Categoría: Politica

Un informe del Ministerio de Hacienda detalla el destino de las modificaciones presupuestarias, que sumaron $1,561.4 millones en el año 2025, un 16.2 % de incremento respecto al presupuesto original.

De acuerdo con el capítulo II, “Liquidación del último presupuesto aprobado” del Informe de la Gestión Financiera del Estado del ejercicio fiscal 2025, la mayor parte de fondos fue destinada a “obligaciones y transferencias generales del Estado” y al programa de desarrollo del sector aeronáutico.

Los mayores montos se usaron para la devolución de exportadores, con $278.1 millones; a las contribuciones a organismos internacionales, con $281.8 millones y a la devolución de ingresos de años anteriores, por $244.9 millones.

El informe también detalla que las obligaciones generales del Estado ascendieron a $226.3 millones, de los cuales se destinaron $83 millones a organismos internacionales de la cual es miembro El Salvador; y a la compra de participaciones de capital en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Corporación Andina de Fomento (CAF) y Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) fue destinado $157.7 millones para el proyecto de desarrollo aeronáutico.

En menor cantidad también se orientaron $91.8 millones a la inversión en infraestructura dentro del ramo de Obras Públicas y de Transporte, así como $29.4 millones al registro y a la regulación de transporte o subsidio al transporte público de pasajeros.

Así mismo se asignaron $123 millones del aumento al ramo de Educación, $83.1 millones a la educación básica. Se reforzaron $7 millones a la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares.

En menor cantidad fueron asignados $72.8 millones del aumento a instituciones de salud, como el Hospital Nacional El Salvador, con $22.5 millones, la Gestión Técnico Normativa, con $14.7 millones, refuerzo de la resiliencia sanitaria multinivel, por $11 millones, entre otros.

El Seguridad Pública y Justicia, el mayor refuerzo fue dirigido a la Reclusión y Rehabilitación, con $20.4 millones; en Defensa Nacional, el refuerzo se destinó a operaciones del Ejército; y en Gobernación, $5.9 millones a la Dirección de Integración.

Un total de $1,532 millones se modificaron a través de decretos legislativos y $29.4 millones por acuerdos ejecutivos. La mayor parte de las modificaciones fueron fondos de financiamiento o títulos valores incorporados al presupuesto, $225.9 millones de impuestos.

Este lunes, los diputados recibirían a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, o un representante, para que explique el proyecto de normativa.

Según el proyecto de ley, los ingresos derivados del cobro de tarifas a los usuarios deben permitir al participante privado “obtener una rentabilidad adecuada al riesgo que asume y correspondiente a las condiciones del mercado”.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, subrayó la semana pasada que los sectores de salud, educación y agua referidos por la diputada Ortiz se excluyen de la nueva normativa. Por su parte, el diputado Edgardo Mulato aseguró que serán aplicados para servicios públicos y para infraestructura.

Mientras Vamos ha solicitado excluir los sectores de salud, educación y agua, diputados de Nuevas Ideas han aseverado que el Estado siempre tiene la responsabilidad de proveer los servicios de salud y educación, y que esa responsabilidad no se elimina con la participación de la empresa privada.

Mantienen modalidad de APP autosostenibles

La nueva propuesta de ley, en su artículo 8, considera que los contratos APP podrán ser autosostenibles, con ingresos del agente privado provenientes de “tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios durante la vigencia del contrato” y cofinanciados, es decir, que requieren erogaciones estatales.

En la ley actual, también se incluyen las APP autosostenibles de ingresos derivados de tarifas que cubran los costos del proyecto.

La normativa buscaría que el privado obtenga “una rentabilidad adecuada al riesgo que asume y correspondiente a las condiciones del mercado sin demandar recursos o garantías de ningún tipo proveniente del Estado”.

Según el artículo 6 del proyecto, los contratos de APP “deberán establecer en forma clara los riesgos que asumen” tanto las entidades estatales contratantes como el agente privado.

