Categoría: Politica

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, reconoció en una entrevista a una revista francesa que el gobierno se enfrenta con «menos de un 10 % de margen de error» en la aplicación del régimen de excepción, pero que lo consideran un éxito y que buscan disminuirlo.

Ulloa aseveró que se han liberado más de 7,000 personas de las más de 80,000 arrestadas desde el 27 de marzo de 2022.

«Lo que tratamos es reducir el margen de error», indicó en una entrevista publicada el martes a la revista francesa Le Grand Continent.

No nos vamos a levar preso a cualquier joven que anda con un tatuaje.
Félix Ulloa, vicepresidente a medio francés.

El vicegobernante aseguró que lo que están haciendo «no es perfecto», «y eso lo reconocemos, pero sigue siendo algo muy bueno». “Esos errores son los que se están corrigiendo. Hay una oficina en la policía de quejas contra el mal proceder de policías”, declaró en la entrevista.

Según sus declaraciones, el gobierno estableció protocolos de capturas y corrigió «las malas prácticas de policías o de militares que han abusado, violado derechos humanos o capturando personas por razones personales».

Ulloa reiteró que el gobierno ha liberado «a más de siete millones de personas que estaban atrapadas en sus casas por temor a las maras», al capturar a más de 85,000 personas señaladas de ser miembros de pandillas; y sostuvo que, gracias al estado de excepción, El Salvador tiene una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes.

La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) lleva un registro de 394 nombres de personas que han fallecido mientras estaban detenidos bajo custodia estatal luego de ser capturados bajo el régimen de excepción. Ingrid Escobar, representante del SJH, aseveró ayer que el 94 % de estos no tenía tatuaje ni antecedentes penales y el 6 % poseían tatuajes, habían sido pandilleros o tenían antecedentes penales.

Por otra parte, el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) detalla que durante 2023 y 2024, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió 1,172 de denuncias de detenciones arbitrarias. De los 605 detenidos supuestamente de manera arbitraria en el último año, un total de 422 capturados –un 70 %– son hombres jóvenes entre 18 y 35 años, según datos publicados en el informe 2024 por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

El OUDH sí reconoció una disminución de homicidios durante el régimen de excepción, registrando en el último año una baja de 5.1 a 4 homicidios por cada 100,000 habitantes de 2023 a 2024, tomando en cuenta personas fallecidas en centros penitenciarios, osamentas y particulares fallecidos en enfrentamientos armados, datos que excluye el gobierno de su registro.

Con cifras del gobierno, el régimen de excepción lleva 85,900 capturas de «terroristas» hasta el 25 de abril pasado y 900 días sin homicidios hasta el pasado 4 de mayo.

El Ministerio de Vivienda y la Fiscalía General de la República (FGR) están trabajando en reformas a la

Ley especial para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional, por «casos duros» que han enfrentado en el proceso de regularización de lotificaciones.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, aseguró que los equipos técnicos y legales de ambas instituciones se encuentran trabajando en un pliego de reformas a la normativa salvadoreña para casos complicados que han encontrado en las mesas de diálogo con las comunidades.

Uno de los casos «duros» que aún no han podido resolver se refiere a una comunidad que compró lotes en el terreno de un señor que al mismo tiempo les cobraba cuotas por los lotes e hipotecó el terreno al contratar un préstamo en un banco.

«Estamos trabajando en nuevas reformas, ya los equipos técnicos y legales del Ministerio de Vivienda, con los equipos técnicos y legales de Fiscalía para hacer reformas porque tenemos casos duros que resolver».

Michelle Sol, ministra de Vivienda.

Ahora, las autoridades tienen la dificultad para escriturar lotes que pagó la comunidad y que se encuentran en un terreno hipotecado por un préstamo al dueño original del terreno.

La ministra Sol indicó que las reformas irán orientadas a «poderle solucionar a las familias» afectadas por el uso «para dos fines» de ese terreno. «En el pasado, la gente actuaba de mala fe, a propósito para engañar, para robar», afirmó.

