Categoría: Politica

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, entrevistado por la revista francesa Le Grand Continent, aseguró que el acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos que permite encarcelar extranjeros deportados no viola la soberanía nacional de El Salvador y tampoco es un problema de «derecho internacional», ya que es una «relación de prestación de servicio».

La entrevista publicada hoy fue titulada en francés «Francia podría solicitar los servicios de los establecimientos penitenciarios de El Salvador» y en su versión en español, «Dicen que algún funcionario negoció con las pandillas, son acciones aisladas, no es una política de gobierno».

A la pregunta sobre cómo se justifica legalmente que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en una «suerte de cárcel estadounidense» y si no implica «un problema de soberanía» para El Salvador, Ulloa respondió que «definitivamente no».

«En vista de la calidad y seguridad de las instalaciones que proponemos, se está dando este servicio que podríamos llamar un alojamiento penitenciario. Es como si viene una persona a El Salvador y pide tratamiento médico; tenemos turismo médico para personas que vienen a hacerse tratamiento odontológico», fueron sus palabras.

El vicegobernante detalló que «El Salvador es un país que propone una oferta de servicios a la comunidad internacional» y puso como ejemplos los servicios turísticos, tecnológicos y médicos. Explicó que el servicio de «alojamiento penitenciario» no es exportación del sistema carcelario sino «una prestación de servicio» y ejemplificó el interés de Ecuador en el sistema penitenciario salvadoreño que Ulloa calificó de «modelo para otros países».

Ulloa señaló la «doble moral» de la comunidad internacional al referirse a la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a Nicolás Maduro, para canjear venezolanos presos en El Salvador por la liberación de la misma cantidad de presos políticos en Venezuela.

Niega pacto

En la entrevista, negó cualquier pacto del gobierno de Bukele con las pandillas –»Este gobierno jamás ha negociado con las maras», «tenemos a los cabecillas del más alto nivel de las pandillas encarcelados»– pero afirmó que «es posible que en las negociaciones con los líderes de los vendedores ambulantes haya habido pandilleros y por eso dicen ellos que son negociaciones entre las pandillas y el gobierno».

«Pero como política de Estado nunca ha habido negociación», afirmó, respecto a la publicación de El Faro, en donde un cabecilla del Barrio 18 afirmó que hubo pacto y que recibieron $250,000.

El funcionario se refirió al programa «Cero ocio» y aseveró que El Salvador tiene una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, calificándolo como el «más seguro de las Americas».

El proceso de deportación de extranjeros a El Salvador inició el 15 de marzo, cuando el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua y 23 salvadoreños, acusados de pertenecer a la MS-13. El pasado 28 de abril, la activista Kerry Kennedy aseveró que el gobierno negó el acceso a 10 de estos venezolanos presos que representa como abogada y presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy.

La oferta de encarcelar extranjeros e incluso estadounidenses en El Salvador fue realizada en febrero durante la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien explicó que se trataba de un «outsourcing«, calificándolo de «una oferta muy generosa», «increíble» y «sin precedentes».

Representantes de El Salvador y Brasil arrancaron este lunes una semana de reuniones para definir proyectos de cooperación de agricultura, deportes y desarrollo local, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

La Cancillería salvadoreña indicó que en el marco de la XIII reunión del grupo de trabajo de cooperación técnica de ambas naciones, se busca definir los proyectos que el gobierno brasileño apoyará en El Salvador.

Para definir los proyectos, en las reuniones de las mesas de trabajo participarán representantes de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) y de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC). Las reuniones estarían concluyendo el viernes 9 de mayo.

Los funcionarios realizarán visitas de campo a ciertas áreas en busca de «insumos» para decidir las iniciativas, ayuda realizada dentro de la cooperación sur-sur, que incluye asistencia, formación y formulación de proyectos.

Por las áreas de cooperación que se trabajarán, en las reuniones asistirán representantes de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA); del Centro de Desarrollo de Comercialización Agropecuaria (CDCA/MAG); del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y edl Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL).

Por parte del gobierno brasileño, participarán en las reuniones representantes de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), el Instituto Nacional del Semiarido (INSA) y el Ministerio del Deporte.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, aprobada hace tres años.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Los diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Arena, no votaron ni a favor, ni en contra, aunque estaban presentes.