El artículo 5 indica que los contratos APP podrán ser “autosostenibles” y subraya que estos serán los que tengan “ingresos derivados de las tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios” para que cubran los costos del proyecto durante la vigencia del contrato sin demandar recursos al Estado.

Una alianza público privada o APP ser definiría como la vinculación a largo plazo entre el Estado y un agente privado para proveer servicios públicos y que “puede incluir mecanismos de pago sujetos a la disponibilidad y el estándar de calidad”.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se pronunció la noche de este domingo sobre la audiencia que celebró la Comisión de Derechos Humanos Tom Landos, en la cual la asociación Cristosal denunció un deterioro en derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador.

Bukele compartió un video de la pregunta sobre si está de acuerdo en que la MS-13 es una organización terrorista extranjera, donde las respuestas son que no le compete dar respuesta a esa pregunta, o que esa designación no los excluye de la protección de la ley, que es una cuestión de políticas y que los derechos humanos prevalecen, y que mientras no haya guerra todas las personas son consideradas civiles.

«Vean claramente cómo defienden a terroristas. Vean cómo dicen que, aunque hayan cometido crímenes horribles, ellos están ahí para defender sus derechos. No lo digo yo, lo dicen ellos con sus propias palabras en el Congreso estadounidense… No pudieron responder y luego afirmaron que independientemente de los crímenes cometidos ellos estaban ahí para defender los derechos de esas personas”, comentó Bukele en X.

En la audiencia participaron Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal; Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch; Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador y periodista de El Faro e Isabel Carlota Roby, abogada principal para América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy.

Además, Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación sobre Crímenes de Guerra, de la Facultad de Derecho de Washington, Universidad Americana, y Andrés Martínez-Fernández, analista sénior de políticas para América Latina de la Heritage Foundation.

En la audiencia, Bullock afirmó que hay nuevos casos de torturas y muertes bajo custodia estatal, graves condiciones carcelarias, persecución contra opositores y reiteró que la abogada Ruth López se mantiene encarcelada sin juicio e incomunicada.

Bukele también recordó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual un Grupo Internacional de Expertos (GIPES) concluyó la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador y capturas arbitrarias.

«Un grupo de “expertos y expertas”, financiados por Open Society (Soros), acudió a la CIDH y a la ONU a, básicamente, pedir la liberación del 100% de los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción», comentó el gobernante.

Hace unas semanas, un grupo de “expertos y expertas”, financiados por Open Society (Soros), acudió a la CIDH y a la ONU a, básicamente, pedir la liberación del 100% de los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción.

Estos videos fueron vistos por el pueblo… pic.twitter.com/xjfvz0t8n2

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 20, 2026

El secretario general del Partido de Concertación Nacional (PCN), Manuel Rodríguez, se reunió el sábado con los miembros del Comité Electoral Nacional (CEN) y los secretarios departamentales para compartir información sobre la ley electoral y los Estatutos del PCN de cara a sus elecciones internas de candidatos a alcaldes, concejales, diputados y presidente que participarán en los comicios 2027.

«Hemos dado instrucciones, se le ha dado toda la documentación, se le ha explicado cuáles son los formatos que deben ser llenados a efecto de tener unas elecciones internas, primero, ordenadas, segundo, legalizadas», dijo Rodríguez.

El dirigente del partido aliado del partido oficial Nuevas Ideas aseguró que están abiertos a abrir espacios, incluso para la diáspora. «La gente está interesada en el PCN, nos han buscado y han encontrado una organización abierta, dispuesta a abrir espacios. Creemos nosotros que la diáspora se le debe dar los espacios que merece y este partido está abierto para eso», indicó.

«Hemos tratado primero de hacer planillas que sean inclusivas. Recordemos que muchas veces cometemos el error de solo poner allegados… Somos un partido de puertas abiertas. Hemos enfocado nuestro esfuerzo en un primer plano, incorporar mucho la participación femenina y, segundo, incorporar al sector de la diáspora», indicó el secretario general del PCN en Usulután, Gerson Guzmán.

