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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes que siguen teniendo «serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción» en El Salvador y reiteró su llamado al Estado a poner fin a la medida.

La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que aún mantienen un monitoreo para evaluar los efectos del régimen, reiterando que hay «denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas», «de actos de tortura, muertes bajo custodia y condiciones inhumanas de detención, afectaciones a las garantías judiciales, la protección judicial y el debido proceso». Según la Comisión, habría al menos 500 muertes bajo custodia estatal.

«El Estado debe evaluar rigurosamente si la decisión de mantener esta medida excepcional resulta compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los principios de temporalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, en línea con lo señalado en su reciente Resolución 1/2026 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas», publicó este martes en un comunicado.

La CIDH enfatizó que el Estado «debe asegurar, en todo momento y conforme al debido proceso, las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal» pero que también debe «investigar, juzgar y sancionar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos».

También consideró que la imposición de la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo, junto con un paquete de reformas en materia penal, procesal penal y de justicia juvenil para su implementación «podría comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad» y le advirtió que la prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes «es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena».

Sin embargo, valoró la disposición de El Salvador de mantener «un diálogo franco y constructivo» al referirse a su participación en las audiencias públicas de su 195 periodo de sesiones, en la cual organizaciones manifestaron su preocupación por persecución contra personas defensoras de derechos humanos y voces críticas, así como mencionaron la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno ha rechazado las críticas u observaciones de las organizaciones, así como cualquier política sobre violaciones a derechos humanos, maltrato estatal o persecución de voces críticas; y ha acusado a las organizaciones de solicitar liberar a los pandilleros, basándose en que estas aseguran que las capturas reportadas oficialmente bajo régimen de excepción son arbitrarias.

Diputados de Nuevas Ideas remarcaron ayer que no privatizarán los servicios de salud, educación o agua, al referirse a la próxima aprobación de la nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP), que ayer fue explicada por el Ministerio de Economía en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

Ante una pregunta de la diputada Cesia Rivas, del partido de oposición Vamos, que cuestionó por qué razón se han excluido los sectores de salud, educación y agua como posibles APP, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, insistió en que dichos servicios no serán privatizados.

“No vamos a privatizar ningún servicio público”, dijo Soriano, quien también prometió que los “proyectos que se buscan llevar a cabo a través de las APP van a ser de beneficio” para la población.

Sin embargo, el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, sin aseverar que se aplicarán las APP para dar servicios de salud, educación o agua, aseveró que “hay diferencias entre una privatización y las alianzas público-privadas, que son las APP”.

“Las APP es un acuerdo de colaboración entre el Estado y una empresa privada, para financiar, construir u operar un servicio público. Si hemos visto que existe una herramienta como las APP, que trata de eficientizar los proyectos, por supuesto que esa es una herramienta que buscamos que tenga todo el control por parte del Estado”, agregó.

La directora de inversiones del Ministerio de Economía, Clarissa Valdebrán, reiteró que la ley busca mejorar los servicios públicos y cerrar la brecha de infraestructura en el país.

“Este tipo de contratos nos daría un salto de calidad en el tema de infraestructura pero también para que el Gobierno brinde servicios de mejor calidad, reduce riesgos para el Gobierno, el Gobierno se puede apoyar de inversión privada”, afirmó Valdebrán. Detalló que la Dirección de Alianzas Público Privadas (DAPP), unidad del Ministerio de Hacienda, tendrá la obligación de identificar las áreas prioritarias en las que necesitarán apoyarse de esta herramienta APP.

La discusión: ¿APP en salud, educación o agua?

La diputada Cesia Rivas (Vamos) mencionó que la ley actual tiene 107 artículos y la propuesta posee 88 artículos. “¿A qué se debe la supresión de la exclusión de los servicios de salud, educación y recursos hídricos de la ley? Y si esa supresión se debe a que el Gobierno está considerando hacer APP en el área de los recursos hídricos, en el tema de salud y educación”, preguntó a la representante del Ministerio de Economía.

