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El Ministerio de Gobernación abrió un proceso para contratar a un técnico de control documental de la Dirección del Registro de Agentes Extranjeros que tendría un salario de $1,000 mensuales.

Según la publicación, Gobernación requiere que el «técnico de control documental» sea un estudiante universitario, con estudios de “Licenciatura en Historia y afines, Licenciatura en Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Ingeniería e Informática, etc”.

El Gobierno requiere “un año en puestos similares” y que tenga conocimientos en la “Ley de acceso a la información pública y sus lineamientos”, normas de seguridad para manejo de archivo, y gestión documental. También requerirán la solvencia de la Policía Nacional Civil y antecedentes penales.

El último día para presentar la documentación fue el jueves 12 de marzo de 2026.

El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo fue creado a raíz de la Ley de agentes extranjeros, aprobada el 20 de mayo de 2025, y es aplicada a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que “respondan a intereses o sean financiadas” por extranjeros, o a “mandantes extranjeros”, las personas representantes de partidos, corporaciones o personas jurídicas extranjeras.

El RAEX tiene amplias facultades, como requerir documentos a los sujetos obligados, informes, remitir a Fiscalía un informe semestral de las actividades realizadas, colaborar con otras instituciones del Estado y decidir quiénes estarán excluidos de la ley.

La ley establece un impuesto del 30 % sobre las donaciones extranjeras pero los agentes extranjeros pueden solicitar la exclusión.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con salvadoreños residentes en Chile a quienes les expresó la importancia de la diáspora como “puente entre naciones” en relación a vínculos culturales y económicos. Ulloa realiza una visita a Chile, donde asistió a la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente electo del país sureño.

El encuentro con los salvadoreños en Chile pretendió fomentar la cercanía e los salvadoreños «con la realidad política, social, cultural y gastronómica de El Salvador». Según la Vicepresidencia, el funcionario instó a compartir esa vivencia dentro de las comunidades en el exterior.

A la reunión, asistió el embajador de El Salvador en Chile, Mauricio Peñate.

De acuerdo con el comunicado, Ulloa se refirió a la “promoción del comercio, las inversiones y el intercambio de experiencias entre ambos países».

Señaló que El Salvador avanza «en una etapa de transformación marcada por logros concretos en materia de seguridad, acceso a vivienda y salud» y mencionó el impulso de la aplicación DoctorSV.

El vicemandatario aseguró que la mejor manera de conocer el momento que vive El Salvador «es visitarlo y experimentar de primera mano el clima de seguridad» y de «libertad».

Esta semana, un grupo de organizaciones y expertos manifestaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hay suficientes bases para creer en que se han cometido delitos de lesa humanidad en el régimen de excepción, aprobado desde el 27 de marzo de 2022, además de denunciar capturas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes de detenidos en los centros penales.

En la audiencia, sobre la situación de derechos humanos de los defensores de derechos humanos, celebrada el miércoles 11 de marzo, desde Guatemala, la CIDH preguntó al Estado salvadoreño por las medidas cautelares emitidas a favor de los abogados Ruth Eleonora López y Salvador Enrique Anaya, ambos detenidos; y recibió denuncias de casos de persecución política.

La vicecanciller, Adriana Mira, negó en la audiencia que haya habido casos de persecución política y señaló que los defensores de derechos humanos no están bajo impunidad.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el 27 de abril de 2026 es el último día para que los salvadoreños que residen en el territorio nacional actualicen su dirección en el Documento Único de Identidad (DUI).

Para los salvadoreños en el extranjero, la fecha límite es el 29 de noviembre de 2026, lo cual establece siete meses más que los salvadoreños en territorio nacional para cambiar domicilio en el DUI.

Los electores están obligados a tener su domicilio actualizado en su DUI. Además, cambiar de domicilio para votar en otra circunscripción que no le corresponde es delito electoral de acuerdo con el artículo 295 del Código Penal.

Las fechas límites para actualizar la dirección en el DUI se establecen en función de la actualización del Registro Electoral: si los salvadoreños actualizan domicilio a tiempo son incluidos en el Registro Electoral y padrón electoral que será utilizado en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Quienes no lo hagan en ese tiempo, sí logran modificar su domicilio en sus DUI pero no que este sea incluido en el Registro Electoral.

Los salvadoreños en el extranjero, además, tendrán hasta el 29 de noviembre de 2026 para inscribirse en el Registro Electoral con el trámite de su DUI, a diferencia de los salvadoreños que residen en territorio nacional, que tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para realizar nuevas inscripciones en el Registro Electoral 2027 tramitando su DUI por primera vez.

Hasta el 6 de marzo, el Registro Electoral de El Salvador tenía 6,477,745 salvadoreños inscritos: 5,533,061 salvadoreños en territorio nacional y 944,684 salvadoreños en el exterior.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó el miércoles un proyecto de reformas a la «Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café» que agrega infracciones, reduce el plazo para los permisos de exportación y establece que el resultado del análisis de calidad no será vinculante.

