Categoría: Politica

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, aseguró este jueves que “son temas internos” del Tribunal de Ética del partido político de izquierda en torno a la admisión de una denuncia contra el concejal Cayetano Cruz por realizar acusaciones contra la dirección del partido y no pagar cuotas partidarias.

“No, son temas internos y, como temas internos no voy a opinar. Son temas del Tribunal de Ética, que tiene autonomía en estos procesos y son temas muy propios nuestros”, respondió, en la entrevista de “Las cosas como son”.

Flores insistió en que se le está dando el tratamiento “interno”. “Son temas muy internos… No, no tengo opinión, son temas internos, eso se discute en el seno del partido”, insistió, ante la pregunta del entrevistador sobre la apertura de un proceso a un miembro del FMLN y la cercanía de las elecciones internas, el 12 de julio.

Luego, en la misma entrevista, agregó que sacar en redes temas internos “no contribuyen nada para el desarrollo del partido”. “Yo no ando sacando cosas internas, eso es indisciplina”, comentó.

En enero pasado, una militante del FMLN denunció a Cruz ante el Tribunal de Ética por dar declaraciones a medios de con acusaciones a la dirección de ser “afín a adversarios políticos” y no pagar su cuota de militante. El Tribunal de Ética admitió la demanda en mayo.

Cruz ha solicitado a la Comisión Especial Electoral (CEN) la inscripción como precandidato a alcalde de San Salvador Este pero ha recibido una observación de presentar una solvencia de los pagos de las cuotas partidarias, un requisito que establece el reglamento de las elecciones internas 2027 del FMLN.

En redes sociales, el concejal de San Salvador Centro Simón Paz expresó su respaldo a Cayetano Cruz. “Es un digno representante del FMLN con un amplio reconocimiento a nivel nacional”, señaló. Paz sostuvo que él siempre ha denunciado abusos y arbitrariedades hacia la población “como militante y funcionario público”.

“Toda nuestra solidaridad con el camarada Cayetano Cruz, quien enfrenta una acusación maliciosa ante el Tribunal de Ética. Condenamos este intento de apartarlo de la contienda interna electoral mediante calumnia y los señalamientos infundados, ante la incapacidad de derrotarlo en el terreno del debate político y la voluntad de la militancia”, expresó Carlos Salas, también concejal del FMLN por San Salvador Centro.

Un grupo de ciudadanos de organizaciones de la sociedad civil presentaron este jueves una demanda de inconstitucionalidad contra al decreto 361 que trasladó una porción de la finca El Espino para la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).

Argumentaron que el decreto “vulnera principios constitucionales de protección ambiental y derechos fundamentales”, concretamente el artículo 117 de la Constitución, ya que la finca es una zona de recarga hídrica, la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental del área metropolitana de San Salvador y del país.

Consideran que se violan el artículo 2 en referencia al derecho a la vida.

Los demandantes consideran que se violó el legal proceso de formación de ley porque fue una decisión inconsulta.

El vocero de los demandantes aseguró que exigieron un análisis “independiente, objetivo, riguroso” de la Sala de lo Constitucional.

“Llegamos un punto que tengamos o no dinero para financiarnos que nuestras viviendas no se inunden en cada invierno, es un punto de no retorno, es un llamado a la responsabilidad de los gobernantes”, indicó una representante del movimiento.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) rechazó que el terreno transferido al Cifco pertenezca a la finca El Espino. “No se construirá CIFCO en El Espino”, señaló el MOPT. Por su parte, la Embajada de China afirmó que el “área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida y es importante aclarar que no se moverá ningún árbol más en la zona”.

El MOPT inició en la zona una campaña de siembra de árboles en el parque Bicentenario, también ubicado en la zona conocida como finca El Espino. La campaña de reforestación aún no concluye.

La zona en donde se construirá el CIFCO está ubicado frente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El decreto 361 fue aprobado el 16 de julio de 2025 y transfirió del Ministerio de Hacienda un terreno de 55,711.13 metros cuadrados al CIFCO, de un terreno general propiedad del Ministerio de Hacienda de 475,806.7160 metros cuadrados.

Dicho decreto establece que este terreno “forma parte de la Finca El Espino”, ubicado en el distrito de Antiguo Cuscatlán y en su artículo 1 detalla que el Estado es propietario de un inmueble “identificado como resto de la Finca El Espino”.

