Categoría: Politica

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, respondió negativamente a la pregunta de un periodista que le cuestionó si habían recibido una propuesta de reforma de pensiones, según un video publicado por la radio YSUCA en X.

“No”, contestó a la pregunta sobre si ingresó la propuesta.

#Pensiones| Al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se le consultó si ya ingresó la propuesta de reforma de pensiones. Su respuesta fue: “No”. pic.twitter.com/Gq06ipoCKE

— Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) February 11, 2026

Uno de los compromisos que el gobierno asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAM) fue la publicación de una propuesta de reforma de pensiones a más tardar el 10 de febrero de 2026 y su aplicación en el año 2026.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, insistió hoy su propuesta de Ley de protección de ahorros para pensiones, un proyecto que prohibiría al Estado que pueda tomar más del 25 % de los fondos y que se restablezca el derecho de los trabajadores cotizantes de retirar el 25 % de sus ahorros.

“Es muy delicado, nos deja en la posición de un Estado que se ha comprometido con el FMI y que no honra los acuerdos. Si no honra el calendario establecido, puede afectar la capacidad de que en el futuro podamos tener acceso a otros financiamientos”, opinó Ortiz.

“Si no se cumplen las condiciones, se hacen bien y se hacen a tiempo, puede causar que, primero, se cancele el acuerdo, eso sería gravísimo para el país, nos cerraría la credibilidad, nos cerraría las puertas a otros mercados y no habría fuentes de financiamiento”, indicó.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, exhortó a no aprobar la reforma de pensiones con dispensa de trámites. “Es la seriedad con la cual se le va a dar estudio al tema, ojalá cuando ingrese se haga una comisión especial y que se reciban personas que conozcan”, indicó la legisladora.

La diputada Claudia Ortiz (Vamos) advierte que si el Estado no honra sus compromisos con el FMI para una reforma de pensiones “puede afectar la capacidad de que en el futuro podamos tener acceso a otros financiamientos”.
Video: Cortesía. pic.twitter.com/PTfhlW308G

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) February 11, 2026

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa creó por ley un instituto de educación superior en la Fiscalía General de la República con una modificación para que pueda certificar a funcionarios de institución fiscal y a “otros profesionales con grado académico”.

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, pidió modificar el literal “e” del artículo 3, que regula las atribuciones del Instituto, para agregar que el Instituto certificaría a “otros profesionales” pero que tengan “grado académico”.

El artículo quedó así: “Para el cumplimiento de su objetivo general, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones específicas: e) Certificar y acreditar las competencias profesionales de los funcionarios de la FGR y de otros profesionales con grado académico que participen en sus programas educativos, de conformidad con estándares de calidad y excelencia académica reconocidos nacional e internacionalmente”.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió a Navarro que explicara qué implica agregar la frase “con grado académico” al literal que fue modificado. Navarro no respondió.

Según la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, delegaciones extranjeras podrán ser capacitados en El Salvador “y de esa manera poderles extender títulos que a la hora de estar adscritos al Ministerio de Educación… ya no va a ser necesario seguir ningún tipo de trámite porque desde el momento que se gradúen ellos ya estarían recibiendo su título como sucede en cualquier otra universidad”.

“Lo que nosotros pretendemos es poder abrir una oferta académica al mundo”, indicó.

La legisladora, sin embargo, señaló que “en este momento únicamente será abierto para las personas que laboren en la FGR”.

La ley se compone de siete artículos. El artículo 3 literal a establece que el Instituto podrá diseñar e impartir “diplomados, maestrías, doctorados”.

El artículo 6 indica que el fiscal general de la República emitirá en 30 días el reglamento para establecer “los planes de estudio, los requisitos de ingreso y graduación, el régimen de personal docente administrativo”.

El martes, la FGR informó que ya dispone de ocho salones de capacitación, un salón de informática, un salón de simulación de audiencias y un área para ingerir alimentos, dentro del edificio institucional recientemente construido con $44 millones provenientes de dos préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); y para el funcionamiento del Instituto ha firmado convenios con el gobierno de China Popular y el Ministerio Público de Río de Janeiro de Brasil, entre otros.

