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El Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa reformar la ley de presupuesto de 2026 para incorporar $226 millones de excedentes tributarios a los ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas.

Según la solicitud firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, se trata de excedentes que han tenido en la recaudación, la mayor parte del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), que grava con un 13 % la transferencia de bienes y servicios.

También, $79.8 millones provienen de excedentes en la recaudación de Impuesto sobre la Renta,  $9.1 de impuesto sobre el comercio exterior, $4.7 millones de impuestos a productos específicos y $14.5 millones de otros impuestos.

El proyecto de decreto presenta un desglose general de los fondos a presupuestarse.

Casi la mitad de los fondos, un total de $95 millones, serán destinados a obras y reparación de red vial, infraestructura social, educativa, deportiva y turística y derechos de vía de años anteriores por la adquisición de inmuebles afectados por proyectos y obras de inversión ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

El segundo monto mayor asciende a $69 millones que servirían para el pago de servicios básicos, el pago a los artesanos y el inicio de la preparación del paquete escolar 2027 en el Ministerio de Educación.

En tercer lugar, con estos fondos tributarios se financiarán $62 millones para la fase II de DoctorSV, un programa de consultas médicas a través de videollamada con dispensación de medicamentos y exámenes en farmacias y laboratorios privados que también está recibiendo fondos de un préstamo de $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Los fondos destinados a Salud pasarán al presupuesto del Hospital Nacional El Salvador que tiene bajo su cargo el programa de DoctorSV.

La iniciativa pasó a la Comisión de Hacienda, que se reunirá el lunes.

Desde el 1 de enero al 22 de julio de 2026, la Asamblea Legislativa ha reformado el presupuesto por $336.7 millones, ya sea incorporación de préstamos o títulos valores, excedentes tributarios o transferencias entre instituciones.

Las modificaciones presupuestarias registradas en el Portal de Transparencia Fiscal, actualizado hasta mayo de 2026, suman $85.8 millones en un presupuesto programado de $10,530 millones, de los cuales hasta ese mes ya estaban comprometidos $6,386 millones.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), informó ayer que inscribió como precandidata a diputada del departamento de San Salvador en las elecciones internas del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que se desarrollarán el domingo 26 de julio.

Villatoro aseguró que todos los precandidatos a diputados del departamento de San Salvador se presentarán a votar juntos en la sede departamental del partido.

«En San Salvador, vamos 12 candidatos a diputados, todos tenemos muy buena relación, estamos acompañando mutuamente el territorio», informó ayer la diputada en declaraciones publicadas por el grupo parlamentario.

Los afiliados del partido de derecha deberán elegir a 11 candidatos a diputados por San Salvador entre los 12 precandidatos inscritos, tras la reducción del número de escaños asignados a este departamento, que pasó de 16 a 11.

Arena tiene actualmente tiene dos escaños legislativos, uno en San Salvador que ocupa Villatoro, y otro de La Libertad, que ocupa el diputado Francisco Lira, quien también anuncio su inscripción en busca de la reelección.

En mayo pasado, Villatoro aseguró que aún no había decidido si buscará la reelección como diputada, pero que no se postularía para la Presidencia de la República; sin embargo, había matizado: «Así como soy yo que de repente un día puedo decir que sí, de repente puedo decir que no».

La diputada ha sido crítica de la reforma al Código Electoral que quitó cinco diputados al departamento de San Salvador y uno a La Libertad, para dárselos a la nueva circunscripción de la diáspora salvadoreña en el exterior. Según ella, la circunscripción de la diáspora debió haber salido de una redistribución proporcional.

Según la legisladora, tuvo como fin evitar que el partido oficial, Nuevas Ideas, perdiera al menos tres escaños en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027, dos en Salvador y uno en La Libertad.

El Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización de un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que suma $100 millones para que jóvenes en situación de vulnerabilidad continúen sus estudios en educación media y postsecundaria.

Los fondos se destinarán al “Programa de integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador” que se ejecutaría en un plazo de cinco años, con actividades de refuerzo académico, cursos extracurriculares y orientación vocacional, así como becas en programas de «postsecundaria», transferencias económicas y apoyo financiero a la Dirección de Integración para un sistema de alerta temprana de riesgos de deserción en estudiantes.

El crédito deberá ser pagado en 23 años, tiene un periodo de gracia de 7.5 años y una comisión sobre saldo no desembolsado no mayor al 0.75 % por año a partir de los dos meses luego de la firma del contrato del crédito.

