Categoría: Politica

El secretario de Innovación de la Presidencia de El Salvador, Daniel Méndez, anunció hoy que hasta este jueves hay 700 establecimientos de salud, incluidos hospitales y unidades de salud, y 4,000 centros escolares, incluidas escuelas e institutos, conectados a fibra óptica.

En la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña, Méndez aseguró que comenzaron “digitalizando salud” con un “sistema hecho en casa, por lo que hay “más de 700 establecimientos de salud conectados con fibra óptica”, entre hospitales, unidades de salud, salud básica, especializados e intermedios.

Ante la pregunta si el sistema está conectado también con el sistema del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), respondió que este es “un sistema integrado de salud” y prometió tener listo el “expediente digital” a manos de los pacientes a partir del próximo año 2026.

“Al final no deberíamos de ver como información que corresponde a un área o a otra. Lo que estamos haciendo es proyectando es tener para el próximo año tener el expediente digital en las manos del paciente y poder hacer lo que necesite con su información, eso requiere la interacción de diferentes actores, públicos, privados, Seguro Social, Minsal, hospitales privados. Al final lo importante es que el paciente pueda contar con todo un resumen de su información en un ambiente digital para que permita esa facilidad de atención”, fueron las palabras del funcionario.

El gobierno busca conectar un cable submarino a El Salvador.

“Ahora estamos en un proyecto donde estamos conectando el 100 % de las escuelas e internet, llevamos un avance de 4,000 escuelas, centros escolares e institutos. Cuatro mil centros escolares ya conectados con fibra óptica”.
Daniel Méndez, secretario de Innovación del gobierno de Bukele.

Explicó que son dos fases en las escuelas: conectar la escuela con fibra óptica que tenga internet con un punto y, dos, poner red interna, una fase con un avance de 1,000 escuelas con usuarios del Ministerio de Educación “ya conectados” al internet.

La conexión con fibra óptica es el primer paso para que los usuarios de los establecimientos puedan estar conectados a una red interna.

El gobierno cuenta también con “63 y 64” espacios a nivel nacional en “zonas más remotas” para conectarse de forma gratuita. “Se está trabajando por desplegar la red “Conectando El Salvador”, más de 6,000 puntos conectados”, dijo.

La conexión a fibra óptica permitiría a los establecimientos conectados tener la capacidad de tener acceso a internet de alta velocidad y y capacidad, pudiendo mejorar programas como telemedicina y aprendizaje digital.

Actualmente el ISSS mantiene una aplicación llamada Dr. ISSS que permite proveer consultas médicas a través de videollamadas.

Aproximadamente un 9 % de los venezolanos deportados a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ubicado en Tecoluca, San Vicente, emigró por la «persecución política», según Cristosal, organización no gubernamental que entrevistó a un 60 % de los familiares afectados.

Hasta el l5 de mayo, la organización recibió información de los familiares de al menos 147 personas deportadas desde el pasado 15 de marzo en virtud del acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para recluir personas consideradas criminales por la administración Trump. Las entrevistas representan el 58 % de las deportaciones, solo uno es salvadoreño.

El 78 % de los deportados dijeron que emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y el 35 % señalaron que huían de la violencia social, entre otras razones dadas a raíz de una pregunta que podía tener respuesta múltiple.

Pese a que solo 9 % de los familiares de los venezolanos dijo que estos eran víctimas de persecución política, un 18 % consideró que «estaría el alto riesgo si volviera a Venezuela».

Estados Unidos ha deportado unos 250 migrantes que han sido recluidos en el Cecot, la megacárcel de máxima seguridad ubicada en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente. Esta es una prisión con capacidad de recluir a 40,000 personas según el gobierno y que es utilizada para recluir a miembros de pandillas.

La reclusión de un salvadoreño deportado por error que residía en Maryland, Kilmar Armando Ábrego García, quien emigró a Estados Unidos cuando tenía 16 años y que ahora está recluido en el Cecot, es objeto de una polémica en los Estados Unidos, en donde la administración Trump lo señala de ser miembro de la MS-13 y congresistas demócratas piden su liberación porque no ha tenido un debido proceso.

