Categoría: Politica

  • Canciller Alexandra Hill representa a El Salvador en reunión inaugural de la Junta de Paz impulsada por Trump

    Canciller Alexandra Hill representa a El Salvador en reunión inaugural de la Junta de Paz impulsada por Trump

    La canciller salvadoreña Alexandra Hill participó como representante de El Salvador en la reunión inaugural de la Junta de Paz, impulsada por el preisdente de Estados Unidos Donald Trump.

    En el encuentro, realizado en el Instituto de Paz en Washington, Donald J. Trump acudieron líderes mundiales y los miembros fundadores de la Junta de Paz.

    “Nos complace la presencia de El Salvador en la primera sesión de la Junta de Paz. Países de todo el mundo unidos por la voluntad de llevar la paz a la zona de Gaza. El Salvador estuvo representado esta mañana por la Ministra de Relaciones Exteriores”, informó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

    El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presente en la reunión, aseguró que “Paraguay está preparada para colaborar”. “Hoy es Gaza, mañana será otro conflicto en el mundo, pero necesitamos resolver cada uno de estos conflictos y realmente aprecio el liderazgo que ha tomado”, le dijo el mandatario.

    La Junta fue concebida inicialmente para supervisar el plan de paz en Gaza tras el conflicto entre Israel y Hamás, y luego amplió su alcance a otros escenarios internacionales.

  • Año 2026 inicia con 385 migrantes salvadoreños encontrados en EEUU, 135 en la frontera sur

    Año 2026 inicia con 385 migrantes salvadoreños encontrados en EEUU, 135 en la frontera sur

    En general, el año 2026 inició con un aumento de 12.9 % de los encuentros migratorios de extranjeros con estatus irregular encontrados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) en todo Estados Unidos, pero los encuentros de salvadoreños disminuyeron aún más.

    Respecto a enero de 2025, se detecta una disminución del 57.5 % de migrantes de todas las nacionalidades y una baja del 80 % de migrantes salvadoreños.

    Si bien las autoridades estadounidenses encontraron unas 30,000 personas extranjeras cada mes durante los últimos tres meses del año pasado, en enero del presente año esta cantidad subió a 34,626 extranjeros con estatus migratorio irregular en todo el territorio.

    De esos, 9,726 extranjeros, el 28 %, fueron encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos, el lugar en donde solían concentrarse los encuentros de migrantes en situación irregular.

    En enero de 2026, fueron 385 salvadoreños los encontrados por ambas autoridades en todo el territorio estadounidense, la cifra incluye los encuentros ocurridos no solo en la frontera sur sino en medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo. Del total, 179 detenciones de salvadoreños fueron realizadas por la Patrulla Fronteriza y 206 por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO).

    La mayoría, 375, eran adultos solteros, 6 personas viajaban en unidades familiares y aparecen 4 menores no acompañados, todos salvadoreños.

    Solo en la frontera sur de Estados Unidos, durante enero de 2026, se reportaron 135 salvadoreños encontrados, un poco abajo del promedio de 157 mensuales durante los 11 meses anteriores, desde febrero hasta diciembre de 2025.

    De los salvadoreños encontrados en la frontera sur, 125 eran adultos solteros, 4 menores acompañados y 6 viajaban en unidades familiares.

    Todos fueron detenidos por el incumplimiento de la ley migratoria Título 8, que según la CBP son detenciones temporales procesadas bajo una autoridad de inmigración de la CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas detenciones temporales pueden o no terminar en un arresto.

    En las cifras, según el sitio de la CBP, se incluyen personas que no hayan resultado admitidas mientras buscaban protección migratoria o retiran su solicitud y regresan en un tiempo corto a sus países.

  • Reformarán presupuesto 2026 para incorporar fondos para simplificación de trámites

    Reformarán presupuesto 2026 para incorporar fondos para simplificación de trámites

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá el próximo lunes una solicitud de reforma al presupuesto 2026 para incorporar $6.2 millones del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la simplificación de trámites al Ministerio de Economía.

    El monto se destinaría a financiar actividades de digitalización de trámites de diversas instituciones públicas, a la supervisión y al soporte técnico para proyectos de digitalización, y a la modernización y estandarización de los sistemas de inventarios.

    La solicitud fue recibida el miércoles por el pleno legislativo y enviada por el Ministerio de Hacienda.