Las funcionaria explicó que hubo otras personas y funcionarios involucrados para permitir la hipoteca y señaló al anterior Centro Nacional de Registros (CNR): «Se prestaba a eso».

El Ministerio de Vivienda estima que más de 57,000 lotificaciones se han regularizado, de 350,000 familias afectadas por falta de escrituras de sus terrenos, es decir, el 16.2 %. En 2023, la Asamblea Legislativa reformó la ley para ampliar el plazo de los desarrolladores parcelarios para poder regularizar sus lotificaciones. La organización Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa) aseveró que las reformas «desafortunadamente benefician más a los lotificadores».

La Asamblea Legislativa derogó este martes el artículo 30 de la «Ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos», que establecía criterios de priorización para asignar tejidos u órganos a trasplantar a los pacientes, entre ellos la «urgencia clínica» y el respeto al «principio del interés superior de los menores y adolescentes».

El artículo 30 derogado establecía siete criterios para priorizar la asignación de órganos, pero algunos de estos se retomaron en la reforma al artículo 29 de la normativa, que establece que los trasplantes serán avalados por el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante de cada establecimiento de salud bajo los criterios de «aspectos territoriales, clínicos y de histocompatibilidad».

En la ley aprobada en 2022 se detallaba como criterios aspectos territoriales y clínicos, la gravedad del paciente, la urgencia clínica como «prioridad absoluta en todo el territorio nacional» y la decisión de la Junta de Delegados del CST (Consejo Salvadoreño de Trasplantes) sobre «qué paciente es el más indicado para recibir el órgano, basándose en los criterios clínicos de compatibilidad del grupo sanguíneo, características antropométricas, la gravedad del paciente, compatibilidad» y otras condiciones incluidas en el reglamento.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, intentó que se modificara el artículo 9 para revivir el criterio de prioridad en niños y adolescentes, por lo que propuso agregar en el artículo 9 de la reforma: «Los criterios se establecerán teniendo en cuenta aspectos territoriales, clínicos, de histocompatibilidad y respetando el interés superior de niños, niñas y adolescentes«.

Argumentó que si el criterio se mantiene la ley sería «más garantista para esta población especialmente que son niños y niñas adolescentes, más vulnerables». No tuvo votos.

El Ministerio de Salud emitió, el 15 de noviembre de 2024, su «Política nacional de donación y trasplante de células, tejidos y órganos humanos», publicada en el Diario Oficial del 18 de diciembre de 2024, según la cual uno de los principios será la «equidad», por lo que no atenderá a «consideraciones económicas o de otra índole».

«Las reglas de asignación definidas deberán ser equitativas, justificadas externamente y transparentes, valorando a la persona humana, sin importar diferencias económicas, culturales, sociales o de género», indica.

Según el Ministerio de Salud, el país tiene 52,102 personas con enfermedad renal crónica en diferentes fases, un 84.7 % en las fases 3, 4 y 5; y se tienen 3,382 pacientes en terapia en sustitución renal, 1,609 pacientes en diálisis peritoneal y 1,773 en hemodiálisis.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, considera que no existe una ley que avale la deportación y posterior reclusión de extranjeros de Estados Unidos a El Salvador, como ambos países practican desde el pasado 15 de marzo, cuando deportaron a 238 venezolanos que se mantienen en prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

“No hay una legislación aprobada que avale estas actividades. Hoy por hoy no ha venido a la Asamblea Legislativa que le dé un sustento jurídico a esa actividad que el Ejecutivo está realizando con personas extranjeras”, respondió el martes ante preguntas de periodistas sobre las respuestas del vicepresidente Félix Ulloa a un medio francés que lo entrevistó y en la cual aseguró que se trataba de un servicio de alojamiento penitenciario disponible en El Salvador para países extranjeros.

