Categoría: Politica

  • EEUU destaca a El Salvador como aliado contra el narcotráfico

    EEUU destaca a El Salvador como aliado contra el narcotráfico

    Estados Unidos destacó a El Salvador, Argentina y Ecuador como tres de sus principales aliados en el hemisferio por sus acciones contra el narcotráfico, según la determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027, remitida al Congreso el 15 de septiembre.

    «Aplaudo a tres de los mayores aliados de Estados Unidos en nuestro hemisferio —Argentina, Ecuador y El Salvador— por su liderazgo, determinación y éxito en la lucha contra el narcoterrorismo», señala el documento suscrito por el presidente estadounidense, Donald Trump.

    La administración estadounidense resaltó específicamente el papel salvadoreño dentro de sus esfuerzos regionales contra las organizaciones que Washington denomina narcoterroristas.

    El reconocimiento a El Salvador aparece pese a que el país continúa dentro de la lista estadounidense de principales territorios de tránsito de drogas o producción ilícita de narcóticos, junto con otras 22 naciones, entre ellas Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

    El Departamento de Estado explica que «la presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en la lucha contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos».

    Estados Unidos define a un país en la lista debido a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si el gobierno ha implementado medidas sólidas y rigurosas de control de narcóticos y aplicación de la ley.

    El Salvador tampoco figura entre los países que Estados Unidos considera que incumplieron de manera demostrable durante los últimos 12 meses sus obligaciones internacionales en materia antinarcóticos. Para el año fiscal 2027, esa categoría comprende únicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, según el documento proporcionado.

    En junio pasado, las autoridades salvadoreñas lograron un decomiso de 6.68 toneladas de cocaína, considerado el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país, según el Gobierno. El cargamento está valorado en aproximadamente $167 millones. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reveló en junio que El Salvador ya incautó más de $300 millones de droga en todo el año 2026, equivalentes a más de 13 toneladas de estupefacientes.

    La determinación presidencial sostiene además que la administración estadounidense incrementó la cooperación regional contra las organizaciones criminales mediante una coalición de países del hemisferio, con operaciones dirigidas a reducir los flujos de drogas hacia Estados Unidos y afectar las finanzas de los grupos dedicados al narcotráfico.

    El documento adopta posiciones diferentes respecto de otros países latinoamericanos. Mientras reconoce las acciones de El Salvador, Argentina y Ecuador, cuestiona particularmente al Gobierno de Nicaragua, al que acusa de adoptar medidas insuficientes contra el narcotráfico y señala por una supuesta participación de funcionarios en actividades relacionadas con drogas.

    La clasificación estadounidense se elabora bajo la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores y debe ser comunicada anualmente al Congreso.

     

  • Candidata presidencial de Arena presenta «visión» de “reconocer errores y defender lo que funciona”

    Candidata presidencial de Arena presenta «visión» de “reconocer errores y defender lo que funciona”

    La candidata presidencial del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la exdiputada Mayteé Iraheta, informó le la presentación de su visión que denomina “El Salvador está para más” que, según el partido, consiste en “una nueva manera de hacer política” en la cual reconocen los errores, defienden lo que funciona y corrigen.

    Iraheta aseguró que “no basta con vivir sin miedo a la delincuencia” y que “la seguridad debe continuar”, pero que “las oportunidades, el empleo” deben llegar a “todos los hogares”.

    La visión, según un comunicado de prensa del partido, incluye: empleo, inversión, más dinero para las familias, más oportunidades para jóvenes y mujeres, más seguridad con instituciones fuertes, y más transparencia, democracia y equilibrio de poder.

    El partido no detalló cuáles serían las acciones propuestas para lograr esa visión. La candidata dice que su propuesta “no busca regresar al pasado”.

    En las últimas elecciones presidenciales, del 4 de febrero de 2024, Arena perdió 679203 votos respecto a las elecciones presidenciales de 2019, una caída del 79 %, pese a que logró 857,084 votos en coalición con el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), dos partidos ahora aliados del partido gobernante Nuevas Ideas.

