Categoría: Politica

  • Afectados de Cosavi preguntan a SSF quién autorizó venta de deuda municipal con la cooperativa a titularizadora

    Afectados de Cosavi preguntan a SSF quién autorizó venta de deuda municipal con la cooperativa a titularizadora

    El representante de los afectados del fraude millonario de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi), Juan José Ortiz, pidió públicamente el martes a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que les informe quien autorizó la venta por $20.2 millones de activos de Cosavi a la empresa titularizadora Hencorp.

    “Se vendió de Cosavi una cartera de préstamos a una empresa privada que se dedica a la compra-venta de títulos valores, la empresa Hencorp, al día de hoy los afectados no tenemos información oficial por parte de la señora Evelyn de Gracia, no sabemos quién autorizó la venta porque los dueños de la cooperativa seguimos siendo nosotros”, afirmó el afectado.

    Según Ortiz, al 8 de mayo de 2024, Cosavi tenía $230 millones de activos, pero enfatizó que no saben qué cartera se vendió a Hencorp y cuánto era el precio original ya que explicó que Hencorp es una empresa que “no va a comprar una cartera al mismo precio”. Además, se cuestionó sobre si el juez que lleva la causa penal fue quien autorizó la venta de la cartera de deuda. “Tampoco sabemos si ese dinero ha ingresado a las arcas de Cosavi”, cuestionó.

    “No entendemos cómo estando intervenida (la cooperativa), están vendiendo activos de la cooperativa, pero a los afectados no se nos devuelve ni un tan solo centavo”. Juan José Ortiz, representante de los afectados de Cosavi.

    El informe de endeudamiento municipal del Ministerio de Hacienda detalla que los saldos de la deuda municipal al 31 de diciembre ascienden a $756.1 millones y se incluyen $20,259,000 a manos de Hencorp Valores, S.A. como institución acreedora.

    Entre los saldos de endeudamiento municipal y sus acreedores aparece Hencorp con la «compra cartera Cosavi». / Ministerio de Hacienda.

    Con esta venta de cartera de deuda, Cosavi habría obtenido liquidez y las municipalidades ya no le deberían esos fondos a Cosavi sino a Hencorp Valores.

    Los afectados de Cosavi pidieron a la SSF que paguen los certificados de aportación, ya que según el representante la SSF «no ha entregado ni un cinco» a socios que tienen certificados de $5,000 y $10,000. Afirmó que el dinero obtenido por la venta de la cartera de préstamos a los municipios «alcanza para devolverle hasta un monto de $25,000 para abajo todos los certificados de aportación».

    13 socios de Cosavi fallecidos

    El representante de los afectados de Cosavi informó que las dos fundadoras del Colegio Miralvalle que fallecieron el jueves pasado en un accidente de tránsito en la carretera de Santa Ana a San Salvador eran socias de Cosavi, y fueron las víctimas 12 y 13 de los afectados.

    El martes, frente a la sede de la SSF, un grupo de afectados de Cosavi hicieron un minuto de silencio por los 13 socios fallecidos de la cooperativa, desde que se dio a conocer el fraude millonario.

    A la vez Ortiz informó que han encargado un “análisis jurídico para valorar si este mecanismo de secuestro no constituye una herramienta de tortura dado que llevamos 13 fallecidos” y que evalúan enviar una demanda a la Corte Penal Internacional por los fallecidos del caso Cosavi.

  • Por finalizar la ejecución de un préstamo del BCIE aprobado en 2013 para cárceles y brazaletes

    Por finalizar la ejecución de un préstamo del BCIE aprobado en 2013 para cárceles y brazaletes

    La Asamblea Legislativa incorporó al presupuesto 2026 los últimos $1,518,671.87 de un préstamo de $71 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobado el 3 de octubre de 2013 para el «Programa fortalecimiento del sistema penitenciario en El Salvador», lo que marcaría la ejecución total del mismo.

    De los $71 millones del préstamo, el Ministerio de Seguridad y Justicia ejecutó $54.3 millones, con lo cual según el Gobierno cumplió el 100 % de las metas del programa.

