Categoría: Politica

La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, intentó introducir la propuesta de “Ley de búsqueda de personas desaparecidas”, en la agenda de la Asamblea Legislativa, presentada por el “Bloque de búsqueda de personas desaparecidas” pero solo tuvo su propio voto, uno de 60.

“Las familias decidieron transformar ese dolor, ese calvario, ese luto, porque no se logra cerrar el ciclo luego de perder una persona y no saber si está viva o no, todas esas experiencias en una propuesta de ley”, dijo en la sesión plenaria del miércoles.

En su intervención en el pleno, Ortiz señaló a las instituciones del Estado de revictimización y de negligencia al negarles información a los familiares.

“Este día tenemos a bien solicitar una modificación de agenda para que esta propuesta de ley pueda iniciar el proceso de ley y solicitamos que se introduzca por medio de la sesión plenaria y pueda pasar a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia”, solicitó.

“Quiero ser muy enfática en esto. No es un favor el que les estoy pidiendo. En nombre de las víctimas, de sus familiares, de las madres que han venido este día y todas las miles de familias que tienen un familiar desaparecido que no han encontrado justicia, esto no es un favor, es una obligación del Estado salvadoreño”, dijo, después de mostrar la fotografía del Josué Siliézar Miranda y otros jóvenes desaparecidos.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la propuesta. Solo logró un voto, el de Claudia Ortiz. Luego, sometió a votación la incorporación de la pieza 1-A para aprobar la prórroga 54 del régimen de excepción, 57 votos.

De acuerdo con los solicitantes, la normativa plantea la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el cual instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal trabajarían de “manera coordinada, articulada y con una respuesta unificada, rápida e integral para las familias”; se crearía un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas “para que la búsqueda no dependa de acciones aisladas ni de la voluntad una institución o funcionario”; y se crearía un banco nacional de ADN para la comparación de perfiles genéticos de personas desaparecidas, familiares y restos humanos no identificados.

Uno de los argumentos que expuso el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, ante el Consejo de Ministros, para solicitar la 54ª prórroga del régimen de excepción, ha sido la captura de miembros de pandillas que buscan delinquir y “recuperar presencia territorial”, pero también reportan el arresto de jóvenes con conductas afines.

Concretamente habla de “detención de jóvenes en la comisión de ilícitos realizados con patrones conductuales afines a pandillas, uso similar de jerga, creación de rituales y participación en tráfico de drogas” que buscaban “reproducir prácticas” de las pandillas.

Seguridad se refirió también a las capturas integrantes de pandillas o personas vinculadas a estas que buscaban cometer delitos, establecer nexos delictivos, pandilleros con tatuajes alusivos a dichos grupos criminales, y decomisos de droga y teléfonos. El gobierno argumentó que estas pandillas buscan la “preservación de su influencia”.

En este reporte, el gobierno habla de “la captura de más de 92,959 terroristas”. No detalla si en esta cifra global incluye a todos.

La representante del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, no cree que haya capturas a ese nivel.

Cada mes, el gobierno reporta una cifra de personas capturadas bajo el régimen de excepción a quienes identifica como “terroristas”. Según esos reportes, se han capturado de 180 hasta 350 supuestos pandilleros mensuales.

Los datos oficiales reportados cada mes dan cuenta de que en febrero los capturados por el régimen aumentaron en 300 respecto al reporte de enero.

Así, el gobierno reportó 350 capturados en marzo, 340 capturados en abril, 310 en mayo, 180 en junio, 260 en julio y 219 en agosto, todos los capturados son identificados como “terroristas”.

“No creo que sea real. Sí hay detenciones de pandilleros, identificados con tatuajes que está claro que han pertenecido a las estructuras. Si hay detenciones, tienen que ser personas que son colaboradores”, indicó la representante del SJH.

Escobar sostiene que la demanda de las personas en la búsqueda de asesoría en la organización que dirige ha disminuido sensiblemente. “La gente no busca ayuda como antes, masivamente”, indicó.

No cree tampoco que todos los capturados reportados sean pandilleros. “Si ellos les ponen textualmente pandilleros (terroristas), es una mentira más grande, porque en la estructura de la criminalidad el pandillero es el que está más alto, están los de chequeo, colaboradores voluntarios, luego los obligados”, afirmó.