    El partido de derecha ha sufrido una erosión de 1,136,555 votos respecto a su mayor caudal electoral que logró en 2004 con la candidatura de Antonio Saca, quien ganó con 1.3 millones de votos. Saca fue condenado en septiembre de 2018 por delitos de peculado y lavado de dinero y activos.

  • Denuncian retenes y registros de manifestantes en marcha del 15 de septiembre

    Denuncian retenes y registros de manifestantes en marcha del 15 de septiembre

    El Observatorio Regional de Derechos Humanos denunció la instalación de al menos cuatro retenes policiales y el registro fotográfico de participantes durante la movilización del 15 de septiembre, acciones que, según la organización, podrían constituir prácticas de vigilancia e intimidación que afectan el ejercicio de derechos como la protesta, la reunión pacífica y la libertad de expresión.

    Los retenes fueron instalados sobre la carretera Troncal del Norte, en el desvío de Las Flores, frente a la gasolinera Texas, en las cercanías de La Gloria, y en el sector de la 29 calle, en San Salvador.

    El informe también señaló que durante la marcha fueron observadas personas que fotografiaban y registraban a los participantes sin identificarse como periodistas, influencers, integrantes de las organizaciones convocantes o activistas vinculados con la movilización.

    De acuerdo con el comunicado, el registro de personas que participan en protestas públicas genera preocupación por su posible utilización para vigilancia, identificación o intimidación. La organización sostiene que lo ocurrido el 15 de septiembre se suma a hechos registrados en anteriores jornadas de movilización social.

    Al finalizar la marcha, además, una persona confrontó a los manifestantes, en un incidente que el colectivo calificó como una provocación que pudo haber derivado en mayores hechos de tensión.

    El Observatorio también relacionó estos hechos con la presencia policial registrada el 14 de septiembre, antes de una conferencia de prensa vinculada con la movilización del día siguiente. La actividad estaba prevista en el Monumento a los Héroes y Mártires del 30 de Julio de 1975, sobre el paso a desnivel de la Avenida Héroes y Mártires del 30 de Julio, conocida como 25 Avenida Norte.

    La organización reconoció que la movilización del 15 de septiembre no tuvo un dispositivo policial y militar de la magnitud documentada durante la marcha del 1 de mayo. Sin embargo, sostuvo que existen similitudes entre ambas jornadas y que las prácticas de vigilancia se han repetido. Durante la movilización de mayo, el colectivo identificó al menos 17 puntos de control policial, además de toma de fotografías a participantes y de sus documentos de identidad.

    Según el colectivo, la reiteración de retenes, presencia policial en actividades públicas y registros fotográficos evidencia un patrón de actuación estatal frente a las movilizaciones sociales y puede generar temor o intimidación entre quienes participan en ellas.

    Ante estos hechos, Observatorio exhortó al Estado salvadoreño a garantizar los derechos a la protesta, reunión pacífica, libertad de expresión, circulación y participación ciudadana, y a abstenerse de prácticas de vigilancia, intimidación o control que, según la organización, restrinjan el espacio cívico.

  • Migrantes salvadoreños esperan más de 900 días por resolución sobre casos de deportación en tribunales de inmigración

    Migrantes salvadoreños esperan más de 900 días por resolución sobre casos de deportación en tribunales de inmigración

    Solo en el caso de procesos de deportación, durante lo que va del año 2026, los salvadoreños han esperado un promedio de 929 días para obtener una resolución de un tribunal de inmigración, independientemente de los resultados, de acuerdo a datos recopilados por Tracreports hasta agosto de 2026.

    Los salvadoreños han esperado un promedio de 972 días para obtener una orden de remoción, 759 días para una salida voluntaria y 1,663 días para un alivio concedido, de acuerdo con una revisión de la base de datos del sitio del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York.

    Este sitio publicó un reporte el 11 de septiembre pasado que indica que el tiempo de espera que los migrantes extranjeros en Estados Unidos completan en un proceso ante los tribunales de inmigración ha aumentado en un 51 % desde 597 a 901 días,

    Los datos miden el promedio de días transcurridos por migrante desde la emisión de la Notificación de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés) en el tribunal de inmigración hasta la resolución y comparan las cifras de julio de 2026 respecto a las de julio de 2024.