Según la información recolectada por Cristosal, el 90 % de los deportados a El Salvador y ahora recluidos en el Cecot no tenía antecedentes penales, el 77 % tenía un empleo y el 41 % tenía alguna forma de protección migratoria en los Estados Unidos.

El séptimo informe del Estado Región 2024 sostiene que la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) atraviesa por la “peor y más peligrosa situación política desde la época de los conflictos militares” e identifica solo a Costa Rica como democracia plena.

“Los Estados y sociedades de la región Centroamérica y República Dominicana enfrentan un panorama incierto”, indica el informe, al referirse a tendencias económicas, sociales, ambientales y políticas en la última década.

El Programa Estado de la Nación presentó en mayo el volumen 3 del séptimo informe Estado de la Región, que analiza el desarrollo humano sostenible en el periodo 2018-2023.

«Estamos en un momento decisivo. El camino que elijamos ahora puede marcar la diferencia para las próximas generaciones. Fortalecer la democracia y apostar por una integración más efectiva nos permitirá enfrentar los desafíos y aprovechar nuestras fortalezas como región».
Alberto Mora, coordinador de la investigación Estado de la Región.

En la región prevé “mayores rezagos” en el desarrollo humano y “mayores conflictos y tensiones dentro y entre los Estados”, lo que “compromete” el desarrollo a futuro. Como propuesta, sugiere “revalorar” los principios en los que se basa la democracia procurando el bien común.

«Autocratización»

El volumen 3 del informe Estado de la Región 2024 sostiene que en Centroamérica y República Dominicana hay una “gran diversidad de regímenes políticos” –una democracia liberal hasta autocracias, semidemocracias y regímenes híbridos– resultante de “procesos de regresión democrática o autocratización”.

El estudio identifica en Nicaragua y El Salvador situaciones «similares» o «peores» a momentos de inestabilidad social y política del siglo XX debido a la “concentración de poder en la presidencia y las restricciones a la libertad de expresión” así como el “ataque a la independencia del Poder Judicial”.

En la investigación se señala a El Salvador como el único país de la región en donde el porcentaje de la población «autoritaria», un 20 %, es mayor a los «demócratas», un 13 %, con una mayor proporción, 60 %, de “populistas”, quienes dicen apoyar la democracia pero apoyarían un líder fuerte que concentre el poder y resuelva incluso violando normas democráticas.

En la región se etiqueta a Costa Rica como la única democracia plena.

El informe también detecta un crecimiento económico superior al promedio latinoamericano sin una distribución equitativa así como señales de una ciudadanía dispuesta al cambio y vislumbra la integración regional como posible camino.

Conflictos geopolíticos: China y EE.UU.

El informe detalla que sus más de 20 estudios realizados tienen cinco hallazgos relacionados a una mayor desigualdad en el desarrollo, más conflictos geopolíticos que agravan las tensiones en la región, una diáspora interna menos capaz de enfrentar los desafíos y la presencia de una peor situación política peligrosa desde los conflictos militares en la región.

El informe advierte que la «desarticulación regional reduce» los «márgenes de maniobra» frente a las potencias, con agentes distintas y cambiantes.

«Lo que no ha cambiado en esas relaciones –potencias con la región– ha sido la activación o intensificación de los vínculos cuando aumenta la rivalidad geopolítica entre las potencias, como ha sucedido recientemente entre Estados Unidos y China». Informe del Estado de la Región 2024.

El estudio señala una «incapacidad» regional de definir una «estrategia conjunta» y ve un «aumento de rivalidades» globales y «respuestas dispersas» de los países de la región que perjudican su diálogo.

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha sancionado a 481 servidores públicos desde 2007 hasta 2024 por incumplir la Ley de Ética Gubernamental (LEG) según datos recopilados por la entidad y divulgados en su portal de transparencia.

