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La Comisión de Hacienda autorizó este lunes al Ministerio de Hacienda a que suscriba el contrato de préstamo por $150 millones para financiar el proyecto denominado “Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador”.

La votación del dictamen 187 se dio luego de que la subdirectora general de inversión y crédito público, Delia Reyes, diera los primeros detalles de la inversión que será realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

Reyes explicó que el financiamiento incluye obras en los sistemas de drenaje de las colonias Médica y Santa Lucía, que sufren inundaciones recurrentes en la temporada de lluvias.

Aunque el crédito incluye campañas de sensibilización para la disposición adecuada de residuos sólidos, la mayoría se destina a rehabilitaciones de drenajes, bóvedas y lagunas de laminación.

Según la exposición de la funcionaria, están obsoletos “los sistemas de drenaje urbano compuestos en gran medida por bóvedas y colectores antiguos”, así como el “acelerado proceso de urbanización que reduce áreas permeables”.

Hacienda también argumentó que “la carencia de infraestructura de laminación para la retención y posterior descarga de las aguas lluvias, y también la inadecuada disposición de desechos sólidos ocasionan inundaciones recurrentes en diferentes zonas del área metropolitana de San Salvador”, por lo que “es necesario la implementación de soluciones”.

Las obras más importantes que incluye el préstamo son la rehabilitación de los sistemas de drenaje de las colonias Médica y Santa Lucía, construcción de lagunas de laminación en la quebrada de Buenos Aires, Santa Tecla, y la quebrada Merliot, en La Libertad; rehabilitación de bóvedas en la quebrada El Piro y bulevar Constitución; actualización del plan maestro de drenaje del área metropolitana de San Salvador (AMSS) y estudios de preinversión para proyectos de drenajes.

El préstamo deberá ser pagado en un plazo de 23 años, con un periodo de gracia de siete años y medio.

Las intervenciones que incluiría el préstamo de $150 millones del BID según la exposición de la subdirectora de inversión

1. Desarrollo de infraestructura de drenaje urbano

-Diseño y construcción de lagunas de laminación, se mencionan la quebrada de Buenos Aires en el distrito de Santa Tecla y la quebrada Merliot en el departamento de La Libertad

-Diseño, obra y supervisión para la rehabilitación de sistemas urbanos de drenaje en colonias Médica y Santa Lucía.

-Diseño de obras y supervisión para la rehabilitación de bóvedas: quebrada El Piro y bulevar Constitución.

-Rehabilitación de obras de paso, como puentes.

2. Fortalecimiento institucional del MOPT

-Actualización del plan maestro de drenaje del área metropolitana de San Salvador.

-Estudios de preinversión para proyectos de drenajes.

-Diseño e implementación de cursos de capacitación técnica en materia de gestión de riesgos de inundaciones.

-Campañas de sensibilización para la disposición adecuada de residuos sólidos.

3. Fortalecimiento de alerta temprana

-Incorporación de sensores para la medición y transmisión de datos.

-Equipamiento para el sistema de monitoreo.

-Fortalecimiento del sistema de comunicación de alertas y capacitación.

4. Administración, evaluación y auditorías

-Consultorías, auditoría, monitoreo y evaluación del proyecto, entre otros.

En una entrevista otorgada al diario digital “El Español”, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, respondó que El Salvador “sí” sigue siendo una democracia y que incluso “es un modelo de democracia”.

Después afirmó: “Posiblemente para algunas personas el que haya un liderazgo fuerte no se entiende que las democracias por su propia definición es demos pueblo y cratos poder, es decir, las consultas populares que son las elecciones son las que le permiten a los pueblos elegir a sus gobernantes”.

Ulloa agregó que Bukele fue electo en 2019, fue “electo para un segundo mandato” en 2024 y “ha recibido otro respaldo” para que pueda “presentarse para otro tercer mandato”. “Todo ha sido de manera progresiva”, dijo.

Bukele fue electo como presidente en 2019 para el periodo 2019-2024, reelecto en 2024 para un segundo periodo (2024-2029) y luego de la habilitación de la reelección presidencial indefinida mediante reformas a la Constitución Bukele va camino a su tercer mandato.