    El BCIE autorizó que el resto de fondos, $16.6 millones, fueran asignados al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el cual tiene una ejecución acumulada de $15.1 millones.

    Por ello, el saldo del programa, asciende a $1,518,671.87, monto que se destinaría a obras adicionales en las cocinas industriales de las cárceles, a la compra de 776 brazaletes adicionales para privados de libertad y $78,000 para contratar a un especialista financiero y servicios de auditoría y otros gastos para el cierre del programa.

    El préstamo fue gestionado durante la administración del expresidente Mauricio Funes para la ampliación del centro penal de Izalco, construcción de granjas penitenciarias, compra de brazaletes y construcción de un centro penal en Morazán.

    El plazo de pago del préstamo fue de 15 años, incluidos 30 meses de gracia.

  • Transferirán inmuebles a favor de Fonavipo para legalización de comunidad Barrio La Aduana

    Transferirán inmuebles a favor de Fonavipo para legalización de comunidad Barrio La Aduana

    El Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley para transferir dos inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) para legalizar propiedades a favor de familias de la comunidad Barrio La Aduana.

    Se beneficiaría a las familias que hayan ocupado previamente las porciones de terreno de forma ininterrumpida por lo menos 10 años consecutivos. El Ministerio de Vivienda levantaría el censo de las familias beneficiarias, que no podrán transferir los bienes en los 20 años siguientes después de otorgada la escritura pública.

    Se trata de dos inmuebles habitados de manera irregular o declarado en desuso:

    1. Inmueble urbano ubicado en la avenida Francisco Oseguera, municipio de Puerto El Triunfo, Usulután, de una extensión de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales 7,419.49 son habitados por la comunidad Barrio La Aduana de forma irregular. Fue valorado en $176,600 por Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, el 27 de enero de 2022.

    2. Inmueble de 1,573 metros cuadrados sin antecedente registral, declarado en desuso por acuerdo municipal de Puerto El Triunfo, ahora Usulután Oeste, el 22 de febrero de 2023. Fue valorado en $29,900, el 27 de enero de 2022.

    Según la petición, el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2023 que el Ministerio de Hacienda transfiriera los inmuebles a Fonavipo para que «sean transferidos a título gratuito a favor de las familias de la comunidad Barrio Aduana», decisión ratificada el 27 de mayo de 2025.

     

  • Ratifican préstamo de $501.2 millones del BIRF que será desembolsado por indicadores educativos y podrá usarse para obligaciones

    Ratifican préstamo de $501.2 millones del BIRF que será desembolsado por indicadores educativos y podrá usarse para obligaciones

    La Asamblea Legislativa ratificó este martes el contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $501.2 millones que será entregado según indicadores educativos pero que podrá utilizarse en transferencias y obligaciones generales del Estado.

    El préstamo fue aprobado con 56 votos de Nuevas ideas y sus aliados. La diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra.

    El destino del financiamiento se define para «financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital» pero el decreto de autorización del crédito, aprobado el 9 de abril pasado, establece que los fondos pueden ser utilizados para apoyar «acciones estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias».

    Sin embargo, el Gobierno deberá cumplir ciertos indicadores educativos para ir accediendo a los $501,253,133,000 a lo largo de cinco años que dura la ejecución del programa del préstamo.

    ¿Qué indicadores educativos deberá el Gobierno cumplir para el desembolso del préstamo?

    1. Plataforma digital de aprendizaje en al menos al 70 % de estudiantes desde el 2º grado al 2º año de bachillerato.
    2. Aumento del 10 % en el porcentaje de alumnos de tercer grado con competencia de matemáticas, y del 15 % en sexto grado.
    3. Aumento del 10 % en el porcentaje de alumnos de tercer grado con competencia de aprendizaje de lectura y del 15 % de aumento en sexto grado.
    4. El Gobierno deberá implementar “un sistema de evaluación del aprendizaje” al menos “dos veces durante la implementación del programa en dos años escolares diferentes”.
    5. La plataforma de datos educativos deberá funcionar en al menos el 80 % de escuelas bajo el programa.
    6. Tecnología en el aula en 60 % de las aulas de 2º grado a 2º año de bachillerato.