    El análisis se realizó sobre las personas extranjeras en los Estados Unidos que tenían orden de expulsión en julio de 2026 y que esperaron un promedio de dos años y medio, 901 días, por migrante, para tener una decisión judicial cuando hace dos años en julio de 2024 esperaron 597 días, un poco más de un año y medio.

    La conclusión es que las personas extranjeras en los Estados Unidos “esperan cada vez más tiempo para obtener una resolución” de los tribunales de inmigración y auguran que los tiempos irán “aumentando”. El aumento del tiempo de espera es el 51 % en dos años según este análisis.

    Según Tracereports, el aumento del tiempo de espera sucede pese a que “los jueces de inmigración están resolviendo más casos cada mes y ordenando más expulsiones” aunque las resoluciones de expulsión “requieren menos tiempo” que las de alivio migratorio.

    Los tribunales de inmigración resolvieron en julio de 2026, 104,028 casos de deportación, cuatro mil casos más que en junio, expulsando al 78.6 %.

    Esta base de datos registra un total de 796,378 casos de deportación en tribunales de inmigración de los Estados Unidos contra salvadoreños desde agosto de 1998, con mayores cantidades a mediados de 2006, 2019 y 2023.

    En junio de 2026 se registraron 4,521 casos de salvadoreños bajo procesos de deportación, en julio bajaron a 4,457 y en agosto bajaron a 4,116, la mayoría terminó en remoción: 3,330 (73 %), 3,325 (74 %) y 3,032 (73 %), respectivamente. Algunos, entre 350 y 500 mensuales, optaron por salida voluntaria.

    Al revisar el promedio de tiempo de espera en todos los casos de salvadoreños, se encontró que estos tuvieron un alza en 2023 con 1,452 días, el doble de espera o más que los 24 años anteriores a 2020 cuando se registraban esperas desde los 171 días en 1998 hasta los 703 días en 2019.

    En general, no solo en casos de deportación, el tiempo de espera en los tribunales de inmigración para los salvadoreños se mantiene incrementado, pero levemente debajo de 2023: 1,339 días en 2024, 1,096 días en 2025 y 923 días en lo que va del año 2026.

  • Candidata a alcaldesa de San Miguel Centro por el FMLN: “La alcaldía sí tiene la capacidad de funcionar sin Fodes”

    Candidata a alcaldesa de San Miguel Centro por el FMLN: “La alcaldía sí tiene la capacidad de funcionar sin Fodes”

    La exconcejal Imelda Galeas, candidata alcaldesa de San Miguel Centro por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no duda que la municipalidad «puede trabajar» sin el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) y considera que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) hace un «trabajo significativo” aunque observa que San Miguel «es muy grande».

    Le da “el beneficio de la duda” al Tribunal Supremo Electoral (TSE), evade dar su opinión de los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén y cree que las alcaldías deben trabajar en coordinación con las instituciones del Poder Ejecutivo.

    ¿Quién es Imelda Galeas?

    Es una migueleña de corazón, una migueleña de cuna. He tenido participación social en diferentes ámbitos, tanto en movimientos juveniles como de mujeres. He tenido una participación activa dentro de la administración municipal, formé parte del gobierno municipal del FMLN y Miguel Pereira y también he formado parte del Consejo Municipal Plural, eso me ha dado la oportunidad de conocer mucho sobre lo que es el municipalismo y cómo administrar la alcaldía.

    ¿Por qué elegir el partido FMLN?

    Considero que el tema político es, más que todo, un tema de servicio. Y, en relación al FMLN, pues siempre he sido una militante activa, siempre me he identificado con la justicia social, mi enfoque está direccionado al trabajo con las comunidades, de poder servir a los migueleños, siento que eso es un tema más importante que las identidades políticas o ideológicas.

    ¿No cree que el FMLN ya es un partido político desprestigiado?

    Pienso que cada partido político afronta una historia y, pues, en base a esa historia, hay oportunidades para mejorar. Yo sí creo que uno, como político, debe visionar hacia el futuro y no retractarse en el pasado, saber de qué manera podemos llegar a la gente y tratar de solventar las necesidades de ellos porque es para eso que se es electo.