El diputado William Soriano (NI) tomó la palabra para responder a la diputada: “Diputada, como usted no vino en la comisión anterior y su propietaria anda paseando en Barcelona, tomándose la foto, no tuvo oportunidad de leer la ley, ya se le explicó una vez a su propietaria que en ese sentido ya existe regulación que impide la privatización de estos servicios y no es técnicamente necesario que se incluya. Si ya contamos con eso en la Constitución no entendemos por qué insiste. Lea la Constitución”, le dijo.

Luego reiteró que no privatizarán servicios públicos. “Nosotros hemos sido muy enfáticos en decir: no vamos a privatizar ningún servicio público. Pero usted viene acá porque no estuvo en la comisión anterior y su propietaria anda paseando en Barcelona a hablar del mismo tema que ya discutimos una vez”, agregó.

El diputado no detalló si aplicarán las APP para prestar servicios de salud, educación o recursos hídricos. La semana pasada, la diputada Dania González (NI) afirmó que la participación privada no sustituye la obligación del Estado de dar el servicio público y el diputado William Soriano expresó: «Tal cual como lo repetimos nosotros: se excluyen todos esos servicios y es importante dejarlo claro».

En la Comisión, Rivas le pidió al diputado Soriano actuar con decoro. “La pregunta se las hice a los invitados y son ellos los que deben responder, porque son ellos los que han presentado esto. Si van a repetir lo que usted dijo, si me van a mandar a leer la Constitución, yo creo que leerla pueden todos los salvadoreños, pero cumplirla no y ustedes lo han demostrado muy bien”, expresó la diputada de oposición.

El diputado Soriano le preguntó a la representante del Minec si la nueva ley busca la privatización algún servicio de la población, a lo que Valdebrán le respondió que la ley reúne todos los requisitos de estudio y consulta para los contratos de APP con el fin de “poder brindar mejores servicios a la población y cerrar la brecha que tenemos aún en el tema de infraestructura”.

“Estamos claros que no se busca privatizar ningún servicio a la población”, replicó Soriano.

“Así como estamos claros que la pregunta va dirigida a los asocios público-privados. Usted habló de privatización, aquí estamos hablando de asocios público-privados”, insistió la diputada Rivas.

 

«Nunca se habla de una privatización como tal»

Posteriormente intervino el diputado Edgardo Mulato (NI) quien se dedicó a argumentar que una APP no es privatización.

“Para que podamos dejar muy en claro que este acuerdo de colaboración entre el Estado y una empresa privada pueda ser financiada por un servicio público o por una empresa. Nunca se habla de una privatización como tal. Y voy a aclarar que es una privatización, es cuando el Estado vende o transfiere a una empresa de un servicio público al sector privado”, fue la explicación del diputado Mulato.

Mulato detalló que las instituciones públicas le darán seguimiento a “que no haya abusos del uso del dinero de los salvadoreños”.

Rivas concluyó que se realizarán esas APP en salud, educación y recursos hídricos, y le pidió a Soriano leer los artículos 26 y 41 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

«Usted viene a esta comisión a inventarse una serie de cosas… Utilizar este espacio repetidamente para decir mentiras, no lo vamos a permitir», le respondió Soriano, quien pidió a la diputada hacer preguntas «de carácter técnico» y la señaló de hacer preguntas «que nada tienen que ver» con la discusión.

La Comisión acordó citar al presidente del Invest, Rodrigo Ayala, para que dé su posición sobre el proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas. Vamos entregó un listado de universidades, gremiales y organizaciones a las que pidió invitar. «Si quiere invitamos a Funde, dígalo», le dijo Soriano. «Si gusta da lectura a las organizaciones, ahí están y si usted quiere que invitemos a Alba Petróleos, que ya no existe, usted puede hablar de eso, disculpe», le respondió Rivas. La diputada Elisa Rosales le pidió respeto a Rivas.

La diputada Cesia Rivas, del partido de oposición Vamos, rechazó ayer las supresiones de servicios públicos y de requisitos para los privados que haría la nueva Ley de Alianzas Público Privadas bajo estudio en la Asamblea Legislativa y que sustituiría la actual Ley de asocios público privados.

“Están haciendo leyes adecuándolas para los privados, pero no para la gente, lo cual debemos de prestar atención”, reclamó en un video divulgado en X.

La legisladora reclamó y enumeró cinco supresiones de disposiciones existentes en la ley actual.