En El Salvador, la Ley de Educación Superior establece que las instituciones de educación superior son creadas “por decreto legislativo o decreto ejecutivo en el Ramo de Educación”. Las privadas deben presentar una solicitud al Ministerio de Educación presentando planes y programas de estudio, nómina de autoridades, plan de organización académica y financiera, programas, proyectos de investigación y proyección social que se desarrollarán.

Los diputados alemanes Gökay Akbulut y Max Lucks pidieron un permiso especial para ingresar a la Penitencaría Occidental en donde están personas que son consideradas presos políticos dijo la parlamentaria europea en un canal de televisión.

Ambos legisladores harán reportes sobre su visita a El Salvador como miembros de las comisiones de asuntos exteriores y de derechos humanos del Parlamento alemán.

“No es una visita personal, es una visita política, vamos a hacer reportes del viaje, vamos a documentar todo, soy integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, el señor Lucks está en la comisión de derechos humanos”, detalló Akbulut, del partido Izquierda, en la entrevista Encuentro TV El Salvador, con Julio Villagrán.

“Vamos a enviar solicitudes y presionar al gobierno alemán y también la Unión Europea con nuestro reporte, vamos a tratar de tener conversaciones técnicas con diferentes organizaciones activas en El Salvador y también queremos informar al público alemán sobre la situación en el país”, agregó la diputada.

La diputada también aseveró que hace semanas pidieron un permiso para entrar a la Penitenciaría Occidental de Santa Ana pero no recibieron respuesta. “Hemos pedido hace semanas un permiso de entrar pero infelizmente no hemos recibido un permiso, junto con las familias estuvimos frente a la cárcel y organizamos una protesta y entregamos las bolsas de comida”, expresó.

En la Penitenciaría Occidental se encontrarían recluidos el abogado Enrique Anaya, crítico del gobierno actual; así como el dirigente de la Alianza El Salvador en Paz, José Santos Melara, el exfuncionario del FMLN Eugenio Chica y activistas.

En esa entrevista, Akbulut opinó que El Salvador vive un régimen autoritario. “No puede ser que por tantos años se mantiene un régimen de excepción y las personas se detienen, que no haya Estado de Derecho y que todos los procesos son arbitrarios. Algunos reciben cartas de liberación pero igual no los liberan”, aseguró, en torno al régimen de excepción que se aplica en el país desde marzo de 2022. Agregó que no puede ser que se lleven presas a las personas “por su trabajo político”.

“La lucha contra la criminalidad hay que hacerla pero si se quiere tener una sociedad sostenible tiene que basarse sobre la verdad”, indicó Lucks, del partido Verde, también entrevistado en el mismo espacio.

La Asamblea Legislativa entregó este mediodía, al inicio de su sesión plenaria, un reconocimiento especial como campeón de fútbol de la primera categoría profesional en el Torneo de Apertura 2025 al Club Deportivo Luis Ángel Firpo.

El pergamino fue recibido por el presidente Luis Ángel Firpo, Rony Hernández, la junta directiva, equipo técnico y jugadores del club.

“Lo recibimos con humildad y orgullo”, dijo Hernández, en la sesión plenaria.

Por el reconocimiento votaron diputados de todos los partidos.

“Yo soy aficionado del Atlético Marte”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. Señaló que la afición siempre es fiel a pesar de que no se dan los resultados.

Pero añadió que el Firpo también tiene su historia. “Aquel Firpo que le ganó a la Juventus, el Firpo que le ganó a Los Pumas, ese equipo que escribió con fuego entre los grandes”, mencionó sobre el equipo que, recordó, nació en 1923. Castro recordó que luego de la décima corona el “Firpo cayó en un bache”.

“El mayor activo que tiene Luis Ángel Firpo son sus aficionados”, afirmó. Pero también les dijo a los jugadores que son ejemplo de muchos niños en el país y los exhortó a sentirse orgullosos de sí mismos.

Castro aseguró que hace poco estuvo en Houston, Texas, en donde muchos salvadoreños se sentían contentos por el campeonato que han ganado.

Al cierre del año 2025, la Asamblea Legislativa devengó un 88.75 % del presupuesto que tenía asignado para ese año, que ascendió a $46.9 millones.

