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El Gobierno Central ejecutó en enero un total de $1,062.1 millones, un 10.1 % del presupuesto general del Estado 2026, de acuerdo al informe de ejecución presupuestaria de gastos publicado por el Ministerio de Hacienda.

Los fondos comprometidos, a enero, ascienden a $3,528.2 millones, un 33.4 % de los $10,557.1 que suma el presupuesto 2026 modificado. A enero, ya se comprometieron $2,812.1 millones de obligaciones, transferencias y deuda, partida que lleva una ejecución del 14.3 %.

Las instituciones que tienen una ejecución arriba del 10 % son la Presidencia, Relaciones Exteriores, Seguridad, Educación, Trabajo la Procuraduría General y el Instituto de Acceso a la Información Pública.

El Órgano Ejecutivo ejecutó $474.7 millones, 7.8 % de la asignación modificada para todo el Estado. De esa cantidad del Ejecutivo, el 35.7 % fue devengado por el Ramo de Educación, $169.6 millones; un 17.4 % por Salud, por $82.7 millones; y un 16.5 % por Seguridad.

Según el informe de Hacienda, en Educación se transfirieron $89.3 millones a instituciones adscritas; $22.2 millones se destinaron a programas de desarrollo y protección social como uniformes, zapatos y útiles, $33.8 millones a programas Mi Nueva Escuela y modernización del sistema educativo, $2.8 millones a competencias tecnológicas.

En Salud, se detallan que la Red de Hospitales Nacionales y otras instituciones adscritas al ramo recibieron $36.3 millones para  «dar cobertura a las atenciones ambulatorias, de emergencia, quirúrgicas, hospitalarias, de primeros auxilios, de rehabilitación integral a la población y para ampliación de los servicios del primer nivel de atención»; y $24.7 millones fueron transferidos para gestión administrativa de Salud y Programa de Atención Integral al Veterano de Guerra.

En Seguridad, se detalla una ejecución de $78.4 millones: $36.7 millones para planes y estrategias del Plan Control Territorial, $38.9 millones para la administración del Sistema Penitenciario, $1.7 millones para instituciones adscritas y $1.1 millones para el control migratorio y programas de prevención, reinserción y apoyo a víctimas de violencia generalizada.

El Ministerio de Obras Públicas devengó $42.4 millones: $1.3 millones para inversión incluida en el proyecto del viaducto en el tramo Los Chorros y la construcción de centros educativos; $40.1 millones fueron transferidos a instituciones adscritas entre ellas el Fondo de Conservación Vial (Fovial) y Fonat; y $1 millón para gestión en materia de transporte.

El Legislativo ejecutó $3.2 millones; y el Judicial $24.3 millones, un poco más del 6 % de la asignación anual.

En su intervención en la conferencia América contra los Cárteles que reunió a 18 países en Florida, organizada por el Comando Sur de los Estados Unidos, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, respaldó la unión contra los cárteles y aseguró que les alegra que “estén reinstaurando la doctrina Monroe”.

«Me gustaría reiterar el apoyo del gobierno de El Salvador en este esfuerzo, nos alegra que estén reinstaurando la doctrina Monroe, creemos que la seguridad de cada uno de los países contribuye a la seguridad de todo nuestro continente y así a la seguridad individual de cada país”, dijo en su intervención.

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador agradeció a El Salvador que se haya unido en el acuerdo contra el narcoterrorismo. «El Hemisferio Occidental está unido contra el narcoterrorismo. Gracias a El Salvador por su apoyo», publicó.

En la conferencia, el funcionario salvadoreño hizo un relato del proceso de seguridad en El Salvador, las incautaciones de drogas a millas de la costa y ofreció ayuda al resto de países para dar “orientación o algún intercambio” de la experiencia de El Salvador.

También, dijo que tienen la voluntad «para ayudar a todos los demás países que quizás necesiten alguna orientación o algún intercambio de nuestras experiencias». «Porque honestamente transformar un país de ser el más peligroso del mundo al más seguro del hemisferio no ha sido lo más fácil”, dijo.