La legisladora también opinó sobre la entrevista que hizo El Faro a dos pandilleros del Barrio 18 que fueron liberados luego de ser arrestados durante el régimen de excepción. «La entrevista vierte información que teníamos previamente por otras fuentes. Quiero mencionar un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando funcionarios del gobierno salvadoreño habían ayudado a escapar a (Élmer) Canales Rivera. Yo insisto en la propuesta que se hizo en 2023 de hacer una comisión especial de investigación porque los hechos que están en esta entrevista son sumamente graves», aseveró.

Se refirió a la afirmación que le habría realizado un funcionario a uno de ellos sobre ‘sin cuerpo no hay delito’.

«Vimos durante el 2022, ustedes mismos lo vieron, un incremento de casos de desapariciones alarmante y aunque pedían ayuda del Estado para buscar a los desaparecidos había una gran indiferencia, entonces, cuando menos esto hay que investigarlo. Si a la gente se le han llevado con una llamada anónima cuando no han tenido nada que ver, por un tatuaje artístico, porque es joven, porque andaba en esa comunidad pero no ha tenido nada que ver, bueno, aquí hay más que una llamada anónima, aquí hay señalamientos bien graves que se suman a otros que han estado previamente», insistió la diputada.

Ortiz exigió «justicia para las víctimas de las pandillas, justicia para las víctimas del Estado y justicia para los que son responsables de estos hechos».

¿Qué dice sobre los 900 días sin homicidios según el gobierno?

Un youtuber le preguntó a la diputada qué pensaba de los 900 días sin homicidios durante el gobierno de Nayib Bukele según cifras oficiales.

“Lo que deseamos es que esa tranquilidad y ese menor índice de criminalidad sea sostenible, que no sea frágil como son los pactos entre grupos de crimen organizado, que son cosas que han pasado en otros países y que han pasado en nuestro país con otros gobiernos. Queremos una paz sólida, que no exista violencia, pero también que exista justicia e instituciones que la defiendan de forma independiente y al mismo tiempo políticas de desarrollo para que las causas de la violencia y el crimen no se sigan reproduciendo y las podamos parar de tajo”, respondió la diputada

También le preguntó si estaba contenta con el pasaje de transporte colectivo gratuito anunciado por el Gobierno: “Yo estaría bien contenta si quitan la reserva del proyecto de Los Chorros porque así podríamos servir por qué estamos sufriendo todo este gran relajo que está afectando a toda la población», indicó.

El director distrital de San Pedro Nonualco, José López, renunció al cargo y denunció supuesta concentración de poder y recursos centralizados en el distrito de San Luis La Herradura, dentro del concejo de La Paz Centro, informó este martes el funcionario. «Los directores distritales como en mi caso tienen únicamente voz no voto», dijo.

Esta es la segunda renuncia de director distrital en ese municipio de La Paz Centro, luego de la primera, que se registró la semana pasada, cuando la directora distrital de Santiago Nonualco, Marvin de Canales, renunció argumentando que debía «ser coherente» con sus principios.

Armando Jirón fue elegido como alcalde de La Paz Centro pero, luego de ser capturado por supuestamente haber autorizado la quema de ramadas en la Costa del Sol, el concejo eligió a Miriam del Carmen Granados Minero como jefa edilicia.

«La administración en que el concejo municipal de La Paz Centro presidido por el alcalde electo concentra todas las decisiones, mientras que los directores distritales como en mi caso tienen únicamente voz, no voto».
José López, director distrital de San Pedro Nonualco.

López indicó otras de las limitantes en su cargo eran la centralización de los recursos en el distrito de San Luis La Herradura y la falta de una planificación coordinada, tomando en cuenta que los fondos designados para San Pedro Nonualco «han sido insuficientes y en varias ocasiones se entregaron con meses de retraso».

Criticó que, desde el inicio de la gestión, no hubo «espacios de diálogo ni reuniones estratégicas» con el concejo para plantearles las necesidades de las localidades. «Lo que hemos presenciado es la continuación de malas practicas por parte de las diferentes jefaturas, del alcalde y parte del concejo municipal sin apertura ni voluntad de transformación», afirmó.

