Categoría: Politica

  • Gobierno pide ratificar préstamo del BID por $195 millones para Aeropuerto de El Salvador: ¿qué construcciones incluye?

    Gobierno pide ratificar préstamo del BID por $195 millones para Aeropuerto de El Salvador: ¿qué construcciones incluye?

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá una solicitud de ratificación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $195 millones para ampliar el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero.

    Este aeropuerto atiende el 99.8 % de las operaciones y vuelos internacionales en El Salvador, según el BID.

    El crédito se deberá pagar en 23 años, incluye un periodo de gracia de siete años y se pagará una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario. Por el préstamo se pagará una comisión que no exceda del 0.75 % por año, que se comenzará a devengar a los 60 días de la fecha de suscripción del contrato.

    El contrato de préstamo se suscribió el 13 de enero de 2026 por el ministro de Hacienda, luego de que la Asamblea Legislativa autorizara su negociación el mismo día, bajo el nombre de «Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES)».

    Los fondos se destinarán a la ampliación de la terminal de pasajeros, la ampliación de la plataforma de aeronaves del Aeropuerto, la construcción de una calle de rodaje Foxtrot, un edificio de estacionamiento vehicular y y un edificio del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), espacios para restaurantes y una sala VIP.

    ¿Qué construcciones incluye el préstamo del BID para el Aeropuerto según CEPA?

    1. Seis nuevas salas de espera con áreas de doble altura, amplios pasillos, iluminación natural y mayor absorción acústica.
    2. Nuevos espacios para comercio, restaurantes, servicios y una sala VIP de 890 metros cuadrados.
    3. Nuevo pasillo de circulación en tercer nivel para separar a os pasajeros que llegan de los que salen, agilizando el tránsito interno y reduciendo la congestión.
    4. Seis nuevos puentes de abordaje, sumando un total de 25.
    5. Ampliación de la plataforma para el estacionamiento de tres aeronaves adicionales, incluso aviones de cabina ancha.
    6. Construcción de nueva calle de rodaje Foxtrot para agilizar el movimeinto de aeronaves.
    7. Un edificio de estacionamiento vehicular.
    8. Una estación de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

    Según el BID, el programa beneficiará a 7.7 millones de pasajeros anuales hacia el año 2030 y a 518,000 personas vinculadas al turismo.

    Durante el año 2025, por la Asamblea Legislativa pasó un total de $2,506 millones en 18 préstamos y títulos valores avalados o ratificados; además de $2,061.1 millones en garantías soberanas autorizadas para respaldar créditos de instituciones autónomas, de los cuales $1,480 millones corresponden a nueva deuda.

  • Diputados piden exoneración de impuestos a tubería procedente de China para proyecto en Usulután

    Diputados piden exoneración de impuestos a tubería procedente de China para proyecto en Usulután

    Diputados de Nuevas Ideas introdujeron una iniciativa, el 21 de enero, que solicita a la Asamblea Legislativa aprobar la exoneración de todo tipo de impuestos a la Asociación Saneamiento Básico, Educación Sanitaria y Energías Alternativas (SABES), del pago de todo tipo de impuestos, por la introducción de tubería procedente de China.

    La exoneración incluiría el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), derechos arancelarios a la importación (DAI), así como los costos por bodegaje, que pueda causar únicamente por la introducción al país de 850 metros de tubería de ocho pulgadas HFD JR 350 PSI (accesorios incluidos).

    Según la iniciativa, «SABES se encuentra colaborando con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en el marco del «Programa Interinstitucional de Cooperación en Agua y Saneamiento entre entidades de Euskadi y Centroamérica».

    El programa, en su 3ª fase, dentro de la ejecución del proyecto «Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de la Planta de Bombeo Baltazar
    Orellana», situada en el municipio de Usulután Norte, departamento de Usulután; en este sentido, «se ha adquirido tubería para la línea de impelencia, desde la referida planta de bombeo que irá hacia el tanque de distribución de Ciudad El Triunfo».

    Según el proyecto, la exención no exime la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fiscales respectivos.

    Además, establece que dentro del plazo de tres meses, a partir de la vigencia del presente decreto, el exonerado deberá presentar un informe con los atestados respectivos a la Dirección General de Aduanas, que acrediten la entrega de los bienes y que, de lo contrario, deberá pagar los impuestos y costos respectivos, así como una multa equivalente a la cuantía del impuesto dispensado inicialmente.