“La ley que está ahorita excluía de todo asocio público-privado al agua, a la educación y a la salud pero la nueva ley no lo hace. También, incluía al fiscal general de República. Tenía un mínimo de inversión de 42,000 salarios mínimos para que haya un APP. También hablaba de un porcentaje del PIB que debía estar ahí y que debía garantizar. Todo eso se ha quitado. Se han quitado los controles. Se han quitado los informes que se deben presentar a la Asamblea Legislativa”, resumió en un video.

Su primer reclamo es la supresión de la prohibición actual para hacer APP con el fin de prestar servicios públicos de agua, salud y educación. En el proyecto, esta exclusión se elimina.

Luego, Rivas se refiere a que el artículo 4 de la ley actual indica que “el fiscal general de la República representará al Estado en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los bienes muebles sujetos a licitación” y que velará porque “en las concesiones” otorgadas por el Estado “se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades” según la Constitución. En la propuesta, el papel del fiscal desaparece del texto.

La diputada también hace referencia al «monto de inversión y gasto actualizado de operación y mantenimiento de los proyectos a APP» que, según la ley actual, deben “superar el equivalente a 45,000 el salario mínimo vigente del sector comercio y servicios”, es decir, una APP debe tener una inversión mínima de $18.3 millones según la normativa actual.

Así mismo, otra de las observaciones de Vamos se refiere a que el artículo 20 de la ley actual establece que el monto acumulado de los pagos firmes del Estado a favor del privado “no podrá exceder el 3 % del Producto Interno Bruto del año inmediato anterior”. Esa cantidad rondaría los $1,101.2 millones si se basa en el PIB de $36,708.1 millones, al cierre de 2025.

La diputada además reclamó por la eliminación de la obligación que tenía el Consejo Directivo de Proesa –hoy Invest– de “informar anualmente a la Asamblea Legislativa sobre su gestión administrativa, financiera y técnica y así como los mecanismos y acciones de transparencia implementados en los contratos de APP suscritos”, regulado en el literal “f” del artículo 14. La propuesta le quita las competencias a Proesa y estas son asumidas por una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), que estará adscrita al Ministerio de Hacienda.

La Comisión finalmente votó a favor de citar al presidente del Invest, antes Proesa, Rodrigo Ayala, para que dé su opinión sobre la propuesta de nueva ley. Vamos pidió citar, además, a universidades, organizaciones y sindicatos.

En la Comisión, diputados de Nuevas Ideas rechazaron que busquen “privatizar” los sectores de salud, educación y agua, aunque no detallaron si harán asocios público privados para dar servicios de salud, educación y agua.

Sin el voto de Vamos, los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa acordaron el lunes citar al presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), Rodrigo Ayala, para que se pronuncie sobre el proyecto de nueva Ley de Alianzas Público Privadas.

«Tenemos pensado invitar al presidente de Invest al joven diputado Rodrigo Ayala y presidente de Invest, para que pueda comparecer ante la comisión y poder ser parte de la discusión que estamos teniendo como diputados», propuso el diputado William Soriano. «Los que estén de acuerdo con esto, favor, votar. Se aprueba por mayoría de los presentes», dijo.

La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, pidió la palabra.

La legisladora de Vamos recordó, al final de la comisión, que había entregado el listado de las propuestas de invitados de Vamos para que también se pronuncien sobre la propuesta de ley enviada por el Ministerio de Economía.

El listado incluye a 14 entidades: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad de El Salvador, Universidad Don Bosco, Universidad Dr. José Matías Delgado; a las organizaciones Acción Ciudadana, Foro del Agua, Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), Alianza contra la Privatización del Agua; a las gremiales Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), Cámara de Comercio de El Salvador (Camarasal), Colegio Médico; y al Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) y al Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco).

«Por el cargo que usted tiene, ojalá pueda actuar con decoro, con responsabilidad y ser hombre», dijo Rivas. «Si quiere que invitemos a Funde, dígalo, verdad», le respondió Soriano. «Diputado presidente, si gusta, da lectura a las organizaciones, ahí están, y si usted quiere que invitemos a Alba Petróleos, también, que ya no existe, usted puede hablar de eso», le respondió.