La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles la 54 prórroga del régimen de excepción que mantiene suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas al tiempo máximo de detención administrativa, privación de las telecomunicaciones y al derecho de la defensa.

Mientras diputados de Nuevas Ideas destacaron que son 35 homicidios en lo que va del año 2026, la organización SJH señala que durante el régimen de excepción han muerto 564 personas detenidas bajo custodia estatal.

La Asamblea Legislativa reeligió y juramentó este miércoles a Walter Salvador Sosa Funes, Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos como presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República minutos después de que el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, los propusiera en el pleno y que los diputados Serafín Orantes y Reinaldo Carballo, del PCN y PDC, respaldaran inmediatamente la misma propuesta.

Los magistrados estarán en sus cargos del 28 de agosto de 2026 al 27 de agosto de 2029.

La diputada Alexia Rivas leyó el dictamen favorable de la Comisión Política, que indicó que el pleno debía «deliberar públicamente» y elegir a los tres funcionarios de un total de 17 personas evaluadas.

Luego de la lectura del dictamen, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, hizo la propuesta. «Esta elección era un simple trámite de pasillos. Estos cambios se entregaban a través de un nefasto reparto de cuentas», indicó.

A las 5:30 p.m., Chamagua anunció que, basándose en las entrevistas realizadas, «como miembros de la fracción de Nuevas Ideas nosotros proponemos» a Walter Salvador Sosa Funes en el cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República; a Julio Guillermo Bendek Panameño como primer magistrado y José Rodrigo Flores Ramos como segundo magistrado. El magistrado presidente fue cuestionado por Nuevas Ideas por la mora en la Cámara de Segunda Instancia.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió la palabra y anunció que no votarían por la elección, debido a la afinidad de todos los candidatos con el Gobierno, algo que calificó como lamentable porque son funcionarios que deben «contarle las costillas al Gobierno».

«Lastimosamente, todos los candidatos sin excepción alguna manifestaron un tipo de elogio o ensalzar, hablar únicamente que si eran electos, gracias a este gobierno, y hablaban todos maravillas de las instituciones de Gobierno, creo que eso es lamentable, al final porque esto quiere decir que sus decisiones no van a ser decisiones únicamente para beneficio de los salvadoreños. La Corte de Cuentas debe contarle las costillas al Gobierno, dónde va cada centavo de los salvadoreños y por eso no tienen que tener ningún tipo de amor con ningún partido político o de gobierno», afirmó.

Después, los partidos aliados de Nuevas Ideas respaldaron la propuesta de Nuevas Ideas.

«Estamos completamente de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Chamagua. Ratificamos esta propuesta y públicamente aquí daremos nuestros votos junto con mi colega Rebeca Rodríguez que nos acompaña en este pleno, así nuestra propuesta», dijo el diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), sin explicar por qué estaban de acuerdo con la elección de dichos funcionarios.

El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pidió la palabra para respaldar la propuesta del diputado Chamagua: «Ratifico la propuesta que ha sido formulada y daré mi voto».

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que «después de analizar los 17 entrevistados» se llegó a la propuesta «tomando en cuenta que la Corte de Cuentas necesita esa continuidad para seguir manejando tal como lo han hecho durante estos últimos periodos y sobre todo en el caso del licenciado Walter Sosa, que de alguna manera lleva la mitad de un periodo». «Nosotros creemos que vale la pena que se continúe», agregó, luego de señalar que «todos eran profesionales que contaban con la experiencia y la capacidad para estar al frente de esa institución».

Castro advirtió a los magistrados que estarán «muy atentos» desde la Asamblea Legislativa: «Auditar y pedir cuentas a todos los funcionarios públicos, así tiene que ser; también tienen que dar el ejemplo, desde este órgano de Estado vamos a estar atentos, muy atentos, al trabajo que se esté realizando, vamos a darle un voto de confianza», expresó.

El dictamen 22 de la Comisión Política fue sometido a votación a las 5:54 p.m. y fue aprobado con 57 votos.

En las votaciones nominales y públicas por cada uno de los tres magistrados, todos recibieron 57 votos. Por la elección de los tres, votaron en contra las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos; Marcela Villatoro y Silva Regalado, de Arena.

La juramentación de los tres funcionarios finalizó a las 6:19 de la tarde.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la ley de transferencia de un inmueble del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el Barrio La Cruz del distrito de Suchitoto, Cuscatlán Norte, al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) para que un grupo de familias de la comunidad Shafik Hándal puedan legalizar sus propiedades en el lugar.