«Sabemos que los trasplantes tienen un valor económico alto pero poco a poco el sistema de salud va cambiando en el cual estos procedimientos no solo se da en los países en subdesarrollo o en desarrollo sino a nivel mundial», dijo el diputado David Cupido, de Nuevas Ideas.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió modificar el artículo 9 de la reforma, para revivir el criterio eliminado en la reforma de respetar la prioridad en niños y adolescentes. “Los criterios se establecerán teniendo en cuenta aspectos territoriales, clínicos, de histocompatibilidad y respetando el interés superior de niños, niñas y adolescentes”, sugirió agregar al artículo.

La diputada manifestó que es importante que se mantenga dentro de la ley el criterio de priorización de niñez y adolescencia. “Cuando este criterio se mantenga en la ley, si se mantiene, va a ser más garantista para esta población, especialmente que son niños y niñas adolescentes, más vulnerables, especialmente si tienen una afección grave, que quede explícitamente establecido en la legislación”, argumentó.

La propuesta de Ortiz solo tuvo 3 votos a favor.

Estos son los cambios que realizarán a la Ley de Trasplantes:

Se conforman comités de donación en cada hospital

Cada hospital deberá contar con un Comité Hospitalario de Donación y Trasplante.

La misma reforma simplifica requisitos para incluir a una persona al Registro Único para Trasplantes, en el artículo 29. Se establece solo que serán avalados por el «Comité Hospitalario de Donación y Trasplante» de cada establecimiento de salud y que los criterios tomarán en cuenta “aspectos territoriales, clínicos y de histocompatibilidad”.

«Donante fallecido» en lugar de «donante cadavérico»

Se cambia sustituye el concepto de donante cadavérico por «donante fallecido», definiéndolo como la persona «a quien se le realiza la extracción de órganos u otras piezas anatómicas posterior a la comprobación de muerte cuando se basa en la existencia de irreversibilidad de muerte encefálica o muerte circulatoria, certificadas por personal capacitado» y «aquellos que tienen como máximo cinco minutos de paro cardio respiratorio, que se ha revertido, pero se mantiene el criterio anterior». También se cambia el concepto de muerte encefálica.

Se reduce la cantidad de familiares que deciden en caso de muerte violenta

Se elimina que “si el paciente no ha expresado su voluntad de donar, la familia hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podrá autorizar la donación”, y se sustituye por: «padres, hijos, hermanos y cónyuges«.

Disminuye la cantidad de personas o es más puntual con la cantidad de personas que autoriza que se pueda realizar un trasplante, y básicamente lo vuelve a los padres, hijos, hermanos y cónyuges, esos serían los que autorizarían ante una situación de que se requiere autorización de la familia para el tema de trasplantes.
Francisco Alabi, ministro de Salud.

Se eliminan criterios de priorización del trasplante como «urgencia clínica» y «prioridad de menores y adolescentes»

Se deroga el artículo 30 sobre «criterios de priorización». En su solicitud escrita, el Ministerio de Salud pide derogar el artículo 30, que establecía los “criterios de priorización” para seleccionar y asignar específicamente los tejidos u órganos a trasplantar. Este artículo establecía como criterios el respeto al «principio del interés superior de los menores y adolescentes» y la «urgencia clínica», «la persona que haya donado órganos», entre otros. El ministro no explicó la derogación del artículo 30 en la reunión de Comisión del lunes.

Se deroga la «reacción adversa grave»

La propuesta derogaría la “reacción adversa grave”, el numeral 21 del artículo 4, que se definía como la respuesta no intencionada en el donante vivo o en el receptor y que incluía «una enfermedad transmisible» asociable a «cualquier etapa desde la donación».

En El Salvador hay 52,102 personas con enfermedad renal crónica en diferentes fases:

-2,759 en la fase 1
-4,815 en la fase 2
-18,192 en la fase 3
-11,020 en la fase 4
-14,908 en la fase 5
-408 sin fase identificada

El Ministerio de Salud registra 3,382 pacientes en terapia en sustitución renal, 1,609 pacientes en diálisis peritoneal y 1,773 en hemodiálisis.

En total, se han realizado 91 trasplantes, de los cuales 12 se realizaron en 2023, 19 trasplantes en 2024 y 10 trasplantes en lo que va de 2025. Para el ministro hay un aumento, aunque no desglosó los 50 trasplantes registrados como «otros años».

El ministro aseguró a los diputados que están buscando realizar trasplantes de córnea, hígado y médula ósea, no solo renal.