En la entrevista, responde, ante críticas sobre la pérdida de la democracia en El Salvador, que el país era gobernado con corrupción y asesinatos por Arena y FMLN, y destacó que funcionarios de ambos partidos están “presos” por corrupción. “Eso no puede ser una democracia, ¿cuál es el retroceso democrático?”, cuestionó.

También contestó que el “contrapeso” ante el Ejecutivo son “las elecciones” y que Bukele fue electo para su segundo periodo con el 85 % de los votos. “Es el pueblo el que eligió a cada uno de los diputados”, argumentó.

Ante la pregunta sobre ¿quién puede decirle ahora que no al presidente Nayib Bukele?, respondió que la Asamblea Legislativa “no está controlada, está alineada”. ¿Por qué crees que un órgano le coorte acciones o iniciativas a otro órgano para demostrar que hay democracia si están en la misma visión”, le dijo a la periodista.

La habilitación de la reelección presidencial indefinida, que estaba prohibida en la Constitución, fue aprobada por la Asamblea salvadoreña con reformas adicionales que además alargan el periodo presidencial de cinco a seis años y adelantan las elecciones presidenciales de 2029 a 2027, de tal forma que las elecciones legislativas y municipales de 2027 coincidirán con presidenciales.

La Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial continua pero una resolución la Sala de lo Constitucional que sustituyó a los magistrados destituidos el primer día del Órgano Legislativo 2021-2024 permitió la reelección «por una sola vez».

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto anunció este lunes su disolución como asociación legalmente constituida y su transformación en un movimiento regional de activismo, al considerar que el actual contexto legal y político en El Salvador limita el trabajo de las organizaciones sociales. Lo anterior tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros en el país. 

En un comunicado, la organización, con más de 20 años de trayectoria, explicó que en 2023 presentó ante el Ministerio de Gobernación su solicitud de disolución, tras identificar un entorno que calificó como adverso para su labor en defensa de los derechos de las mujeres.

La agrupación señaló que, tras la aprobación en 2025 de la Ley de Agentes Extranjeros, su trabajo dejó de ser compatible con la estructura de una organización no gubernamental, por lo que decidió no inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).

Además, sostuvo que en los últimos años se ha intensificado la persecución contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, lo que —según expuso— profundiza los retrocesos democráticos.

La organización afirmó, en su comunicado, que durante más de dos décadas trabajó en la defensa de mujeres criminalizadas por la penalización absoluta del aborto, período en el que reporta haber logrado la libertad de 80 mujeres.

También destacó que la problemática fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en resoluciones contra el Estado salvadoreño.

La Agrupación aseguró que su objetivo fue visibilizar el impacto de la penalización absoluta del aborto, que, según sostuvo, afecta principalmente a mujeres en situación de pobreza.

La Agrupación Ciudadana ha respaldado casos penales en contra de mujeres procesadas por problemas obstétricos, judicializados como aborto, especialmente en mujeres de extrema pobreza. Casos como el de Beatriz, Manuela y las llamadas «17» han sido bandera de lucha de la organización.

Nuevo nombre

Tras la disolución formal como asociación, el colectivo anunció que continuará su trabajo bajo el nombre de La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas, esta vez desde una estructura de activismo y articulación regional.

“Nuestras existencias no serán borradas por decretos presidenciales”, indicó el pronunciamiento.

La organización aseguró que continuará promoviendo el derecho a decidir en El Salvador y en la región, y agradeció el respaldo de instituciones y organizaciones aliadas.

La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el 20 de mayo de 2025 por la Asamblea Legislativa, regula a personas o entidades que reciban fondos extranjeros o que sean extranjeros y financien a personas que realizan cualquier actividad dentro de El Salvador con dichos fondos.

La ley establece que las organizaciones inscritas deberán pagar un impuesto del 30 % por el financiamiento que reciben del exterior, aunque se permiten exoneraciones según la naturaleza del proyecto.