    El préstamo deberá ser pagado en un plazo de 25 años con 5 años de gracia, en cuotas semestrales, con tasa de referencia más un margen variable, efectuándose una fijación automática de la tasa de referencia si los desembolsos sean iguales o excedan los $50,125,313, y se deberá pagar una comisión inicial del 0.25 % y una comisión de compromiso del 0.25 % anual sobre saldo no desembolsado.

  • Presupuestan $9.5 millones de préstamo a Secretaría de Innovación para conectividad social

    Presupuestan $9.5 millones de préstamo a Secretaría de Innovación para conectividad social

    Con votos de Nuevas Ideas, sus aliados y de Vamos, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto 2026 del Estado para incorporar $9.5 millones de préstamos externos y donaciones a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República.

    Los fondos serán destinados para reforzar el proyecto de inversión 7458 para «financiar el pago de servicios de conectividad a la red de acceso, equipamiento informático para escuelas y unidades de salud, formación en línea dirigida a funcionarios públicos y población beneficiada como estudiantes, docentes, personal médico y de salud».

    Los fondos también serán utilizados para auditoría y evaluación del proyecto.

    El dinero será incorporado en el rubro de ingresos: $2.1 millones de una donación del Banco Interamericano de Desarrollo para el programa, $4.3 millones del préstamo del BID para el programa de conectividad digital social, $3 millones del préstamo 5341/KI-ES suscrito con el BID como administrador de recursos de la facilidad de Corea de cofinanciamiento para el desarrollo de infraestructura para América Latina y el Caribe.

     

  • Asamblea ratifica préstamo de $75 millones para ampliar cobertura de DoctorSV de 18,000 a 30,000 llamadas diarias

    Asamblea ratifica préstamo de $75 millones para ampliar cobertura de DoctorSV de 18,000 a 30,000 llamadas diarias

    Con 56 votos y el voto en contra de la diputada Cesia Rivas (Vamos), la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones que se deberá pagar en 18 años para ampliar la cobertura de consultas médicas a través de la plataforma DoctorSV con Google.

    Con los fondos el Gobierno prevé el aumento de 18,000 a 30,000 llamadas diarias con el uso de Inteligencia Artificial (IA) y la instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos, además de prolongar la compra a farmacias y laboratorios.

    Los fondos se destinarían a: mantenimiento de la plataforma, contratación de servicios de farmacias, laboratorios clínicos, análisis médicos, contratación de servicios profesionales de operadores y personal clave, e instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos.

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, que votó en contra, explicó que «si bien viene a descongestionar todo el tema de salud», es «una parte». «La ciudadanía ha estado resintiendo mucho, las condiciones en las que están los hospitales públicos, no hay medicamentos, no hay especialistas». La legisladora también cuestionó que no se ha indemnizado a todo el personal de salud que ha sido despedido.

  • Aprueban $10 millones para edificio del TSE, Vamos dice que no votar sería “despilfarro”

    Aprueban $10 millones para edificio del TSE, Vamos dice que no votar sería “despilfarro”

    La Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria que inyecta $10.1 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el fin de que adquiera definitivamente el inmueble a la sociedad Alpha Inversiones, S.A. de C.V., propietario del inmueble que actualmente es arrendado al órgano electoral y que se ubica en la colonia Escalón, distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro.

    El Ministerio de Hacienda «emitió un valúo» del inmueble por $10,124,100 en enero de 2025 y, en marzo de 2026, verificó que el presupuesto especial extraordinario tenía un saldo de $11,452,851.68.

    A la diputada Cesia Rivas, de Vamos, le llamó la atención que “todavía tenía disponible” dentro del presupuesto del TSE cuando “había muchas quejas” de la falta de pago del TSE para las personas que trabajaron en las mesas electorales.