“El Estado no puede ser más débil del crimen y cuando el crimen se apodera de un Estado es porque sus funcionarios no están en capacidad de luchar contra ellos porque son corruptos», aseveró.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa participaron en la conferencia regional “América Contra los Cárteles”, que se desarrolló ayer en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Doral, Florida, Estados Unidos.

William Soriano, diputado por el departamento de La Unión del partido Nuevas Ideas, consideró que fiscalmente no es posible reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica y señaló a la oposición de querer desfinanciar al Gobierno. «Ellos han ideado un plan para desfinanciar al gobierno del presidente», dijo.

En una conversación con el youtuber «A lo guanaco», Soriano también defendió la reducción del impuesto al whisky, la ginebra y otros licores aprobada el 24 de febrero pasado con la reforma a la “Ley reguladora de la producción y comercialización de alcohol y de bebidas alcohólicas”.

“El gobierno del presidente tiene un plan de ampliar industrias en el país con fines de exportación, etcétera, lo cual genera un importante derramamiento económico, pero como El Salvador forma parte de organismos internacionales, que tienen ciertos requerimientos, que sean mutuos, a nivel de tasas, impuestos, pues El Salvador no es ajeno a eso y debe apegarse a lo que están haciendo otros países para poder ser competitivo en estas industrias. Ellos se molestan porque El Salvador se está poniendo al día con lo que están haciendo otros países», argumentó.

Ellos no logran comprender cuál es la visión económica del presidente. Ellos lo hacen ver como que queremos hacer un daño al país, al contrario. Lo que queremos es fortalecer industrias que generan empleo en El Salvador. William Soriano (Nuevas Ideas).

La disminución de las alicuotas del impuesto específico por contenido de alcohol para bebidas destiladas se aprobó para el whisky con grado alcohólico volumétrico superior al 60 % y otros, el ginebra y la partida arancelaria de «licores».

Luego, el legislador, en el programa compartido también en su cuenta de YouTube, señaló a la oposición de querer desfinanciar al Gobierno actual. «Si por ellos fuera, el Estado no debería percibir nada», sostuvo.

«Ellos andan el tema de la canasta básica desde hace un montón de tiempo, ellos son lo más populista porque ya tuvieron 20 años los areneros para bajarle a cero el IVA, es más, ellos le pusieron el IVA a la canasta básica, que no se les olvide a los areneros, hoy quieren salir de campeones proponiendo algo que fiscalmente no es posible», indicó.

«El Salvador, actualmente, los ingresos se componen de diversas fuentes y una de ellas es a través de los impuestos a la canasta básica, para hospitales nuevos, seguridad, educación, tablets, calles, desarrollo. Lo que la oposición quiere es desfinanciar al gobierno del presidente», agregó.

Los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos han presentado iniciativas para eliminar el IVA a los productos de la canasta básica o para reducir el IVA a la mitad.

Soriano aseveró que la oposición «anda nerviosa» porque quieren lograr «mantener los curules que tienen y ver si logran meter otro más». «Difícilmente», dijo.

El director ejecutivo de la asociación Cristosal, Noah Bullock, afirmó que el informe que documentó los casos de 245 personas que consideran perseguidos políticos del gobierno salvadoreño choca con el discurso que «circula a nivel mundial».

“La existencia de presos políticos y el abuso de poder para perseguir las voces críticas en la sociedad salvadoreña choca con las imágenes del discurso que circula a nivel mundial gracias a la inmensa maquinaria propagandística”, expresó.

Recientemente, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió en Europa la aplicación del régimen de excepción argumentando que que la mayor parte de la población está de acuerdo con la medida, que ha permitido la disminución de crímenes y extorsiones que cometían las pandillas en el país.

Bullock aseguró que el informe «El precio de disentir: criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025» se vuelve «una afirmación contundente de que en El Salvador hay persecución política o persecución expresa por motivos políticos».

Mencionó: personas obligadas al exilio, familias fragmentadas y una persecución empírica incluso en las redes sociales y «un impacto silenciador de la persecución».