  • Tutela Legal recuerda la masacre indígena de 1932 en El Salvador

    Tutela Legal recuerda la masacre indígena de 1932 en El Salvador

    La organización de derechos humanos Tutela Legal “María Julia Hernández” recordó este jueves la masacre indígena y campesina ocurrida en enero de 1932, cuando el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez sofocó un levantamiento popular que dejó entre 25,000 y 32,000 muertos, según estimaciones históricas.

    A través de un mensaje publicado en la red social X, la organización remarcó que el episodio representa uno de los hechos “más dolorosos y silenciados” de la historia salvadoreña.

    “Recordar la masacre de 1932 es dignificar a las víctimas, a quienes fueron deshumanizados y reducidos al olvido”, expresó Tutela Legal.

    El hecho se remonta al 22 de enero de 1932, cuando indígenas y campesinos se sublevaron en protesta por el despojo de tierras comunales y un presunto fraude electoral. La represión ordenada por Hernández Martínez, entonces presidente de El Salvador (1935-1944), derivó en una matanza masiva.

    En agosto de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por su omisión de investigar los crímenes cometidos durante la masacre. Sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado que el Ministerio Público haya iniciado un proceso formal de investigación. El caso sigue impune.

    Diversas fuentes coinciden en que el exterminio marcó un antes y un después en la identidad indígena salvadoreña. Tras la matanza, muchos sobrevivientes optaron por negar sus raíces para evitar represalias, lo que derivó en una pérdida cultural profunda.

     

  • Presupuesto de la Fiscalía disminuyó 38 % en 2025 por baja en infraestructura, centro de intervención y dirección de intereses del Estado

    Presupuesto de la Fiscalía disminuyó 38 % en 2025 por baja en infraestructura, centro de intervención y dirección de intereses del Estado

    El presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR) para el ejercicio fiscal 2025 bajó un 38 % en comparación con el 2024, debido a la disminución de fondos asignados para infraestructura física por la construcción del nuevo edificio ubicado en Santa Elena,

    El informe «Operatividad y eficacia de la FGR 2025» presentado por Acción Ciudadana indica que el presupuesto institucional pasó de $142,315,472 para el año 2024 a $88,568,541 disponibles para el año pasado. La baja de $53.7 millones la atribuye a la disminución en el área de infraestructura por la finalización en la construcción del nuevo edificio fiscal.

    Diario El Mundo verificó los montos presupuestarios de la Fiscalía en 2024 y 2025 en las Leyes de presupuesto respectivos y comprobó que los seis rubros detallados presentaron disminuciones. El más alto en infraestructura con una baja del 85 %.

    Los fondos disponibles para el Centro de intervención de las telecomunicaciones también experimentó una baja del 51 % en los fondos para 2025 y el rubro de «defensa de los intereses del Estado» disminuyó también un 20 %.

     

    El Centro de intervención de las telecomunicaciones experimentó una baja en los fondos destinados a remuneraciones, que en 2024 tenía $3,831,940 pero para 2026 disminuyó a $2,919,305.00. Asimismo, en el área de gastos financieros la disponibilidad presupuestaria bajó de $309,450.00 a solo $119,555.00.

    Por su parte, en la «defensa de los intereses del Estado» se tuvo hace dos años una asignación de $5,390,210 para remuneraciones, pero para el año pasado disminuyó a $4,306,630. También bajaron los fondos para bienes y servicios de $1,527,745.00 a $1,442,290. Mientras que los fondos para gastos financieros fue de $423,845 en 2024 y bajó a $136,640 en el año pasado.

    A pesar de los fondos aprobados por la Asamblea Legislativa para la FGR como presupuesto, Acción Ciudadana señala que «la necesidad real determinada por la FGR no ha sido satisfecha» desde 2021 porque los recursos aprobados son menores a los solicitados por la institución.

    Ejemplo de ello es que en 2021 la Fiscalía solicitó $150,050,833 para su funcionamiento, pero la Asamblea solo aprobó $110,939,749. Lo mismo ocurrió en 2025, cuando la Fiscalía requería $153,283,365 pero el Primer órgano de Estado solo aprobó $88,568,541.