    ¿Cree que el Frente ha cometido errores?

    La verdad que, como le repito, el tema histórico del partido es una situación porque la población ha sabido determinar en su momento, pero lo nuestro es, más que todo, un enfoque en el futuro. Mi visión es trabajar para los migueleños y, para mí, hay temas más importantes, que es el trabajo que hay que hacer con las comunidades y tratar de solventar problemas que los migueleños están afrontando en este momento.

    ¿Qué no funciona bien en San Miguel?

    San Miguel está afrontando un fuerte descuido y abandono por parte de la municipalidad. Existe una falta de acompañamiento a las comunidades. Existe un gran deterioro en las calles y toda la infraestructura en general. Yo pienso que, si una administración municipal se hace de manera transparente y eficiente, los recursos se logran optimizar y se pueden transformar en obras para los migueleños.

    ¿Puede funcionar sin Fodes o con el Fodes disminuido?

    Pues la verdad que la alcaldía de San Miguel sí tiene la capacidad de funcionar sin Fodes, pero siempre y cuando los fondos sean administrados de manera eficiente y eficaz también.

    ¿Cree usted que tiene la capacidad de coordinarse con la DOM para hacer obras en San Miguel, aunque sea de oposición?

    Sí. La DOM ha estado haciendo un trabajo territorial significativo, pero lastimosamente San Miguel es un municipio bastante grande y no ha podido dar cobertura a todo el municipio y a todos los distritos. Entonces, la alcaldía debe hacer un trabajo articulado para poder llegar a las comunidades. La prioridad número uno de nuestro gobierno municipal será llegar a las comunidades. Cómo lleguemos y los medios que se utilicen, eso es algo secundario. Lo importante es resolverle las necesidades a la gente.

    ¿Usted cree que las alcaldías, incluso de oposición, deben tener buena relación con estas instituciones del Estado?

    Claro que sí. Las instituciones del Estado son representantes del pueblo. Entonces, son electas por el pueblo. Todas deben estar en función de eso, sin importar las identidades o las ideologías políticas, pues es parte de la democracia y de un proceso democrático que nosotros vivimos, de que todos tengan representación. Entonces, es parte de nosotros, como funcionarios, trabajar para que las obras lleguen a las comunidades.

    ¿Qué opina del régimen de excepción?

    Bueno, considero que es un tema que debe tratarse con mucho respeto y debe evaluarse de manera detenida, pues es la población salvadoreña la que determinará si es algo beneficioso o no lo es. En mi caso, estoy enfocada en destacar qué se puede hacer por San Miguel y ver de qué manera se dan las necesidades de los migueleños y todas esas quejas que tiene la ciudad.

    ¿Confía en el Tribunal Supremo Electoral?

    Como ciudadana y también como candidata, considero que el Tribunal Supremo Electoral es el árbitro, garante de que este proceso se dé de una manera democrática y libre. En lo personal, pues le damos el beneficio de la confianza y será después de este proceso donde se determinará si cumplieron un rol profesional o no. Yo esperaría que el Tribunal Supremo Electoral presente las garantías suficientes para que todos los candidatos estemos representados y sepamos que se hizo un trabajo transparente.

    ¿El régimen ha sacado a los pandilleros de las calles?

    En relación al régimen, considero que ha sido significativo el tema de seguridad para la población y ha sido algo que la gente lo comenta y lo menciona, pero aquí también hablamos de otro tipo de seguridad. Yo creería que en este proceso en el que estamos coyunturalmente, hay que enfocarnos en las otras necesidades que la gente tiene. La gente quiere tener también seguridad alimentaria y San Miguel, por ejemplo, ahorita afronta una crisis bastante grande en ese tema porque no llueve. Entonces, ese tema del cambio climático ha afectado directamente a los agricultores migueleños y una de las propuestas que nosotros tenemos en la plataforma que estamos creando es que se reactive el Departamento de Agricultura y Soberanía Alimentaria.