“Si bien es cierto que la persecución política que ha sufrido la familia de Ruth no ha alcanzado a todas las familias salvadoreñas pero es indiscutible que el impacto silenciador de la persecución política es hoy una realidad para todos los salvadoreños. Nadie duda de que opinar diferente al presidente conlleva un nivel de riesgo. Nadie duda de que el régimen puede detener a quien quiera y que no existe ninguna institución con suficiente independencia y poder para intervenir y proteger defender derechos frente a los abusos del Estado”, manifestó.

Según Bullock, en El Salvador “la gente se limita en conversaciones en la cocina, en los pasillos, a dar like en las redes sociales, a emitir una opinión en los lugares de trabajo” y se da una «aceptación» pero advirtió que esa es una «sensación temporal» hasta que las políticas «atenten contra las libertades de su propia familia» y el ciudadano queda desprotegido. Para el activista social, en el fondo el régimen en El Salvador es «como tantos otros», «lejos de ser un modelo nuevo».

El representante de Cristosal señaló que personalmente consideraba este informe como una deuda.

“Durante mucho tiempo fue incómodo hablar del tema de persecución, quizás porque vimos en principio personas con quienes no estábamos de acuerdo o que no conocemos o que no teníamos confianza, pero en la realidad los derechos humanos no son solo para nuestros amigos. Cuando el gobierno decide violar los derechos de unos, aunque no estamos de acuerdo con ellos, ya decidió violar los derechos de todos”, reflexionó.

El informe de Cristosal presenta por primera vez como «persecución política» un total de 245 en los cuales coloca a 50 opositores del Gobierno, 38 personas críticas, 9 familiares perseguidos y 148 personas con protección internacional especial.

De estos presenta 20 casos incluidos el exalcalde Ernesto Muyshondt, identificado como prisionero político; la exdiputada Lorena Peña y el exconcejal Héctor Silva Hernández, de los partidos Arena, FMLN y Nuestro Tiempo, respectivamente.

En la lista de los casos emblemáticos también incluyen al líder indígena Silverio Morales, el juez Antonio Durán Ramírez, la periodista medioambiental y directora de MalaYerba, Carolina Amaya; el informático Mario Gómez; el exasesor de Seguridad Nacional de la Presidencia, Alejandro Muyshondt; el secretario general del Sindicato de la Alcaldía de Soyapango, Ovidio Hernández; los sindicalistas de la Alcaldía de San Marcos, Francisco Lizama y Jorge Alberto Saravia.

También se incluyen los abogados Berta María Deleón y Enrique Anaya Barraza, los miembros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, Ivania Cruz y Rudy Joya, de Unidehc; los ambientalistas Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez; y el periodista comunitario Víctor Barahona,

Según el informe, ahora la disidencia es convertida en delito. “El marco del informe reconoce que no hay límites para el lado perverso de la imaginación humana, poco sirve intentar enumerar todas las formas conocidas de la persecución”, dijo Bullock.

Los demandantes de la inconstitucionalidad contra la minería metálica en El Salvador presentaron un escrito de «pronto despacho» ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para pedirle que emita resolución a su demanda, presentada hace un año.

El escrito fue presentado por la abogada Roxana Cardona, el representante de Víctimas Demandantes (Vidas), Benjamín Cuéllar, y el vocero de la Mesa Permanente para una Pensión Digna, Patricio Pineda, quienes pidieron declarar inconstitucional la Ley General de la Minería Metálica aprobada el 23 de diciembre de 2024.

«A la fecha han transcurrido un año sin que esta digna Sala se haya pronunciado sobre lo solicitado, excediendo los plazos razonables para una pronta y cumplida justicia», indica el escrito presentado.

Los demandantes argumentan que la falta de respuesta de la Sala de lo Constitucional «genera un perjuicio social a la población», ya que el gobierno de El Salvador se comprometió en el acuerdo comercial con Estados Unidos firmado el 29 de enero a «facilitar la inversión de empresas estadounidenses en la exploración y exportación de minerales críticos y tierras raras en el territorio nacional».

Mencionaron que la Asamblea Legislativa derogó el miércoles el artículo 10 de la Ley de Bancos para «poner en iguales condiciones a los nacionales con la inversión extranjera».

En la demanda, se argumentó la ley vulnera tres artículos de la Constitución: el 133 sobre el proceso de formación de ley, el artículo 1 sobre el derecho a la vida y el artículo 65 relacionado al derecho a la salud.