Se transferiría un área de 10,116.31 metros cuadrados, de un total de 21,962.9564 metros cuadrados.

La “Ley especial para la transferencia por parte del Estado y gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería de una porción de inmueble a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) ubicado en el distrito de Suchitoto, municipio de Cuscatlán Norte, departamento de Cuscatlán, para beneficiar a las familias de la comunidad Shafik Handal, así como a las instituciones o entidades calificadas para prestar servicios en interés de dicha comunidad” fue aprobada con 59 votos. Vamos no votó.

La comunidad tiene 42 familias según una nota de Fonavipo del 29 de noviembre de 2023 pero el 15 de marzo de 2023 se informaba de un censo de 55 familias en la misma comunidad. En 2019 se detallaba que la comunidad era conformada por 89 familias.

Con 59 votos, incluidos los dos votos de Arena, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un canje de notas entre El Salvador y Japón para entregar becas a seis funcionarios públicos de estudios de maestría en universidades japonesas para el año 2027.

El proyecto de la Agencia Internacional del Japón (JICA) busca que funcionarios altamente capacitados realicen sus estudios de posgrado y regresen al país a aplicar sus conocimientos.

El canje de notas fue aprobado como dictamen 79 de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

El canje de notas firmado el 24 de julio contempla una cooperación de 201 millones yenes japoneses o $1.2 millones para becar a seis funcionarios. Con el programa de cooperación se alcanzaría un total de 39 funcionarios salvadoreños beneficiados.

La donación se hará efectiva siempre y cuando los estudios se realicen entre la vigencia del acuerdo y el 31 de diciembre de 2034.

El programa de cooperación con la formación profesional de algunos funcionarios salvadoreños se ejecuta desde el año 2020, becando a 33 funcionarios públicos en estudios de posgrado en universidades de Japón.

Aunque el proyecto no detalla las instituciones a las que pertenecen los funcionarios beneficiados, se conoce que los beneficiados anteriormente laboran en Presidencia, de la misma Cancillería, así como de los ministerios de Obras, Economía, Agricultura, Vivienda, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Banco Central de Reserva, Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Universidad de El Salvador y Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción que mantiene suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas al tiempo máximo de detención administrativa, privación de las telecomunicaciones y al derecho de la defensa.

La prórroga se aprobó con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Esta es la prórroga 54 del régimen de excepción, para la cual el gobierno reportó 92,959 terroristas capturas de supuestos pandilleros o “terroristas”, un aumento de 219 capturas respecto a los 92,740 capturados reportados en la 53ª prórroga.

Cada mes, el gobierno reporta una cifra de personas capturadas bajo el régimen de excepción a quienes identifica como “terroristas”. Según esos reportes, se han capturado de 180 hasta 350 supuestos pandilleros mensuales.

Capturas bajo régimen de excepción según Ministerio de Seguridad

• Enero: 91,000
• Febrero: 91,300 (300 más respecto al mes pasado)
• Marzo: 91,650 (350)
• Abril: 91,990 (340)
• Mayo: 92,300 (310)
• Junio: 92,480 (180)
• Julio: 92,740 (260)
• Agosto: 92,959 (219)

Durante la aprobación, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que los 35 homicidios en El Salvador en lo que va del año 2026 “es una diferencia abismal con respecto a los vecinos inmediatos”.

“Ese cambio lo vamos a devolver a capa y espada. Desde esta Asamblea Legislativa, nos vamos a encargar de seguir haciendo todas las reformas de ley para que garanticen que las pandillas nunca más salgan libres a las calles. Y si debemos aprobar el régimen de excepción mil veces más, lo vamos a hacer hasta acabar con el último pandillero que se esconda en cualquier lugar de El Salvador”, afirmó Soriano.

Para el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el régimen de excepción es la “única receta constitucional” pero aún necesitan prorrogando porque la delincuencia aún persiste.

Las organizaciones han denunciado que el gobierno utiliza el régimen de excepción también para cometer violaciones a derechos humanos. De acuerdo con el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) durante el régimen de excepción han muerto 564 personas detenidas bajo custodia estatal.

“Es lamentable que se contradiga el gobierno porque ellos mismos dicen que somos el país más seguro del hemisferio occidental, entonces, ¿por qué no levantan la medida?”, cuestionó la representante del SJH.