El secretario departamental del PCN en San Salvador, Elizardo Sigarán, confirmó que inscribirán todas las planillas de diputados y alcaldes del departamento de San Salvador. «Vamos a llevar a los mejores elementos, estamos poniendo todas las cartas en el asador», prometió.

Por su parte, el alcalde de Morazán Sur, Cedrick Vásquez, aún no decide si buscar la reelección como alcalde o se postula para diputado por el departamento de Morazán.

El proceso de inscripción de candidatos inició el 27 de marzo de 2026; el periodo de elecciones aún no se define. El último día que tienen los partidos políticos para elegir a sus candidatos es el 29 de julio de 2026. La mayoría de partidos políticos realizará sus internas en julio.

El Salvador aparece con un desempeño de 4.8 de la gobernanza en una escala de 0 al 10 según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que califica a los países de América Latina con base en indicadores del Índice Bertelsmann Stifung (BTI) de 2024.

“No se trata de un mal momento coyuntural sino de un entorno donde se combinan ciclos políticos más cortos, alta rotación en ministerios clave, fragmentación política, polarizacióni creciente y una confianza persistentemente baja en las instituciones”, señala el informe divulgado recientemente por la CEPAL.

El puntaje se realiza con base a calificaciones de la capacidad de conducción estratégica, que tiene un 4.3 para El Salvador; la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con 4.0 para El Salvador; la cooperación internacional, 6.0; y la capacidad de construcción de consensos, que tiene un 4.8.

Gobernanza en El Salvador (4.8) y sus dimensiones

• Capacidad de conducción estratégica: 4.3
• Eficiencia en el uso de los recursos públicos: 4.0
• Cooperación internacional: 6.0
• Capacidad de construcción de consensos: 4.8

La capacidad de conducción estratégica de El Salvador tiene un puntaje de 4.3, frente a un 9.3 de Uruguay y 1.7 de Venezuela. Según la CEPAL, la conducción estratégica se vincula con capacidades políticas y prospectivas.

En general, la polarización ideológica de los sistemas de partidos ha oscilado entre 3.39 en 1990, 3.97 en 2000 y 2.09 en 2010. En la región, la confianza en las instituciones de la democracia aún se mantiene en la iglesia católica y otras instituciones públicas y privadas: el 67 % confía en la iglesia católica, 53 % en la radio y 47 % en la televisión.

El análisis de la CEPAL sostiene que las dificultades que enfrentan los países para impulsar políticas públicas transformadoras responden a un diseño político-institucional o una “trampa de gobernanza poco efectiva”, en referencia a los procesos mediante los cuales el Estado coordina decisiones junto a actores no estatales.

Esa trampa, advierte, ocurre por factores como la creciente dificultad para sostener políticas en el tiempo por la alternancia recurrente entre coaliciones de gobierno y rotación ministerial, la fragmentación política, las capacidades institucionales débiles, la polarización y el desgaste de la legitimidad o de la confianza en las instituciones públicas.

La fragmentación es entendida, no como ausencia de mayorías, sino como la “existencia de mayorías más complejas”. “La negociación no termina con la aprobación sino que continúa durante la ejecución, el financiamiento y la corrección de rumbo”, indica.

El concepto de gobernanza, según el análisis, no se refiere a la gobernabilidad, que es la aptitud de un sistema para operar de manera estable y legítima.

El mapa de Cloudwards da una calificación de 44 a El Salvador en un informe que mide la censura de internet de cierta información o contenido en línea como plataformas de redes sociales, sitios de contenido para adultos, aplicaciones VoIP, aplicaciones VPN y otros.

Cloudwards explica que la censura en línea tiene diversas razones o explicaciones, desde proteger a las personas víctimas de un discurso de odio hasta disminuir la disidencia política.

Esta medición detalla que en El Salvador hay restricción pero no prohibición de sitios de torrenting o contenido protegido de derechos de autor, que hay restricción en redes sociales como contenido de odio o sexista, restricción de contenido disidente, además de señalar la prohibición de contenido para adultos. También señala que no hay restricción de VPN (Virtual Private Network), una conexión segura y privada entre un dispositivo e internet que ayuda a ocultar la ubicación real y cifra los datos.

