Redacción DEM ADMIN

Categoría: Politica

  • IAIP premia a instituciones gubernamentales por «acceso de información pública” pese a incumplimientos

    IAIP premia a instituciones gubernamentales por «acceso de información pública” pese a incumplimientos

    El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) entregó el miércoles reconocimientos a varias instituciones del Gobierno central por sus contribuciones en el derecho de acceso a la información pública durante el 2025. El Instituto expuso como logro la implementación del sistema antisoborno.

    El presidente del IAIP, Ricardo Gómez, aseguró en un vídeo que el trabajo del Instituto es aliado con demás instituciones que manejan información pública, por ello, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción entregó reconocimientos a entidades que realizaron un trabajo coordinado.

    El reconocimiento entregado a las instituciones indica que destacan su cooperación, la cual, posibilitó «el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública como un mecanismo que coadyuva al combate de la corrupción». Una de las galardonadas fue la Corte de Cuentas de la República (CCR), quien no ha publicado en su portal de transparencia los informes de auditoría de 2024 y 2025.

    «Para nosotros era bien importante en esta oportunidad proyectar nuestros logros y poder dar un reconocimiento a distintas instituciones del Estado que a lo largo de este año han trabajado de forma coordinada con esa visión que ha habido desde el señor presidente de la República de que todas las instituciones trabajemos de esa forma». Ricardo Gómez, presidente del IAIP.

    Otras de las instituciones reconocidas por el IAIP son el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Turismo, el Consejo Superior de Salud Pública, Tribunal Supremo Electoral (TSE), Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Ministerio de Defensa, Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Centro Nacional de Registros (CNR), Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

    En el caso del TSE, la institución electoral no ha publicado las resoluciones emitidas por los magistrados desde abril de 2024; las actas en el portal son de hasta 2017; los proyectos de agenda de sesiones de colegiado no se publican desde 2017 y el último reporte de actualización del registro electoral es de noviembre de 2023. Tampoco se conocen los informes de viajes realizados por los nuevos magistrados aunque la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a que sean divulgados.

    El IAIP también destacó como logro de este año la implementación del sistema antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016, con la que buscan «fortalecer la integridad y la transparencia institucional» según dijo la directora ejecutiva del Instituto, Gracia María Barraza.

  • Jueces y facilitadores son capacitados en protección internacional y desplazamiento forzado

    Jueces y facilitadores son capacitados en protección internacional y desplazamiento forzado

    Jueces y facilitadores judiciales fueron capacitados sobre la protección internacional como asilo y refugio y, desplazamiento forzado en El Salvador por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en El Salvador.

    El taller «protección internacional y desplazamiento forzado» fue inaugurado esta semana por la magistrada de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos, y por la oficial de Operaciones de Acnur, Luz Ariadna García. Los capacitados deberían aplicar los aprendidos en las comunidades en las que laboran.

    La magistrada Elsy Dueñas dijo durante su intervención que estas formaciones permiten a los empleados judiciales ofrecer atención técnica, oportuna y humana en las comunidades para las personas que aspiran a obtener protección internacional en El Salvador o que son víctimas de desplazamiento forzado.

    «Como facilitadores les invito a aprovechar al máximo los contenidos que se desarrollarán en el transcurso de esta jornada formativa, ya que van a potenciar aún más su capacidad de respuesta». Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

    Los jueces de Paz y facilitadores participantes del taller ejercen sus labores en Apopa, Tamanique, Puerto de La Libertad y en Zaragoza. La capacitación incluyó fortalecimiento de conocimientos técnicos, abordaje de conceptos, análisis de movimientos mixtos y estudio del marco jurídico.

    Los participantes también conocieron el proceso para identificar el mecanismo adecuado para atender y remitir casos de personas que requieren de asilo político, refugio o que son víctimas de desplazamiento forzado de sus comunidades o países.

    Por su parte, la oficial de Operaciones de Acnur dijo que esta formación tendría que permitir que las personas desplazadas forzosamente puedan encontrar apoyo y oportunidades para desarrollarse en un nuevo lugar, tomando en cuenta que los facilitadores son quienes «impulsan soluciones en sus territorios y generan confianza, tranquilidad y esperanza” en las comunidades.