En noviembre de 2024, el presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso levantar la prohibición a la minería metálica para aprovechar riquezas en oro del territorio salvadoreño.

El Gobierno ha hecho referencia a «los distritos de oro» de El Salvador: El Paisnal, Calera, Cerro Colorado, El Zapote, Potonico, Santa Rita, El Dorado, Potosí, Guapinol, Hormiguero, Montecristo, El Gigante, San Sebastián y Santa Clara, en El Salvador.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves que recibió las certificaciones otorgadas por la certificadora AENOR y la red IGNET por la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) conforme a la Norma Internacional ISO 37001.

La presidenta del TSE, magistrada Roxana Soriano, aseguró que tienen una “política de cero tolerancia al soborno” como “un compromiso transversal que recorre todos los niveles del Tribunal”.

Según la institución, el proceso de certificación incluyó la promoción de una cultura de cero tolerancia al soborno dentro de la institución, el establecimiento de controles rigurosos contra el soborno, la habilitación de canales de denuncia efectivos y confidenciales, la realización de auditorías internas para evaluar el sistema antisobornos y la auditoría externa de verificación del cumplimiento.

La Corte de Cuentas también anunció este jueves la recepción de la Certificación antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016, entregado por la directora del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), Yanira Colindres.

Según la Corte de Cuentas, se logró mediante la “implementación estricta de la política del SGAS y la Política de Gestión de Regalos, Hospitalidades y Donaciones”, la traducción de políticas al inglés, adaptación al sistema Braile y lenguaje de señas y la implementación del sistema.

“Somos una institución que aplica estándares internacionales de integridad”, dijo el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa.

Otra de las instituciones que anunciaron en redes sociales que recibieron la certificación internacional ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno fue el Ministerio de Trabajo.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, participan en la conferencia regional “América Contra los Cárteles”, que se desarrolla en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Doral, Florida, Estados Unidos, informó el Ministerio de Seguridad a través de X.

El encuentro reúne a representantes de 18 países del continente para coordinar acciones contra los cárteles de droga que operan en la región. Durante la conferencia inaugural se anunció el impulso de una ofensiva militar dirigida a combatir a estas estructuras criminales, informó Seguridad.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los gobiernos del hemisferio “unidad en esta lucha”.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, declaró el secretario de Guerra de Estados Unidos.

Según Seguridad, Hegseth sostuvo que la campaña estadounidense para destruir embarcaciones utilizadas por narcotraficantes “ha sido exitosa” y animó a los países participantes de la conferencia regional a “coooperar con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles”.

“Ustedes también pueden y deben pasar a la ofensiva contra los narcoterroristas”, expresó.

El secretario indicó además que la conferencia tiene un carácter operativo y busca “acercar más a los países hacia un objetivo compartido” y combatir a los cárteles que operan en el continente “de manera agresiva”.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseveró este jueves que el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es aplicado a «una minoría» de reos en el país «condenados» por terrorismo y que los reos comunes sí acceden a un «sistema de rehabilitación».

Las declaraciones las dio en torno a una exposición denominada «RehabilitArte» que fue instalada esta semana en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, sobre la cual fue preguntado esta mañana en la entrevista del programa Diálogo 21, de Canal 21.

«Hay una riqueza en la producción, la comunidad internacional que nos acompañó se quedaron sorprendidos de la calidad», comentó sobre la exposición de pinturas elaborada por una cantidad no especificada de reos.

«Allá te siguen sacando las imágenes del CECOT, de los reos sentados, eso es la parte excepcional y está aplicada a las minorías que están condenadas por terrorismo. Cuando hablás del reo común, a la que comete delitos que cometen en cualquier país del mundo, se le aplica este sistema de rehabilitación, tanto para la formación artesanal, tenemos buenos carpinteros, panaderos, sastres», fueron las palabras de Ulloa.

Según Ulloa, el programa RehabilitArte es parte del programa «Cero Ocio».

Detalló que el proyecto partió de un reto que se propusieron en julio de 2022 cuando presentó el segundo informe voluntario de país al Foro de Alto Nivel Político de Naciones Unidas en Nueva York, de Estados Unidos.

