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Con 59 votos, la Asamblea Legislativa incluyó este miércoles dos comunidades más en la Ley especial de legalización de las calles o tramos declarados en desuso para ser transferidas a familias pobres a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).

El diputado Ernesto Castro aseguró que ellos como diputados están trabajando de la mano con el gobierno del presidente Nayib Bukele.

“Hemos trabajado junto con Fonavipo, el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), junto con un equipo de abogados asesorando para que al final ustedes puedan tener en sus manos esas escrituras en donde puedan heredarlas a sus hijos… Estos no son temas políticos, son temas de justicia”, expresó Castro.

El presidente Castro aseguró, sin mencionar casos específicos, que “siempre” los políticos tenían “en chantaje”, “con la amenaza de quererlos sacar de sus hogares, de sus casas”.

La diputada Claudia Ortiz los felicitó. “Ese es el poder del pueblo, ese es el poder de lo que hace la gente organizada, las mujeres organizadas, esas mujeres que han velado por una vida mejor para sus hijos y para los hijos de sus hijos”, expresó.

Ortiz aseguró que el derecho a la propiedad permite empezar a pensar en otros derechos. “El pueblo tiene que estar organizado”, insistió.

La ley fue aprobada el 10 de junio de 2009, con 59 comunidades favorecidas, durante la gestión gubernamental del FMLN.

En la gestión actual, la primer inclusión de una comunidad en la normativa se aprobó el 13 de enero de 2020. A partir de esa fecha, la gestión legislativa de Nuevas Ideas ha incluido 14 comunidades, incluidas El Manguito y Palermo.

El director de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), Alexander Francisco Gil Arévalo, explicó a los diputados que, con la nueva facultad que les aprobarían este miércoles para aprobar “precios públicos por servicios y productos”, definirían precios para comercializar residuos voluminosos que ANDRES ya está recolectando.

En su intervención en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, el martes, explicó que una finalidad es “garantizar la sostenibilidad del servicio público de la gestión de residuos”.

Explicó que la nueva facultad, en el artículo 27, les autorizaría a “aprobar un pliego tarifario para precios públicos en cuanto a la comercialización de los residuos que sean recolectados y estos puedan ser comercializados”.

“Cabe destacar que dentro de los servicios está el tratamiento de los residuos, hay un sinfín de residuos que no han tenido nunca una gestión adecuada. Estamos proponiendo poder dar este tipo de servicios”. Alexander Francisco Gil Arévalo, director de ANDRES.

“Esto viene y recae que los recolectores y el camión recolector tanto de ANDRES como de los municipios levantan los residuos de carácter ordinario, municipales, pero muchas veces dejan los residuos voluminosos, de manejo especial, como podría ser llantas, colchones, electrodomésticos, en el cual no se los llevan porque no hay un sitio de disposición final adecuada”, explicó el funcionario.

Calificó este tipo de residuos como de “manejo especial” o “voluminosos”.

«Estamos acopiando por ejemplo llantas, vidrio y es el momento que hay que aprovecharlos, hay que valorizarlos. Ese es el sentido que se solicita incorporar un numeral en el artículo 27 que nos dé la facultad de poder tener esta lista de precios que sea público para poder comercializar estos residuos que se están recolectando”, argumentó a los diputados.

Explicó que también piden una reforma al artículo 39 de la Ley de ANDRES para recibir estos recursos “que se generen de la venta y comercialización y servicios”.

Como cambio de última hora, el director de ANDRES pidió a los diputados que el Fondo Especial para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos que fue creado con la ley sea usado para emitir y colocar bonos, así como titularizar activos.

Los legisladores aceptaron las modificaciones y elogiaron el papel de ANDRES. Aprobaron el dictamen favorable el martes y agendaron la aprobación de la reforma en la sesión plenaria de este miércoles.

La reforma también busca eliminar el requisito de ser abogado para los vocales del tribunal sancionador y exigirles únicamente ser profesionales. Según el director de ANDRES, buscan “que los vocales sean de otras especialidades y no solo abogados”.

ANDRES tiene servicios en San Salvador Este, La Libertad Costa y Cuscatlán Sur; y realiza diagnósticos para evaluar cuáles serán los próximos municipios en donde intervendrían.