Al menos 29 organizaciones pidieron inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) durante el último trimestre de 2025 según consta en el informe de servicios ofrecidos por la Dirección General del Registro de Agentes Extranjeros.

Pese a la drástica caída de la cantidad de niños centroamericanos no acompañados que pasan por la frontera sur de los Estados Unidos, en enero las autoridades estadounidenses reportaron 107 casos: 4 salvadoreños, 82 de Guatemala, 28 de Honduras y 3 de Nicaragua.

Hasta el mes de enero, según datos actualizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que oscilaron entre los 3,500 hasta los 10,000 encuentros mensuales solo de menores no acompañados provenientes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Los centroamericanos conforman la quinta parte de los 500 niños extranjeros no acompañados encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos.

La cantidad de niños indocumentados de todas las nacionalidades que pasaron en enero de 2025, fueron 3,220 –en donde 1,580 eran centroamericanos–, más de seis veces más de lo que registra enero de 2026.

La cantidad de menores centroamericanos encontrados en los Estados Unidos por su condición migratoria irregular ha caído en los últimos años, de 6,088 niños salvadoreños en enero de 2023, a 4,414 en 2024, a 1,580 en 2025 hasta llegar a 107 niños. La disminución es, en el último año, de un 93 %.

En enero de 2023, Estados Unidos encontró a 704 niños salvadoreños no acompañados en la frontera sur; la cantidad bajó a 489 en enero de 2024, 223 en enero de 2025 hasta llegar a 4 en enero de 2026.

El 27 de febrero es el último día para que los salvadoreños que han modificado su lugar de residencia puedan registrar el nuevo domicilio en su Documento Único de Identidad (DUI) y así garantizar su participación en las elecciones de 2027 cerca de su residencia.

Los ciudadanos tienen la obligación de reportar su cambio de domicilio al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

«Todo ciudadano o ciudadana inscrito en el registro electoral, al cambiar su residencia está en la obligación de presentarse el RNPN a informar sobre dicho cambio mediante declaración jurada, lo que implicará la emisión de un nuevo DUI, debiendo el RNPN dar aviso al Tribunal de manera inmediata sobre dicha modificación, a efecto de que se cambie el lugar de votación del ciudadano o ciudadana», reza el artículo 25 del Código Electoral.

El mismo artículo responsabiliza penalmente a los ciudadanos si el trámite es realizado con «datos fraudulentos o falsos y con la finalidad de ejercer el sufragio en un municipio distinto al de su lugar de residencia».

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también ha promovido que los salvadoreños en el exterior saquen su DUI con domicilio en el exterior para que puedan votar remotamente. Según la ley, los salvadoreños domiciliados en el extranjero votan solo para el departamento de San Salvador, aunque su origen sea distinto.

El TSE inició su campaña para incentivar al cambio de residencia a tiempo el pasado 8 de octubre de 2025.

El Código Electoral en su artículo 20 ordena que las actualizaciones de residencia en el registro electoral deben suspenderse un año antes de la fecha de elecciones, es decir, el 27 de febrero de 2026, ya que las elecciones generales se celebrarán el 28 de febrero de 2027.

El Ministerio de Relaciones Exteriores abrió horarios extraordinarios para que los salvadoreños en el extranjero puedan modificar su residencia al extranjero. Los salvadoreños que tengan domicilio en el extranjero pueden votar de manera remota y su voto será asignado al departamento de San Salvador. Ayer, los horarios extraordinarios fueron compartidos por la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, diputada por San Salvador.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) adjudicó la compra de tela para elaborar uniformes escolares de los centros educativos públicos para el año 2026.

Las contrataciones ascienden a un total de $15,737,345.68 según el sitio de Compras Públicas de El Salvador, Comprasal.

La contratación fue adjudicada el 10 de noviembre de 2025 a las empresas Insinca, S.A., Rayones de El Salvador, S.A. de C.V. e Hilosa, Industria de Hilos, S.A. de C.V.