La libertad de internet en El Salvador según Cloudwards

Torrents:

• Restringido: sí
• Bloqueado, prohibido: no
• Totalmente accesible: no

Acceso de contenido para adultos:

• Restringido: sí
• Prohibido, bloqueado: sí
• Totalmente accesible: no

Redes sociales:

• Restringido: sí
• Prohibido, bloqueado: no
• Totalmente accesible: no

Expresión política y cívica online:

• Restringido: sí
• Prohibido, bloqueado: sí
• Totalmente accesible: no

VPNs:

• Restringido: no
• Prohibido, bloqueado: no
• Totalmente accesible: sí.

El informe define la “censura de internet” como la restricción o la prohibición de contenidos o servicios en línea, de plataformas o aplicaciones como VoIP, que son programas o servicios que permiten hacer llamadas de voz o video con internet. Señala que, en algunos casos, la censura podría implicar, por ejemplo, eliminar publicaciones que difunden odio o desinformación o que muestran cierta inclinación política o religiosa. La censura, según el informe, puede ser aplicada por un gobierno o los proveedores de servicios de internet.

En el ranking, Costa Rica es conocida aparece como «uno de los países latinoamericanos más liberales en lo que respecta al acceso a Internet y los derechos digitales» con una calificación de 92, en la escala del 0 al 100.

Los países con menos restricciones son Finlandia, Islandia, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia y Liechteinstein.

En el piso del ranking está Corea del Norte, con un puntaje de cero, en donde la mayoría de sus ciudadanos «no tienen absolutamente ningún acceso a Internet en general, a excepción de algunos miembros de confianza de la élite”, indica el estudio.

El municipio de San Salvador Este contrató recientemente a la empresa Quinteros Auditores y Consultores para la realización de auditorías externas pendientes de la municipalidad y de sus distritos.

El servicio fue adjudicado por un monto de $50,850. En la adjudicación no se detalla las auditorías a realizarse, pero sí se detalla que la duración prevista del contrato será de tres meses.

La contratación se realizó a través del mecanismo de servicios de consultoría mediante selección al menor costo; el monto planificado asciende a $90,000.

En el proceso de adjudicación participaron también otras empresas como Velásquez Granados, S.A. de C.V., Magaña Consultoría Empresarial, CSSA, entre otros.

La Corte de Cuentas de la República no publica los resultados de las auditorías desde el año 2024.

San Salvador Este comprende los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. La alcaldía también adquirió en diciembre de 2025 una licencia del sistema de información municipal tributario 2026.

Así mismo, ha realizado recientemente compras como materiales educativos y didácticos para la atención a la primera infancia, niñez y adolescencia del distrito de Tonacatepeque; y alimentación para actividades de la Unidad de la Mujer y de la Dirección de Atención a la Persona Migrante, así como compra de material didáctico para actividades de la Gerencia de Desarrollo Local.

El odontólogo Óscar Armando Góchez, de 75 años, quien reside en California, Estados Unidos, desde 1982, aseguró ayer que donará cuatro manzanas de su propiedad, de un total de 33 manzanas, a unas 40 o 50 familias afectadas por supuestas estafas relacionadas a tierras en la Hacienda La Floresta, ubicada en el distrito de San Juan Opico, en La Libertad.

En un acto a realizarse en el Hotel Montreal, ubicado en la colonia Escalón, en San Salvador, este sábado, aseguró que entregará a estas personas un contrato para iniciar un proceso de escrituración como resultado de una donación. “No he aceptado ningún dólar de nadie”, expresó.

Góchez explicó telefónicamente que ha denominado el proyecto como «colonia Santa Sofía» en un plan que asegura es humanitario. “Nosotros decidimos un plan humanitario, no era recuperar nuestra propiedad, sino, vamos a recuperar una parte y vamos a donar la otra”, afirmó.