El reporte acumulado definitivo de ejecución presupuestaria de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre, publicado recientemente por el Portal de Transparencia del Órgano Legislativo, detalla que ejecutó $41,713,363.29 de los $46,996,257 programados.

El 95 % de los fondos programados para remuneraciones (salarios, contribuciones, gastos de representación e indemnizaciones) se ejecutaron: tenía presupuestados $36.7 millones y devengó $35.1 millones, quedando un saldo de $1,617,304.50.

Del saldo presupuestario en remuneraciones, quedó $790,774.19 para remuneraciones permanentes, $456,950.46 para remuneraciones eventuales, $90,484.04 para contribuciones patronales a instituciones de seguridad social públicas, $217,471.62 para contribuciones patronales a instituciones de seguridad social privadas. También hubo saldo en indemnizaciones ($29,420.50) y en remuneraciones diversas ($32,203.69). Los $1.3 millones destinados a gastos de representación fueron ejecutados en su totalidad.

La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, se reunió con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en busca de estrechar las relaciones entre ambos países.

Castro aseguró que en el encuentro ambos reafirmaron su compromiso para acercar más la relación “basada en el respeto mutuo y valores compartidos”.

La reunión fue dada a conocer el 10 de febrero a las 6:04 p.m. en un post publicado en X por el diputado de Nuevas Ideas.

La encargada de negocios aseguró, el 12 de enero, que la relación con El Salvador continúa muy estrecha y cercana en seguridad, desarrollo económico, migración y “tantos temas”. “Continuamos con esa relación, va a seguir siendo una relación muy cercana”, indicó.

En su discurso inaugural del concierto 250, por los 250 años de independencia de los Estados Unidos, Fellows aseguró que “Estados Unidos y El Salvador están unidos por una amistad profunda”.

Uno de los acuerdos que lograron este año ambos países, y que aún no ha sid aprobado por la Asamblea Legislativa salvadoreña, fue el que eliminó el 10 % de arancel a productos salvadoreños que son importados a Estados Unidos y que había sido impuesto en abril de 2025, pero que también obliga a El Salvador a facilitar la inversión de Estados Unidos para extraer y exportar “minerales energéticos críticos” y facilitar las inversiones estadounidenses en energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura.

Otro de los acuerdos entre El Salvador y la administración de Donald Trump que marcó el año 2025 fue el que permitió recibir entre marzo y abril a más de 250 personas de origen venezolano consideradas integrantes de la banda Tren de Aragua para ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot); luego de su encarcelamiento fueron entregadas el 18 de julio en un intercambio de presos políticos. Algunos de los venezolanos han declarado a medios como la BBC y The New York Times que fueron torturados.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, informó sobre un encuentro con el representante de ACNUR en El Salvador para fortalecer la atención a personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas y retornadas con necesidad de protección, en el marco del liderazgo regional que ejercerá el país en 2026.

El Salvador tendrá en 2026 la presidencia pro tempore del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), un mecanismo de cooperación regional que busca atender las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en Centroamérica y México.

La viceministra se reunió con Vito Trani, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en El Salvador, con el objetivo de avanzar en acciones concretas que fortalezcan la respuesta institucional del país ante los flujos de movilidad humana, particularmente de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y personas retornadas con necesidades de protección.

Esta instancia busca fortalecer los servicios para población en movilidad, la coordinación interinstitucional y el acompañamiento técnico de ACNUR durante el período en que El Salvador ejercerá la presidencia del MIRPS.

De acuerdo con la funcionaria, el liderazgo del país permitirá impulsar soluciones regionales que se traduzcan en mayores niveles de protección, acceso a medios de vida, procesos de inclusión social y apoyo para una reintegración sostenible de las personas retornadas.

El MIRPS es una iniciativa regional parte del Pacto Mundial sobre los Refugiados que reúne a Estados de Centroamérica y México para coordinar políticas públicas y movilizar cooperación internacional frente al desplazamiento forzado, el asilo y la protección de personas en situación de movilidad.

Los países miembros trabajan en cuatro ejes principales: prevención del desplazamiento forzado, protección y atención a personas refugiadas y solicitantes de asilo, promoción de soluciones duraderas, como la integración local o el retorno seguro, y el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional.