    La AC también analizó la cantidad de casos que en promedio atiende un fiscal. En el período 2024-2025 se iniciaron 92,159 casos; cada fiscal tiene un promedio de 108 casos, por lo que la organización estima que la FGR habría contado con 853 fiscales auxiliares.

    Lo que podría representar un aumento de 62 fiscales respecto al período anterior en el que se calcula que hubo 791 fiscales. Además, las memorias de labores indicarían que en el último año hubo 1,465 empleados jurídicos.

    El informe contabiliza 440,706 casos iniciados desde 2021 hasta 2025, de los que 136,901 fueron judicializados. Además, señala que hay una «impunidad directa» del 89.34 % en casos iniciados, pero no terminados en condenas en el mismo período.

  • El 89.34 % de los casos iniciados en la FGR quedaron impunes en el período 2024-2025 según AC

    El 89.34 % de los casos iniciados en la FGR quedaron impunes en el período 2024-2025 según AC

    El 89.34 % de los casos que inició la Fiscalía General de la República (FGR) quedaron «impunes» en el período 2024-2025, según el informe «Operatividad y eficacia de la FGR 2025» presentado el jueves por la organización Acción Ciudadana (AC).

    El análisis señala que de 92,139 casos iniciados en el período de junio de 2024 a mayo de 2025, un total de 9,828 concluyeron en sentencias condenatorias por delitos cometidos en El Salvador, lo que significa que el 89.34 % de los casos habrían quedado impunes en ese período.

    Acción Ciudadana señala que el porcentaje de impunidad, de los delitos denunciados, disminuyó levemente en comparación con el 91.29 % del período 2023-2024, a pesar de que la cantidad de casos iniciados disminuyó. Si bien en el último año se iniciaron 92,159, la cifra muestra una baja en relación a los 95,813 del período 2023-2024.

    En los últimos cinco años, los datos recopilados por la AC en las memorias de labores de la entidad indican que los niveles de impunidad se han mantenido alcanzando su punto más bajo en el período 2024-2025 con el 89.34 % y el nivel más elevado en el período anterior con el 91.29 %.

    Los niveles de impunidad (falta de condenas ante denuncias presentadas) de los últimos cinco años

    • 2020-2021: 89.54 %.
    • 2021-2022: 90.67 % %.
    • 2022-2023: 90.59 %.
    • 2023-2024: 91.29 %.
    • 2024-2025: 89.34 %.

    La organización explica que, pese a que la entidad fiscal ha dicho que hay «0 % del índice de impunidad en el delito de homicidio en el año 2025», aún se «mantiene en alto porcentaje» la impunidad directa, es decir la diferencia entre la cantidad de casos iniciados y los que concluyeron en condenas.

    «No puede determinarse la efectividad de la FGR sobre los resultados obtenidos sobre un tipo penal en específico sino en atención al conglomerado de tipos penales que conoce», afirmó Acción Ciudadana.

    La AC concluye que la «efectividad real de la FGR en términos de condenas es marginal» pues el promedio de efectividad es «de apenas el 10 %», por lo que, sea «por acción u omisión, que 9 de cada 10 delitos denunciados no deriven en condenas». Además, señala que el papel de la Fiscalía es más de ser «un órgano receptor de denuncias y gestor administrativo que como un ente de persecución penal efectivo y transparente».

  • Senador de EE.UU. se reúne con Bukele y lanza mensaje al FMI, señalándolo de declaraciones “falsas” de El Salvador

    Senador de EE.UU. se reúne con Bukele y lanza mensaje al FMI, señalándolo de declaraciones “falsas” de El Salvador

    El senador republicano Bernie Moreno se reunió en El Salvador con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y señaló al Fondo Monetario Internacional (FMI) de realizar afirmaciones falsas sobre El Salvador.

    En un post publicado este jueves, el senador calificó de “dinosaurios” a los integrantes del FMI y calificó de “ridículas y falsas” las declaraciones que realiza el organismo financiero sobre el sistema financiero de El Salvador.

    En el post, etiquetó a la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, para recomendarle: “Debería tomar medidas positivas, ya que el futuro es prometedor para El Salvador y el presidente Bukele es un gran amigo de Estados Unidos”.

    El político y empresario de origen colombiano destacó que Bukele “ha transformado su nación de un infierno tercermundista a una nación poderosa y próspera”.