La diputada Elisa Rosales se dirigió a Rivas: «Por favor guarde respeto. Considero que usted ya se está pasando. Mantengámonos en el orden de la discusión».

El proyecto de Ley de alianzas público privadas fue enviado a la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2026 y recibido este 14 de abril por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Este deroga la «Ley especial de asocios público privados» y elimina la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos. Los diputados de Nuevas Ideas han descartado una privatización y, sin decir expresamente que aplicarán las APP en salud, educación y recursos hídricos, han aclarado que las APP no son una privatización.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Agustín Martínez, envió un mensaje a los jóvenes al final de su discurso en la inauguración del ENADE XXV 2026 “Aplicaciones sectoriales de la Inteligencia Artificial”.

“Estudien el pasado para conocer de dónde venimos y evalúen los hechos que nos trajeron al presente, y que sirva esto para ubicar que el futuro es de ustedes, y no esperar. Se diseña, se construye y ahora se programa”, expresó.

Martínez aseguró que es imperativo que personas y empresas adopten la Inteligencia Artificial en El Salvador y planteó los desafíos en el tema.

“El Salvador debe competir como país incorporando la Inteligencia Artificial en su propuesta de valor, existen esfuerzos públicos y privados en esa dirección, pero aún estamos rezagados en la atracción de inversiones en la región”, indicó el representante de la gremial.

Instó a preguntarse cómo posicionar a El Salvador como un destino atractivo integrando la Inteligencia Artificial en servicios, manufactura y operaciones de back office.

“El impacto ya es evidente en la productividad, empresas que la integran en sus procesos reportan incrementos hasta de un 30 %”, detalló.

El líder gremial destacó los resultados positivos que ha dejado la IA en los procesos empresariales, la eficiencia en tareas comunes, las estrategias, la automatización de procesos, potenciando el talento humano.

“Mientras la IA atiende clientes en tiempo real, analiza datos complejos, las empresas ganan competitividad y capacidad de respuesta”, señaló. “Los avances de IA están transformando el mundo”, insistió.

Martínez advirtió que la IA representa un cambio de paradigma y es un amplificador de las capacidades humanas; sin embargo, adviritó que plantea riesgos importantes en materia de ciberseguridad, protecicón de datos, sesgos algoritmicos y deep fakes.

“La regla es clara, la IA propone pero el criterio humano dispone. La supervisión humana no es opcional, es esencial”, subrayó.

“El Salvador tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional en la aplicación responsable de esta tecnología”. Agustín Martínez, presidente de la ANEP.

Señaló que se debe dejar de ver a la IA como una herramienta aislada y enfatizó en áreas estratégicas, como la importancia del talento humano. “No reemplaza al trabajador sino a liberarlo de tareas repetitivas. En turismo, puede anticipar sus necesidades y posicionar a El Salvador como un destino inteligente. En bioalimentos, fortalece la seguridad alimentaria”, destacó.

Para el presidente de la ANEP remarcó que la IA no es un lujo tecnológico sino “el nuevo estándar de competitividad”, destacando su papel en robótica, startaps y financiamiento.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una reforma a la ley del presupuesto 2026 un total de $1,518,671.87 provenientes del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 2102 del Programa de fortalecimiento del sistema penitenciario de El Salvador para tres proyectos de inversión.

El dictamen favorable 210 fue aprobado de manera unánime.

El préstamo por $71 millones fue aprobado en octubre de 2013.

Hacienda explicó que los fondos serán destinados a obras adicionales en las cocinas carcelarias, brazaletes electrónicos adicionales y contratación de personal de la Unidad Ejecutora que cerrará los proyectos señalados.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) ejecuta actualmente los proyectos 8447 de construcción y equipamiento cocinas industriales en centros penales y el 8860 suministro de dispositivos electrónicos para privados de libertad, para continuar con los procesos de adquisición, así como los cierres del contrato de préstamo.

Un total de $470,000 se destinarán para “obras adicionales, para el reforzamiento de infraestructura metálica del espacio destinado a las cocinas, ajustes de instalaciones eléctricas y extracción de gases de cocina”.