La carta estatutaria del MIRPS establece que la presidencia del organismo es asumida rotativamente según orden alfabético. El período de presidencia de cada país miembro es de un año. La titularidad del organismo es entregada durante la reunión anual de miembros.

Aunque no quedó establecido en el dictamen, el fiscal general Rodolfo Delgado señaló que los fiscales auxiliares que estudien en el próximo Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República, paguen con años de servicio. 

Lo anterior fue respondido ante la pregunta del diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, quien cuestionó a Delgado sobre la posibilidad de que los fiscales que se especialicen en la maestría de Investigación Criminal, renuncien a sus puestos al finalizar sus estudios.

«Lo que se va proponiendo es que el costo de estos estudios superiores, en vista que va a tener una acreditación del Ministerio de Educación y son válidos tanto nacional como internacional, ese costo se traslade y se convierta en tiempo de servicio mínimo que tiene que pasar el profesional que recibió ese título de grado en la institución, por lo menos, que la Fiscalía asegure, mediante el transcurso del tiempo que no está invirtiendo en un empleado que recibe el título de grado y al mes está renunciando a la institución», señaló Delgado.

El diputado de Nuevas Ideas comparó que podría quedar establecido una situación similar a la ocurrida con la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales en El Salvador, que obliga a los médicos que terminan su residencia a trabajar en la Red Nacional de Hospitales al menos cinco años después, como compensación obligatoria. 

El médico residente que pase a la nueva Red Nacional de Hospitales deberá cumplir con el servicio obligatorio bajo régimen laboral de salarios, prestaciones y sanciones de dicha Red de forma exclusiva para la institución.

Estos médicos tampoco podrán «realizar de manera particular el ejercicio de la profesión durante ese periodo».

Ayer, la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia aprobó, con 11 votos, el dictamen para crear el Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República, que pretende especializar a los fiscales en materias como ciencias jurídicas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal y administración de justicia. El dictamen se conocerá en la plenaria de este miércoles.

El portal de transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene desactualizada la publicación de las actas de las reuniones en donde los magistrados toman decisiones del órgano electoral. El acta más reciente que fue publicada data del 27 de diciembre de 2017.

La institución debe colocar en el apartado “Información oficiosa del TSE” la información que por ley tiene la obligación de publicar y que, por el momento, no ha actualizado, como actas del pleno, el proyecto de agenda de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, las resoluciones de las peticiones, denuncias o recursos. Sí ha publicado el calendario electoral de las elecciones 2027.

Así mismo, el TSE no actualiza las estadísticas del registro electoral. El artículo 15 indica que el registro electoral “es permanente y público”, y que los partidos “tendrán derecho de vigilancia sobre la elaboración, organización, publicación y actualización del registro electoral”.

Además de su carácter público y permanente, el artículo 24 obliga al TSE a “llevar una lista de inscripciones y cancelaciones al registro electoral, las cuales hará publicar sin expresión de causa cada tres meses por medios electrónicos” y remitir copia “a los partidos políticos inscritos”.

Diario El Mundo consultó en qué afecta al ciudadano común la falta de actualización de este tipo de información electoral.

“La autoridad electoral toma decisiones sobre varios elementos del proceso electoral, esas decisiones deben ser del conocimiento de la población general y de contendientes del proceso electoral”, indicó la organización Acción Ciudadana, que hace una semana presentó un informe sobre la transparencia en el TSE.

La AC remarcó que es importante publicar dichas actas para conocer qué decisiones está tomando el TSE, por qué razones y cuáles serán las implicaciones de esas decisiones. Puso como ejemplo si el TSE no revela que decidió no contratar una empresa y optó por otra con alguna vinculación política.

Publicar las estadísticas del registro electoral actualizadas, según Acción Ciudadana, permite darle certeza a todos los contendientes sobre el universo de votantes que existe, en cuáles departamentos y municipios residen.

Según Acción Ciudadana, esto permite a todos los contendientes ajustar sus estrategias electorales y les permite a los ciudadanos como detectar irregularidades al confrontarlo posteriormente con el escrutinio. “Certeza electoral. Saber que en mi municipio hay 200,000 personas habilitadas para votar pero que de repente aparezcan 300,000”, ejemplificó.

La organización Acción Ciudadana argumentó que el Tribunal es una institución pública y como tal “se le aplica el criterio general de transparencia” porque realizan una función pública, no privada.

“Se encarga de realizar, organizar, ejecutar uno de los procesos más importantes y delicados de un sistema democrático, dado que la relevancia de las elecciones y que el Tribunal ejecuta una función pública, es obligación poner a disposición toda la información que establece la ley y los casos específicos sobre el proceso electoral”.

Otro especialista consultado, quien pidió su anonimato por razones de seguridad, advirtió que, a menos de un mes de que venza el plazo para que los ciudadanos puedan modificar su domicilio en el registro electoral, no hay forma de saber si estas modificaciones se están aplicando o no. “Cuando venga la consulta, en agosto, ya no habrá forma de corregir cualquier error”, indicó.

Para este especialista, no saber cuántos electores hay en El Salvador es ilegal ya que el registro electoral es la base de una elección y el ciudadano debe conocer el dato.

“Con las actas, nos entera del trabajo del organismo colegiado, esas actas deberían ser públicas, como todo lo que hace el Tribunal”, indicó.

Para el académico e investigador Óscar Picardo, la falta de actualización de las actas y del registro electoral “dice mucho de las perspectivas de los magistrados respecto a los ciudadanos y a la concepción de la democracia”. Según Picardo, esto puede conllevar en “típicas sorpresas de cambios y reformas, secretos, decisiones a espaldas de la gente” en materia electoral.

El presidente de Arena, Carlos García Saade, negó categóricamente el martes que su partido esté dispuesto a eliminar el régimen de excepción o liberar a miembros de pandillas, tal como han sugerido voceros del oficialismo ante un posible crecimiento de la oposición en la Asamblea Legislativa en las elecciones de 2027.

En entrevista con Encuentro TV, García Saade respondió a los señalamientos del presidente del Congreso, Ernesto Castro, quien advirtió que si la oposición logra 16 diputados, podría “desmantelar el régimen” que ha permitido la captura de más de 80,000 personas desde marzo de 2022.

“Nosotros como Arena jamás daremos nuestros votos para liberar pandilleros ni perdonar a quienes cometieron delitos. Sería inaceptable regresar a la pesadilla que vivieron miles de salvadoreños”, expresó García Saade.

El dirigente señaló que el régimen de excepción fue acompañado por Arena en su origen, como ocurrió también durante la pandemia, pero cuestionó el uso prolongado y la falta de resultados judiciales concretos.

“¿Dónde están las condenas? El régimen sirve para ampliar el tiempo de investigación, pero la Fiscalía y el Órgano Judicial deben actuar con eficiencia”, reclamó.

Insistió en que la continuidad del régimen no puede ser usada como chantaje electoral y que el verdadero problema no es la existencia de capturas, sino la falta de condenas firmes que den certeza de justicia.

Campaña oficialista basada en el miedo

El presidente de ARENA adelantó que una de las estrategias del oficialismo para las elecciones de 2027 será crear miedo entre la población asegurando que la oposición “liberará pandilleros”.

“Eso es falso. El Salvador necesita un balance de poder, no para destruir, sino para construir. Necesitamos un diálogo verdadero, no imposiciones desde el poder”, puntualizó.

García Saade reafirmó que su partido no acompañará abusos de poder y que continuará trabajando para fortalecer la democracia, exigir resultados concretos en seguridad y evitar que el régimen se convierta en un mecanismo de represión.

Preocupación por el uso político del régimen

García Saade también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el régimen se esté utilizando como herramienta de persecución política.

“Esperaría que no se use para infundir miedo, ni para capturar opositores o críticos del gobierno. No fue creado para eso. Si se utiliza con otros fines, nos estaríamos acercando a una dictadura como la de Venezuela”, advirtió.

Mencionó casos recientes de figuras políticas, activistas y periodistas que han sido capturados o exiliados por temor a ser procesados bajo este marco legal. Afirmó que, de comprobarse que el régimen se está usando para callar voces disidentes, el país estaría en riesgo de consolidar un régimen autoritario.