  • Renovación de equipo tecnológico para JRV y mesas de escrutinio costará $18.4 millones para comicios del 2027

    Renovación de equipo tecnológico para JRV y mesas de escrutinio costará $18.4 millones para comicios del 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador renovará el 100% del equipo tecnológico utilizado en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y mesas del escrutinio final para las elecciones de 2027, con una inversión estimada de $18.4 millones.

    La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó ante la Comisión de Hacienda que la institución actualizará completamente el equipo tecnológico debido a su antigüedad. Los dispositivos actuales fueron adquiridos para las elecciones de 2019 y 2021, y al llegar a 2027 superarán los siete años de uso, cuando lo recomendado es renovarlos cada tres o cuatro años.

    “Todos nuestros equipos tecnológicos deben actualizarse para garantizar confiabilidad y agilidad en los procesos de votación y transmisión de resultados. Esta renovación es necesaria para asegurar el buen funcionamiento del sistema electoral en 2027”, explicó Soriano.

    El proceso contempla el reemplazo de dispositivos en las 8,933 Juntas Receptoras de Votos y en las mesas del escrutinio final, garantizando tecnología moderna y eficaz durante los comicios generales.

    Durante la sesión, el diputado William Soriano preguntó al TSE qué destino tendrá el equipo tecnológico que será reemplazado, sugiriendo su posible donación a estudiantes de universidades públicas.

    La funcionaria respondió que el TSE planea realizar un proceso de donación del equipo funcional en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República, dado que se trata de bienes estatales. Este proceso seguiría lineamientos legales para reutilizar la tecnología en beneficio social.

    Como parte de las novedades en el proceso electoral, el TSE también realizará dos simulacros de escrutinio final, con una inversión de $2,237,221.70. Estos ejercicios buscan optimizar la precisión, rapidez y transparencia del conteo de votos.

    Además, para mejorar la atención a los ciudadanos en los centros de votación, se contratará personal encargado de la limpieza durante la jornada electoral. Esta medida, que tendrá un costo superior a $84,000, responde al compromiso del TSE de ofrecer condiciones dignas en el proceso electoral.

    El presupuesto total aprobado por la Asamblea Legislativa para las elecciones 2027 asciende a $172.1 millones. De estos, $125.3 millones serán destinados a los comicios nacionales y $46.7 millones al voto en el exterior, según lo detallado por la presidenta del TSE.

    Con esta renovación tecnológica, simulacros previos y nuevos servicios logísticos, el TSE busca fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una administración electoral moderna, transparente y eficiente de cara al proceso de 2027.

  • TSE aumentará los pagos a los miembros de las JRV para las elecciones de 2027

    TSE aumentará los pagos a los miembros de las JRV para las elecciones de 2027

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador incrementará los pagos a los miembros de organismos electorales temporales para las elecciones generales de 2027. Además, incluirá nuevas compensaciones nunca antes presupuestadas, con una inversión total que supera los $36 millones.

    Durante su presentación ante la Comisión de Hacienda el 1 de diciembre, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, anunció que los pagos para los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) aumentarán de $50 (en 2024) a $75 por persona, monto que incluirá alimentación. En total, se planea contratar a 89,334 personas entre propietarios y suplentes, con una inversión de $6.7 millones.

    Según Soriano, este incremento busca reconocer el esfuerzo y la carga laboral que implica participar en el proceso electoral.

    “Queremos honrar a las personas que prestan este servicio, facilitándoles mejores condiciones, incluida su alimentación”, afirmó.

    También se elevará el pago para los miembros de las Juntas Electorales Municipales (JEM) de $350 a $395 por persona, durante tres días. En total, se contratarán 440 personas, lo que representa un desembolso de $521,400.

    Por primera vez, se pagará a los delegados por centro de votación, con una asignación de $125 por cinco días. Se contratarán 1,595 delegados, lo que equivale a un total de $996,875, una partida inédita en procesos anteriores.

    En cuanto a las Juntas Electorales Departamentales (JED), sus integrantes recibirán $675 por cuatro días de trabajo, en comparación con los $650 del proceso anterior. Serán 140 personas contratadas, con una inversión de $378,000.

    Para el día de las votaciones, el TSE también planea contratar a 142,928 vigilantes electorales, quienes recibirán $35 cada uno (frente a los $25 pagados en 2024), lo que representa un gasto total de $5.2 millones.

    El voto en el exterior también experimentará mejoras en las compensaciones. Se contratarán 246 miembros para las Juntas Receptoras de Votos en el Exterior (JRVEX), cada uno con un pago de $510. Por primera vez, también se pagará a sus suplentes con el mismo monto.