    Los fondos provienen de un préstamo CFA-12061 del CAF aprobado el 4 de julio de 2023 para financiar el “Programa para la transformación del clima de negocios de El Salvador a través de la facilitación del comercio e inversiones”.

    El préstamo busca mejorar la infraestructura física y servicios informáticos, para atención a usuarios en las diferentes aduanas del país, la simplificación y digitalización de trámites, con intervención en 18 instituciones públicas, la creación de una plataforma digital para la implementación de la firma electrónica.

    También, se pretende reducir costos y tiempos de logística y transporte, para facilitar comercio por vía terrestre, actualizar sistemas inteligentes con miras a la unión aduanera, en los puntos fronterizos de La Hachadura, Las Chinamas, San Cristóbal y San Bartolo; y el desarrollo de la plataforma de El Salvador Emplea, dirigida por el Ministerio de Economía, así como consejería para atraer inversión extranjera directa.

    Los $6.2 millones serán incorporados como inversiones en activos fijos, según la clasificación en la propuesta de reforma.

  • Hacienda trasladará como donación a CEPA fondos de préstamo del BID para ampliar Aeropuerto

    Hacienda trasladará como donación a CEPA fondos de préstamo del BID para ampliar Aeropuerto

    El decreto de autorización de un préstamo por hasta $195 millones que se destinará a la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador será reformado en su artículo 2 con el fin de que el Ministerio de Hacienda pueda suscribir un convenio de transferencia no reembolsable a CEPA.

    El artículo 2 del decreto de autorización aprobado el 18 de diciembre de 2025 facultó al Ministerio de Hacienda a suscribir con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) “un Convenio de Transferencia de Recursos en carácter Reembolsable bajo las mismas condiciones financieras del Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

    La propuesta de reforma, enviada por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, facultará a Hacienda a suscribir con la CEPA “un Convenio de Transferencia de Recursos en carácter No Reembolsable (donación), derivados del Contrato de Préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

    En el considerando III, Hacienda explicó que el objetivo es “optimizar la gestión pública y del financiamiento” y que los recursos del préstamo se trasladarán a la CEPA como “una transferencia de capital”.

    El contrato de préstamo 6073/OC-ES fue suscrito por el Ministerio de Hacienda el 13 de enero de 2026 con el BID, y no por CEPA.

    La CEPA suscribió un préstamo de $17.18 millones del Instituto de Crédito Oficial, entidad público empresarial (ICO) cuya garantía soberana fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2025.

    El 14 de marzo de 2025, la CEPA también dio por recibido un plan de colocación de títulos valores por $30 millones para proyectos de inversión del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-SOARG), a una tasa de 8.25 % y un plazo de 7 años incluidos 2 años de gracia.

  • Gobierno pide nuevo préstamo por $150 millones del BID para control de inundaciones en el AMSS

    Gobierno pide nuevo préstamo por $150 millones del BID para control de inundaciones en el AMSS

    El Ministerio de Economía pidió ante la Asamblea Legislativa que lo autorice a firmar un contrato de préstamo destinado a la mitigación del impacto de desastres y la reducción de vulnerabilidad del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) ante desastres por fenómenos naturales.

    El nuevo préstamo sería desembolsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $150 millones y se destinaría a “mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura” de la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales y a “reducir la vulnerabilidad”, especialmente en el AMSS.

    El crédito para el “Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el Area Metropolitana de San Salvador” deberá pagarlo el país en un plazo de 23 años con una tasa de interés referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

    También, se pagará una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del crédito, equivalente a un porcentaje “establecido por el BID periódicamente” sin que exceda el 0.75 % por año.

    La solicitud de autorización del crédito será recibida por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el lunes 23 de febrero.

    En mes y medio del año 2026, la Asamblea Legislativa ha autorizado tres nuevos préstamos por un total de $226.73 millones, $135 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el programa de infraestructura vial y movilidad urbana fase I (pasos a desnivel), $16.73 millones del Banco Mundial para la educación de primera infancia –ratificado ayer con dispensa de trámites– y $75 millones para DoctorSV y 400 dispensadores de medicinas.

    Estos créditos aún deben ser firmados y ratificados en una segunda votación por la Asamblea Legislativa.