    “No podemos olvidar que en agosto de 2022 el TSE estaba inaugurando un edificio que le costaba a todos los que pagamos impuestos, $175,000 al mes de alquiler, hacemos números: solo en renta son más de $6 millones. Sin duda que mejor que se adquiere el inmueble es lo ideal”, afirmó.

    La diputada de oposición señaló que se está “haciendo costumbre” de usar deuda sin saber “para dónde se está yendo”. “Y si se están viendo, tenemos que esperar siete años, ejemplo el Hospital Rosales, que ahorita están bonitas las luces, se puede ir a tomar fotos, pero usted no puede ir a pasar consulta ni ser atendido ni recibir medicamentos ni tener su derecho a la salud como se debe”, cuestionó Rivas.

    No votar a favor, “sería un despilfarro”, valoró la diputada de Vamos, que sí votó por la reforma. “Cada vez que usted vea un edificio con el nombre muy bonito, ignoramos cuánto están pagando de alquiler y dos quiénes son los dueños”, cuestionó. Según los registros del CNR el representante legal de la sociedad propietaria del edificio que será del TSE es Gustavo Enrique Javier Simán Daboub.

    Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN) consideró positivo que el TSE “ya no tenga que seguir pagando renta”. “Se está haciendo con impuestos del pueblo, ¿cuántas Fiscalías pasaron en el exedificio que ni siquiera el ascensor servía?”, dijo.

  • Unánime aprobación para 600 metros de bordas en San Miguel: $8.7 millones de préstamo

    Unánime aprobación para 600 metros de bordas en San Miguel: $8.7 millones de préstamo

    Con votos de todos los partidos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma presupuestaria que inyecta $8.7 millones de un préstamo para construir bordas en el río Grande de San Miguel.

    La reforma propuesta por el Gobierno tuvo los votos de los dos votos de Arena y el voto de Vamos, además de Nuevas Ideas y sus partidos aliados; en total 59 votos. Un diputado estaba ausente.

    El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, detalló que este ha sido un problema histórico. “El Ministerio de Obras Públicas ha hecho algunas obras de mitigación. Cuando llegan las lluvias se desborda el río Grande y esto bloquea el paso temporalmente de esa zona, siendo una de las rutas más principales que tenemos en nuestro país, queda incomunicada, no pueden pasar vehículos sedanes, incluso pick ups tienen que dar la vuelta hasta la calle de Placitas”, relató Navarro.

    En el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) se incorpora $8,700,000 que servirían al proyecto de “Rehabilitación de margen y bordas en el río Grande de San Miguel para la recuperación de medios de vida en el cantón La Canoa, distrito de San Miguel”.

    El proyecto consiste en la construcción de 600 metros de bordas de 3.5 a 4 metros de altura con muros gaviones, obras de control de erosión en margen del río aproximada de 600 metros de longitud y plantación de árboles a lo largo de la ruta y en áreas protegidas como medida de compensación ambiental”.

    El proyecto busca “mitigar riesgos de vulnerabilidad que enfrentan principalmente los habitantes del cantón La Canoa, distrito de San Miguel, originados por inundación en los márgenes del río Grande de San Miguel y anegaciones en la zona”.

    Según Hacienda, se realizarán estudios de topografía de construcción, demolición de estructuras de mampostería, obras de terracería, construcción de bordas, muro de gavión y medidas de compensación como siembra de árboles y grama.

    Los fondos provienen del préstamo BIRF 9602-SV suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $150 millones destinado a financiar el “Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”, aprobado el 9 de abril de 2024.

    En abril de 2025, la Asamblea también reformó el presupuesto de 2025 para incorporar $8.7 millones de un préstamo del Banco Mundial para mitigar condiciones de vulnerabilidad de los habitantes del cantón La Canoa, en distrito de San Miguel, por las inundaciones que ocurren en los márgenes y bordas del río Grande de San Miguel, del préstamo «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente en El Salvador» al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

    En esa ocasión, Hacienda detalló que intervendrían bordas de 3.5 a 4 metros de altura con muros de gaviones –muros que se rellenan con grava–, se harían obras de control de erosión en un margen del río de aproximadamente de 600 metros y plantación de árboles a lo largo de la ruta y en áreas protegidas como medida de compensación ambiental.