    Ese Departamento existió en el gobierno anterior del FMLN en la municipalidad, en el cual se beneficiaba a más de 3,000 agricultores con paquetes agrícolas y asistencia técnica, al igual que huertos caseros y granjas comunitarias. Que las familias migueleñas puedan tener sus granjas, garantizar la sostenibilidad alimentaria. Hablar de seguridad tiene muchos enfoques y yo creo que este es el momento en el cual todos los que estamos en este proceso debemos apostarle a que los salvadoreños y, en este caso, los migueleños tengan una mejor calidad de vida.

    ¿Y cómo se financiaría ese Departamento de Soberanía Alimentaria?

    Se debe hacer con fondos propios y se debe ir actuando de manera escalonada en la cual vayamos poco a poco integrando a los agricultores al proyecto. No se puede iniciar nuevamente de una vez con los 3,000 agricultores que se estuvieron, pero sí se puede ir haciendo por fases y volvernos gestores de cooperación para que estos proyectos sean financiados.

    ¿Y qué piensa de capturas de personas que dicen ser inocentes?

    Considero que toda denuncia relacionada a los derechos humanos hay que evaluarla y revisarla detenidamente, vea, en esta ocasión considero que la población debe ser la voz de todos esos procesos y ellos darle seguimiento. Considero que cada caso debe ser evaluado detenidamente y pues serán las entidades que tenemos correspondientes las que darán garantía si se está haciendo o no se está haciendo.

    El FMLN tiene un mal un mal prestigio por la gestión sobre todo la de Mauricio Funes por el manejo de partida secreta, ¿qué piensa usted de eso?

    Considero que en este proceso en el que nos encontramos, más que apostarle a los partidos políticos, hay que apostarle a las personas. Creo que este proceso nos abre la oportunidad a todos los ciudadanos que una u otra manera, siempre hemos tenido ese vínculo de trabajar por las comunidades, ese espíritu de servicio y en esta ocasión, pues yo considero que la apuesta principal y lo son los migueleños. Mi apuesta es que la población migueleña reciba beneficios, reciban obras y todo eso se traduzca para ellos, ¿verdad?

    Esa es mi apuesta principal y es por lo que estamos trabajando, no estamos tratando de marcarle una ideología política a las personas porque ahorita somos candidatos de un partido. En mi caso soy militante también del partido pero ya al momento de ser electa yo me convierto en funcionaria de todos los migueleños, independientemente su identidad partidaria. Considero que hay cosas más importantes en relación al tema, resolver las necesidades de los migueleños.

    ¿Cómo va a financiar su campaña?

    Estamos teniendo una campaña bastante austera, financiada con fondos propios de cada candidato, la crisis es bastante grande, pero yo pienso que, más que pensar en una campaña financiada con mucho dinero o que se hagan grandes regalías, hay que hacer una campaña de contacto con la gente.

    La población lo que quiere son resultados y conocer los candidatos, escuchar las propuestas de los candidatos, que nos escuchen a nosotros, escucharlos a ellos porque es ahí donde está la esencia y la transformación real porque es donde están las necesidades de la gente. Pienso que debemos hacer un trabajo de acompañamiento con las comunidades y esa va a ser la verdadera campaña electoral.

  • Baja afluencia en marcha se debió a miedo y régimen de excepción según organizaciones

    Baja afluencia en marcha se debió a miedo y régimen de excepción según organizaciones

    Líderes de organizaciones atribuyeron la baja afluencia en la marcha del 15 de septiembre al régimen de excepción y al temor ante violaciones a las libertades que sostienen hay en el país.

    Ante la pregunta por la baja afluencia en la marcha, se le preguntó a Sonia Urrutia, activista del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) si ha menguado la participación.

    «Claro, sabemos que estamos en un régimen de excepción, ya cuatro años de estar bajo un régimen de excepción, eso afecta gravemente al interior de las organizaciones, hay un régimen militarizado alrededor de nuestras comunidades, igualmente la Ley de Agentes Extranjeros viene a afectar gravemente a las organizaciones sociales que se movilizaban», señaló Urrutia, quien dijo representar a trabajadores de los sectores de salud y educación, y de municipalidades.

    Para Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), la administración actual gobierna «con el miedo» en referencia al régimen de excepción.