Un movimiento está recolectando firmas para evitar la construcción en dicho lugar porque consideran que es hábitat de especies en extinción y parte de recarga hídrica de San Salvador.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pidió el miércoles ante la Asamblea Legislativa una reforma al artículo 21 de la “Ley de fomento de la producción hiénica de la leche y productos lácteos y de regulación de su expendio” para eliminar la prohibición actual de “comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de la leche en polvo”.

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, sostiene en su carta a la Asamblea Legislativa que el objetivo de la reforma es «eliminar obstáculos a la comercialización de leche y productos lácteos», así como «armonizar la normativa secundaria con regulaciones contenidas en los instrumentos normativos de la integración centroamericana».

El primer inciso del artículo 21 de la ley, aprobada el 3 de octubre de 1960 bajo decreto 3144, reza: «Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de la leche en polvo. Asimismo se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes».

El segundo inciso ordena al MAG a dictar las medidas zoosanitarias para la importación de leche, lácteos y sus derivados.

La propuesta reforma únicamente el inciso primero del artículo 21 y lo deja de la siguiente manera: «Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes».

Los adulterantes son sustancias que se agregan de forma indebida al producto para alterar su composición.

La reconstitución de leche en polvo consiste en volver a convertir la leche en polvo en leche líquida y su recombinación es la fabricación de la leche con la mezcla de diferentes ingredientes que la constituyen como leche en polvo, grasa o agua.

En 2022, el MAG explicó que la normativa prohíbe la reconstitución y la combinación de la leche en polvo para elaborar productos como «queso duro blando, morolique, quesillo, leche pasteurizada, entre otros», mientras exigía el cumplimiento de la ley.

“Las empresas utilizan este tipo de procesos para elaborar alimentos como quesos, leches y yogurt; y afectan la calidad porque es un producto que ya se sometió a altas temperaturas para secarse y pierde sus propiedades nutritivas (proteínas, vitaminas y minerales)”, indicaba, en ese entonces, la jefa de la División de Inocuidad de Productos de Origen Animal de la Dirección General de Ganadería, el 10 de enero de 2022, según una nota oficial que anunciaba el cierre de las plantas que reconstituyan la leche.

El Ministerio de Educación solicitó la incorporación de $912,210 de fondos provenientes de un préstamo y una donación para arrendamiento de inmuebles y reubicar a un estudiantes, de acuerdo a la solicitud recibida el miércoles por la Asamblea Legislativa.

Un total de $904,704 provienen del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa «Trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático», por $150 millones, aprobado el 21 de octubre de 2025.

Una cantidad menor, de $7,506, proviene de una donación de la Alianza Mundial para la Educación (AME) el mismo programa que ascendió a $12 millones. El programa también goza de una donación de $2 millones del BID, haciendo un total de $164 millones para el programa.

De acuerdo con la solicitud, enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el objetivo de los $904,704 que se incorporarán al presupuesto 2026 es «financiar el arrendamiento de inmuebles y adecuaciones menores para la reubicación de estudiantes, entre otras cosas».

Un total de $651,500 servirán para el arrendamiento de estos inmuebles y «adecuaciones menores» con el fin de reubicar a estudiantes.

Otros $73,200 servirían para la incorporación de profesionales para la supervisión y monitoreo del proceso formativo, y seguimiento a personas identificadas dentro del espectro autista.

También, $180,004 serán destinados a la contratación de personal para la unidad Gestora del Programa y atención de contingencias, y $7,506 para contratación de especialistas de seguimiento y apoyo técnico-pedagógico.

El programa de «Trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático» promete «incrementar la oferta educativa principalmente en los niveles de parvularia y secunddaria», incrementar acceso a servicios educativos incluso para estudiantes con discapacidad, incrementar la reinserción educativa de personas migrantes retornadas, y mejorar la calidad del aprendizaje.

Del total de fondos, $164 millones, $71.6 millones serán ejecutados por el Ministerio de Educación a lo largo de cinco años, de los cuales $912,210 serán asignados al año 2026.

El resto de fondos serán ejecutados por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

En mayo pasado, el Ministerio de Educación informó que llevaba 1,100 centros escolares reconstruidos como parte del programa “dos escuelas por día” lanzado en mayo de 2025.