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En esa ocasión, relató, la preocupación del secretario general de las Naciones Unidas, recién instaurado el régimen de excepción en El Salvador –a partir del 27 de marzo de 2022– era cuál sería la política de rehabilitación frente a una demanda de población que ha cometido delitos y que, dijo, «también tiene el derecho de rehabilitarse y reinsertarse».

«Desde esa fecha hasta ahora estuvimos viendo el comportamiento, la situación, del sistema penitenciario, lo encontramos en condiciones sumamente precarias, no se podían cortar las comunicaciones, eran los cuarteles desde donde se ordenaban todos los crímenes», indicó.

Señaló que, cuando se construyó el Cecot, en Tecoluca, San Vicente Sur, «se empezó a tergiversar la imagen del país» y que «se pensaba que el CECOT era el modelo donde iban todos los salvadoreños que fueran capturados, hubo que empezar a hacer esa diferenciación».

Se refirió al CECOT como la cárcel destinada a «las personas que están condenadas por actos de terrorismo». «Son los que han pasado todo el proceso hasta llegar el nivel de condena», subrayó.

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Explicó que, para ganarle la guerra a las pandillas, debían «no solo ejercer la fuerza del Estado», sino también una acción «dentro del Estado de Derecho y en estricto respeto a los derechos humanos» así como «actualizar la administración de la justicia» ya que los «jueces estaban cooptados y amenazados por las pandillas».

«De la rehabilitación como una política de Estado, que es lo que estamos viendo, es una obligación que tenemos, una obligación del Estado para aquellas personas… Es que está definido por el mismo proceso, una persona que está condenada a 380 años de cárcel no va a entrar no va a entrar en el programa RehabilitArte, una persona que cometió un delito menor, que ya va a cumplir la pena y va a salir, tiene el derecho de reinsertarse y para eso los programas que tenemos son maravillosos», indicó.

Aseguró que hay personas que piden visitar «la Granja», el lugar en donde se fabrican uniformes, pupitres, «pero no se había descubierto esta parte que es la que estamos poniendo nosotros en el programa RehabilitArte, es la producción intelectual, artística, de una cantidad de privados de libertad que no tenían la forma de expresar esa transformación, esa inspiración y eso es lo que hemos hecho».

En 2021, las cárceles en El Salvador reportaban una ocupación de 115,605 reos, de los cuales 14,793 están en el CECOT y 100,812 en centros penales, según un estudio del Servicio Social Pasionista presentado en 2025, con datos de una resolución de la Unidad de Acceso a Información Pública de Centros Penales 014-2021. Este estudio menciona que solo los centros penales comunes tenían 27,280 cupos y un hacinamiento de 369.5 %.

También, un estudio de la Fundación para Estudios de la Aplicación del Derecho (Fespad), que cerró operaciones en 2025, detalla que, hasta febrero de 2021, en 26 centros penitenciarios se registraba una población de 36,515 reos, y un hacinamiento del 118 %. Este informe señalaba una disminución histórica del hacinamiento pero advertía en ese entonces que permanecían cinco establecimientos penitenciarios con hacinamiento iguales o superiores al 200 %.

Al menos 245 personas, entre ellas abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, experimentaron algún tipo de persecución política en El Salvador durante el período de 2019 a 2025, de acuerdo con un informe presentado este jueves y elaborado por la reconocida organización humanitaria Cristosal.

Del grupo 50 son personas opositoras al Gobierno actual, 38 son personas críticas, 9 son familiares perseguidos y 148 son personas con protección internacional especial. El informe dice que tiene evidencia testimonial y documental.

«El Salvador está experimentando el resurgimiento de un proceso de persecución y criminalización por motivos políticos», apuntó la Organización no Gubernamental (ONG) en el documento, en el que alertó que «este fenómeno, documentado en el presente estudio, representa una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se creía superada esta práctica represiva».

Entre los 245 casos de persecución política documentados en el estudio, hay 40 casos sin procesos judiciales, 25 con acciones judiciales no penales, 174 con acciones penales y 6 casos con ambos tipos de procesos judiciales. Un total de 186 víctimas son hombres y 59 son mujeres según el informe.