    «Esta gente es valiente, está desafiando al régimen de excepción, está dispuesta a ir a la cárcel por defender la inocencia de esas personas capturadas. hay madres que dicen qué más podemos hacer, o sea, yo no sé qué más podemos hacer si ya hicimos todo pacíficamente

    Las representantes del BRP y del  Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) ven retrocesos en la libertad sindical en el país.

    «Cómo ahora manifestarse en contra de ciertas decisiones o ciertas estructuras políticas representa un riesgo no solo de ser privada de libertad sino todo el ataque digital», afirmó Sonia Viñerta, del MDCT.

    Según Viñerta, algunos sindicatos en el Estado están «silenciados», otros están «cooptados» y otros, «el grupo más pequeño», están en «resistencia permanente». «El miedo es tan grande y la coacción es tan grande que ya mucha gente vivió, como el caso de César Carrillo, de Sitracorreos, que se pronuncia por un caso de abuso laboral y a los dos días lo despiden. Así hay un montonazo de gente», afirmó.

    Decenas de personas participaron el martes 15 de septiembre en una protesta contra las políticas del gobierno actual. La concentración se realizó en una esquina frente a la 25 Avenida Norte y se dirigió sobre la Alameda Juan Pablo II hacia el centro de San Salvador.

  • Afectados del fraude en Cosavi presentaron demanda ante la CIDH por violaciones a derechos humanos

    Afectados del fraude en Cosavi presentaron demanda ante la CIDH por violaciones a derechos humanos

    El representante de los afectados del fraude en la Cooperativa Santa Victoria de R.L., Juan José Ortiz, informó este martes que han presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a derechos humanos, como la vida.

    Según Ortiz, se está demandando a las instituciones del Estado salvadoreño «por grave violación a derechos humanos» porque no se les brindó «pronta y cumplida justicia», ya que les rechazaron 104 demandas en los juzgados salvadoreños.

    «Hay graves violaciones como el derecho humano a la vida», expresó el representante de los afectados, en referencia a la contabilización de 15 afectados del fraude que han fallecido. Agregó que la demanda sostiene que hay violaciones al derecho humano a una vejez digna.

    «Fue interpuesta el 8 de septiembre, casualmente el día que se cumplieron dos años del accidente del helicóptero si es que se le puede llamar accidente a eso», afirmó el directivo de los afectados.

    La demanda de los afectados de Cosavi ante la CIDH fue interpuesta el 8 de septiembre de 2026, fecha en que se cumplieron dos años del accidente en el cual la caída de un helicóptero provocó la muerte del gerente general de Cosavi, Manuel Alberto Coto Barrientos; el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y a otros altos jefes policiales que se trasladaban de La Unión a San Salvador para una conferencia de prensa sobre la captura de Coto luego de haber sido arrestado por autoridades hondureñas junto a un supuesto traficante de personas.

    En mayo de 2024, la Fiscalía General de la República informó que procesaba judicialmente a 32 personas, entre ellos 8 directivos de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.), por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas por un fraude de $35 millones con algunos de los fondos desviados a Estados Unidos y Alemania. La Fiscalía había informado que Barrientos Coto estaba capturado cuando Honduras informó del arresto del exgerente de Cosavi, hecho que desenlazó en la muerte del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y el gerente de Cosavi acusado del fraude.

    Ortiz aseguró que en diciembre próximo están planificando una reunión con los candidatos presidenciales para firmar un compromiso con la conformación de un Fideicomiso como mecanismo para recuperar sus ahorros.

    Por su parte, la. Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) anunció la devolución de montos de hasta $150,000 a los afectados de la cooperativa. Los afectados critican este mecanismo de devolución, ya que no incluye la devolución de fondos invertidos en certificados de aportación.

  • Canciller salvadoreña y embajadores coloca ofrenda floral frente a la Plaza Libertad

    Canciller salvadoreña y embajadores coloca ofrenda floral frente a la Plaza Libertad

    La canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, colocó el lunes una ofrenda floral en el monumento a los próceres ubicado en la Plaza Libertad, en el centro de San Salvador, para conmemorar los 205 años de independencia de Centroamérica de la corona española.

    La canciller informó que el acto se llevó a cabo este martes «junto a los embajadores de la región».