De acuerdo con el BID, según la propuesta de préstamo, en El Salvador de cada 100 estudiantes que inician primaria, 56 terminan noveno grado, 43 finalizan bachillerato, 16 ingresan a la universidad y solo 14 se gradúan de la universidad. Citando datos del Ministerio de Educación de 2025, el BID afirma que el 62 % de los egresados de centros escolares públicos «no continúa estudiando» y que más del 75 % deja de estudiar por «motivos económicos», ya sea que necesitan trabajar o el estudio les resulta demasiado costoso.

Este diagnóstico contenido en la propuesta de programa indica que El Salvador tiene tasas bajas de culminación del bachillerato respecto a América Latina y el Caribe, con un promedio de escolaridad de 8 años frente a 9 en esa región.

A ello le suma la baja escolaridad de la población retornada desde el extranjero, solo el 16 % de los jóvenes entre 15 y 29 años completaron bachillerato.

Así, el BID explica que la Dirección de Integración tiene un modelo con la «proyección de otorgar hasta 20,000 becas anuales» mediante convenios con instituciones públicas y privadas; y que el programa se enfocará en el «acompañamiento» para evitar el abandono en educación media y financiamiento de becas y seguimiento y alerta temprana de riesgos de deserción en el nivel «postecundario».

Según el BID, que aprobó el préstamo el 24 de junio, con el programa se aumentaría la tasa de graduación en educación media «de 75 % a 78 %», la tasa de transición en educación media a educación superior, del 50 % al 54 %, y la tasa de graduación en educación superior del 14 % al 16 %.

El programa tendría como meta 60,000 jóvenes beneficiarios o 12,000 anuales en cinco años, con transferencias económicas a 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes. beneficiarios del programa serán 1,000 migrantes retornados con potencial de reintegración.

En lo que va del año, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes de préstamos, títulos o garantías estatales crediticias que suman $1,556.4 millones, de los cuales $1,446.7 millones ya recibieron la autorización y la aprobación o ratificación de los contratos. Un préstamo del Fondo de Kuwait por $9.6 millones aún no ha sido ratificado, además del nuevo crédito del BID que inicia su proceso de aval legislativo.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, dijo este miércoles que espera que el Gobierno de Estados Unidos prorrogue el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para unos 170,000 salvadoreños inscritos desde 2001, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

«Ojalá y primeramente Dios, las cosas sean positivas como han sido en años anteriores, que lo van prorrogando este estatus temporal», dijo a periodistas antes de la sesión plenaria del Congreso salvadoreño.

El Gobierno de Donald Trump extendió el año pasado el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha.

«Todos los salvadoreños estamos pendientes de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos sobre este estatus migratorio, donde están muchos», acotó y agregó: «Espero que ellos puedan continuar con esta prórroga».

Indicó que, en caso de no renovarse, El Salvador debe estar preparado como país para recibir de vuelta a sus ciudadanos.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el presidente George W. Bush después que dos terremotos sacudieron ese año a El Salvador.

Uno de los pilares de la economía salvadoreña son las remesas familiares, que recibe principalmente desde Estados Unidos, y que en 2025 totalizaron 9,987.91 millones de dólares, con un incremento del 17.7 % en comparación con 2024.

Sin detalles de reunión Trump-Bukele

Por otra parte, Castro indicó que no conocen detalles de la reunión sostenida el jueves pasado entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La reunión figuraba en la agenda oficial de Trump para las 11.00 hora local (15.00 GMT), pero la Casa Blanca no ofreció información sobre el contenido del encuentro y fuentes del Gobierno salvadoreño se limitaron a señalar a EFE que se trató de «una reunión privada».

«Todavía no sabemos cuáles son los temas que trataron» y «no sé si este tema (TPS) habrá sido tratado, pero el Gobierno (salvadoreño) ha estado haciendo las gestiones para abogar por todos los salvadoreños que están allá con este estatus», sostuvo Castro.

Una orden judicial ha permitido que los permisos de trabajo con vencimiento 9 de marzo de 2025 o entre el 22 de julio y el 8 de septiembre de 2026 puedan seguir vigentes hasta nueva resolución judicial si fueron solicitados antes del 4 de julio de 2025; sin embargo, la vigencia del programa sigue siendo 9 de septiembre de 2026 para El Salvador, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o su Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) no han emitido un nuevo anuncio luego de la prórroga otorgada en enero de 2025.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, es la precandidata única a la reelección en el municipio en el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que realizará las elecciones internas de sus candidatos este domingo 26 de julio.

Navas, en sus redes sociales, reafirmó su participación con un eslogan a favor de su reelección. “La reelección no es opción, es el camino. Elecciones internas. Domingo 26 de julio”, reza el afiche publicado por la alcaldesa arenera.