El proyecto fue enviado por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, y fue trasladado a la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, que se reunirá el lunes.

La reforma agregaría como infracción grave «realizar actividades de procesamiento de café en sus diferentes estados sin estar acreditado en el Instituto» Salvadoreño del Café (ISC); y también agrega como «infracción muy grave» las operaciones de compra o venta de café cuando haya registros vencidos.

A los beneficiadores, pergamineros, intermediarios y exportadores se agregaría la obligación de informar sobre «los ingresos de café de terceros para su procesamiento como contratación de servicios».

Si la reforma se aprueba, el servicio aduanero deberá remitir al ISC los permisos de exportación caducados, alterados o con los cuales se busque amparar exportaciones que no corresponden. La ley actual dice que se remite al delegado del Ministerio de Hacienda en el ISC.

También, se establecería un plazo máximo de dos días hábiles para que la autoridad policial envíe al beneficio más cercano el café decomisado por falta de documentos del origen y destino. La ley actual, que no establece un plazo, indica que el café decomisado debe ser comercializado por el beneficio y el ISC debe custodiar el valor de la venta mientras se determina la responsabilidad.

El proyecto también agrega a los semilleristas en la cadena productiva del café que debe inscribirse en los registros del ISC.

Para la exportación: datos, condiciones y plazos

Con la reforma, los exportadores tendrían un plazo de tres días hábiles para enviar la muestra de café a exportar a la unidad de control del ISC; el plazo cuenta desde la solicitud del permiso.

En el artículo 38, se agregaría que «el resultado del análisis de calidad no será vinculante para la autorización del permiso de exportación«.

Se permitiría a los exportadores «omitir provisionalmente» datos sobre mes de embarque, puerto de embarque y puerto de destino, si no tiene dicha información en el momento de inscripción del contrato de exportación. «Debiendo proporcionarlos al Instituto tan pronto como le sea posible obtenerlos», indica.

También, la modificación reduciría el plazo máximo de cinco a tres días hábiles que tiene el ISC para generar un permiso de exportación luego de la inscripción del contrato.

Se agregaría también que los permisos de exportación deben contener estado, proceso, tipo de preparación, certificación, empaque y precio FOB por kilogramo; y ya no deberá incluir la fecha de caducidad del permiso. Los permisos de exportación, según la propuesta, tendrían una vigencia de 60 días hábiles renovables a solicitud del exportador.

Una de las reformas aprobadas el miércoles a la Ley del fomento de la micro y pequeña empresa obligará a las personas naturales y jurídicas a “presentar declaración de impuesto sobre la renta o declaración jurada de sus ingresos” para inscribirse en el Registro MYPE que administra la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).

En la reforma se incorporó un nuevo artículo 20-A que establece que estas declaraciones deben presentarse, además del Documento Único de Identidad o el Número Único de Identificación, y si es persona jurídica, debe presentar el NIT, la matrícula de empresa, personería jurídica y credenciales vigentes.

Además, las micro y pequeñas empresas (MYPE) deberán “actualizar sus datos cada dos años para efectos de conservar su certificación y con el propósito de constatar su nivel de desarrollo empresarial”.

Los requisitos actuales son ser persona natural o jurídica, y contar con DUI/NIT, y tener escritura de constitución si es una sociedad. El registro actual se realiza a través de mype.miempresa.gob.sv y requiere una declaración jurada.

Según la ley, si una MYPE no se inscribe esta no es reconocida por la Conamype como micro o pequeña empresa, y por tanto no accede a beneficios, como costos proporcionales de trámites o acceso a programas de financiamiento de los fideicomisos Progamype y Fecamype.

El Fideicomiso Fecamype ofrece programas de financiamiento “incluyente” para micros y pequeñas empresas que tengan condiciones de exclusión financiera, es decir, que no tengan acceso a crédito por sobreendeudamiento, falta de garantía suficiente, tasa de interés alta, actividad nueva o poco tiempo de negocio, o por desconocimiento.

Mientras, el Programa de Garantía para la Micro y Pequeña Empresa (Programype) otorga garantías crediticias a empresarios que no tengan; actualmente, se tramita en el Banco Hipotecario.

Durante el año 2025, Conamype ha proveído un total de 9,049 servicios de formalización a las mypes; las cifra es un poco menor a las 9,382 formalizadas en 2024 y a las 13,763 formalizadas en 2023, según las cifras compartidas por el presidente de Conamype, Paul Steiner, en la Comisión de Tecnología de la Asamblea Legislativa.

La institución sostienen que las ventas en las mypes se han incrementado en $36.5 millones y las exportaciones en $5.9 millones en 2025.

Actualmente están registradas en Conamype un total de 16,916 pequeñas empresas, 289,508 microempresas con 4 a 10 trabajadores y 839,892 microempresas con menos de 4 trabajadores. El 68 % de mypes son lideradas por mujeres.