    Pero también ha ratificado un crédito por $195 millones para ampliaciones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    La Asamblea Legislativa cerró el año 2025 con un total de $2,506 millones de créditos o títulos valores autorizados o aprobados, además de la aprobación de $1,480 millones en garantías soberanas, solo contando las nuevas deudas, lo que hizo un total de $3,642.2 millones en préstamos, títulos y garantías de nuevas deudas avaladas en un año.

  • Ulloa insiste en que régimen solo aplica a supuestos pandilleros y no afecta “una sola libertad pública” en El Salvador

    Ulloa insiste en que régimen solo aplica a supuestos pandilleros y no afecta “una sola libertad pública” en El Salvador

    En una tribuna organizada por Efe en Casa América, en Madrid, España, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseveró que el régimen de excepción instaurado en territorio salvadoreño desde el 27 de marzo de 2022 “jamás ha afectado una sola libertad pública”.

    Ulloa manifestó que “hay una tergiversación de muchos medios” sobre el concepto del régimen de excepción.

    “El régimen de excepción, jamás, desde que se decretó, el 27 de marzo de 2022, ha afectado una sola libertad pública, ni una sola, fue decretado para limitar garantías constitucionales, solo se afectan dos”, argumentó el miércoles.

    Ulloa insistió en que solo dos garantías están suspendidas en El Salvador: el máximo de detención administrativa de 72 horas, que se extiende a 15 días, y la privacidad de las telecomunicaciones o la correspondencia.

    Explicó que necesitan suspender el máximo de detención para “recolectar las evidencias” ya que en el pasado se liberaban los pandilleros en tres días; y que necesitan suspender el derecho a la privacidad de la correspondencia para revisar los teléfonos de los sospechosos de ser pandilleros o miembros de estructuras criminales.

    “Lo primero que hace la Policía cuando captura a un sospechoso de una estructura criminal, empieza a revisar quién lo llama, qué hace, todo, los contactos que tiene”, dijo, en la rueda de prensa celebrada en España.

    La más reciente prórroga del régimen de excepción, la 47ª, suspendió tres disposiciones constitucionales: el inciso segundo del artículo 12, que establece que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata de sus derechos y las razones de su detención; y que se garantiza al detenido la asistencia de defensor; el inciso segundo del artículo 13, que establece que la detención administrativa no excederá de 72 horas dentro de las cuales deberá consignarse el detenido ante el juez; y el artículo 24, que establece que la correspondencia de toda clase es inviolable y que interceptada no podrá figurar en ninguna actuación.

    Puedes leer: ¿Cuáles derechos constitucionales suspende el régimen de excepción en El Salvador?

    Ulloa también aseveró que la suspensión de estas garantías no es de aplicación general a toda la sociedad sino solo a personas acusadas de pertenecer a pandillas o estructuras criminales.

    “Y no son para toda la sociedad, no es para toda la gente, es para los que están vinculados a estructuras criminales; si a una persona tiene un accidente o comete un delito le aplica el derecho común”, fueron sus palabras.

    En la práctica, algunos abogados aseguran que el plazo de máximo de 15 días para presentar las acusaciones fiscales también es aplicado a casos no vinculados a pandillas. Por ejemplo, la Fiscalía presentó la acusación contra la abogada Ruth López el 4 de junio, 17 días después de que fuera capturada, el 18 de mayo de 2025. También, el abogado fue acusado formalmente el 21 de junio, luego de ser capturado el 7 de junio, 14 días después. También, personas procesadas por delitos como conducción peligrosa han sido acusados formalmente ante un juez hasta 15 días después de capturadas.

  • Economía pide suprimir requisitos de apostilla en documentos extranjeros para comercio y compras públicas

    Economía pide suprimir requisitos de apostilla en documentos extranjeros para comercio y compras públicas

    El Ministerio de Economía pidió a la Asamblea Legislativa reformar la Ley de Procedimientos Administrativos para no exigir que los documentos emitidos en el extranjero estén autenticados, con apostilla, impresos o con firma manuscrita, en las operaciones aduaneras y comerciales, incluido el registro de productos.

    La reforma aplicaría actuaciones y procedimientos relacionados «con la selección del contratista y demás etapas del ciclo de compras públicas».

    En su solicitud, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, explica que la reforma busca «facilitar los trámites a los administrados eliminando la exigencia de formalidades innecesarias, como lo son el requisito de la Apostilla, incluyendo procedimientos relacionados con las operaciones comerciales o aduaneras, y las compras públicas».