Según Escobar, la respuesta a esta pregunta es que “el régimen ya no sirve para materia de seguridad sino que le sirve al gobierno como “política de terror, y de ocultamiento de la corrupción y enriquecimiento ilícito de los gobernantes actualmente”.

La prórroga 54 inicia su vigencia el sábado 29 de agosto y concluye el domingo 27 de septiembre de 2026.

La Asamblea Legislativa entregó este miércoles diplomas de reconocimiento a los árbitros salvadoreños Iván Arcides Barton Cisneros y David Jonathan Morán Santos.

Antes de la entrega, el diputado Ernesto Castro, aseguró que es un gran aficionado al fútbol. “Tengo la fe de que algún día veré la Selección en un Mundial, sin embargo, Iván y David hoy puedo presumir que vi a dos salvadoreños en una semifinal de la Copa del Mundo”, expresó. Les aseguró a los galardonados que son el ejemplo de que “el trabajo, la disciplina y el sacrificio rinden frutos”.

En su discurso, Iván Barton relató que, cuando jugaba a ser árbitro con empaques de golosinas como tarjetas roja y amarilla, descubrió que era su pasión. “Jóvenes de El Salvador, concéntrense en destacar en sus estudios, aléjense de malas compañías, no crean en las fantasías, sigan sus sueños pero manteniendo los pies sobre la tierra”, afirmó.

Barton afirmó que “ya está en extinción ese El Salvador” en el cual le “mostraban las armas de fuego antes de iniciar un partido en una cancha”.

“No es solo tarea de los diputados, del presidente, de los funcionarios, es tarea de todos. Apreciemos, valoremos lo que tenemos, seamos agradecidos, veamos lo positivo, subámonos al mismo barco pero sobre todo rememos todos en la misma dirección”, expresó. Inmediatamente instó a recordar que “perfecto solo Dios”.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Barton dirigió los juegos entre Turquía y Paraguay, Japón y Suecia, Suiza y Colombia, y la semifinal entre Francia y España. Así, acumula siete partidos mundialistas como árbitro central. Nació en Santa Ana el 27 de enero de 1991, es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad de El Salvador y ejerció como docente de química orgánica, obtuvo su gafete FIFA en 2018. Desde entonces, ha participado en competencias como la Copa Oro, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup, Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Copa Mundial de Clubes de la FIFAy la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

También, David Morán ha sido árbitro asistente internacional FIFA desde 2015 y ha participado en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, la Copa Mundial de la Fifa 2026, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en sus ediciones 2023 y 2025; la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA y en múltiples ediciones de la Copa de Oro de la Concacaf.

El bloque de personas desaparecidas en El Salvador presentó este miércoles a la Asamblea Legislativa una propuesta de “Ley de búsqueda de personas desaparecidas” en el marco del 30 de agosto, por la conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”.

El proyecto de ley fue recibido por el partido Vamos, el único partido que les concedió una reunión.

De acuerdo con los familiares, enviaron el proyecto de ley al Ministerio de Seguridad y Justicia, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional Civil y todos los partidos políticos. «Y todos los partidos políticos, el único que no nos recibió (la carta con el proyecto de ley) fue el partido Nuevas Ideas», indicó una de las familiares.

Una representante del movimiento explicó que la propuesta, construida por los familiares de personas desaparecidas, busca llenar los vacíos legales para la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas.

“Esta ley representa la esperanza de volver a encontrar a quienes un día salieron de casa y nunca regresaron, una búsqueda que no puede depender de esfuerzos aislados”, expresó con la voz quebrada la familiar de una persona desaparecida.

Según el comunicado de prensa, el proyecto de ley consta de 40 artículos y busca establecer un marco normativo e institucional que garantice la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas, así como la atención integral de sus familiares.

De acuerdo con los solicitantes, la normativa plantea la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el cual instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal trabajarían de “manera coordinada, articulada y con una respuesta unificada, rápida e integral para las familias”.

Con la aprobación de la normativa, se crearía un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas “para que la búsqueda no dependa de acciones aisladas ni de la voluntad una institución o funcionario”.

También plantea la creación de un banco nacional de ADN para la comparación de perfiles genéticos de personas desaparecidas, familiares y restos humanos no identificados.