    «Colocamos una ofrenda floral en honor a los héroes de la patria y renovamos nuestro compromiso por el desarrollo, la paz y la unidad de nuestros pueblos», indicó la diplomática.

    La colocación de ofrendas florales en la Plaza Libertad era una costumbre durante anteriores gobiernos.

    De acuerdo a radio 580 de Nicaragua informó que en el acto participaron embajadores de Guatemala, Honduras y Costa Rica.

  • Sonia Urrutia, del BRP: «Todas las candidaturas presidenciales están cooptadas por el Ejecutivo»

    Sonia Urrutia, del BRP: «Todas las candidaturas presidenciales están cooptadas por el Ejecutivo»

    Líderes de las organizaciones Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP) y del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) se distanciaron de cualquier candidatura presidenciale en El Salvador hacia las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

    De acuerdo con Sonia Urrutia, representante del BRP, todas las candidaturas presidenciales están «cooptadas» por el poder Ejecutivo.

    «Consideramos que en este momento todas las candidaturas de diferentes partidos políticos ya están cooptadas por el Ejecutivo, esa es la razón por la cual diferentes organizaciones aglutinadas en el BRP no están dando ese apoyo a los candidatos». Sonia Urrutia (BRP).

    Ante la pregunta sobre el respaldo o no a la candidatura presidencial del FMLN, el coordinador del Movir, Samuel Ramírez, respondió que Movir no tiene simpatía partidaria y que, además, todos los candidatos tienen un discurso afín al régimen de excepción o «queriendo favorecerse con el régimen».

    «No tienen un discurso radical, contundente, que es lo que quieren escuchar las víctimas. Para mí, yo estoy contento con que haya liberado a las pandillas, pero estoy muy molesto porque ahora quien violenta los derechos es el gobierno, no son las pandillas. Las pandillas fueron malos, el gobierno es malo también», señaló.

    Ramírez aclaró que Movir es un movimiento defensor de derechos humanos y no se vinculan con ningún partido político.

    «El día que Movir tenga simpatía por un partido dejó de ser un movimiento defensor de derechos humanos. Nosotros nos limitamos a defender derechos humanos, tenemos mucha credibilidad a nivel internacional y ningún candidato nos va a salvar de esto». Samuel Ramírez, representante de Movir.

    El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, no fue visto en el arranque de la marcha de las organizaciones, como tampoco el secretario general del partido de izquierda, Manuel «el Chino» Flores. Sin embargo, Aguirre aseguró al mediodía que llegó tarde.

    Miembros del BRP y otras organizaciones frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), en el centro de San Salvador. / BRP.
  • Movimientos marchan contra celebración de independencia, detención de inocentes y jornada diaria de 11 horas

    Movimientos marchan contra celebración de independencia, detención de inocentes y jornada diaria de 11 horas

    Una marcha en donde el reclamo dominante fue el rechazo a la celebración de la independencia y la extensión de la jornada laboral diaria a 11 horas, una propuesta gubernamental de cuatro días laborales y tres de descanso, recorrió este martes 15 de septiembre sobre la Alameda Juan Pablo II, desde la esquina del hospital de Oncología del Seguro Social hasta el centro de San Salvador.

    «No hay independencia qué celebrar», manifestaron las organizaciones este martes, mientras, a pocas cuadras el gobierno realizaba una celebración desde la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.

    La concentración para la marcha contra el gobierno había sido convocada frente al hospital nacional Rosales; sin embargo, esta calle fue cerrada por agentes policiales, por lo que los manifestantes optaron por concentrarse en la esquina entre el hospital de Oncología del Seguro Social y la estación central del Cuerpo de Bomberos, sobre la 25 Avenida Norte, en San Salvador.

    Desde ahí, aproximadamente a las 9:00 de la mañana, integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) encabezaban con sus pancartas la marcha. Fueron seguidos de decenas de integrantes de integrantes de Alas por la Libertad, Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP), Comité Nacional Monseñor Romero, Mesa Permanente por la Justicia Laboral, veteranos de guerra, Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de El Salvador (ASESUES), activistas ambientales, Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) y del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes).

    La marcha era terminada por algunos de los afectados del fraude de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi).