Un grupo de medios de comunicación definidos como comunitarios, independientes y alternativos se han unido en «Alianza Intermedios» para buscar financiamiento y respaldar económicamente investigaciones periodísticas, luego de que medios de comunicación hayan sido afectados por el recorte de donaciones de USAID.

La periodista de Revista Factum Loida Avelar explicó que buscan «recursos para potenciar muchas más investigaciones» que le permitan a los salvadoreños tomar decisiones informadas en áreas como corrupción, problemas de salud pública y otros. «Ese es el objetivo principal de la Alianza, consolidarnos, convertirnos en un bloque para conseguir recursos y potenciar el periodismo, indicó.

A la Alianza se han sumado medios de comunicación como: Gato Encerrado, Focos, Factum, Arpas, Alharaca, Voz Pública, Ilumina, Revista La Brújula, Elementos, MalaYerba, RR presenta, Radio Tehuacán, Bálsamo TV, Radio Segundo Montes, La Klave, Radio Sumpul y otros. La alianza cuenta con el respaldo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

«El objetivo de la Alianza Intermedios de periodismo es buscar recursos para potenciar muchas más investigaciones periodísticas, investigaciones que le sirvan a la población para tomar sus decisiones; revelaciones sobre temas de corrupción, sobre problemas de salud pública, sobre muchos problemas que todos los días nos afectan».
Loida Avelar, periodista de Revista Factum.

El periodista de Ilumina Adonaldo Arias agregó que, tras la crisis «que ha surgido para el periodismo nacional», unidos han podido ver más oportunidades como «fortalecer las redacciones» aprovechando la experiencia de los periodistas con trayectoria.

Arias insistió en que la iniciativa sostendrá la investigación de problemas que requieren reporteo como el régimen de excepción y la minería metálica. «La premisa que nos une es la libertad, el derecho que las personas tienen a ser informadas con veracidad», aseguró.

En febrero de este año, se hizo efectivo el recorte de fondos que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) otorgaba como financiamiento a organizaciones y medios de comunicación en El Salvador. Ese recorte llevó al despido de al menos 50 periodistas. Esta fue una de las primeras medidas que tomó el presidente el presidente Donald Trump al volver al poder en Estados Unidos.

La APES presentó este lunes el Informe sobre la libertad de prensa en El Salvador 2024, en el que reportan 789 agresiones contra periodistas en este último año. En relación a 2024, las vulneraciones han aumentado en un 154 %.

Son 30,428 los salvadoreños que han tramitado su Documento Único de Identidad (DUI) en el primer trimestre de 2025, según revela un informe del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Los trámites del DUI se realizan en los duicentros y son emisiones por primera vez, renovaciones, reposiciones y actualizaciones de datos.

El último informe de transparencia del RNPN revela que la cantidad de duis tramitados pasaron de 6,405,109 hasta el 31 de diciembre de 2024 a 6,435,537 hasta el 31 de marzo de 2025, es decir, que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 se han tramitado 30,428 documentos de identidad de salvadoreños nacionales y en el exterior.

Las cifras del Registro abarcan los datos desde el 26 de noviembre de 2001 y se actualizan al menos cada tres meses. En poco más de 24 años, el RNPN reporta 6,435,537 duis tramitados. La mayoría de los usuarios han sido mujeres, representando 3,348,338 y los hombres 3,087,199.

Según los registros, la mayoría de los salvadoreños tiene estado familiar «soltero» siendo 4,682,584 de los registrados; además hay 1,641,946 con estado civil de «casados»; otros 11,618 divorciados y 99,346 viudos. La base de datos fue extraída por el RNPN el 2 de abril de 2025. De la base de datos se han excluido los difuntos.

Los trámites del DUI tiene un costo en territorio salvadoreño de $10.31 y se debe cancelar en agencias bancarias para posteriormente tramitar el DUI en cualquiera de los 21 duicentros habilitados. Aunque próximamente el Registro podría cerrar algunos duicentros tomando en cuenta la baja afluencia de salvadoreños para realizar trámites.

Esta medida podría ser avalada luego que el RNPN modificara su contrado DR-CAFTA 02/2020 con la empresa Mühlbauer para cerrar algunos duicentros, abrir otros o reubicar a recintos ofreciendo «flexibilidad en el tamaño». Esta modificación al contrato fue aprobada en sesión del 10 de abril.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la noche del lunes que el Gobierno ya transfirió más de $12 millones a los empresarios del transporte colectivo como compensación por ofrecer el servicio gratuito durante siete días consecutivos en todo el país.