De 56 personas desaparecidas registradas por el bloque, solo han sido encontradas dos personas y solo un caso está judicializado. “Aunque ya existe la Fiscalía, el 99 % nadie tiene información de sus seres queridos desaparecidos. Hay una indiferencia total de parte del Estado”, afirmó la familiar.

La normativa también contempla la creación de una base única de información de reportes, geolocalización, identificación de restos humanos; un tratamiento con respeto a los familiares de los desaparecidos y las desapariciones de personas ocurridas durante el conflicto armado salvadoreño.

En enero de 2026, la fracción legislativa de Vamos pidió la modificación de agenda de la sesión plenaria para introducir una iniciativa de «Ley de búsqueda de personas desaparecidas». No logró los votos suficientes para ser agendada en la sesión plenaria; en esa ocasión, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado de Nuevas Ideas, sugirió que la Unidad de Vida de la Fiscalía retome el tema.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró el martes que quien se lanza de candidato en la coyuntura actual, ya sea para presidente del país, diputado de la Asamblea Legislativa o alcalde, es una persona valiente.

“En estos momentos el que se lanza de candidato independientemente de qué sea, sea para presidencia, diputación o una alcaldía, es en un momento de valentía porque las circunstancias y cómo ellos modificaron la Constitución ha hecho de que las probabilidades sean más difíciles y es por eso que quien se lanza ahorita de verdad lo hace porque es una persona valiente”, afirmó el martes en el programa La Tribu.

La diputada del partido de derecha reaccionó así al referirse ante una pregunta sobre la candidatura presidencial de Arena cuya fórmula es conformada por la exdiputada Mayteé Iraheta y la dirigente del partido Verónica Henríquez.

“El Salvador requiere de personas valientes, no de gente cobarde, así que yo me alegro de cualquier persona que decida postularse para una candidatura”, afirmó en el programa.

La legisladora insistió que la disminución de la cantidad de diputados en San Salvador y La Libertad “va con dedicatoria” pero dijo que tienen “una gran aceptación”.

Ante una pregunta sobre la posibilidad de los candidatos presidenciales, ante la popularidad del presidente Nayib Bukele, respondió: “Bueno, tienen que trabajar, todos los partidos que estén concursando para una presidencial tienen que trabajar y ahí va a decir la gente si los quiere apoyar o no”.

Villatoro manifestó su desconfianza hacia Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Ahora el TSE toma decisiones de lo que viene allá arriba, del gobierno, imagínate tener a Romeo Auerbach, ¿qué payasada de Tribunal tenés”, señaló.

Según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Nuevas Ideas registra un 34.2 % de las preferencias partidarias, seguido de Arena con 1.4 %, el FMLN, con 1.3 % y Vamos, con 0.5 % de las preferencias; el 59.7 % afirmó no tener preferencias partidarias. Mientras, la encuesta de CID Gallup daba 33 % a Nuevas Ideas, 4 % a Arena y 4 % al FMLN.

Para la diputada, Arena tiene posibilidades pese a las encuestas. “Si uno lucha, las cosas pueden volverse favorables”, dijo, poniendo de ejemplo el gane de la municipalidad de La Libertad Este, con la candidatura de la alcaldesa Milagro Navas.

Las elecciones presidenciales se celebrarán 28 de febrero de 2027 luego de que se adelantaran mediante una reforma constitucional que extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y autorizó la elección presidencial indefinida.

Luego de entrevistar a 17 abogados, la Asamblea Legislativa elegirá en la sesión plenaria de este miércoles a tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), presidente, primer y segundo magistrados, que deben asumir sus cargos el viernes 28 de agosto de 2026 hasta el 27 de agosto de 2029.

El pleno recibirá un dictamen favorable de la Comisión Política, que ayer aprobó presentarlo ante el pleno, aunque este no fue leído.

Durante las cuatro jornadas de entrevistas, algunos candidatos criticaron la mora de expedientes en la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, conformada por los tres magistrados actuales, los cuales buscan ser reelectos.