La alcaldesa cumplirá 39 años en su cargo cuando finalice su actual periodo municipal 2024-2027 y aspira a gobernar el municipio por tres años más, hasta 2030, con lo cual llevaría 42.

“Hoy Dios me regala un año más de vida y este día quiero que todos sepan que para mí seguir aquí no es trabajo, es una pasión; son 38 años cumpliendo mi mandato, hay razón para detenernos ahora”, expresó en redes sociales con un emoticono de lentes oscuros, en su cumpleaños número 74.

Navas hizo 12 periodos como alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y está por completar su primer periodo como alcaldesa de La Libertad Este, que también incluye los distritos, antes municipios, de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva y Huizúcar.

En 2024, le ganó a Michelle Sol, ministra de Vivienda, con el 67.11 % de los votos del municipio, duplicando la cantidad de votos que logró la candidata de Nuevas Ideas.

Arena realizará sus elecciones internas el domingo 12 de julio en sus sedes departamentales a través de voto presencial y electrónico. Todas las precandidaturas a alcaldes que se someterán a votación interna en el partido de derecha son únicas, es decir, los afiliados únicamente ratificarían a los candidatos, excepto en San Salvador Centro, en donde inscribió a los precandidatos Alejandro Nóchez y Ondina Ramos.

Con 59 votos de los diputados presentes, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una prórroga a la validez de las placas de los vehículos automotores de El Salvador, con formato del año 2011, hasta el 31 de agosto de 2027.

Por la prórroga votaron 56 diputados del oficialismo, dos diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la diputada Claudia Ortiz, de Vamos. El diputado Eliú Servando, suplente, de Nuevas Ideas, quien estaba conformando pleno, no votó.

La prórroga se dio a la «Disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos«, con el fin de mitigar el impacto económico de la renovación y otorgar un «tiempo prudencial para la evaluación técnica y financiera del proceso».

En el dictamen se menciona que es necesario realizar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar recursos en la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.

«Coadyuva a la estabilidad financiera nacional al programar de forma eficiente la modernización del parque de placas», indica el dictamen aprobado en el pleno.

En la comisión legislativa de infraestructura, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, Gobierno argumentó que la prórroga se debe a la necesidad de alivio al bolsillo de los salvadoreños y a la ejecución de un estudio necesario para que las placas sean renovadas con los elementos de seguridad y tecnológicos que pueden implementarse en la actualidad ya que no existían los avances tecnológicos en su momento de emisión.

En el pleno, ningún diputado pidió la palabra.

La vigencia del lote de placas de formato 2011, que vencía en 2017, fue prolongada hasta diciembre de 2021 pero fue extendida nuevamente hasta abril de 2024 debido a la crisis económica provocada por la pandemia covid-19.

Sin embargo, el periodo de vigencia de las placas se extendió nuevamente hasta agosto de 2025 para coadyuvar a la economía de los salvadoreños y posteriormente hasta el 31 de agosto de 2026, mediante un decreto legislativo del 19 de agosto de 2025.

La ministra de vivienda de El Salvador, Michelle Sol, exhortó a los sectores privado y financiero, así como a la comunidad internacional y organismos multilaterales, a enfocarse en el financiamiento para la vivienda ante los desafíos habitacionales de la región.

La petición fue realizada en la reunión de alto nivel sobre el examen de mitad de período de la Nueva Agenda Urbana (NAU), celebrada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Según Sol, el reto es “ampliar el acceso a créditos a largo plazo, con tasas de interés accesibles y cuotas acordes con la capacidad de pago de las familias”.

“El principal desafío para construir vivienda ya no es únicamente técnico, es financiero, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales, al sector financiero y al sector privado, para colocar el financiamiento para la vivienda en el centro de la agenda internacional”, exhortó, según un video publicado el 20 de julio por Sol.

La reunión de alto nivel sobre la Nueva Agenda Urbana se desarrolló en la sede de la ONU, en Nueva York, los días 16 y 17 de julio de 2026, para evaluar los avances desde 2016 y definir acciones prioritarias hasta 2036.

En su cuenta de X, reconoció que el “déficit habitacional sigue siendo uno de los mayores desafíos” de la región.

En su intervención, también destacó proyectos respaldados o dirigidos por el gobierno junto al sector privado o con cooperación internacional, y la legalización de propiedades.

En El Salvador, un 57.9 % e la población vive en una vivienda propia, el resto de la población habita una vivienda alquilada, prestada, con pago a plazos u otro tipo de tenencia. Descontando las familias que están pagando a plazos una vivienda, tres de cada diez habita viviendas alquiladas o prestadas, según el más censo de población y vivienda realizado en 2024 por el Banco Central de Reserva.