De los sancionados, 344 son hombres y 137 son mujeres, es decir, el 71.5 % de los sancionados son empleados públicos hombres. La multa más alta fue $2,433.36 y la menor, de $304.17.

Según el Tribunal, el año con más servidores públicos sancionados fue 2022, con 74; le siguió 2023, con 51; y 2021, con 50. En 2016 hubo 42 sancionados y 38 sancionados en 2018.

Los años con menos sancionados fueron 2007 y 2012, con dos sancionados cada año; seis en 2010; nueve en 2008. En 2009 y 2013 se reportaron solo 11 sancionados en cada año. El periodo con menos sancionados fue de 2007 a 2013.

Las faltas éticas

La Ley de Ética Gubernamental establece en el artículo 6 que las prohibiciones éticas son: establecer o aceptar directamente cualquier bien o beneficio para apresurar, retardar o dejar tareas; recibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado; desempeñar simultáneamente dos o más cargos; realizar actividades privadas en jornadas de trabajo.

Además, también se consideran faltas éticas contratar o promover a familiares; denegar servicios por temas de raza, sexo, religión, entre otras; utilizar indebidamente bienes de la institución y prevalerse de su cargo para actividades de política partidista.

El Tribunal informó, en septiembre del año pasado, que había sancionado a 27 empleados públicos en el período contemplado desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2024. Las multas impuestas sumaban $22,410.92, informó la institución.

Las instituciones de donde provenían los sancionados por el TEG

• Exalcaldía de Cojutepeque.
• Exalcaldía de Conchagua.
• Exalcaldía de San Juan Opico.
• Exalcaldía de Santa Cruz Michapa.
• Exalcaldía de Soyapango.
• Centro Nacional de Registros (CNR).
• Consejo Superior de Salud Pública.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ).
• Fondo Social para la Vivienda.
• Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
• Hospital Nacional de El Salvador.
• Ministerio de Salud.
• Ministerio de Economía.
• Ministerio de Educación.
• Universidad de El Salvador.

Los salvadoreños radicados en Woodbridge, Virginia, en Estados Unidos podrán realizar los días miércoles 7 y jueves 8 trámites sobre sus ahorros con la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Confía.

Los trámites se realizarán en el consulado de la referida ciudad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó esta semana que realizará una jornada con la AFP Confía para que los salvadoreños reciban sus carnés digitales, consulten el estado de sus cuentas, actualicen datos o pidan información general sobre sus fondos de pensiones.

La Dirección de Diáspora y Desarrollo de la Cancillería y el Consulado de Woodbridge han gestionado dos jornadas que se realizarán este miércoles y jueves de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la sede consular ubicada en el 14517 Potomac, Mills Road, en Woodbridge, VA, 22192.

Los trámites que se podrán realizar:

• Entrega de carné digital.
• Estado de cuenta.
• Actualización de datos.
• Información general del sistema de pensiones.

AFP Confía también informó en sus redes sociales sobre estas jornadas y se comprometió a brindar «información personalizada» a los salvadoreños que acudan a la sede consultor para realizar sus gestiones sobre fondos de pensiones.

Usuarios consultaron a la AFP sobre la falta de visitas en Roma, Italia, a lo que la empresa administradora dijo a los salvadoreños que se mantengan «pendientes de futuras fechas y lugares» que estarán visitando para asesoría personalizada.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se reunió la noche del martes con el empresario canadiense Jeff Booth y la directora de la Oficina Nacional del Bitcoin, Stacy Herbert, quien así lo informó en redes sociales.

“Qué increíble conversación la de anoche entre el presidente Bukele y Jeff Booth”, informó la directora de la Oficina del Bitcoin en El Salvador, Stacy Herbert, este miércoles. En la reunión también participó

“Jeff verificó por sí mismo que El Salvador es el país de Bitcoin”, indicó la cuenta @bitcoinofficesv, de la Oficina del Bitcoin del gobierno salvadoreño, que también detalló que Booth es “socio general de uno de los mayores fondos de capital de riesgo de Bitcoin” y autor del libro “El precio de mañana”.

Booth es un empresario canadiense que ha definido el Bitcoin como el único camino pacífico hacia una “transición económica global justa” y que, en junio de 2024, en el Oslo Freedom Forum, expuso que la inflación actúa como un “impuesto oculto” y en un sistema sin inflación las decisiones son más justas y transparentes.

Además de ser defensor del Bitcoin, Booth fue cofundador de BuildDirect, plataforma en línea para la industria de la construcción que alcanzó un valor superior a los $500 millones y fue fundador de Ego Death Capital, firma de inversión que apoya empresas centradas en Bitcoin. También, ha financiado proyectos del ecosistema bitcoin como Fedi y es miembro de la Young Presidents Organization, una red global de líderes empresariales menores de 45 años con altos niveles de éxito.

El gobierno de El Salvador tiene una reserva de 6,165 bitcoines, equivalentes a $600.7 millones pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en el acuerdo para otorgar $1,400 millones de financiamiento que se limitará “la participación del gobierno en las actividades económicas relacionadas con bitcoin, así como en las transacciones gubernamentales y compras de bitcoin”.

El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que el régimen de excepción ha venido a dar “una llave de tranquilidad” a los salvadoreños pero que hay otros problemas como el económico y, concretamente, la “pérdida” de la agricultura.

“Tenemos otros problemas que poco a poco tenemos que irlos arreglando, el problema económico es bastante grave, el problema de empleo, falta de empleo, el problema de la agricultura en el campo, hay que ver cómo se saca adelante, estamos perdiendo la agricultura en el país”, indicó en una entrevista que le realizó el creador de contenido Edenilson Calderón.

Para el legislador, los precios de los insumos agrícolas y la falta de enseñanza en la labor agrícola son dos factores que perjudican al sector. Hizo un llamado al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que está siendo dirigido actualmente por el viceministro Óscar Domínguez Ruiz.

“Hay que tratar que de verdad de verdad reactivemos la agricultura, sabemos que el presidente está haciendo todo lo posible y que ojalá que el ministro también se ponga las pilas, no tengo pelos en la lengua para decir las cosas, así soy, la verdad hay que decirla”, exclamó durante la entrevista.

López Cardoza hizo “un llamado al presidente Nayib para que veamos cómo de verdad reactivemos la agricultura, no regalando un quintalito de abono”, ya que considera que a las personas hay que enseñarles cómo hacerlo. “La falta de enseñanza de cómo hacerlo o la falta de impulso es que se está perdiendo la agricultura”, reflexionó.

El político cuestionó cómo un agricultor puede comprar un quintal de abono a $25 o a $35 y al mismo tiempo vender el saco de maíz a $20.

El déficit de hortalizas y verduras ha aumentado de un 88 % a un 93 % según cifras de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo). Las manzanas de tierra utilizadas para el cultivo de granos básicos pasaron de 420,000 a 295,000 de 2021 a 2024, una reducción del 29.7 %.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se reunió con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) «a fin de coordinar acciones de tutela de derechos humanos» en una «Mesa de trabajo interinstitucional», informó este miércoles la institución en redes sociales.

Durante el año 2024, la PDDH recibió 833 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas supuestamente por agentes de la PNC y miembros de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES), un 7.8 % menos que el año 2023, año en el que se reportaron 903 denuncias, según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH).

Según el Observatorio, la disminución de denuncias podría deberse a la baja en la cantidad de capturas en el régimen de excepción o a la autocensura como mecanismo de defensa de las personas víctimas liberadas y sus familiares, ya que «optan por no denunciar los hechos que pudieron vulnerar uno o más de sus derechos».

Una reunión similar fue llevada a cabo en la Mesa Intersectorial de Sonsonate Centro, en donde participaron autoridades de la PNC, junto al Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) y miembros de la organización WorldVision.

El martes, la PDDH informó de la reunión de la Mesa Interinstitucional para Prevención de Violencia junto a representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Sibasi, y el Ministerio de Educación, entre otras instituciones del departamento de Morazán.

La información sobre la construcción del viaducto Francisco Morazán y la ampliación de la carretera Panamericana CA01W tramo Los Chorros está reservada desde el 5 de enero de 2024, de acuerdo con la organización Acción Ciudadana (AC), que solicitó información sobre la construcción.

La AC informó que, ante una solicitud de información, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) expresó que toda la información sobre el proyecto, incluso estudios, diseños, contratación y ejecución, es información reservada.

Según el informe de transparencia reactiva en proyectos de infraestructura pública 2024, de la AC, la organización solicitó “el listado de todas las contrataciones realizadas para llevar a cabo el proyecto en su totalidad”, lo que incluía: ubicación exacta, costo total de la obra, fuente de financiamiento, tiempo de ejecución, número de beneficiarios, empresa ejecutora, empresa supervisora y otros.

La respuesta fue que no era posible entregar la información porque es información reservada desde el 5 de enero de 2024 por un periodo de tres años, es decir, hasta el 4 de enero de 2027.

Efectivamente, según el índice de información reservada del MOPT, actualizado el 22 de enero de 2025, «toda la información relacionada con estudios, diseños, contratación y ejecución del proyecto “Construcción de viaducto y ampliación de carretera CA01W (tramo Los Chorros) entre Autopista Monseñor Romero y CA01W, municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, departamento de La Libertad” es «información reservada» en virtud del literal «g» del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), es decir, se considera que, al divulgarla, se comprometerían estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso.

La AC dio un puntaje de 0 a la transparencia de la obra y detalló que es información oficiosa según el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) información como nombre de la obra, ubicación, costo, fuente de financiamiento, fecha de inicio, tiempo de ejecución, número de beneficios, empresa o entidad ejecutora, empresa o entidad supervisora, nombre del funcionario responsable, contrato y sus modificaciones, forma de pago, desembolsos y garantías, nombre y características del contratista, plazo de cumplimiento y ejecución, forma de contratación, resolución de adjudicación, contrato, entre otros.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Rodríguez, preguntado sobre la reserva de información, indicó que los medios de comunicación conocen la empresa constructora, el monto y es publicado en las redes sociales.

El Salvador presentó esta semana la «nueva visión» de país al cuerpo diplomático, empresarios, académicos y periodistas en Países Bajos, con una ponencia a cargo del embajador de El Salvador, Agustín Vázquez.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró que la ponencia fue impartida con «vistas a acercarnos más a otros destinos del mundo» para que conozcan «las transformaciones que» se impulsan en El Salvador. Incluyó una charla sobre la historia del país. Según la Cancillería salvadoreña, se expusieron «los cambios profundos» implementados en El Salvador desde 2019 y en los que de acuerdo al embajador Vázquez se «ha priorizado el bienestar de la población y el desarrollo».

«El Salvador ahora acoge a un número creciente de turistas, es sede de eventos internacionales, y hoy, también, vemos regresar a nuestros hermanos que llevaban tiempo sin reencontrarse con su patria”.
Agustín Vázquez, embajador de El Salvador en Países Bajos.

Durante la charla, el embajador expuso la historia y la identidad de El Salvador y les presentó un vídeo con danzas folclóricas e imágenes de los recursos naturales y monumentos del país. Aseveró que los salvadoreños ahora pueden «enfocarse en la consecución de sus proyectos de vida» porque ahora viven en «paz y seguridad», además de la «generación de oportunidades».

El gobierno salvadoreño atribuye los bajos niveles de asesinatos a la ejecución del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y por el que se reportan más de 80,000 personas arrestadas. El vicepresidente Félix Ulloa reconoció esta semana que buscan «reducir el margen de error» en el régimen.

La semana pasada, la embajada de El Salvador en Países Bajos también participó en otro evento que buscaba «posicionar la oferta exportable» del ron salvadoreño «Ron Guazapa» como «un producto de alta calidad dirigido especialmente a potenciales socios comerciales».