Esto dijeron los candidatos a magistrados de la CCR durante las cuatro jornadas de entrevistas:

Edgar Eliseo Alvarenga Funes, actual presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), propuso una revisión profunda de la estructura de la CCR, evaluación de la contratación de plazas, la fiscalización en la institución y comprobación de «rumores sobre la institución», la modernización tecnológica, el trabajo de la mano del área de Auditoría Forense y la Fiscalía General de la República. Propuso la Inteligencia Artificial con participación humana en las decisiones, y no auditorías en Word y Excel. Dijo que la Corte de Cuentas es responsable del control posterior pero señaló que puede actuar de manera “previa” de oficio o a petición de parte, evaluando la calidad de la Dirección de Auditoría Forense y ponerlo a disposición de la Fiscalía. “Debe ser totalmente independiente”, indicó.

Walter Salvador Sosa Funes, actual presidente de la CCR desde el 7 de febrero de 2025, dijo que su meta es auditar al final de 2026 el año 2025 y no “cinco años atrás”, ya que cuando ingresó estaban auditando la gestión fiscal 2020. Sosa Funes aseguró que tienen al día todas las alcaldías y los 16 ministerios y las cuatro autónomas hasta la gestión fiscal 2024. Agregó que capacitaron a 6,176 servidores públicos de todas las instituciones en 2025 y han capacitado a jueces para identificar indicios en auditorías. Aseveró que la CCR no realizaba un plan de fiscalización de vehículos nacionales de vacaciones desde 2021 y que lo reanudaron en su gestión. Señaló que harán una acción fiscalizadora “más preventiva que reactiva”. Justificó la falta de publicación de las auditorías en la «información sensible» al confrontar las leyes de la información pública, protección de datos personales y de la Corte de Cuentas.

Karla Gabriela Siliézar Liévano, auditora gubernamental en la Corte de Cuentas, propuso la creación de un repositorio inteligente como herramienta en auditorías y juicios de cuentas, con asesoría de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República y alianzas la Agencia de Ciberseguridad del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y universidades. Propuso unificación de criterios de auditoría y alianzas estratégicas con el Ministerio de Hacienda.

Julio Guillermo Bendek Panameño, primer magistrado de la CCR, aseguró que el control preventivo que realiza la Corte de Cuentas «es la piedra angular». Sostuvo que su plan de trabajo incluye la modernización y digitalización de todos los procesos, la Inteligencia Artificial para permitir la automatización de los procesos y estar apegados a normas internacionales que generan independencia. Señaló que la lucha contra la corrupción también debe ser interna y que en la ejecución presupuestaria es «donde está la verdadera prevención y el uso óptimo de los recursos». Propuso procesos orales en la Cámara de Segunda Instancia.

Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR, advirtió que la auditoría y el juicio de cuentas es «un proceso muy delicado que no se puede dejar a la Inteligencia Artificial sino “que ayude a decidir qué criterio tomar» para «hacer un mejor hallazgo o una mejor sentencia». Sugirió «reforzar el sistema de auditoría automatizado», «resolver la mora histórica», «certificar a los auditores»; y empezar a resolver los procesos más antiguos.

José Rodrigo Flores Ramos, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, hizo énfasis en el enfoque preventivo del trabajo de la Corte de Cuentas. Propuso enfocar las auditorías en prevención, crear un Centro de Analítica de Datos, implementar un sistema de seguimiento de recomendaciones antes de los hallazgos, “un sistema inteligente de gestión jurisdiccional” que alerte a los magistrados de segunda instancia y el uso de la Inteligencia Artificial para disminuir tiempos a los juzgadores y colaboradores.

Julio Alberto Jule Herrera, juez propietario del tribunal tercero contra el crimen organizado, dijo que iniciaría un programa de depuración de procesos y capacitar ese personal en motivación de resoluciones judiciales, indicó que la Unidad Anticorrupción de la Corte de Cuentas tiene acceso a las declaraciones patrimoniales y a 12 instituciones que forman parte del Sistema Integrado Nacional Anticorrupción: Ministerio de Hacienda, Registro Nacional de las Personas Naturales, Policía Nacional Civil, Dirección de Activos Digitales y Corte Suprema de Justicia, y que un funcionario o empleado público puede responder por acción y omisión.

Carlos Aníbal Cruz Flores, juez de cuentas de la Cámara Segunda de Primera Instancia de la CCR, afirmó que quiere formar parte de un «proceso de transformación”. El candidato señaló que él haría un diagnóstico y diseñaría un plan con posibles “giros de timón”.

