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La organización Acción Ciudadana advirtió que cuatro partidos políticos no han divulgado los requisitos de participación en las elecciones internas de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes; y los otros seis partidos los han publicado “parcialmente”.

De los diez partidos políticos, los partidos que no han divulgado los requisitos de participación, según el informe, son: Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Fuerza Solidaria (FS), Nuevas Ideas y Vamos.

“En la mayoría de casos, no se detallan los requisitos, sino que se remite a estatutos o reglamentos que no siempre son de fácil acceso para la ciudadanía, lo que limita la transparencia”, indica el primer reporte de transparencia, correspondiente al periodo marzo-abril de 2026 sobre el “Monitoreo de elecciones internas 2026”.

El resto de partidos han divulgado parcialmente los requisitos: Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Democracia Salvadoreña (DS), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC).

En detalle, señala que Arena remitió a ver requisitos y procedimientos establecidos, pero no los detalló; DS remitió a los estatutos y reglamento interno; el FMLN remitió al reglamento pero tampoco divulgó los requisitos en la convocatoria; Gana menciona la inscripción en el registro del partido; Nuevas Ideas asevera que se definirán posteriormente; PCN remite a normativa legal y partidaria; y PDC menciona que los requisitos serán proporcionados por la Comisión Electoral Nacional (CEN) del partido.

Según la AC, Vamos es el único partido que indicó explícitamente que no participará en elecciones para presidencia y vicepresidencia; y el resto no especifica claramente los cargos de las candidaturas a elegir en las internas.

Un total de diez partidos políticos convocaron a elecciones internas de los candidatos que participarán en los comicios presidenciales, legislativos y municipales del 28 de febrero de 2027. La Ley de partidos políticos les exige elegir a sus candidatos con voto directo, secreto e igualitario de la mayoría de sus afiliados inscritos en un padrón.

En la evaluación de transparencia, la AC determinó que cuatro partidos políticos no han divulgado la fecha de las elecciones internas: DS, FMLN, PCN y Vamos.

A diez meses de las elecciones legislativas, municipales y presidenciales, el diputado Ernesto Castro hizo un llamado a jóvenes estudiantes que visitaron la Asamblea Legislativa para tomar “decisiones” sobre el rumbo del país, sobre todo por la edad que tienen y advirtió que tienen dos opciones.

“Como yo siempre digo, la decisión es bastante fácil, porque son dos opciones las que se tienen, es continuar con el camino que se lleva, sabiendo que hay muchísimo trabajo por hacer o regresar a cómo se manejaba el país antes, esas son las decisiones que se tienen que tomar y esas son las decisiones que seguramente ustedes, por la edad que ustedes tiene, ya van a ser protagonistas de esas decisiones”, expresó en un video difundido en redes sociales por el político.

Un grupo de docentes y estudiantes del Complejo Educativo Católica Fray Martín de Porres, de Santa Marta, Soyapango, fue recibido el jueves en la Asamblea Legislativa, según las fotografías publicadas por el titular legislativo.

Castro les dijo que es importante que se involuquen y luego señaló que “no importa cuál sea la decisión” que tomen. “Que nunca dejen que otros tomen las decisiones por ustedes”, indicó.

Posteriormente, los instó a tomar las riendas del país y les dijo que son una generación presente, no futura.

“Los políticos que estamos acá vamos y venimos y en algún momento nosotros nos tenemos que irn de aquí, pero el país está aquí. Ustedes son la gerenación que tiene que tomar ya las riendas de este país, ustedes son los jóvenes que pueden comenzar a hacer cambios en este país, en sus comunidades”, fueron sus palabras.

Las palabras del político, del partido oficial, Nuevas Ideas, fueron pronunciadas en el mezanine del Salón Azul, lugar en donde la Asamblea dispone de un lugar para el público invitado en las sesiones plenarias.

El 28 de febrero de 2027 se celebrarán elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y de concejos municipales, así como de presidente y vicepresidente de la República. Las presidenciales de 2029 fueron adelantadas a 2027 luego de una reforma constitucional que prolongó el periodo presidencial de cinco a seis años.

El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva «Ley de alianzas público privadas» que derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» y abriría la posibilidad de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos.

La propuesta mantiene la prohibición de realizar alianzas público privados para la seguridad nacional, inteligencia del Estado, servicios de seguridad pública y justicia, en contratos regidos por leyes especiales o en concesiones para explotar hidrocarburos y minerales.