«En estos momentos, estamos realizando el pago de más de 12 millones de dólares a los dueños de las unidades del transporte público. Este pago corresponde al 100% de la ocupación (en toda hora) de todas las unidades de transporte público en nuestro país, durante los siete días de transporte gratuito. Es decir, hemos pagado por hoy, por mañana, por pasado mañana y por cada día hasta el domingo», anunció Bukele en redes sociales.

«Por tanto, no existe ninguna justificación para no brindar un servicio eficiente y digno a la población. Tampoco hay excusas válidas para no pagar el salario correspondiente a los más de 12,000 motoristas del sistema de transporte de pasajeros. Así que esperamos que mañana circulen TODAS las unidades, que se detengan en TODAS las paradas, que atiendan a TODAS las personas y que completen sus recorridos de manera ÍNTEGRA. No existe ninguna excusa para no hacerlo», agregó el mandatario.

El mandatario aseguró que por primera vez en la historia del subsidio al transporte, el Estado está al día con todos los operadores.

«Ahora les corresponde a los transportistas cumplir también. De lo contrario, se tomarán medidas sumamente drásticas», advirtió Bukele, quien demandó que todas las unidades circulen, se detengan en todas las paradas, atiendan a todos los pasajeros y completen los recorridos.

Más temprano, los representantes de la Mesa Nacional de Transporte confirmaron un acuerdo económico con el Viceministerio de Transporte (VMT), tras el decreto de transporte gratuito. Luis Regalado, portavoz del gremio, aseguró que la mitad del monto pactado sería abonado este mismo lunes para garantizar la operación continua.

«Esperamos que se lleve a cabo así como se ha hablado con ellos», señaló Regalado, quien también reconoció que hubo algunas dudas entre motoristas sobre los pagos diarios durante el período sin cobro, pero dijo que ya se estabilizó el servicio en las rutas afectadas.

El empresario afirmó que el 100 % de las unidades de autobuses y microbuses ya operan bajo el esquema gratuito y que esperan el cumplimiento total del acuerdo económico con el Gobierno, aunque no detalló el monto final convenido.

Sin embargo, el anuncio de los pagos coincidió con la detención de cinco empresarios del transporte colectivo, lo que generó críticas entre los transportistas.

«Todavía tenemos un poco de interrogantes de qué ha pasado con los compañeros detenidos», dijo Regalado,

Los detenidos son los empresarios Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS); José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate. Así como a los empresarios Nelson David Moreno, de la ruta 79, y Abel Reina, de la ruta 125 y 140 de San Martín.

La Policía Nacional Civil confirmó la detención de cinco empresarios del transporte por no dar el servicio «con normalidad» o por cobrar el pasaje, publicaron en su red social de X.

«Serán remitidos por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión», aseveró la corporación policial en su publicación acompañada de las fotografías de los empresarios detenidos.

Diputados de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente dictaminaron favorablemente una iniciativa de reforma a ley especial de trasplante de células, tejidos y órganos humanos.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, explicó a los diputados que se necesitan las reformas para «continuar desarrollando el trabajo de trasplantes a nivel nacional y para ello se requiere ajustar aspectos técnicos de la ley, que en su mayoría son de forma y las de contenido para armonizar con la mejor evidencia científica disponible».

Dentro de las reformas queda establecido que cada hospital donde se realice un trasplante deberá contar con el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante.

Se modifican conceptos como el de aloinjerto y alogénico, se cambia el concepto de donante cadavérico por donante fallecido quedando de la siguiente forma: A quien se le realiza la extracción de órganos u otras piezas anatómicas posterior a la comprobación de muerte cuando se basa en la existencia de irreversibilidad de muerte encefálica o muerte circulatoria, certificadas por personal capacitado; Además, se consideran aquellos que tienen como máximo cinco minutos de paro cardio respiratorio, que se ha revertido, pero se mantiene el criterio anterior.

En la reforma se elimina que «si el paciente no ha expresado su voluntad de donar, la familia hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podrá autorizar la donación».

También se reforma el artículo 21 que habla sobre Donación en muerte encefálica que se establecerá basándose en valoración por estudio de imágenes iniciales, por criterio clínico que refleje ausencia de reflejos del tallo encefálico y por estudios de imágenes o estudio electrofisiológico ambos en caso de ser necesario.

También se reforma el artículo 23 que se refiere a la cantidad de personas que pueden autorizar el trasplante del fallecido cuando el en vida hubiera expresado su voluntad explícita de donante y solo podrán ser los padres, hijos, hermanos y cónyuges, explicó el ministro de Salud.