    Actualmente el artículo 4 elimina requisitos considerados «innecesarios» entre estos documentos emitidos por la institución que los solicita o documentos ya proporcionados con anterioridad salvo se hayan vencido, o incluso elimina la exigencia de presentar documentos que obren en registros públicos.

    Pero en la solicitud de reforma se solicitó incorporar un nuevo artículo 4-A, que establezca que «cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero» no se exigirá su legalización o apostilla ni copias autenticadas, impresas o firmas manuscritas «cuando dichos documentos se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos».

    La reforma también indica que «tampoco se exigirá la legalización o apostilla de documentos públicos emanados en el extranjero cuando cuente con mecanismos de verificación electrónica» o en base a convenios con las entidades extranjeras.

    La propuesta permitiría también no exigir de manera inmediata de estos documentos con legalización o apostilla, si su presentación es aplicable, o emitir resoluciones provisionales con un plazo de 10 días como máximo para presentarlo.

    La Asamblea Legislativa recibió la solicitud este 18 de febrero y analizará la solicitud en su Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

    La apostilla es una certificación oficial que se coloca en un documento público para su validez legal.

  • Oposición no logra reorientar $20 millones de DoctorSV a hospitales, Vamos dice DoctorSV ha beneficiado a una minoría

    Oposición no logra reorientar $20 millones de DoctorSV a hospitales, Vamos dice DoctorSV ha beneficiado a una minoría

    Diputados de oposición sugirieron ayer reforzar presupuestariamente los hospitales del país y señalaron que el programa DoctorSV, que recibirá otros $75 millones de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), ha beneficiado «hoy por hoy» a una minoría. Aseguran que la mayoría acude a los hospitales públicos.

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió la modificación para que $20 millones de los $75 millones pudieran «regresar y así renegociar el contrato de préstamo con el CAF» originalmente destinado a DoctorSV. Lira aseguró que el objetivo de la reorientación sería «redirigir esos recursos a la compra de insumos y medicamentos abastecer los hospitales».

    «Este es un tema sensible, urgente y profundamente importante para el pueblo salvadoreño, que todos los días enfrenta la falta de medicinas y condiciones dignas de atención», dijo. Su moción solo tuvo tres votos, dos de Arena y uno de Vamos.

    «El programa de telemedicina y de DoctorSV es una iniciativa que tiene un buen potencial para descongestionar el sistema público en aquellas enfermedades más leves y que pueden atenderse a través de la telemedicina. Lo cierto es que hoy por hoy ese préstamo de $77 millones ya en ejecución ha beneficiado a una minoría porque es una pequeña porción de la población la que está haciendo uso del sistema», indicó la diputada Ortiz, de Vamos.

    La Asamblea Legislativa autorizó ayer la firma de un nuevo contrato de préstamo por $75 millones de la CAF para mejorar la plataforma de DoctorSV e instalar 400 quioscos dispensadores de medicamentos en el país.

    Según la diputada, aunque la iniciativa podría descongestionar los hospitales públicos, la mayoría acude presencialmente a estos centros de salud.

    Mencionó que han recibido mensajes en sus redes sociales de jóvenes que les cuenta que «no tienen cómo hacerse una diálisis cerca de su hogar porque los hospitales públicos no están dando ese servicio» y tienen que trasladarse hasta San Salvador. A ello agregó que en los hospitales no hay suficientes especialistas y que las citas se siguen programando con demasiada espera para los pacientes.

    Ortiz recriminó, además, un recorte de $70 millones en la red hospitalaria durante 2025, recursos que, dijo, se están necesitando «justo en este momento».

    Según la tabla dinámica del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, la mayoría de hospitales presentaban disminuciones presupuestarias hasta noviembre de 2025. Algunos de los recortes hasta ese mes eran, según las modificaciones incluidas: el Hospital Rosales, un recorte de $22.9 millones; Benjamín Bloom, una baja de $9.9 millones; el hospital psiquiátrico, de $2.2 millones; el hospital de neumología, de $547,021; el hospital San Juan de Dios de Santa Ana, un recorte de $9.4 millones; el de Sonsonate, $1.6 millones; el San Juan de Dios de San Miguel, de $8.2 millones, entre otros.