Sin embargo, eliminaría las exclusiones que contiene la actual ley en el artículo 3: «prestación pública de los servicios de salud, incluso los prestados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social» (ISSS), «la prestación de servicios de educación pública, tal como se definen en la Ley General de Educación», «la Universidad de El Salvador» –la única estatal–, «los recursos hídricos, excepto el diseño, construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de San Salvador, San Miguel y Santa Ana».

Según la solicitud enviada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, buscan «regular los procedimientos» para crear las alianzas entre públicos y privados «para la provisión de infraestructura y servicios públicos».

Con la nueva propuesta, los contratos del Estado con empresas privadas para prestar servicios públicos podrían durar hasta 50 años, según el artículo 11, incluyendo sus prórrogas. Actualmente, el artículo 8 establece un plazo máximo es 40 años.

«El país ha experimentado avances significativos en materia institucional, jurídica y económica, lo cual ha fortalecido la seguridad y previsibilidad necesarias para fomentar la participación del sector privado en proyectos estratégicos», argumenta el gobierno en el proyecto de decreto, entregado el 9 de abril a la Asamblea.

La propuesta, que inaplicaría la Ley de Compras Públicas en los procesos de licitación de obras o servicios bajo la modalidad de alianzas público-privadas, establecería tres modalidades de contratos: para la provisión de infraestructura pública, para la provisión de servicios públicos, y para la provisión de infraestructura y servicios públicos.

El proyecto plantea la creación de una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda.

La DAPP podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada y aprobar la «admisibilidad de las iniciativas presentadas por las entidades contratantes», y la entidad contratante elaborará las bases de licitación, una Comisión de Evaluación de Ofertas –integrada por la entidad contratante y la DAPP– evaluará las propuestas y la entidad contratante aprobará o rechazará su recomendación.

Actualmente, el Consejo Directivo del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa, hoy Invest) tiene la competencia de aprobar los proyectos de asocio público privado, sus bases de licitación y sus proyectos de contrato.

La iniciativa ingresó ayer en el pleno legislativo y fue trasladada a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, la cual se reúne el martes próximo.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá el próximo lunes una solicitud de autorización de un nuevo préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $150 millones para financiar la construcción o rescate de escenarios deportivos.

Se trata del «Programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos fase II» (Prodeporte).

La solicitud del Ministerio de Hacienda, por instrucción de la Presidencia de la República, detalla que el crédito será pagado en un plazo de 20 años, incluyendo cuatro años de gracia.

Las comisiones de los créditos serán de 0.25 % anual sobre saldos no desembolsados del préstamo por comisión de compromiso, y 0.25 % sobre el monto total del préstamo por comisión de seguimiento y administración.

El BCIE anunció el enero que aprobó este financiamiento para modernizar 13 escenarios deportivos en nueve departamentos: La Unión, Santa Ana, La Paz, Usulután, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Chalatenango y Morazán. Según el BCIE, entre los escenarios destacan el Estadio Óscar Quiteño en Santa Ana y el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel.

El programa Prodeporte fase I recibió un financiamiento del BCIE por $115.2 millones para la renovación de escenarios deportivos del Área Metropolitana de San Salvador.

El Ministerio de Hacienda, por instrucciones de la Presidencia de la República, pidió el jueves a la Asamblea Legislativa que lo autoricen a suscribir un convenio de préstamo en especie con la empresa AGM El Salvador, S.A. de C.V., por un monto de $23,785,985.87 para la instalación de luminarias LED en la red vial nacional.

El contrato fue otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) por $26,428,873.19, de los cuales la empresa financiará en préstamo en especie $23.7 millones y el gobierno aportará $2,642,887.32, el 10 % del monto.

Se trata del contrato C-06/2025 «Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial, a nivel nacional, código 8499, tramos Sacacoyo-Acajutla, periférico Claudia Lars, carretera Troncal del Norte (San Salvador-Apopa) y Carretera de Oro (Apopa-San Martín)».

La contratación se realizó según la Ley especial para la contratación de obra pública y servicios esenciales con financiamiento incluido aprobada el 30 de noviembre de 2022 por la Asamblea Legislativa y reformada en 2023, aprobaciones criticas por la oposición porque consideró que genera riesgos de corrupción y de privatización de servicios públicos.

El préstamo se pagará a una tasa de interés fija del 5 % anual sobre el monto pendiente de amortización a un plazo de dos años, en pagos semestrales, el primero seis meses después de que el MOPT emita una certificación de entrega de avances previstos en el contrato.

Integrantes del Movimiento «Todos somos El Espino» llegaron a la Asamblea Legislativa para solicitar que no se construya  el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) en terrenos estatales ubicados en la Finca El Espino.