El caso está relacionado con la captura de 24 personas, entre ellos el activista y denunciante de torturas carcelarias Fidel Zavala, acusadas de vender terrenos de manera ilegal a familias de la comunidad que habitaba la Hacienda La Floresta.

Según Góchez, él y su esposa compraron una propiedad de 43 manzanas que luego de una remedición resultó tener 33 manzanas. Afirmó que su propiedad ha sido objeto de usurpación en dos ocasiones desde el año 2014 y que ya fueron condenadas tres personas a 88 años de prisión. “Les habían ofrecido los terrenos por nada, $100 o $300. Los mandaban a cuidar haciendas que tenían ocupadas, vivían en condiciones inhumanas, no tenían agua potable, electricidad”, dijo. Relató que interpusieron la primera demanda en 2018 pero que en 2023 les prometió ayudarles aunque algunos no aceptaron.

Según Gómez, ellos hicieron un censo de 70 familias que residían en el lugar pero que advirtieron que “al final eran como 50 familias”. “Hay unas que son de las personas que venían trabajando con nosotros… (Otras) personas se fueron o fueron capturadas. Ahí (en el lugar) hay algunas familias todavía, a ellos se les va a donar”, detalló.

“Yo hice el plan humanitario pidiendo colaboración con el Ministerio de Vivienda para incluir a las 70 familias. Voy a incluirlos a todos, segregamos cuatro 4 manzanas. Hemos creado la colonia Santa Sofía, hemos seguido todas las exigencias del Ministerio de Vivienda”. Óscar Armando Góchez, propietario de tierras en La Floresta.

De acuerdo a su versión, el proyecto tendrá 117 parcelas y área para parque. “Falta el balastreado de las calles, ya hicimos el 80 % del cuneteado de aguas lluvias, se ha hecho terracería para nivelar”, señaló.

La Fiscalía General de la República acusa en el caso a Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), quien según la organización internacional Amnistía Internacional fue trasladado al penal de Mariona donde trabajan custodios denunciados por Zavala de torturas. Amnistía emitió en abril de 2025 una “acción urgente” en la cual insta a las autoridades a garantizar la integridad de Zavala.

Sobre el caso, Unidehc El Salvador se pronunció el 26 de febrero de 2025, en X, indicando que los habitantes de La Floresta tenían “más de 15 años de vivir” en el lugar y que no existía “invasión” a la propiedad privada o intento de comercialización. “El derecho que ellos como ciudadanos tienen al ser poseedores de sus inmuebles que está regulado en el artículo 2 de la Constitución y, además de judicializar ese derecho para optar por la prescripción, está regulado en el artículo 2231 del Código Civil”, sostuvo.

Dicho artículo indica que “la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales”.

En un video reciente, Rudy Joya, vocero de Unidehc, aseguró que la Fiscalía no ha realizado una investigación integral. “Está intentando realizar un tema de acoso, estar queriéndose reunir en privado con ellos sin defensa para estar ofreciendo tratos, similar a los que Fiscalía viene haciendo en otros casos políticos”, dijo.

El Ministerio de Turismo contrató en marzo servicios de arrendamientos para eventos y atenciones a inversiones y representantes estratégicos, así como servicios de tour operadores para invitados especiales.

Según el sitio de Compras Públicas de El Salvador (Comprasal), el Ministerio adjudicó la “Contratación de servicios de arrendamientos diversos para organización de eventos nacionales e internacionales y atenciones oficiales a representantes estratégicos y agentes inversionistas” a la empresa Promueve El Salvador por $400,000. El beneficiario final es José Ricardo Cruz Delcid.

El proceso de adjudicación se realizó a través del proceso de licitación competitiva y la duración del contrato es 275 días. En el proceso de de licitación también participaron las empresas Sin Retorno Estudio, Grupo Coya y Grupo Eventum.