Los casos, según el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, «evidencian un claro patrón de persecución política, entre ellos se encuentran personas que el informe identifica como presos políticos en un intento del régimen de Bukele por silenciar voces críticas, infundir miedo en la población e imponer un modelo de poder cada vez más autoritario», expresó.

Según Bullock, los casos documentados en el informe «representan solo una parte del fenómeno» y «el número es seguramente mayor debido al temor a la denuncia y la falta de información pública».

El caso recoge 20 casos con la identificación de la víctima. Uno de ellos es Alejandro Muyshondt, quien fue asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República que denunció corrupción, abuso de poder y presuntos vínculos con el narcotráfico, y

También, destacó que entre las víctimas se encuentra la jefa de la unidad de anticorrupción de la organización, Ruth López, detenida desde mayo de 2025 y actualmente «presa política».

El documento reveló que «entre 2019 y 2025, la persecución política dejó de ser selectiva y evolucionó hacia un modelo estructural, sostenido y judicializado» y que «el punto de quiebre fue 2021, tras la captura de las principales instituciones del sistema de justicia» y, «desde entonces, la criminalización penal se consolidó como política de Estado y el miedo se instaló como norma para quienes trabajan por sus comunidades, familias o derechos».

En 2021, con el partido gobernante Nuevas Ideas (NI) con mayoría en la Asamblea Legislativa, se concentra el 27,7 % de «las personas perseguidas» (68 de 245 casos), «marcando el inicio de la persecución institucionalizada», apuntó.

Según el análisis de Cristosal, la persecución se ejecuta mediante mecanismos que se combinan y refuerzan, como hostigamiento y vigilancia, amenazas, seguimiento, estigmatización y presión directa.

Según la ONG, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas y 86 continúan detenidas y solo siete han sido condenadas, en procesos que «presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela».

De las 245 personas documentadas, el 60,4 % son defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas, y la persecución contra estos sectores fue constante y creciente entre 2019 y 2025, apuntó.

De acuerdo con el informe, a partir del 2022 la cantidad de personas perseguidas se mantuvo en niveles elevados, aunque con variaciones menores, con 36 casos registrados en ese año y en 2023, un ligero aumento a 39 casos en 2024 y 50 en 2025.

Lo anterior, apuntó Cristosal, «indica que, tras el pico de 2021, la persecución se ha institucionalizado y sostenido en el tiempo, con fluctuaciones vinculadas al contexto político y a la estrategia gubernamental».

El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, aseveró el miércoles que hay aproximadamente 4.8 millones de salvadoreños en territorio nacional y 1.13 millones de salvadoreños en el extranjero habilitados para votar.

“Actualmente hay alrededor de 4.8 millones de duis habilitados para poder ejercer el sufragio, eso a nivel nacional, y alrededor de 1.13 de ciudadanos salvadoreños en el exterior con DUI habilitado para poder ejercer el sufragio”, respondió a Diario El Mundo a la pregunta sobre cuál es el dato actualizado de salvadoreños habilitados para votar en El Salvador.

Respecto al Registro Electoral 2024, el dato marcaría un aumento de 388,906 de salvadoreños en el extranjero habilitados para votar; pero tendría una disminución de las personas habilitadas para ejercer el sufragio en territorio nacional, de 673,305.

El Registro Electoral se basa en el Registro Nacional de las Personas Naturales. El dato más actualizado lo publicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en noviembre de 2023 y corresponde al Registro Electoral que se cerró para los comicios generales de 2024.

El registro electoral de 2024 tenía un total de 6,214,399 salvadoreños, de los cuales 741,094 tenían domicilio en el extranjero y 5,473,305 salvadoreños tenían domicilio nacional.

En su Portal de Transparencia, el TSE tiene actualizadas las estadísticas del Registro Electoral hasta el 10 de noviembre de 2023. Sin embargo, el TSE no ha publicado cifras de cancelaciones del Registro Electoral. Solo publicó una cifra de 13,000 cambios relacionados a sentencias y defunciones según la memoria de labores 2024-2025 publicada por el Órgano Electoral.