El movimiento pidió a los diputados ser recibidos en el pleno o en una comisión de trabajo.

«Ahí se conserva casi la mitad del agua que se consume. Queremos que se preserve, ya no más construcciones o ver de qué manera se puede hacer de una forma que ya no impacte a nadie», afirmó una de las integrantes, de acuerdo con un video difundido por la Radio YSUCA.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que este movimiento ha hecho gestiones al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Administración nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Fiscalía General de la República (FGR), Cancillería y la Presidencia de la República. «A la fecha siguen esperando respuestas», reclamó, en el pleno.

Han firmado más de 39,000 personas de forma física su rechazo a la construcción del Cifco en El Espino.

Creemos en un El Salvador moderno, pero también sano, resiliente y verde. Claudia Ortiz (Vamos).

Ante la Asamblea Legislativa, el movimiento ha acudido en tres ocasiones, según la diputada, sin haber tenido respuesta. «Han venido tres veces a solicitar que este pleno les dé una audiencia para leerles una carta», dijo.

Por ello, Ortiz optó por leer la carta en el pleno, aprovechando que en abril se conmemora el «Día de la tierra». «Todos tenemos la obligación con la humanidad y con las próximas generaciones de preservarlo, de cuidarlo, de protegerlo. Me quito la camiseta partidaria y me pongo la camiseta de esta causa ciudadana», aseveró.

En la carta, los integrantes solicitan «revisar y suspender la construcción del Cifco en esta ubicación» y «evaluar alternativas que permitan desarrollo sin sacrificar un ecosistema irreemplazable».

Luego de la lectura de la carta por la diputada Ortiz, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, prosiguió la sesión plenaria.

Castro, minutos antes de la sesión plenaria, había dicho a medios de comunicación que no han tocado la solicitud de la Iglesia Católica con firmas de ciudadanos para derogar la Ley de minería metálica.

El movimiento recordó, en la misiva dirigida a la Asamblea Legislativa, que aún está vigente el decreto que declaró como «zona de reserva forestal» y «zona protectora del suelo» una porción de terreno al noroeste del inmueble denominado El Espino en donde «solo podrán efectuarse aprovechamientos del bosque en forma técnica y científica que asegure la conservación de los recursos».

El 16 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa transfirió 55,711.13 metros cuadrados de terreno al CIFCO para que el Gobierno de China Popular construya su nueva sede.

En la aprobación del decreto, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, mostró un mapa de zona «urbanizable» en El Espino y Ortiz le preguntó «cómo de repente» aparece como área urbanizable y atribuyó el cambio a que puede ser realizado a través de una «decisión administrativa». En esa ocasión, en el pleno, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN) prometió que no se botará ningún árbol.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, reiteró este jueves que se inscribirá en la elecciones primarias del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) para buscar un tercer periodo como diputado. Castro dijo que buscará su reelección el pasado 20 de diciembre de 2025.

«Yo voy a inscribirme a las internas, para someterme a todo el proceso interno y luego ver qué sucede», afirmó hoy Castro a periodistas, quien antes de ser diputado en 2021 fue secretario privado del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El parlamentario, que también lidera la Asamblea desde el 2021, agregó que desconoce si todos los diputados de su partido, 54 de 60 que componen el Órgano Legislativo, y si el partido establecería alianzas con otras formaciones.

NI convocó el martes 7 de abril a los comicios internos para elegir a los candidatos a la Presidencia, en los que se prevé que Bukele busque un tercer mandato consecutivo sin rivales entre sus filas, Vicepresidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales para las elecciones generales de 2027.

La posibilidad de un tercer mandato consecutivo para Bukele se abrió tras una reforma electoral exprés abanderada por su partido Nuevas Ideas, que domina el Congreso.

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, para suprimir las prohibiciones constitucionales para la reelección presidencial.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como ‘The Grefg’, que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por «diez años más», aunque aclaró que es solo un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029. Sin embargo, la reforma constitucional adelantó las elecciones presidenciales a 2027, con el fin de celebrar comicios generales y establecer que, a partir de ese año, el período presidencial se extienda a seis años.

Bukele defendió en ese momento la reelección inmediata y señaló que «el 90% de los países desarrollados permiten» la reelección indefinida.

La Asamblea Legislativa reformó este jueves la Ley de energía de electricidad para regular la «generación distribuida» de energía, que proviene de generadores conectados directamente a redes de distribución, como la energía solar.

La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena y Vamos no votaron.