El funcionario dijo que la población de pacientes con insuficiencia renal crónica llega a 52,102 personas, «en el país una de las complicaciones más complejas es la insuficiencia renal y es donde el trasplante puede llegar a dar solución a la calidad de vida».

Dirigentes de partidos políticos opositores criticaron las capturas de los transportistas realizadas este lunes por la Policía Nacional Civil (PNC), luego que presuntamente ciertas unidades de autobuses no brindaran el servicio completo a los salvadoreños, mientras el Gobierno anunció que esta semana el transporte será gratis para todo el país.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, explicó a Diario El Mundo que solo el Órgano Judicial puede juzgar, por ello, considera que «es ilegal» lo que está haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele, en ordenar capturas de transportistas por advertir capturas de empresarios que no brindaran el servicio con todas las unidades.

La PNC confirmó la captura de cinco empresarios transportistas: Genero Ramírez, Abel Reina, José Arriaza, Nelson Moreno y Alex Sorto.

«El tiempo nos dirá si su intención real es nacionalizar el transporte público. Al final debido a su improvisación es la gente la que termina pagando, y no ve soluciones a corto y largo plazo de sus necesidades».

Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.

Rivas cree que las capturas deben servir «como un espejo» para quienes «se creen intocables, y que creen que el abuso de poder no los alcanzará». Asimismo, señaló que el gobierno improvisa las medidas e incumple la ley a su antojo «y que no respeta la independencia de poderes». «Dice que ¿nadie está por encima de la ley´, pero sus acciones indican que ese mandato no aplica para él ni para sus funcionarios», afirmó.

FMLN critica «caos»

Por su parte, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores, aseguró la improvisación del transporte gratis para este lunes generó “caos, caos y más caos» y considera que «fue una improvisación tan terrible que lo que ha hecho es poner al país en otro problema», tomando en cuenta que la escasez de autobuses y microbuses ha dejado varados a muchos salvadoreños.

Flores criticó al gobierno por querer resolver el problema «con amenazas» y especula que el Estado estaría pensando en «hacer su propia empresa privada» para el transporte colectivo tomando en cuenta que las autoridades esperan este año el arribo de los 1,500 buses chinos. El gobierno también ha gestionado otros 1,500 buses chinos adicionales y 5,000 indios.

«Ahora quieren resolver con amenazas, metanlos presos al final van a hacer su propia empresa privada, ya van a ver, con los buses que ya vinieron. Así como el tema de la recolección de basura, privado, el famoso ANDRES».

Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

Por otro lado, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, dijo a El Mundo que considera que las capturas son «cortinas de humo» cuando lo que los salvadoreños realmente quieren «son soluciones a la problemática de Los Chorros».

«Genaro (Ramírez) es otra cortina de humo más para no enfrentar el verdadero problema», añadió.

La legisladora de derecha insiste en «reducir la cantidad de personas en la calle» facilitando el trabajo desde casa para todas las personas que sea adecuado, no descuentos para empleados que lleguen tarde a sus trabajos por el tráfico o falta de buses, clases virtuales para estudiantes de escuelas, colegios y universitarios y habilitar carriles reversibles en las rutas alternas.

«Esos solo son cortinas de humo. Genaro es otra cortina de humo más para no enfrentar el verdadero problema. La gente quiere soluciones a la problemática de Los Chorros».

Marcela Villatoro, diputada de Arena.

El gobierno salvadoreño anunció ayer que retrasaría la habilitación de la carretera Los Chorros hasta el domingo 11 de mayo, debido a la inestabilidad de la zona por los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). El presidente Bukele dijo que para mitigar las molestias por el cierre, se ofrecería transporte gratis en todo el país durante esta semana.

Sin embargo, muchos usuarios se toparon este lunes con pocas unidades circulando en algunas de sus rutas de buses. Lo que generó enormes filas en paradas de buses abarrotadas de salvadoreñas que esperan un espacio para movilizarse hacia sus trabajos.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió a los transportistas de que enfrentarán las consecuencias si siguen «afectando al pueblo», luego de señalarlos de no prestar el servicio de transporte colectivo la mañana de este lunes y provocar que las terminales y paradas de buses estuvieran abarrotadas de personas sin poder llegar a sus destinos.

A su vez, el mandatario les recalcó que deben dar el servicio de transporte gratis toda la semana, y que el gobierno les pagará.