El gobierno importó 345,000 uniformes para los estudiantes desde primaria hasta bachillerato, para los paquetes escolares que distribuye al inicio del año, informó en enero la ministra de Educación, Karla Trigueros, además de 113,000 pares de zapatos y 442,000 dispositivos electrónicos.

Los uniformes para kínder son celeste y falda o pantalón azul; a partir de primer grado, camisa blanca y pantalón o falda azul marino; para bachillerato, camisa blanca y pantalón beige.

De acuerdo al instructivo legal y técnico para la adquisición de uniformes, calzado y útiles escolares, publicado en enero por el Ministerio de Educación, este realiza una compra centralizada para los uniformes y se la entrega a cada centro educativo según el nivel educativo, sexo y tipo de prenda a confeccionar.

Este instructivo establece que la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) o el Ministerio calificarán a las personas proveedoras del servicio de confección de uniformes que cuenten con un registro de micro y pequeño empresario (mype) previo al proceso de contratación.

Estas serán las únicas que podrán participar en los procesos de compra que realicen los centros educativos, indica el instructivo.

La toma de tallas debe ser coordinada por el contratista con cada centro educativo y tiene 60 días calendario para la entrega de cada lote de uniformes.

El instructivo también incluye sanciones en los plazos de entrega: cuando el atraso se debe a causas imputables al contratista es una multa diaria por cada día de calendario de retraso: para los primeros 30 días, 0.1 % diario del valor total de la obligación en mora; de 31 a 60 días; 0.125 % diario del valor en mora; y a partir del día 61, 0.15 % diario del valor en mora.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, se reunió con la embajadora de El Salvador en Costa Rica, Diana Vanegas Hernández, para fortalecer la relación de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

La embajadora recordó que ambos países firmaron un acuerdo para el Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado en la región centroamericana y señaló que El Salvador se ha convertido en la nación más segura del hemisferio occidental.

Según Central Noticias de Costa Rica, el objetivo de la reunión fue «fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad».

De acuerdo a la información brindada por el medio costarricense, ambos funcionarios destacaron «el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional» y también avanzaron «en el intercambio de información y la coordinación operativa como parte de la agenda bilateral».

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró recientemente en Madrid, España, que es necesario reducir el margen de error en la implementación del régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.

En una tribuna organizada por la agencia EFE, Ulloa aseveró que se han “capturado casi 100,000 pandilleros pero, de esos, casi 8000 han salido libres porque demostraron que no eran”.

“O sea, pues, una efectividad de un 90 y tanto por ciento en una operación de este calado es una operación que está siendo algo muy bueno. Claro, ese margen de error hay que reducirlo, ¿no? Y hay que tomar medidas para corregir malas prácticas de algunos agentes de autoridad, delitos de algunos miembros de las fuerzas del orden”, remarcó.

El vicemandatario ejemplificó que se condenó a un comisionado policial “que estaba extorsionando a los ciudadanos” amenazándolos con el régimen de excepción.

“De las estadísticas que tenemos, se han liberado más de 8,000 personas que en estos cuatro años fueron capturadas porque estaban inculpadas pero lograron probar en los juzgados de que no pertenecían o de que eran inocentes y están libres”. Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

Ulloa defendió la reforma penal que permite acusaciones penales masivas y, ante denuncias sobre inclusión de personas inocentes en estos grupos acusados de ser “clicas” ante tribunales del crimen organizado, dijo: “La gente va a decir ‘mi hijo es inocente’ aunque tenga una cruz en cada dedo”.

Aseguró que, cuando alguien estudia derecho, aprende que la responsabilidad penal es “personal”, pero que la reforma penal aprobada en El Salvador rompió ese dogma, ya que “la responsabilidad penal es colectiva”.

“Esto rompía con el dogma, entonces, ahora se acusa penalmente, se lleva a la cicla. Es un grupo de 400 individuos que operan en una zona”, indicó.

El funcionario aseveró que, “cuando se condena la clica”, “la aplicación de la pena va en función de la participación del individuo en la clica”.

Reafirmó que la prisión perpetua está prohibida por la Constitución, pero aseguró que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional falló que en el caso de organizaciones terroristas la pena se acumulará. “Se aplican exclusivamente a los miembros de las estructuras”, expresó.