Como subdirector distrital fungía Jonathan de León, quien habría sido despedido injustificadamente, lo que habría «agravado la situación», por «la imposición de un miembro activo de la dirigencia de Nuevas Ideas» de ese distrito como nuevo subdirector.

La Oficina en Washington (EE.UU.) de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresó este martes su preocupación ante la denuncia del medio salvadoreño El Faro de que la Fiscalía estaría preparando órdenes de captura contra siete de sus periodistas tras la publicación de una investigación que relaciona al entorno del presidente, Nayib Bukele, con pactos con pandillas.

«Noticias extremadamente preocupantes provenientes de El Salvador», publicó WOLA en X en respuesta a una publicación del referido medio.

La publicación de El Faro dice que «una fuente confiable en El Salvador informó a El Faro que la Fiscalía General, controlada por Bukele, está preparando al menos siete órdenes de captura contra miembros de El Faro».

«La fuente se comunicó con el periódico tras la publicación de una entrevista con dos exlíderes de los Revolucionarios del Barrio 18 sobre la larga relación de Bukele con las pandillas», indica la publicación.

WOLA subrayó que «el periodismo independiente es vital para la democracia y los periodistas deberían poder realizar su trabajo sin temor a ser perseguidos».

«La criminalización de la prensa en Centroamérica sigue siendo un problema importante», añadió.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, al ser preguntado por las publicaciones más recientes de El Faro por una revista francesa, dijo que «pueden decir cualquier cosa» y que «cuando el presidente Bukele fue alcalde de la ciudad de San Salvador, dijeron que también había negociado con las pandillas para liberar las calles del centro de la ciudad».

«Es posible que en las negociaciones con los líderes de los vendedores ambulantes hayan habido pandilleros y por eso dicen ellos que son negociaciones entre las pandillas y el Gobierno. Pero como política de Estado nunca ha habido negociación», indicó.

En la misma entrevista dijo que «hay casos periodísticos que dicen que algún funcionario negoció: son acciones aisladas. No es una política de Gobierno».

El medio salvadoreño publicó el jueves pasado la primera parte de un video con la entrevista a un líder de pandilla, y el viernes y el sábado reveló una segunda y tercera parte del contenido.

Según El Faro, durante algunos días de enero de 2025, uno de sus equipos «se movió a diferentes ciudades para entrevistar a dos líderes pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que no solo pactaron durante años con el entorno político de Bukele, sino que escaparon del país con la complicidad de su Gobierno».

El medio afirma que «esta es la primera vez que líderes pandilleros, que también entraron encapuchados al penal de máxima seguridad a recibir instrucciones, revelan en video detalles de los acuerdos que permitieron el ascenso de Bukele al poder total».

El presidente Bukele no se ha pronunciado ante lo publicado por El Faro.

Con 55 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes tres contratos de garantías del Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV) puedan obtener créditos que buscan financiar a empresas y viviendas sociales.

Bandesal aprobará préstamos a las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas (mipyme) que estén solventes y sujetas de crédito para proyectos como iluminación de alta eficiencia, motores y bombas eléctricas de alta eficiencia, sistemas solares, de biogás o de generación solar fotovoltaica, informó en febrero. Aún no informan de las condiciones.

El Banco estatal también financiará a las mipyme la compra de equipo, maquinaria y programas informáticos, capacitación en transformación digital, construcción o remodelaciones de centros de datos.

¿Cóomo fueron las votaciones por las garantías estatales?

Viviendas sociales: Contrato de garantía para el préstamo «Programa de financiamiento para vivienda social, inclusiva y sostenible» por $50 millones. El plazo del préstamo será de 25 años.

Votación: 55 votos a favor, ninguno en contra. Diputados de Arena se encontraban presentes y diputada de Vamos, ausente.

Tecnología en las mipyme: Contrato de garantía para el préstamo «Programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de mipyme en El Salvador» por $130 millones. El plazo del préstamo será 23 años y seis meses.