    Atribuyó el logro de Bukele a una fórmula que calificó de “simple” y la explicó como “eliminar a los malos de las calles, expulsar a los narcoterroristas, garantizar la segurida dy la libertad financiera de sus ciudadanos y colaborar con Estados Unidos”. “La fórmula siempre funciona”, dijo en X.

    El gobierno de El Salvador debe publicar un proyecto de reforma de pensiones a más tardar el 10 de febrero de 2026 y, según el acuerdo con el FMI, esta debe contener los costos fiscales y deudas contingentes, además de tener “una base sólida”.

    El acuerdo entre El Salvador y el FMI, que promete un financiamiento total de $1,400 millones al país en busca de la estabilidad financiera, requiere un ajuste fiscal equivalente al 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), 1.5 % en 2025, 1 % en 2026 y 1 % en 2027, en El Salvador.

    Una de las más recientes medidas del gobierno salvadoreño fue impulsar la Quincena 25, que en 2026 será asumida por el Estado ya que entregará créditos tributarios contra el pago del Impuesto sobre la Renta 2026 por las empresas privadas que realicen los pagos voluntariamente además de la erogación estatal para los empleados públicos que perciban salarios de hasta $1,500 mensuales. El gobierno no ha informado la erogación con los créditos tributarios y tampoco ha dicho si afectaría el ajuste.

    Bernardo Moreno Mejía es un empresario colombiano naturalizado estadounidense, senador en Ohio desde 2024. Es empresario de automóviles de lujo y bienes raíces; y según una noticia de Associated Press, que cita un video del Simposio Blockchain de Wyoming, un comité de acción política relacionado con la industria de criptomonedas destinó unos $40 millones en apoyo a su campaña para derrotar al demócrata Sherrod Brown, crítico de las criptomonedas.

    El 19 de enero, Bukele señaló que otros países han intentado replicar el modelo de seguridad implementado en El Salvador sin lograrlo y reveló que él no se explica cómo la guerra contra las pandillas no ha provocado muertes de civiles, hecho que atribuyó a la oración y a «la mano de Dios».

    Con el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, se ha detenido a 90,600 personas acusadas de pertenecer a pandillas con un «margen de error» en las capturas reconocido por el Gobierno, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias. El régimen suspendió garantías constitucionales y, junto con reformas penales, ha permitido prolongar el plazo de las detenciones sin presentar a los detenidos ante un juez.

  • Capacitan a más de 180 mujeres salvadoreñas en el conocimiento de sus derechos

    Capacitan a más de 180 mujeres salvadoreñas en el conocimiento de sus derechos

    Un total de 182 mujeres de los municipios de La Libertad Oeste y La Libertad Costa se graduaron del «Alfabetización en derechos de las mujeres», informó la Agencia Española de cooperación Internacional para el Desarrrollo (AECID) en El Salvador.

    En La Libertad Oeste, se graduaron 101 mujeres, del distrito de Colón. La semana pasada, otras 81 mujeres provenientes de Jicalapa, La Libertad Costa, también se graduaron del taller, que forma parte del proyecto «Empoderamiento económico de las mujeres» y busca fortalecer «el conocimiento de sus derechos» para potenciar su empoderamiento personal.

    Este proyecto es financiado por la Unión Europea (UE) y la Cooperación Española y a su vez es ejecutado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) y de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).

    El proyecto fue lanzado en abril de 2025 y se esperaba beneficiar a más de 1,000 mujeres. En el lanzamiento, la Cooperación Española aseguró que el proyecto busca «incrementar el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres» asegurando su participación en el sector productivo bajo «condiciones de igualdad. y equidad».

    El programa incluye becas educativas a 1,150 mujeres jóvenes y adultas «que se encuentran fuera del sistema educativo nacional» para brindarles oportunidades y nivelar su formación académica en los niveles de alfabetización en tercer ciclo y en bachillerato.

    Este miércoles 101 mujeres se graduaron de talleres de derechos.. / @AECIDElSalvador
  • Alcaldía de La Paz Este destina $600,000 de fondos propios a reconstrucción de calle en cantón Zacatillos

    Alcaldía de La Paz Este destina $600,000 de fondos propios a reconstrucción de calle en cantón Zacatillos

    La alcaldía de La Paz Este destinó $600,000 para un proyecto de reconstrucción del tramo de la calle que conecta el barrio Santa Rita con el cantón Los Zacatillos, en el distrito de San Juan Nonualco, departamento de La Paz, según la alcaldesa, Marcela Pineda. Aseguró que los fondos provienen de impuestos que entran a la municipalidad.

