.

Más recientemente, los casos de salvadoreños muertos en su camino migrante fueron 16 en 2022, ocho en 2023 y ocho en 2024.

En lo que va del año 2025, la OIM ha registrado 112 muertes o desapariciones de migrantes de todas las nacionalidades, 14 son centroamericanos: 6 en enero, 6 en febrero y 2 en marzo. Ninguno es salvadoreño, las víctimas provienen de Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

Del total de salvadoreños muertos o desaparecidos desde 2014, las causas de muerte mayoritarias han sido: 50 por las condiciones ambientales, 30 por ahogamiento, 26 accidentes de vehículos, 20 casos de violencia, 9 por enfermedad, 5 muertes accidentales y 53 por causas varias o desconocidas.

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La Dirección General de Centros Penales (DGCP) denegó información sobre los deportados, sus condenas y su vinculación con la pandilla «Tren de Aragua», luego de una solicitud de información de la asociación Cristosal, informó dicha oenegé.

La organización aseveró, luego de la denegación de información, que esta denegatoria de información puede implicar detenciones secretas, desapariciones forzadas y posibles delitos de «lesa humanidad».

El 16 de marzo recién pasado, el gobierno salvadoreño publicó la deportación de al menos 261 personas provenientes de Estados Unidos que fueron trasladadas al sistema penitenciario salvadoreño e internadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El gobierno de Donald Trump ha señalado que 238 de estos deportados son miembros del Tren de Aragua, declarada como organización terrorista el primer día de su gobierno, aunque ha dicho que deportó a 111 de ellos bajo la norma migratoria Título 8.

Cristosal relató ayer que solicitó información a la DGCP sobre: «La cantidad exacta de las personas venezolanas que fueron deportadas a El Salvador desde EE.UU que se trasladaron al CECOT, el listado con sus nombres, cuántas tenían una condena previa en Estados Unidos, y quiénes están vinculadas a la pandilla denominada Tren de Aragua».

Sin embargo, cuenta que, el 27 de marzo, la DGCP resolvió denegar el acceso a la información solicitada, argumentando que “se trata de datos personales (confidenciales) y porque se ha establecido una reserva en virtud del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en sus literales b, d, f y g; relativos a información sobre la defensa nacional, la seguridad pública, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso”.

La organización no gubernamental consideró que «las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos» sobre la deportación y el ocultamiento de datos «ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales» viola el derecho internacional de los Derechos Humanos y «pueden constituirse como detenciones secretas y generar condiciones para la desaparición forzada de personas sometidas a custodia de ambos Estados».

En su análisis jurídico, Cristosal recalcó que el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada establece que ninguna persona será detenida en secreto y que norma obligaciones estatales para prevenir que las personas en custodia de autoridades penitenciarias sean víctimas de desaparición forzada.

También, advirtió que las personas sometidas a custodia del Estado tienen derecho a comunicarse con sus familiares, abogados o cualquier persona de su elección, así como a recibir visitas. «Lo anterior presupone que los Estados deben mantener registros públicos oficiales de las personas detenidas y ponerlos a disposición de las distintas entidades y autoridades que puedan tener interés en la identificación de personas que pueden ser víctimas de desaparición forzada«, señaló.

La organización citó que el artículo 20 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada reconoce que el acceso a la información sobre personas en custodia del Estado solo puede restringirse bajo supervisión judicial y por causas excepcionales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece, en el artículo 7, que la deportación o traslado forzoso y la desaparición forzada son delitos de lesa humanidad que habilitan la competencia de la Corte.

El gobierno salvadoreño llegó a un acuerdo con la administración Trump para recibir criminales extranjeros de los Estados Unidos, recluyéndolos en el CECOT, a cambio de una tarifa que asegura podrá sostener parte del costo del sistema penitenciario salvadoreño. Por los 238 venezolanos, EE.UU. pagaría $6 millones anuales. La reclusión es por un año renovable.

Los salvadoreños podrán consultar edictos judiciales de forma electrónica a partir del 1 de abril, informó la Corte Suprema de Justicia, que detalló pretenden fortalecer el acceso a la información y la celeridad procesal en los tribunales.

“La Corte Suprema de Justicia informa a la ciudadanía y a las partes procesales de los tribunales contra el crimen organizado que, en cumplimiento del Acuerdo No 3-P de fecha 25 de febrero de 2025, se ha implementado la plataforma digital “Edictos Judiciales – El Salvador”, indicó.

Será un espacio oficial donde podrán consultarse «de manera ágil y segura» los edictos judiciales emitidos por estos tribunales.

La plataforma comenzará a funcionar el próximo martes 1 de abril. La CSJ busca facilitar de esa forma, «el acceso a la información judicial» y la «eficacia en los procesos», según el artículo 163 del Código Procesal Penal, que establece «la posibilidad de utilizar medios digitales para la publicación de resoluciones cuando se desconozca el paradero de la persona a notificar”.

La CSJ recalca que esto es parte de la modernización del sistema judicial para fortalecer el acceso a la información y la celeridad en los tribunales del crimen organizado.