Los restantes $970,671 se destinarán para adquirir un lote de 776 brazaletes electrónicos, en adición a los 10,108 que contemplaba el proyecto.

También, $78,000 para el proyecto 8475 de fortalecimiento institucional, para la Unidad Ejecutora del Proyecto, que permita el cierre de los proyectos señalados.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó este lunes una reforma presupuestaria por $9.5 millones provenientes de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de una donación de la Unión Europea, para reforzar un programa de internet y equipo para escuelas y unidades de salud.

El Ministerio de Hacienda detalló que los fondos financiarán «actividades de cableado en escuelas seleccionadas» y también en unidades de salud.

Fue aprobado como dictamen 209 favorable de la Comisión de Hacienda.

El proyecto se denomina “Programa de conectividad digital social”. El financiamiento total asciende a $93.6 millones que busca expandir la conectividad de internet, impulsar la transformación digital del Estado y competencias digitales principalmente en centros educativos y salud.

El Ministerio de Hacienda, a través de su director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, detalló que $9.5 millones financiarán:

• Pago de servicios de conectividad de internet.
• Actividades de cableado en escuelas seleccionadas y unidades de salud.
• Equipamiento de las escuelas y unidades con computadoras portátiles, tablets, UPS y otros equipos.
• Formación presencial y en línea dirigida a docentes, personal médico, personal de salud, población beneficiaria del programa como estudiantes y pacientes.
• Servicios de auditoría externa y consultoría para evaluación intermedia del programa.

La institución a cargo de la ejecución del proyecto será la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República.

El proyecto de inversión actualmente cuenta con una asignación programada de $32,745,000, de los cuales se han ejecutado $5,722,394.

La inyección de $9,515,800 se debe a la ampliación de actividades para el año 2026, de los cuales $2.12 millones son donaciones y $7.39 millones provienen de préstamos externos.

El dictamen del préstamo del Banco Mundial por $501,253,133,000 aprobado este lunes por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa detalla que este crédito deberá ser pagado a un plazo de 25 años con 5 de gracia mediante cuotas semestrales y en lo posibles iguales.

El préstamo, según el decreto que sería aprobado en sesión plenaria, podrá ser usado en transferencias, obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y acciones estratégicas del Gobierno.

El director de Inversión y Crédito Público de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que el Banco identifica indicadores y metas durante los cinco años del programa y, dependiendo del cumplimiento de indicadores de resultados, se usarán los fondos.

“Todas esas series de resultados son… el sustento del financiamiento que durante el periodo de cinco años permitirán el reconocimiento de las acciones y por tanto el uso de los recursos que el Banco pone a disposición. Todos estos indicadores requieren el uso de diferentes insumos, tecnológicos, materiales, que el mismo Banco va a reconocer dentro del financiamiento en mención”. Marlon Herrera, director de Inversión de Crédito Público, Hacienda.

Herrera aseguró que en los últimos años “los resultados a nivel internacional, en pruebas PISA y otras, tal vez no fueron los mejores para los estudiantes de El Salvador” pero que el Ministerio de Educación ha implementado planes y acciones.

“Viene el Banco Mundial, identifica esas acciones, esos indicadores y establece metas durante los cinco años que va a durar el programa”, explicó.

Los indicadores

El primer indicador de resultados es la implementación de una plataforma digital de aprendizaje. Así, “para que se puedan utilizar los recursos, es necesario que se haya implementado la plataforma de aprendizaje” en al menos al 70 % de estudiantes comprendidos desde el 2º grado al 2º año de bachillerato.

Un segundo indicador es la mejora en el aprendizaje de las matemáticas: el porcentaje de alumnos de tercer grado que han alcanzado la competencia se deberá haber aumentando en 10 % y en sexto grado, en 15 %.

Además, se deberá mejorar el aprendizaje en la lectura, con un aumento de 10 puntos porcentuales en tercer grado y 15 % en sexto grado.

En una segunda área de resultados, el Gobierno deberá implementar “un sistema de evaluación del aprendizaje” al menos “dos veces durante la implementación del programa en dos años escolares diferentes”.

También, un segundo indicador dentro de esta área de resultados es que la plataforma de datos educativos “esté funcionando en al menos en el 80 % de escuelas bajo el programa”.