Por otra parte, los «Servicios especializados de tour operadores para invitados especiales, stakeholders e inversionistas» fueron contratados por un monto de $125,000 a Línea Ejecutiva El Salvador, la contratación se realizó el 26 de marzo de 2026 bajo el código de proceso 4600-2026-P0029; la beneficiaria final es María Isabel Novoa de Ortiz. La adquisición se llevó a cabo mediante una licitación competitiva y la duración prevista del contrato es 122 días.

El Ministerio de Turismo impulsa y organiza eventos nacionales e internacionales con la asistencia de invitados especiales e inversionistas, por lo que contrata servicios para realizar estos eventos.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, ha destacado que El Salvador se ha consolidado como destino clave para turistas e inversionistas en activos digitales.

La ministra aseguró que, de 4.1 millones de visitantes el año pasado en La Libertad, alrededor del 30 % tenía que ver con Bitcoin y activos digitales.

Así mismo, Turismo también ha contratado durante 2025 otros servicios en busca de la promoción de inversión extranjera, por ejemplo, la contratación de servicios de seguridad privada para eventos de surf en el segundo trimestre de 2025, por $302,385, la contratación de servicios de creación de contenidos estratégicos vinculados a proyectos y posicionamiento turístico, por $25,000, $49,515, $20,000, desarrollo de rutas estratégicas con la diáspora, por $30,000.

Según el Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, el país recibió menos inversión extranjera directa (IED) neta, un indicador que se contrajo por segundo año consecutivo y cerró con una reducción de 37.1 %, a $474.83 millones, en comparación con los $755.79 millones de 2024. El BCR atribuyó la caída a la salida de utilidades de las empresas hacia sus casas matrices y descartó que se trate de una señal de desconfianza.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, reiteró este viernes que participará en las elecciones internas de su partido Arena, para las elecciones de 2027

«Sí voy a participar, vamos a esperar los resultados y sí voy a participar», reiteró la jefa edilicia hoy, luego de participar en un evento de la primera piedra de Club Shriners, donde la comuna donó en comodato el terreno.

Esta es la tercera ocasión en la que Navas reitera que buscará, nuevamente, mantenerse al frente de la alcaldía de La Libertad Este, luego de haber permanecido frente a la comuna de Antiguo Cuscatlán desde 1988.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, reiteró este viernes que participará en las elecciones internas de Arena. "Sí voy a participar, vamos a esperar los resultados y sí voy a participar", dijo a los periodistas.

Video de Alexander Montes. pic.twitter.com/Lgmdm82x2W

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) April 17, 2026

La primera vez se lo dijo a radio YSKL a principios de febrero de este año. «Yo ya estoy lista, voy a participar y solo Dios sabe sí o no”, respondió en esa ocasión.  Un día después de estas declaraciones, su partido emitió un comunicado donde pedía a sus militantes no «autoproclamarse».

A finales de febrero de este año, Navas dijo a Diario El Mundo que estaba lista, pero que se sometería a las elecciones primarias de su partido.

“La expectativa y el interés de querer participar los tengo, pero debo respetar las primarias y, dependiendo del resultado, si quedo, me voy a reelegir; pero tengo que respetar los tiempos para cumplir las reglas que establece el Tribunal Supremo Electoral”, expresó la jefa edilicia de los distritos de Antiguo Cuscatlán, Zaragoza, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva y Huizúcar, en esa ocasión.

El 7 de abril pasado, la Comisión Electoral Nacional (CEN) del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) convocó a elecciones internas de candidatos a presidente, vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales de cara a las elecciones generales de 2027, las cuales, serán el 19 de julio próximo.

Las elecciones generales se realizarán el 28 de febrero de 2027. Los partidos políticos tienen que elegir con voto secreto, libre e igualitario de sus afiliados inscritos en un padrón electoral a todos sus candidatos, aunque pueden hacerlo con candidaturas únicas.

Al cierre de abril de 2027, Navas cumplirá 39 años como alcaldesa: 13 períodos de tres años, 12 como alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y uno como alcaldesa de La Libertad Este, que también incluye Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva y Huizúcar.

En las elecciones de 2024, su principal competidora fue la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Obtuvo 29,635 votos, equivalentes al 67.11 % del total.