  • Félix Ulloa dice en la “bukelemanía” están los “bukelefóbicos” y los “bukelefilos”

    Félix Ulloa dice en la “bukelemanía” están los “bukelefóbicos” y los “bukelefilos”

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, criticó este miércoles a quienes llamó «bukelefóbicos» que creen que «todo» lo que hace el presidente, Nayib Bukele, «está mal», al tiempo que defendió la política llevada a cabo contra las pandillas o la seguridad del sistema penitenciario del país centroamericano.

    «El mundo ha creado una especie de bukelemanía», en la que los detractores del presidente salvadoreño, los «bukelefóbicos», creen que «todo lo que hace Bukele está mal y atacan El Salvador» y tachan al país de dictadura, aunque esos críticos cada vez «son menos», dijo en la Tribuna-EFE Casa América celebrada en Madrid. Explicó que también existen, según él, los «bukelefilos».

    Ulloa defendió que esos ‘bukelefóbicos’ no ven la imagen completa de El Salvador que se está construyendo bajo el mandato del presidente, «ese país donde acabamos de tener un ingreso de más de 110 millones de dólares con cinco conciertos» de la colombiana Shakira o donde se celebró «el concurso de Miss Universo más visto del mundo».

    «Es el nuevo país que atrae ahora el turismo», continuó el vicepresidente, quien también habló de las reformas constitucionales llevadas a cabo en agosto del año pasado para avalar la reelección indefinida del presidente de esa nación, lo que deja vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato.

    Preguntado sobre si el mandatario se presentará para esa tercera legislatura, Ulloa respondió: «Eso ya no sé, imagino que sí, si no defraudaría al pueblo», y argumentó que «el 91,9 % de los salvadoreños» apoyan la gestión de Bukele, según una reciente encuesta «de uno de los periódicos voceros de la oposición».

    «Tergiversación» del régimen de excepción

    El 96 % de los preguntados en ese mismo sondeo, expuso también Ulloa, dieron su visto bueno a la continuidad del régimen de excepción aprobado hace casi cuatro años, el 27 de marzo de 2022, para hacer frente a las pandillas en el país.

    La medida se suponía que era temporal, por 30 días, pero se ha ido renovando mensualmente en la Asamblea desde entonces y se quitará «cuando el pueblo salvadoreño diga que ya no lo quiere», agregó el vicepresidente, quien consideró que fuera de El Salvador hay «interpretaciones erróneas» de lo que significa el régimen de excepción y «tergiversación de muchos medios».

    «El régimen de excepción, jamás desde que se decretó el 27 de marzo de 2022, ha afectado una sola libertad pública, ni una sola», defendió.

    Tras detallar el funcionamiento de la medida, anotó que durante su vigencia se han detenido a alrededor de 100,000 personas y que de ellas más de 8,000 han sido puestas en libertad después de probarse en las diligencias efectuadas en los 15 días siguientes a su arresto que no tenían relación con pandillas.

    Ulloa también defendió la seguridad de las cárceles ante las organizaciones que denuncian más de 480 muertes en los centros penitenciarios de El Salvador. En este sentido, aseguró que en las cárceles españolas hubo «602 muertos» entre 2020 y 2024, «345 de forma violenta».

    «Las personas se mueren, se mueren en la cárcel, se mueren en los hospitales, se mueren en todos sitios», agregó ante la «leyenda» del aumento de fallecimientos en las cárceles salvadoreñas.

    Justifica la supresión del «candado constitucional»

    Ulloa justificó que el presidente Nayib Bukele rompiera el «candado constitucional» para poder presentarse a cuantas elecciones considerara, ya que dispone de la mayoría del respaldo del país. «No es que se esté reeligiendo, es que sigue gozando del apoyo popular», excusó.

    «El 91.9% de los salvadoreños está apoyando su gestión», defendió que Bukele actúa en base al respaldo de la ciudadanía, que primero le dio la Presidencia y luego el control de la Asamblea.

    «El pueblo dice, ‘tú me estás dando lo que yo quiero’, entonces te voy a dar otra oportunidad’ (…) Entonces decidimos hacer estas modificaciones constitucionales» que responden, según Ulloa, a «dinámicas de la sociedad democrática donde los pueblos toman decisiones de manera libre, directa y segura».