Las diputadas Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, criticaron ayer el endeudamiento que está aprobando la Asamblea Legislativa en sus sesiones plenarias que califican de excesivo o de un hábito de aprobar «préstamo tras préstamo».

En lo que va del año, han sido avalados $1,456 millones en deuda.

En declaraciones publicadas en la red social de su fracción parlamentaria, Villatoro aseguró que la política de su partido es acompañar la votación cuando ven un «beneficio tangible», sin embargo, señaló una «mala costumbre» de aprobar «préstamo tras préstamo tras préstamo»

«Lamentablemente muchas veces esos fondos no son ejecutados por conjunto o son ejecutadas a medias, probablemente vamos a tener que pensarlo muchísimo mejor para ver si mejor les acompañamos”, observó.

Mientras, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, lo calificó de una «gran irresponsabilidad» y proyectó que el resultado será que El Salvador podrá acceder a una deuda «mucho más cara», es decir, con mayor tasas de interés.

«El país se le ha endeudado, tenemos ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de $1,300 millones que no vienen sin condiciones. Las condiciones están orientadas a que el país pueda sacar a flote su situación financiera. ¿Por qué seguimos viendo todas las semanas préstamos en la Asamblea Legislativa? Y no es poquito, son a veces más de $100 millones, se sigue endeudando al país pero no se honran los compromisos, no se mantiene la transparencia y, entonces, obviamente eso tiene consecuencias. La consecuencia es que vamos a empezar a conseguir deuda mucho más cara», explicó.

Según Ortiz, el problema es que «sí o sí» se debe pagar; de lo contrario, advirtió, el país «entraría en una grave crisis financiera».

El ajuste, para la diputada, termina perjudicando áreas como salud y educación.

«Para poder honrar esos préstamos, el país tendrá que reajustar sus prioridades. Hoy por hoy el país cada vez está destinando menos dinero para educación y salud, y más para deuda, la deuda se come lo que en el presupuesto debería destinarse a cosas prioritarias», indicó.

La diputada de Vamos no descarta que sea necesario adquirir deudas en «muchas ocasiones», sin embargo, cree que el actual gobierno lo hace de manera «irresponsable, desbordada y poco transparente».

Durante este año, desde el 1 de enero hasta el 10 de junio, la Asamblea Legislativa ha autorizado o aprobado 11 tipos de deuda, nueve préstamos, una emisión de títulos y una garantía crediticia, que suman $1,456 millones.

Los $100 millones en títulos tienen como destino prioridades, obligaciones, transferencias o necesidades; y los $501.2 millones para el programa «Acelerar el aprendizaje» otorgado por el Banco Mundial puede usarse en «acciones estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran liquidez y transferencias varias».

El resto de deuda se destinaría al proyecto Crecer y Aprender Juntos, a la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, infraestructura vial y movilidad urbana, DoctorSV, control de inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador, luminarias con tecnología LED, escenarios deportivos, creación de empleo y la planta solar de San Matías.

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la prórroga, hasta el 30 de junio de 2027, de la “Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo” que faculta a sancionar tanto a gasolineras como vendedores de gas propano por abusar en los precios, contenidos de los productos o por obstaculizar inspecciones.

El decreto fue aprobado por 58 de los 60 diputados, 54 de Nuevas Ideas, 1 de Arena, 2 del PCN y 1 del PDC. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, y Francisco Lira, de Arena, no votaron. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó a favor.

En la prórroga, el gobierno argumentó que el precio de los combustibles está siendo afectado por el conflicto bélico entre Israel e Irán.

La actual normativa vencerá el 30 de junio de 2026. La prórroga inicia su vigencia el 1 de julio de 2026 y finaliza el 30 de junio de 2027.

Las sanciones oscilan entre los $500 y los $100,000, la más grave es interrumpir la salida de vehículos en una inspección o envasar el contenido exacto de gas de los cilindros de gas propano.

El decreto transitorio otorga la facultad a la Dirección General de Hidrocarburos y Minas (DGHM) de sancionar a gasolineras que no entreguen la cantidad exacta de combustible que el consumidor paga o que no cumplan con los estándares de calidad de los combustibles; y a empresas de venta de cilindros de gas que entreguen menos contenido del comercializado o que no respeten los precios regulados del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

En su visita a la Comisión de Hacienda, la DGHM no informó sobre el monto recaudado por las sanciones impuestas en el último año de vigencia del decreto.