José Arnoldo Gaitán Castro, quien fue juez de cuentas, afirmó que se enfocará en el enriquecimiento ilícito de servidores públicos a costa del Estado y presentó un plan que promete un modelo basado en resultados y en las demandas de los salvadoreños, criticó la gestión de dos de los tres magistrados actuales de la CCR, señaló que en la CCR había una “bodega de la corrupción”.  También, denunció que en el año 2016 fue presionado para que «le ayudara a limpiar» auditorías y que aún existe corrupción en la CCR.

Arnoldo José Parada Pineda, actual director Anticorrupción de la CCR, aseguró que ha dado las herramientas necesarias a la población para tener transparencia y rendición de cuentas más cercana a la ciudadanía, tener una Corte de Cuentas más moderna y una estrategia formal de optimizar los recursos de la institución.

Gonzalo Octavio Ayala López, quien labora en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte de Cuentas, propuso la digitalización, usar la Inteligencia Artificial para hacer auditorías y “formatos de los autos en los juicios de cuentas”, enfoque preventivo y de gestión de riesgo, reformas legales y administrativas. Sugirió reformar la Ley de la Corte de Cuentas para establecer un plazo para la resolución de procesos en la Cámara de Segunda Instancia; y “echar a andar” la Ley Anticorrupción, “transparencia y participación de la sociedad”. Propuso nombrar defensa técnica a funcionarios ausentes y herederos para que ciertos casos avancen.

Boris Romeo García Alvarado, asesor externo de la Corte de Cuentas, aseguró que su visión sería “tener una CCR justa e independiente» con auditorías técnicas y oportunidad de defensa y señaló que el fortalecimiento de la fiscalización con auditorías más expeditas y oportunas, así como el uso de tecnologías en el juicio de cuentas.

Luis Humberto Santos Guardado sugirió legislar plazos máximos para reducir la mora de la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, propuso el uso de la Inteligencia Artificial para combatir la corrupción, un nuevo reglamento orgánico y crear la Unidad de Depuración de Mora con especialistas en tecnología. Santos Guardado aseguró que faltaría “coordinar acciones entre la Fiscalía y la Corte de Cuentas para detectar aquellas áreas falibles o que puedan tener una alerta de corrupción, pero debe realizarse de una forma técnica”. Señaló que, si fuera electo, coordinaría “reuniones con la Fiscalía para evaluar constamentemente la evolución de la aplicación de la Ley Anticorrupción”.

Raúl Pareja Méndez, actual secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, propuso fortalecer la fiscalización con eje preventivo y gestión de riesgos, el uso de la Inteligencia Artificial con un ecosistema útil, digitalizar los procesos, tener expedientes electrónicos, limpiar los procesos, tenerlos bien depurados. Planteó que ha propuesto la oralidad en los juicios de cuentas.  El candidato propuso “resolver el doble o el triple de lo que va ingresando” y crear una base de datos para incorporar los criterios jurisprudenciales para las cámaras de primera instancia y los auditores.

Carlos Orlando Lozano Hernández, defensor en la Procuraduría General de la República, indicó que será prioridad enfrentar la mora en la Cámara de Segunda Instancia, sugirió digitalizar documentación y guardar resoluciones emitidas y retomar precedentes.

José Luis Montalván Martínez, auditor gubernamental de la Corte de Cuentas, sugirió análisis de datos, Inteligencia Artificial bajo supervisión humana y auditorías basadas en riesgos para reconocer patrones, concentrar la fiscalización en los asuntos de mayor exposición, detectar posibles irregularidades y verificar las correcciones”, propuso tomar de ejemplos referentes de fiscalización que aplican Inteligencia Artificial generativa y un laboratorio de cuentas. Destacó la creación de la Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA).

Salvador Alexander Segovia Robles, auditor de la Corte de Cuentas, propuso ordenar una evaluación independiente de la gestión de la Corte de Cuentas con un organismo internacional o una institución homóloga, crearía protocolos operativos de intercambio entre la Dirección Anticorrupción, el Sistema Anticorrupción y la Fiscalía General de la República, para integrar alertas tempranas y estudiar patrones de riesgos; en el área jurisdiccional, ordenaría un diagnóstico inmediato de los expedientes en mora y lanzaría un plan extraordinario de reducción de mora. Propuso aplicar nuevas tecnologías, digitalización de los procesos y actualizaría el software de auditorías, por ejemplo, con el tribunal de Brasil, con módulos de análisis de datos y de Inteligencia Artificial.