El régimen de excepción está por cumplir cuatro años en El Salvador; según el Gobierno es el mecanismo que ha logrado bajar a un promedio menor a uno diario los homicidios; mientras organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, así como partidos de oposición, mantienen que se han cometido capturas arbitrarias de personas que no tienen vínculos con pandillas.

La Ley de partidos políticos de El Salvador los obliga a elegir a sus candidatos y sus autoridades mediante “elecciones internas con voto libre, directo, igualitario y secreto de sus miembros o afiliados inscritos en el padrón correspondiente a su circunscripción territorial”.

Sin embargo, la ley no establece expresamente que la celebración de la jornada de votación deba ser pública.

Se le preguntó a Acción Ciudadana, una organización cuyo centro de monitoreo lanzará una evaluación de la transparencia y calidad democrática de los partidos políticos.

La organización sostiene que la transparencia es una exigencia legal para sus procesos electorales internos y, como toda institución pública, sus actividades deben estar sujetas al escrutinio público.

“Podrá decir alguien que no lo dice expresamente. La gente cree que solo lo que dice la ley es lo único que puede ser público. Aunque no lo diga expresamente la ley, pero con esta obligación de ajustar su funcionamiento a las reglas democrática, los partidos deben informar sobre este proceso. Los ciudadanos tienen derecho a hacer un control social sobre las internas de estos partidos. ¿Qué tal si hay una incompatibilidad? ¿Cómo lo voy a saber si no se publica esa información?”, argumentó la AC.

Se refieren al artículo 22 de la Ley de partidos políticos, en el cual se establece que son obligaciones de los partidos políticos a) Ajustar su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y las leyes; g) Cumplir con las obligaciones que la presente ley establezca en materia de transparencia y acceso a la información.

Sin embargo, según el criterio de la AC, sí puede ser reservado o confidencial datos personales de sus militantes, precandidatos, candidatos o dirigentes es información confidencial, como lo regula el artículo 25 de la ley, o las que tengan que ver con sus estrategias políticas.

Pero en la medida se consideren los partidos políticos como instituciones intermediarias entre el Estado y la sociedad, es decir, por medio de las cuales “se logra cambiar a los funcionarios de las principales instituciones públicas”, “sus actividades están sujetas al escrutinio público” y, por tanto, consideró la organización consultada, “es aplicable el principio general de transparencia, debiendo poner a disposición de la ciudadanía la información que ellos generan”.

A partir de estos artículos, según la AC, las jornadas electorales de las internas de los partidos deberían ser públicas. “La libertad de prensa es parte de las reglas democráticas”, indicó.

“Estas internas son de carácter público, la información que generan, porque sirven para el posterior ejercicio de la función pública. Dado que estamos hablando de una función pública y que ellos tienen que ajustar su funcionamiento a estas reglas democráticas, esta información que se genera es pública”, indicó.

Según la sentencia 42-2013 de la Sala de lo Constitucional, si los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno, “sus normas internas, su organización y su funcionamiento también debe quedar sujetos a los principios y reglas de la democracia representativa”.

La vicecanciller de la República, Adriana Mira, firmó un convenio con la Fundación HE Space Children, una organización sin fines de lucro, para fortalecer la formación y el bienestar ambiental de niños y jóvenes.

“Celebramos este paso que fortalece nuestro compromiso con la protección de los ecosistemas marino-costeros y la educación ambiental, con la firma de una carta de entendimiento entre la Cancillería y HE Space Children’s Foundation”, informó la funcionaria.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) explicó que el acuerdo “establece un marco de cooperación para promover iniciativas en sostenibilidad, formación ambiental y bienestar comunitario, con especial énfasis en la niñez y la juventud”.

El acuerdo también los compromete a intercambiar conocimientos para fortalecer la gestión ambiental en territorio.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, aseveró que la alianza “refleja una visión compartida de desarrollo sostenible y consolida un compromiso de largo plazo para proteger los recursos naturales del país”. El contenido del convenio no fue publicado.