«Se acabaron los tiempos en los que los transportistas ponían a temblar a nuestro país con sus paros de transporte. El Salvador ha cambiado, y nadie volverá a aterrorizar a nuestro pueblo. Jamás. Brinden el servicio al 100% y de forma gratuita durante toda esta semana, en todo el país, tal como fue acordado. El Gobierno les pagará hasta el último centavo. No tienen motivo para no hacerlo. O bien, intenten seguir afectando al pueblo… y enfrenten las consecuencias. Ustedes deciden», publicó Bukele en su cuenta de Facebook.

La advertencia del mandatario ocurrió minutos después que la Policía Nacional Civil confirmara y publicara la detención de cinco empresarios de transporte público, asegurando que «no brindaron el servicio con normalidad o estaban cobrando el pasaje, a pesar de que el gobierno ya había cubierto ese pago».

Los detenidos son los empresarios Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), José Alejandro Arriaza, quien es vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate.

También detuvieron a los empresarios Nelson David Moreno, de la ruta 79, y Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín.

La PNC publicó que «serán remitidos por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión».

Las detenciones fueron realizadas tras una orden de Bukele quien aseguró en X que la PNC debía «proceder con la captura de los propietarios de las rutas involucradas», que no salieron a brindar servicio este día y los acusó de «un claro sabotaje al país».

Segunda advertencia

Temprano, Bukele ya había arremetido contra los empresarios del transporte luego que no sacaran sus unidades a trabajar este lunes. «Muchos transportistas creen que aún están en los tiempos de ARENA y del FMLN, cuando podían hacer paros de transporte con total impunidad. Pregúntenle a Catalino Miranda cómo le fue la última vez que intentaron algo similar. Se equivocaron de nuevo», escribió el mandatario en su red social de Facebook, la mañana del lunes.

El mandatario hizo referencia a la captura del empresario del transporte público, Catalino Miranda, una detención ocurrida en marzo del año 2022, por aumentar el cobro del pasaje; Miranda fue condenado a tres años de cárcel luego de haberse autoinculpado de delitos de venta a precio superior y desórdenes públicos. Sin embargo, la Fiscalía le inició un nuevo proceso por falsedad.

El día que Miranda fue detenido, el gobierno había iniciado una revisión de no incremento al pasaje como una medida contra la inflación. A partir de entonces, el gobierno tomó el control de la ruta 42 que tenía bajo concesión Miranda. Meses después se transformó en ruta 40, haciendo los mismos recorridos, pero con lentitud según lo expresado por los usuarios.

Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron este lunes dictámenes favorables para tres contratos de garantías para créditos que suman $240 millones que irán destinados a financiar vivienda social y para apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.

El primero por $50 millones es para que el Estado otorgue garantía soberana para un contrato de préstamo entre el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el «Programa de Financiamiento para Vivienda Social, Inclusiva y Sostenible».

El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda explicó que estos $50 millones son para viviendas de interés social de hasta $40,000, para poblaciones vulnerables.

“Una vez ya sea aprobada la garantía, el Fondo Social puede aprobar los créditos y el 50% de este crédito va destinado a hogares liderados por mujeres y un 10% destinado para personas con discapacidad y el resto a poblaciones vulnerables y estamos hablando de tasas que oscilan entre el 4% y 7%, dependiendo los ingresos, plazo de hasta 30 años y va con criterios de sostenibilidad en temas de construcción”, explicó el funcionario.

Herrera dijo que los créditos irán destinados por medio del fondo, para vivienda nueva, usada o recuperada.

Los otros dos son contratos de garantías para préstamos, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) uno por $130 millones y otro por $60 millones son para apoyar a las mipymes.

El crédito de $60 millones está destinado al «Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYME salvadoreñas», sobre esto Herrera explicó que “va destinado a las mipymes para apoyar sostenibilidad energética, entonces va destinado a las mipymes que buscan financiamiento para inversión en calderas, hornos de alta eficiencia, motores, iluminación y esto tiene que ver con mipymes que están en sector de restaurantes, panaderías que pueden acceder a esto”, explicó.

Y el préstamo por $130 millones servirá para financiar el «Programa de Apoyo a la Transformación Tecnológica y Digital de MIPYME en El Salvador».

Se otorgarán créditos bajo este programa para compra de equipos, maquinaria y programas informáticos, así como contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias; también para capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociado a la transformación tecnológica, detalló el funcionario de Hacienda.