    «Son $600,000 que nos van a costar estas dos fases, que esperamos terminarlas de ejecutar este mes, posteriormente a esto viene un proyecto de iluminación en la zona, toda la iluminación de la calle hasta el túnel, que viene a beneficiar a todo el sector de Zacatillos y Santa Rita», aseguró la alcaldesa.

    El 19 de enero, de este año, se inició la segunda fase del proyecto de reconstrucción del tramo de esa calle con un costo de $378,877.05, según la alcaldesa.

    «Ahora colocamos la maquinaria que comenzará a arreglar todo este tramo, en tercera fase, porque la primera fase que tuvimos aquí en la zona fue la iluminación de la cancha de Zacatillos. La segunda fase fue la calle Santa Rita , ahora estamos en Zacatillos; y la tercera fase es la iluminación de todo este espacio hasta los túneles. Es una inversión muy ambiciosa que busca mejorar la calidad de vida de la población y de la circulación, porque esta calle no solo la utiliza gente del sector, sino también turistas que vienen a conocer San Juan Nonualco», dijo, según La Paz Times.

    El paso se habilitaría a partir del próximo viernes 23 de enero se comenzará a habilitar el paso, aunque continuarían con los trabajos de construcción de canaletas. «Agradecemos la comprensión de la comunidad mientras seguimos mejorando nuestra infraestructura vial», indicó en redes sociales.

    La reconstrucción del tramo de la calle inició el 16 de octubre de 2025, según la publicación del distrito de San Juan Nonualco. «Hoy, con una inversión de más de $565,887.52 de fondos propios, inicia la reconstrucción de la calle que conecta el Barrio Santa Rita con el Cantón Los Zacatillos y que, además, es vía principal de acceso al distrito», dijo en esa ocasión la alcaldesa. Además de esta construcción, Pineda avisó que «pronto comenzarán con el Ecoparque de San Rafael Obrajuelos».

  • Gobierno pide nueva ley de Autoridad Salvadoreña de Economía Azul: sustituiría a Cendepesca

    Gobierno pide nueva ley de Autoridad Salvadoreña de Economía Azul: sustituiría a Cendepesca

    Una nueva Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA) será creada como institución autónoma como el ente rector de la política y planificación de la pesca y la acuicultura, y de la economía azul en El Salvador, en sustitución del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca), si se aprueba un nuevo proyecto de ley solicitado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

    Actualmente esta función está a cargo Cendepesca, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

    Según el artículo 26 del proyecto de ley enviado por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa, el MAG deberá coordinar acciones para “indemnizar a los servidores públicos conforme a la ley” para cumplir las obligaciones «derivadas de la terminación de las relaciones laborales» como «consecuencia del traslado de funciones del Cendepesca a la ASEA».

    Este artículo también quita la obligación a la ASEA de «dar continuidad a las relaciones laborales ni de cualquier otro compromiso” colectivo.

    Cendepesca tiene 24 plazas, con salarios desde los $678.11 que posee un auxiliar de técnico hasta $1,946.62 que tiene la plaza de un técnico II.

    Los procedimientos judiciales y administrativos que lleve Cendepesca serán asumidos por la ASEA y el presupuesto asignado a la unidad “05 Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura” será asumido por la ASEA. Dicha unidad presupuestaria tiene $590,245 en la Ley de presupuesto de 2026.

    Así mismo, una comisión de transición que duraría 90 días formada por el MAG y ASEA, según el proyecto, coordinaría la transferencia de todo tipo de bienes de Cendepesca a ASEA. La ley iniciaría su vigencia en 60 días luego de su publicación en el Diario Oficial.

    Entre los bienes a ser transferidos se mencionan activos de información, financieros, muebles e inmuebles, muelles y equipos, zonas de descarga de pesca, archivos y bases de datos, y los recursos del Fondo de Actividades Especiales de Cendepesca.

    Cuáles serían las facultades de la ASEA

    Según el nuevo proyecto, la ASEA estará constituida por un director ejecutivo nombrado por el presidente de la República por cinco años.