  • Lira pide crear una comisión para analizar el sistema de pensiones en El Salvador: tres votos

    Lira pide crear una comisión para analizar el sistema de pensiones en El Salvador: tres votos

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pidió este martes la conformación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa que analice el sistema de pensiones en El Salvador.

    La comisión propuesta, según Lira, tendría como objetivos: solicitar información sobre situación actuarial del sistema, evaluar el impacto de las reformas vigentes, identificar riesgos para mejorar las prestaciones, generar propuesta de reformas de reforma “que incrementen la sostenibilidad, cobertura y rentabilidad del ahorro de los trabajadores”.

    “Le solicitaría que someta a votación la iniciativa de creación de una comisión especial para analizar el sistema de pensiones en El Salvador”, pidió al diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

    Castro sometió a votación la solicitud, pero solo logró tres votos, los dos de Arena, incluido el de Marcela Villatoro, y uno de Vamos, de la diputada suplente Cesia Rivas.

    En El Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado una reforma de pensiones para «apuntalar el ajuste fiscal a mediano plazo», como parte del acuerdo de financiamiento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) en el cual el gobierno se había comprometido a publicar una propuesta el 10 de febrero de 2026.

    En El Salvador, hay 223,500 personas jubiladas de los sistemas público y privado según el estudio actuarial emitido en diciembre por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF); mientras el sistema privado tiene 2.1 millones de afiliados activos y 137,000 jubilados, el sistema público solo tiene 1,400 afiliados activos y 86,500 jubilados, por lo que actualmente para financiar las pensiones del sistema público el Estado coloca Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para pagar sus pensiones, por lo que el estudio ha sugerido buscar otras formas de financiamiento.

    El estudio actuarial concluyó que existe un déficit previsional del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024-2070, que los fondos de la CGS se agotarán en 2029 y que las cuentas individuales de la mayoría de los jubilados en 2024 se agotarán en los próximos dos años. El informe únicamente habla de crecimiento de las cuentas individuales en general de 2024 a 2070.

  • Arena pide recomendable para el reinstalo de directora de Complejo Alejandro Humbolt

    Arena pide recomendable para el reinstalo de directora de Complejo Alejandro Humbolt

    La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este martes un dictamen recomendable para sugerir al Ministerio de Educación que reinstale a la directora del Complejo Educativo Alejandro Humbolt de Ahuachapán, Sotera del Socorro Hernández de Zepeda, quien había sido nombrada recientemente como subdirectora.

    La diputada aseguró que ella “había sido la directora de la escuela por más de 20 años” y afirmó que fue “despedida sin justificación”.

    “Muchos de los niños han crecido con ella toda su vida, ha sido de esas docentes que no solo han instruido a sus hijos, sino también a los padres de estos niños. Muchos de los niños se sienten con problemas de depresión o ansiedad”, señaló al inicio de la sesión plenaria de este martes.

    La diputada detalló que la maestra fue directora y había sido degradada a subdirectora.

    Según la legisladora, ella recibió a un grupo de padres de familia que también han acudido a la Departamental del Ministerio de Educación y “no los han escuchado”.

    Ella solicitó el ingreso de la pieza de correspondencia para su estudio, pero únicamente tuvo tres votos a favor, el de ella, el del diputado Francisco Lira y el de la diputada de Vamos, Cesia Rivas.

    Junto a su solicitud presentó una carta que dijo tenía más de 500 firmas que pedían el reinstalo. “Los escuchamos, los recibimos, hablamos con ellos, dijimos que los íbamos a acompañar en esto”, indicó.

    El pasado 14 de abril, un conjunto de padres de familia marcharon del centro escolar hacia la Dirección Departamental de Educación en Ahuachapán con apoyo de la Asociación Nacional de Educadores Bases Magisteriales Salvadoreñas, que argumentó que la estabilidad laboral de los maestros es protegida por el artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente.