La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para ratificar un préstamo de $100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para frenar la deserción escolar de jóvenes en situación de vulnerabilidad en sus estudios de educación media y postsecundaria.
La ratificación sería aprobada en la sesión plenaria del jueves 20 de agosto.
Los recursos financiarán el “Programa de integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador”, que tendría una duración de cinco años e incluirá actividades de refuerzo académico, cursos extracurriculares, orientación vocacional, becas para programas de postsecundaria, transferencias económicas y apoyo financiero a la Dirección de Integración para implementar un sistema de alerta temprana sobre riesgos de deserción estudiantil.
El crédito deberá ser pagado en un plazo de 23 años y contempla un período de gracia de 7.5 años. Además, establece una comisión sobre el saldo no desembolsado de hasta 0.75 % anual, a partir de los dos meses posteriores a la firma del contrato.
Baja continuidad educativa
De acuerdo con el diagnóstico incluido en la propuesta de préstamo del BID, en El Salvador, de cada 100 estudiantes que comienzan la educación primaria, 56 llegan a noveno grado, 43 terminan el bachillerato, 16 ingresan a la universidad y únicamente 14 logran graduarse de educación superior.
El organismo, con base en datos del Ministerio de Educación correspondientes a 2025, señala que el 62 % de los egresados de centros escolares públicos no continúa estudiando. Además, indica que más del 75 % de quienes abandonan sus estudios lo hacen por motivos económicos, ya sea porque necesitan incorporarse al trabajo o porque los costos de estudiar resultan demasiado altos.
El diagnóstico también señala que El Salvador presenta tasas de culminación del bachillerato inferiores al promedio de América Latina y el Caribe. El promedio de escolaridad en el país es de ocho años, frente a nueve años en la región.
A esto se suma la situación educativa de la población retornada desde el extranjero: solamente el 16 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha completado el bachillerato.
Becas y alerta temprana
Según el BID, la Dirección de Integración cuenta con un modelo que proyecta otorgar hasta 20,000 becas anuales mediante convenios con instituciones públicas y privadas.
El nuevo programa priorizaría el acompañamiento para evitar el abandono de los estudios de educación media, además del financiamiento de becas, seguimiento y mecanismos de alerta temprana para identificar riesgos de deserción en el nivel postsecundario.
El BID aprobó el préstamo el pasado 24 de junio y proyecta que, con la ejecución del programa, la tasa de graduación de educación media aumente del 75 % al 78 %. También prevé elevar del 50 % al 54 % la tasa de transición de educación media a educación superior y del 14 % al 16 % la tasa de graduación en educación superior.
El programa tendría como meta beneficiar a 60,000 jóvenes, equivalentes a unos 12,000 beneficiarios anuales durante los cinco años de ejecución. Entre sus componentes contempla transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes. Además, se prevé atender a 1,000 migrantes retornados con potencial de reintegración.
En lo que va del año, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes relacionadas con préstamos, títulos o garantías estatales crediticias por un monto acumulado de $1,556.4 millones.
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