En una tercera área de resultados, se deberá integrar el uso de la tecnología en el aula, al menos en el 60 % de 2º grado a 2º año de bachillerato.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable para la ratificación de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones que se deberá pagar en 18 años, con cuatro años y medio de periodo de gracia.

El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, informó que el préstamo busca “garantizar la continuidad” y la “sostenibilidad” del programa.

Con el préstamo, prometen aumentar de 18,000 a 30,000 llamadas diarias a DoctorSV, con el uso de Inteligencia Artificial (IA) y la instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos, además de prolongar los contratos para contratar los servicios de farmacias y laboratorios privados.

“DoctorSV es una iniciativa que busca transformar estructuralmente con el acompañamiento de CAF y Google que busca transformar estructuralmente la forma en que se brinda la atención médica a las familias salvadoreñas, esto es mediante el uso de la Inteligencia Artificial a efecto de mejorar la cobertura médica y mejorar el seguimiento de pacientes del país”, dijo Herrera.

¿Para qué se usaría el préstamo según Hacienda?

1. Infraestructura digital y programación: garantizar el mantenimiento adecuado a la plataforma.

2. Farmacias y laboratorios: contratación de servicios de farmacias, laboratorios clínicos, análisis médicos.

3. Personal de salud: contratación de servicios profesionales de operadores y personal clave.

4. Quioscos: instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos.

Este lunes, el secretario general del FMLN, cuestionó que los fondos del crédito se destinará a DoctorSV: “¿Quién va a pagar todo ese préstamo?”, preguntó.

“Piensan con las patas”, reaccionó Soriano, sobre la crítica de Flores. “Pueden pensar lo que ellos quieran, al final ellos tenían el dinero y los votos, y ni pudieron construir el Hospital Rosales. Ahí que siga pensando el FMLN lo que ellos quieran”, dijo.

“Chino, descargá la aplicación. Ya tenemos hasta psicólogos para que puedan atender”, dijo en referencia al secretario general del FMLN.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Rodríguez, conocido como Chino Flores, pidió públicamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que transparenten toda la información de cara a las elecciones generales de 2027.

Flores aseguró que la credibilidad electoral está en juego por la falta de transparencia.

“A nuestro país no hay que andarle reservando nada para que después no haya especulaciones; por eso ocurrió en la campaña pasada fraude, señalamientos, papeletas planchadas, papeletas con plumones, avalado por organismos pícaros como la OEA, observadores pícaros que vinieron a avalar ese tipo de acciones ilegales”, afirmó.

Flores aseguró que todo lo que se está haciendo en el TSE “se le va a venir en contra a ustedes en algún momento”. “La rueda da vueltas, miren Honduras”, sostuvo. “Nosotros vamos a exigir transparencia”, anunció.

El Portal de Transparencia del TSE tiene información desactualizada o no publicada: las más recientes actas publicadas datan del año 2027 y la más reciente resolución del organismo colegiado publicada data del 7 de abril de 2024.

Las estadísticas del Registro Electoral tampoco han sido actualizadas en detalle, excepto las cifras que verbalmente compartió la presidenta del TSE, Roxana Soriano. Las más recientes datan del 10 de noviembre de 2023.

El TSE tampoco ha publicado los resultados de las auditorías realizadas al proceso electoral de 2024.

Según el índice de información reservada del TSE, actualizado al 30 de junio de 2024, están reservados los informes de auditoría y sus respectivos documentos de trabajo por cinco años, documentos de contratos mientras no se haya adjudicado y notificado al ganador, por cinco años; y el programa técnico de transmisión y procesamiento de resultados, por siete años, entre otros.

En noviembre de 2025, la presidenta del TSE dijo que la auditoría de la Corte de Cuentas a los presupuestos electoral es de 2024 estaban en proceso de evaluación.

En julio de 2024, el TSE prometió divulgar las auditorías de las elecciones de 2024 realizadas por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (Tec) y la entonces presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, prometió en ese entonces que las auditorías serían públicas y que pidieron a la empresa CGTS Corp. que “suba a la página del TSE el informe de auditoría al voto nacional y al voto en el exterior. A la fecha, estas auditorías no han sido publicadas.