Votación: 55 votos a favor, 1 en contra. Diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Energías renovables en las mipyme: Contrato de garantía para el préstamo «Programa de financiamiento para la eficiencia energética y energías renovables en las mipyme salvadoreñas» por $60 millones. El plazo del préstamo será 23 años y seis meses.

Votación: 55 votos a favor, 0 en contra. Diputados de Arena, Marcela Villatoro y Francisco Lira, estaban presentes pero no votaron.

Bandesal es un banco estatal creado en 2011 con patrimonio propio creado para promover el crecimiento de los sectores productivos, generar empleo y mejorar los servicios de educación y de salud en El Salvador. Según su situación financiera hasta marzo de 2025, su cartera de créditos neta suma $670.3 millones y los préstamos de los cuales es deudor suman $457.2 millones.

Con 54 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de presupuesto del Estado 2025 para incorporar $30 millones al presupuesto de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para construir y equipar el área de bandas de equipaje del edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Según el decreto, los fondos se obtendrán de colocación de títulos valores en el mercado nacional.

Los fondos se destinarán al proyecto «Construcción y el equipamiento del área de bandas de equipaje llegadas del edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez», ubicado en San Luis Talpa, La Paz Oeste.

distrito de San Luis Talpa, municipio La Paz Oeste, departamento de La Paz.

De los $30 millones, se utilizarán $2,825,628 para pago de deuda interna.

La reforma fue aprobada sin ningún voto en contra. Durante la votación, los diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Arena, se encontraban presentes; Claudia Ortiz, de Vamos, se encontraba ausente.

La construcción de una banda de equipaje nueva es uno de los tres proyectos o ampliaciones que reveló el pasado 28 de abril el presidente de la CEPA, Federico Ánliker, además de una ampliación de salas de abordaje y la ampliación de un parqueo.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes la exoneración de impuestos a la introducción de pantallas electrónicas LED y equipos de voz para recintos deportivos donados por el Gobierno de Eslovaquia al Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (INDES).

El decreto fue aprobado con 55 votos a favor y cero votos en contra. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, estaba presente en la sesión plenaria.

El decreto no detalla la cantidad de los productos donados por Eslovaquia, únicamente señala en el tercer considerando que se trata de un paquete de pantallas electrónicas LED y equipos de voz para recintos deportivos en estado desmontado código HS 85437090.

Con este equipo, se sostiene que buscan «alcanzar los estándares internacionales requeridos para eventos deportivos de alto nivel» que permitan tener el «aval de las organizaciones deportivas internacionales» y que el país se beneficie de «la organización de eventos deportivos de talla internacional».

La solicitud fue enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, este mismo martes a las 9:47 a.m. e introducida con dispensa de trámite por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, en la sesión plenaria de este martes.

Con 55 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa prolongó hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para vender, donar o destruir, sin tramitaciones, madera decomisada en el país.

En el decreto, se explica que se requiere «apoyar a diferentes instituciones que requerían la donación de productos y subproductos forestales con fines de utilidad pública e interés social».

Ningún diputado votó en contra, pese a que las diputadas Marcela Villatoro (Arena) y Claudia Ortiz (Vamos) se encontraban presentes.

El decreto prorrogado es: “Disposiciones transitorias para la venta, donación y destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la Ley Forestal”.

La madera se decomisa a raíz de infracciones a la Ley Forestal como: talar sin autorización, transportar sin documentación de legítima procedencia, derribar o destruir árboles por razones históricas o por ser especie en peligro de extinción.

La solicitud fue realizada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, quien aseguró que se pretende continuar «con las actividades de venta, donación y destrucción de los productos y subproductos forestales».

En condiciones normales, el MAG puede vender a precio de mercado o donar la madera decomisada solo esperando 15 días sin que el propietario la reclame, según el artículo 13 de la Ley Forestal. Los fondos obtenidos, si la vende, son ingresados al Fondo de Actividades Especiales para el Desarrollo Forestal.

Las «disposiciones transitorias» permiten a la Dirección General de Ordenamiento Forestal del MAG vender, donar madera en abandono a instituciones del Estado o municipales con fines sociales.