La embajadora de El Salvador en las Naciones Unidas, Egriselda López, celebró el inicio de la sesión sustantiva del nuevo “Mecanismo mundial sobre seguridad de las tecnologías de la información y comunicación” que será presidido por la diplomática salvadoreña durante el primer bienio.

“En un contexto de crecientes amenazas digitales, el diálogo y la cooperación son más necesarios que nunca”, expresó.

López destacó que la presidencia salvadoreña en este nuevo mecanismo está “llamado a fortalecer la cooperación internacional frente a los desafíos de la ciberseguridad”.

La funcionaria prometió impulsar “un proceso inclusivo, transparente y orientado a resultados” para lograr o contribuir “un ciberespacio más seguro, estable y pacífico para todos”.

La embajadora fue nombrada como presidenta del Mecanismo Mundial de las Naciones Unidas sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) informó el Gobierno el 1 de abril pasado. El Gobierno explicó que el Mecanismo Mundial «es el principal órgano subsidiario de la ONU para avanzar el diálogo, cooperación y conducta de los Estados en el ciberespacio».

El mecanismo fue creado en julio de 2025 para promover el comportamiento estatal responsable en el ciberespacio, prevenir conflictos, proteger derechos humanos y combatir amenazas cibernéticas. Este mecanismo se basó en la propuesta de 2020 de la UE y sus Estados miembros para un Programa de Acción (PA) de las Naciones Unidas en materia de ciberseguridad en busca del comportamiento estatal responsable en el ciberespacio.

Los migrantes amparados bajo el programa Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán mantener la vigencia de sus permisos de trabajo, si los solicitaron antes del 4 de julio de 2025, fecha en que se emitió la Ley «One big beautiful bill» (OBBBA), a la espera de una nueva orden judicial.

En una carta a empleadores de Estados Unidos, este 21 de julio de 2026, la Alianza Nacional por el TPS explicó las consecuencias de la orden judicial que suspendió la terminación retroactiva de los permisos de trabajo de los beneficiarios del TPS.

Si bien el TPS vence el 9 de septiembre de 2026, la vigencia de cada Documento de Autorización de Empleo (EAD) depende de las solicitudes de renovación que realice cada migrante, de las extensiones automáticas y de las fechas de expiración que tenga cada documento.

Según la explicación de la Alianza por el TPS, como consecuencia de la orden judicial, las extensiones automáticas de EAD «no vencen el 22 de julio de 2026» y permanecerán válidas «a la espera de una nueva orden judicial».

Así, seguirá vigente, hasta nueva orden judicial, la extensión automática de 540 días para los permisos de trabajo (EAD) cuya renovación se haya solicitado entre el 17 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2025, siempre que los documentos tengan una fecha de vencimiento del 9 de marzo de 2025 o del 19 de abril de 2025.

Para los permisos de trabajo (EAD) con fecha de vencimiento entre el 22 de julio de 2026 y el 8 de septiembre de 2026, si los salvadoreños beneficiarios del TPS solicitaron la renovación de su permiso antes del 4 de julio de 2025, el documento también permanece válido hasta nueva orden judicial.

Igualmente, también un permiso de trabajo con fecha de expiración entre el 22 de julio de 2026 y el 18 de octubre de 2026 para beneficiarios de TPS en Sudán y Ucrania que lo solicitaron antes del 4 de julio de 2025 mantiene su validez hasta una nueva orden judicial.

El martes, una tribunal federal suspendió administrativamente dos políticas de la USCIS que pretendían limitar retroactivamente a un año los periodos de las autorizaciones de empleo de los beneficiarios de TPS, incluso para los solicitantes antes de la aprobación de la “One big beautiful bill act”.

“Una orden judicial podría darle revés a todo”

El TPS para los salvadoreños vence el próximo 9 de septiembre de 2026, sin embargo, la USCIS del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha informado hasta este martes de ninguna extensión del programa.

El experto migratorio Reynaldo Alvergue, cree que se debe esperar una decisión del Ejecutivo sobre todo después de la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

“No sé por qué no han dado el anuncio oficial todavía, después de haberse reunido con el presidente de El Salvador, hay que seguir esperando, ahorita estamos todos con los dedos cruzados, a ver qué va a pasar”, indicó.

Sin embargo, lo único que podría darle “revés a todo”, advierte, es una orden judicial. “El único que lo puede parar ahorita son los jueces. Ya hemos ganado anteriormente las decisiones cuando lo han querido botar. Una orden judicial podría darle revés a todo”, indicó.