    Esta nueva Autoridad podrá administrar bases de pescadores y embarcaciones, gestionar datos de pesca, garantizar el abastecimiento de insumos a un precio accesible, realizar inspecciones higiénico sanitarias en el procesamiento de productos pesqueros y acuícolas, proponer la creación de instituciones de educación superior, conformar sociedades de economía mixtas, emitir, cancelar o suspender licencias para extracción de pesca por embarcación, entre otras.

    Además, su director ejecutivo tendrá facultades para autorizar o revocar licencias de extracción a embarcaciones, contratar personal, emitir precios por servicios relacionados a la pesca, aceptar donativos, El cargo de director ejecutivo de la ASEA será compatible con cualquier otro de la administración pública.

    Derogarían Consejo y Comité consultivo

    La ley derogaría los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la actual Ley general de ordenación y promoción de pesca y acuicultura, todos del capítulo III que desarrollan a Cendepesca como «autoridad competente».

    El artículo 11, que sería derogado, plantea un Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (Conapesca) conformado por representantes del MAG, sectores productivos organizados de la industria pesquera, pesca artesanal y acuicultura; y el artículo 12, crea un Comité Consultivo Científico Nacional de Pesca y Acuicultura (CCCNPESCA) como ente de asesoría y de apoyo científico de Cendepesca. También sería derogado.

     

     

  • Algunos diputados de Nuevas Ideas buscarán la reelección: Caleb Navarro aún sin decisión

    Algunos diputados de Nuevas Ideas buscarán la reelección: Caleb Navarro aún sin decisión

    Los partidos políticos salvadoreños que estén legalmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrán entre marzo y julio de este año para celebrar sus elecciones internas y así elegir a sus candidatos a diputados para la Asamblea Legislativa y concejos municipales que competirán en los comicios del 28 de febrero de 2027.

    Al consultarle a diputados de Nuevas Ideas si buscarán la reelección, algunos ya han dicho que sí, otros prefieren callar y otros, como el diputado Caleb Navarro, por el departamento de San Miguel, subjefe de fracción Nuevas Ideas, aún no manifiestan una decisión si buscará una reelección como diputado u optará por buscar una alcaldía.

    «Por el momento, no estamos analizando eso, vamos para plenaria. No estamos analizando eso sinceramente. Todavía no ha llamado el Tribunal Supremo Electoral, no tenemos calendario de nada. Ya, cuando tengamos una idea, con gusto, se la compartimos», expresó Navarro. Los partidos políticos pueden convocar a elecciones internas a partir del 6 de marzo de 2026 y tienen hasta el 29 de julio de 2026 para realizarlas.

    Parte del calendario electoral del TSE en torno a las elecciones 2027.

    El diputado Benjamín Zavaleta, diputado por San Salvador desde el 1 de mayo de 2024, siendo esta su primera legislatura, es uno de los rostros menos conocidos de los diputados de Nuevas Ideas.

    Al consultarle si buscará la reelección para las elecciones de 2027, respondió: «Claro que sí». Buscará su segundo periodo para la legislatura 2027-2030.

    Anteriormente, el diputado presidente del Legislativo, Ernesto Castro, ya ha confirmado que él buscará un tercer período como diputado en la Asamblea.

    «Gracias a Dios y a ustedes, este servidor desde el 2021 está en este Órgano de Estado como diputado presidente de esta Asamblea. En el 2024, ratificamos nuestro compromiso con el pueblo y estamos en nuestro segundo período que termina en el 2027 y, si Dios me lo permite, vamos por el tercer período, porque hay mucho trabajo por hacer y, mientras ustedes quieran que nosotros estemos aquí, pues, nosotros vamos a estar acá trabajando para ustedes», expresó el legislador.

    Por su parte, la diputada vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, aseveró que “por el momento” no está pensando en si buscará nuevamente ser diputada en las elecciones 2027. «Huy, está muy temprano, eso todavía», agregó.

    Otros diputados, como Elisa Rosales, secretaria en la junta directiva de la Asamblea Legislativa, prefirió ni siquiera responder y pasar de largo.

    El calendario electoral aprobado por los magistrados señala el miércoles 29 de julio de 2026 como fecha límite para que los institutos políticos elijan a sus candidatos.

    De no cambiar la legislación electoral vigente, los salvadoreños elegirían el próximo 28 de febrero de 2027 a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.