Los abusos pueden denunciarse al número 2234-6100, la denuncia puede realizarse de manera anónima.

La DGHEM anunció el lunes que los precios de los combustibles se mantendrán hasta el 22 de junio así: la gasolina superior en $4.74 en la zona central y en $4.75 en las zonas occidental y oriental; la regular en $4.41 en la zona central y en $4.42 en las zonas oriental y occidental; el diésel en $4.44 en todo el país.

Con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa abrió el proceso para recibir propuestas de candidatos a presidente, primer y segundo magistrados de la Corte de Cuentas de República (CCR), ya que los actuales funcionarios finalizan su periodo el 27 de agosto de 2026.

La Asamblea recibirá propuestas hasta el viernes 26 de junio de 2026 en un horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Los candidatos interesados deberán adjuntar a su solicitud su hoja de vida y las constancias extendidas de la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte de Cuentas de la República, de no afiliación partidaria del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Etica Gubernamental, antecedentes penales de la Dirección General de Centros Penales, antecedentes policiales de la Policía Nacional Civil, solvencia tributaria del Ministerio de Hacienda, certificación de partida de nacimiento reciente y copia certificada del Documento Único de Identidad.

«Queda abierto el proceso para que los profesionales que así lo deseen puedan someterse, inscribirse, para la próxima elección en la Corte de Cuentas de la República», expresó el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

La apertura del proceso se aprobó con 58 votos, incluidos los votos de las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Fue el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, quien hizo la solicitud.

Actualmente el presidente de la CCR es Walter Sosa y los primer y segundo magistrados, Julio Bendek y José Flores.

El presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa Funes, fue electo hasta el 27 de agosto de 2026 para sustituir el periodo que dejó Roxana Seledonia Soriano de Viaud, quien funge ahora como presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Soriano de Viaud renunció a la presidencia de la CCR el 26 de septiembre de 2024; y fue electa presidenta del TSE el mismo día. Su cargo en el TSE finalizaba el 31 de julio de 2029 pero concluirá en 2027 luego de una reforma constitucional que adelanta las elecciones presidenciales.

Sosa Funes, exjuez de Dulce Nombre de María (Chalatenango) y exjefe de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, fue electo a propuesta e Nuevas Ideas y los diputados de los partidos PCN y PDC coincidieron con la propuesta.

El primer y segundo magistrados de la CCR, Julio Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos, respectivamente, fueron electos el 23 de agosto de 2023.

Bendek Panameño fue procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos y asesor jurídico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA); mientras, Flores Ramos fue director propietario de la Corte Suprema de Justicia ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) 2022-2023 y asistente de la Sala de lo Constitucional 2022-2023.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este miércoles al Ministerio de Hacienda a que suscriba un contrato de préstamo por $9.6 millones con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe para la instalación de una planta de energía solar fotovoltaica en San Matías, municipio de La Libertad Norte, departamento de La Libertad.

De acuerdo a Hacienda, la planta generará alrededor de 20,000 megavatios hora anuales y reduciría hasta 13,000 toneladas de emisión de dióxido de carbono.

El proyecto incluye:

-Vías de acceso a la planta e instalación de cerco perimetral.

-Canalización subterránea para el tendido de cables eléctricos, nivelación y compactación de la zona.

-Construcción para estructuras de montaje, inversores, transformadores y salas eléctricas.

-Instalación de los paneles fotovoltaicos terrestres.

-Estaciones de inversores.

-Subestación de dos transformadores.

-Interconexión a la red nacional.

-Construcción de edificios necesarios para el control y la operación de la planta.

El crédito tiene un plazo de 25 años, tres años de periodo de gracia y una tasa fija de interés del 2.5 % anual.

La instalación de planta de energía solar será ejecutada por el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), que fue creada por decreto en 2023 para para planificar ampliaciones o refuerzos de la red de transmisión de energía eléctrica en El Salvador; el ENTE es propietario de las acciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y está facultada a «autorizar las inversiones de cualquier tipo que la autónoma se proponga efectuar, dentro y fuera de El Salvador», según el artículo 6 de la Ley de creación del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, aprobada el 21 de febrero de 2023 y vigente desde el 2 de marzo de 2023.