    Ulloa minimizó las críticas acerca de estos cambios en la Constitución para permitir la figura de la reelección indefinida y adelantó que Bukele seguirá presentándose, a un año de nuevas elecciones. «Si no, defraudaría al pueblo», afirmó en un acto en el que no ha escatimado en ataques a la prensa.

    «Decidimos hacer estas modificaciones constitucionales para abrir las puertas de que se pudiera hacer primero un segundo periodo y ahora todas las veces que el pueblo lo diga, se puede presentar pero, si la gente no lo vota, ¿cuántos se han presentado en varios países de América Latina y no salen electos?», excusó.

    Ulloa explicó que este respaldo del que goza Bukele se refleja en el mayoritario grado de aceptación que tiene el régimen de excepción, que está a punto de cumplir cuatro años, en los cuales se han detenido a cerca de 100,000 personas por supuestos vínculos con las pandillas, de las cuales 8,000 fueron liberadas.

    «El 96% quiere que continúe. Entonces, ¿por qué quitarlo?», preguntó Ulloa acerca de un periodo durante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado 7,000 casos de denuncias sobre diversas violaciones, incluidas detenciones ilegales, torturas y la muerte de más de 400 personas bajo custodia. «La gente se muere en las cárceles, en todos los sitios», desestimó.

    Con respecto a esta cuestión, ha defendido que si bien pueden existir casos de funcionarios particulares que han cometido violaciones contra los Derechos Humanos –los cuales se persiguen, asegura–, no se trata de una política de Estado, como las ONG, organizaciones internacionales o la prensa quiere hacer creer.

    «Jamás, desde que se decretó el 27 de marzo del 2022, ha afectado a una sola libertad pública», aseguró Ulloa sobre un régimen de excepción que afecta, ha explicado, a dos garantías constitucionales, la detención sin acusación –que pasa de 72 horas a quince días– y la privacidad de la correspondencia.

    Ataques a la prensa

    De igual manera, Ulloa afeó a los medios de comunicación que insisten en preguntarle por los presos de las cárceles de su país, en las que, según el periodista en el exilio Óscar Martínez, uno de cada 57 salvadoreños lo está sin haber recibido un juicio justo, en lugar, por ejemplo, del repunte del turismo.

    «La prensa tiene su agenda (…) no quieren poner a un país donde corresponde, sino seguir la agenda», ha incidido en sus críticas, al tiempo que ha negado que haya periodistas que tuvieron que salir del país por temor a represalias por su trabajo, como los que revelan la relación de Bukele con las pandillas.

    Así, ha asegurado que quienes se van lo hacen porque «se les acabó el negocio de negociar la información de la violencia» y ha citado el caso de ‘El Faro’, uno de los medios que destapó los vínculos de Bukele con las maras. En ese sentido, acusó a periodistas de «convivir con las pandillas» para «vender libros».

    Ulloa afirmó que esos periodistas que han convivido con las pandillas bien han podido cometer un delito de comisión por omisión, ya que durante el tiempo que pasaron con ellas registraron los crímenes que cometieron y no los denunciaron a la Fiscalía. «Esos son los que han salido y esos son los que encuentran el eco acá, porque hay una agenda que seguir», desdeñó el vicepresidente salvadoreño.

  • CSJ entrega a la Asamblea proyecto de nueva ley para regular figura de «facilitadores judiciales»

    CSJ entrega a la Asamblea proyecto de nueva ley para regular figura de «facilitadores judiciales»

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó este miércoles un proyecto de Ley del Servicio Naiconal de Facilitadores Judiciales, que busca regular la figura de “facilitador judicial” informó la institución en X.

    El proyecto de ley fue presentador por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos y Luis Suárez Magaña, coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) y coordinador de la Comisión de Modernización, respectivamente.

    Según la CSJ, la ley regularía la figura de “facilitador judicial”, a quienes les definiría sus funciones, derechos, deberes y limitaciones.

    De acuerdo con la institución, el SNFJ es impulsado desde 2013 para “promover una cultura de paz, la resolución alterna de conflictos, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la confianza ciudadana”.

    Según la nota de prensa publicada en el sitio web del Órgano Judicial, este programa se implementa en más de 91 juzgados de paz y 700 facilitadores en todo el país, con “asesoría y diversas acciones comunitarias”.