Con la reforma, los llamados «generadores distribuidos» interconectado en redes de distribución del mercado minorista «solo podrán vender su energía a las distribuidoras» a través de Contratos de Abastecimiento en Distribución (CAD), que deberán cumplir los lineamientos emitidos por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Esta Dirección establecerá los precios para los contratos de abastecimiento en distribución, en función de la promoción de la «competencia y el traslado de los beneficios de los mismos a la tarifa de los usuarios finales».

La DGEHM también emitirá lineamientos para regular los cargos relacionados con la interconexión de proyectos de generación distribuida a las redes de distribución; el decreto le da 12 meses para aprobarlos.

Con el apoyo técnico de la Unidad de Transacciones (UT), la DGEHM también realizará estudios para determinar la capacidad máxima de generación en el sistema y por cada circuito de distribución, evaluar su impacto económico.

En la Comisión de Tecnología de la Asamblea Legislativa, el director general de energía, Daniel Álvarez, aclaró que la modificación no será retroactiva, por lo cual los contratos suscritos hasta antes de la vigencia de la reforma no se modificarán.

Según el funcionario, la reforma busca el abaratamiento del precio de la energía solar que, sin la reforma, no se definen por competencia.

La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) tiene 40 días a partir de la vigencia del decreto para adecuar la Norma Técnica de Interconexión Eléctrica y Acceso de Usuarios Finales a la Red de Transmisión.

La Unidad de Transacciones tiene 18 meses a partir de la vigencia del decreto para adecuar su reglamento y organización para «desarrollar la operación» del mercado minorista.

Así mismo, las distribuidoras tienen 15 días para presentar el detalle de los cargos de interconexión de plantas de generación distribuida para su aprobación; y deberán reportar trimestralmente a la Dirección el avance de procesos relacionados con proyectos.

El decreto permite renovar los contratos de abastecimiento en distribución celebrados antes de la vigencia del decreto 49 del 27 de julio de 2024 pero bajo lineamientos de la Dirección.

La Asamblea Legislativa reformó este jueves el artículo 158 del Código Tributario para que los rendimientos que generen los títulos valores en el mercado salvadoreño, realizadas únicamente por personas o sociedades domiciliadas en el extranjero, no sean sujetas a la retención ni al pago del Impuesto sobre la Renta.

La reforma se aprobó con votos de 56 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.

El Gobierno argumentó que, con la eliminación de la retención que actualmente es del 3 % sobre estas ganancias, buscan aumentar la inversión extranjera.

Las ganancias de estas inversiones extranjeras en valores salvadoreños ya tenía un impuesto especial, ya que en general la retención del Impuesto sobre la Renta por pagos a personas o sociedades «no domiciliadas» en el país es del 20 %.

La reforma estableció que las personas no domiciliadas “no estarán sujetas a la retención ni al pago del Impuesto sobre la Renta” por las inversiones en títulos valores u otras inversiones en el mercado de valores salvadoreño, primario o secundario.

Sin embargo, en forma de «compensación», según Hacienda, en el mismo artículo también establecieron que las casas corredoras de bolsa domiciliadas en El Salvador estarán “obligadas a remitir a la Administración Pública” un informe “de los inversionistas no domiciliados que operen o inviertan en el mercado de valores” salvadoreño.

El informe deberá ser remitido dentro del plazo para enterar lo retenido según el artículo 62 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece diciembre del año en que se incurrió el costo.

La Asamblea Legislativa ratificó el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones para financiar el “Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador”.

La ratificación fue aprobada con 57 votos, que incluyeron dos diputados de Arena. Claudia Ortiz, de Vamos, no votó.

El préstamo tiene un plazo de 23 años, la primera cuota en 90 meses en pagos semestrales hasta la total cancelación del crédito.

El préstamo se desarrollará en cinco años, así: $3.6 millones en el primer año, $9.1 millones en el segundo año, $64.9 millones en el tercer año, $63.3 millones en el cuarto año y $8.8 millones en el quinto año.

La mayor parte de presupuesto, $63.6 millones, se destinará a las lagunas de laminación y $30.1 millones para mejorar los sistemas de drenaje de las colonias Santa Lucía y Médica.

En total, se espera que se rehabiliten los sistemas de drenaje de las colonias Médica, en San Salvador, y Santa Lucía, en Soyapango; se construirán lagunas de laminación en la quebrada de Buenos Aires, Santa Tecla, y en la quebrada Merliot, La Libertad; se rehabilitarán las bóvedas en la quebrada El Piro, Santa Tecla; y sobre el bulevar Constitución, en San Salvador; y también se actualizaría el plan maestro de drenaje del área metropolitana de San Salvador (AMSS) y se harían estudios de preinversión para proyectos de drenajes.