    El representante del Movir, Samuel Ramírez, aseguró que con esta manifestación expresan su repudio a la celebración de independencia. «Para las víctimas no hay independencia, no hay ninguna celebración», afirmó. Según Ramírez, no puede haber independencia cuando hay un «régimen que limita derechos,  garantías» y que «ha permitido» al presidente Nayib Bukele «capturar a miles de personas sin el debido proceso, sin una orden judicial, sin una investigación previa».

    Ramírez aseguró que ellos lo que piden es que condenen a los pandilleros y que liberen a los inocentes «sin tanto espectáculo».

    «Cada vez que necesitan cambiar la narrativa, aparecen los pandilleros tatuados, el Cecot, es la forma de seguir manteniendo el miedo en la población. Este gobierno ya se acostumbró a gobernar con el miedo». Samuel Ramírez, representante de Movir.

    Para el activista de Movir, ya hicieron «todo» para intentar que los escuchen en sus demandas. «Yo quisiera que este pueblo no vaya a buscar una opción más bélica, más beligerante… Mañana puede ser demasiado tarde, puede haber hasta derramamiento de sangre», indicó.

    El movimiento sindical también exhortó al gobierno a aceptar un diálogo social por la reducción de la jornada laboral en El Salvador.

    «Queremos un diálogo social donde se respete la negociación colectiva, donde se respete la libertad sindical y haya participación de las diferentes organizaciones para cualquier cambio o reforma que se quiera hacer en derecho laboral», exclamó la representante del BRP, Sonia Urrutia, en la conferencia de prensa, al inicio de la marcha.

    Para Rafael Méndez, de la Mesa Permanente, «la lógica debería ser reducir la jornada laboral sin reducir las prestaciones laborales», ya que sostiene que la extensión de la jornada es «ordenar la explotación para ellos enriquecerse».

    Por su parte, Sonia Viñerta, del MDCT, explicó que aprovechan la fecha conmemorativa de la independencia de Centroamérica para expresar que las libertad en el país en realidad están bajo cuestión, ya que no hay libertad sindical ni laboral.

    «Tenemos mucha preocupación por la iniciativa de las 11 laborales que le quieren ampliar a los trabajadores industriales. No es una iniciativa que nace de la clase trabajadora, representa un retroceso todas las aplicaciones familiar, físicas, biológicas y hasta la salud mental. Tres, el riesgo que podría implicar, hemos visto cómo este gobierno se ha decantado por una política antilaboral y antisindical», afirmó Viñerta.

    En una marcha compuesta por unos 300 manifestantes, activistas, algunos con mascarillas o con los rostros cubiertos, sostenían sus pancartas que decían: «11 horas de trabajo igual esclavos», «AFP deuda del gobierno 11,700 millones», «Libertad para presos políticos», «Fuera bukelistas de la UES, la educación se conquista, no se mendiga», «¿Dónde está Carlos?», «Alto al genocidio en Palestina ocupada», «Libertad para Ruth López», «Deforestar es un crimen de lesa humanidad», entre otras consignas.

    El 20 de agosto, el Consejo Superior del Trabajo inició la discusión de varias propuestas para modificar la jornada laboral en El Salvador. Según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, han recibido al menos 10 propuestas, una de estas es extender la jornada a 11 horas diarias durante cuatro días a la semana con tres días de descanso y otra es cuatro días de trabajo y cuatro de descanso con turnos rotativos.

    En la marcha, persistieron las demandas laborales y la petición de libertad para la abogada Ruth López, de Cristosal, y otros considerados presos políticos. / YM
    Algunos veteranos de guerra participaron en la marcha de este 15 de septiembre de 2026. / YM
    Eneida Abarca, madre del joven universitario desaparecido Carlos Abarca, reclamó que aún no hay avances en la búsqueda de su hijo. / YM
    Dos madres de hombre detenidos bajo el régimen de excepción reclaman la inocencia y la liberación de sus hijos. / YM
    Algunos manifestantes aprovecharon para pronunciarse a favor de Palestina. / YM
    En la marcha también participaron movimientos ambientalistas y contra la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) en la porción que tiene el Estado en la que ha sido Finca El Espino. / YM