Con datos del censo poblacional estadounidense, el Instituto de Política Migratoria (MPI), indica que California es el estado con mayor cantidad de salvadoreños en situación migratoria irregular, un total de 265,000.

Junto al estado de Texas, que aparece con 172,000 salvadoreños sin autorización migratoria, y Maryland, con 120,000 salvadoreñas, estas tres ciudades concentran más de medio millón de salvadoreños que se fueron al territorio estadounidense sin un permiso migratorio.

Las siguientes ciudades con más salvadoreños sin autorización migratoria son, en este orden, Virginia, Nueva York, Massachusetts, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Georgia, Nevada, Colorado, Arkansas y Washington.

Son en total 24 estados en donde viven 981,000 salvadoreños en situación migratoria irregular, según una investigación del MPI que basada en el censo de Estados Unidos y en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense determinó que en todo Estados Unidos hay 13.73 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos.

Maryland y Virginia

El Salvador encabeza la lista de países de origen de inmigrantes en situación irregular solo en dos estados: Maryland y Virginia.

En Maryland, después de los salvadoreños, que son unos 120,000, están los guatemaltecos, hondureños, mexicanos y nigerianos. En Virginia, después de 93,000 salvadoreños, hay hondureños, guatemaltecos, mexicanos y peruanos.

En el estado de California, la mayoría de migrantes en situación irregular son mexicanos y guatemaltecos, seguidos de los salvadoreños. Y en Texas, el segundo estado con más salvadoreños no autorizados, los principales países de origen de los migrantes no autorizados son México y Honduras, seguido de El Salvador.

El MPI detalló que se basan en datos de 2023 con una metodología que establece la “condición de persona no autorizada” con datos de la Oficina del Censo de EE. UU. provenientes de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2019-23 y de las Encuestas de Ingresos y Participación en Programas (SIPP) de 2023, 2022 y 2008, ponderados con estimaciones proporcionadas por Jennifer Van Hook, de la Universidad Estatal de Pensilvania.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el dictamen favorable para reformar dos artículos de la Ley del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) con el fin de que este Centro pueda fabricar medicamentos para la atención médica de los miembros activos o retirados de la Fuerza Armada y también pueda donar infraestructura.

El CEFAFA es una institución autónoma financiada con recursos propios que fue creada con el fin de suministrar productos farmacéuticos e insumos médicos para brindar atención a los miembros de la Fuerza Armada y su grupo familiar.

Según su ley, el CEFAFA se financia de cotizaciones de los afiliados en situación activa, aportaciones del Estado y la comercialización de productos farmacéuticos para el público general; y además administra los fondos del Programa de Rehabilitación del Personal de la Fuerza Armada, ejecutado por el Comando de Sanidad Militar.

La reforma facultaría al CEFAFA a producir medicamentos y también a realizar donaciones de infraestructura para brindar atención a los miembros de la Fuerza Armada y sus familias.

¿Cuáles serían los cambios a la ley del CEFAFA?

Producción de medicamentos y donación

En el artículo 1, se agregará que el CEFAFA tendrá por finalidad la “producción” de productos farmacéuticos “provenientes de sus propios laboratorios, droguerías o no”, y la comercialización cuando estén relacionados con la finalidad principal “o con la venta al público”. Así mismo, se agrega la finalidad de «donación».

Infraestructura

En el artículo 2, se agrega que el CEFAFA tendrá como función la donación, además del suministro de productos farmacéuticos «para el apoyo a los componentes de sanidad militar”. También, se agrega “infraestructura” entre los elementos que puede suministrar o donar el CEFAFA para la atención de los miembros y familias de la Fuerza Armada.

Adquisición y fabricación de medicamentos

Se agrega como segunda función del CEFAFA “la adquisición de bienes y servicios tanto para la adquisición como comercialización de productos farmacéuticos” y se agrega que la fabricación podrá realizarse en todo el territorio. Actualmente esta función “b” ya dice que la función del CEFAFA es la comercialización de productos farmacéuticos y otros productos vendidos en establecimientos farmacéuticos.