    Asimismo, las Juntas Electorales del Voto en el Exterior (JELVEX) tendrán tres titulares y tres suplentes, cada uno recibiendo $1,600 por seis días de trabajo. Esta compensación representa un aumento respecto a los $1,300 otorgados en 2024.

    En total, el TSE proyecta contratar a 363,391 personas para el proceso electoral de 2027, con un costo de $36.5 millones, equivalente al 20% del presupuesto total solicitado de $180 millones. No obstante, la Asamblea Legislativa aprobó solo $172.1 millones en la plenaria del 2 de diciembre.

  • OIM ejecutará proyecto para ampliar reintegración de migrantes en tres municipios

    OIM ejecutará proyecto para ampliar reintegración de migrantes en tres municipios

    La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejecutará un proyecto que busca ampliar servicios de reintegración de migrantes y sus familias en San Salvador Este, Santa Ana Oeste y San Miguel Centro a través de atenciones psicosociales, salud mental, salud sexual y reproductiva.

    El organismo internacional publicó una oferta de contratación de servicios para la ejecución del proyecto «Fortalecimiento de las capacidades gubernamentales en materia de protección y reintegración de los migrantes y sus familias, para un enfoque integrado centrado en los derechos humanos», el cual, busca ejecutar con una organización de sociedad civil.

    El programa tendría una duración de siete meses y estaría compuesta por dos niveles: nacional y municipal para trabajar en tres áreas: fortalecimiento institucional, difusión de información y sensibilización municipal y, ampliación y mejora de servicios de reintegración en San Salvador Este, Santa Ana Oeste y San Miguel Centro.

    El proyecto estaría principalmente orientado en migrantes en condición de vulnerabilidad para que tengan un reintegro sostenible y concientizar a demás población sobre los riesgos de migrar con proyectos en los tres municipios priorizados para el proyecto con atención psicosocial orientada en salud mental, sexual, reproductiva y prevención de la violencia de género.

    Para la ejecución de este nuevo proyecto, la OIM tiene contemplado el desarrollo de herramientas y protocolos para brindar protección y atención interinstitucional y municipal. Para eso, el organismo pide que la organización responsable identifique recursos, servicios y rutas de servicios.

    La OIM estará recibiendo ofertas de organizaciones interesadas en ejecutar el proyecto a más tardar el 29 de diciembre de 2025.

    Por otro lado, en septiembre, la OIM también anunció que esos mismos tres municipios ejecutaría un proyecto para mejorar capacidades de microempresas de 75 migrantes deportados a El Salvador. Los migrantes participan en programas empresariales, de eventos de negocios y de marketing.

    Con este proyecto, los beneficiarios tienen derecho a asesorías y capacitaciones sobre comunicación digital para promover la venta de sus productos. El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que más de 10,000 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2025.

    La OIM ha firmado también convenios con la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) para impulsar iniciativas para capacitar y emplear a migrantes deportados. Además, con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) buscan analizar información sobre movimientos migratorios de salvadoreños para optimizar recursos.

  • TSE adjudica auditoría interna para subsanar brechas para certificación en el sistema antisoborno

    TSE adjudica auditoría interna para subsanar brechas para certificación en el sistema antisoborno

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adjudicó el mes pasado el contrato para la realización de una auditoría internas con la que buscan subsanar brechas para conseguir la certificación en el sistema antisoborno, según la norma ISO 37001. La primera convocatoria para esta adjudicación se realizó en agosto.

    El TSE adjudicó el contrato para realizar una auditoría interna a la empresa VALMA según consta en el Sistema electrónico de compras públicas de El Salvador, Comprasal. El servicio será ofrecido por la firma legal y contable por un monto de $9,500.

    El contrato fue firmado por ambas partes el 10 de noviembre, luego que el Tribunal realizara dos convocatorias para adjudicar el proceso, la primera convocatoria se realizó en agosto en el sitio web de la institución y en la página de Comprasal.

    La información de Comprasal establece que el contrato tenga una duración de 45 días. El Tribunal recibió ofertas para este contrato de otras empresas como Salomon Consulting, Ages consultores y Lizama consultores.

    El TSE ha asegurado que la consultoría les permitiría subsanar brechas existentes en la institución para poder prepararse para obtener la certificación del sistema antisoborno para lograr una gestión «certificada, confiable y transparente» regidos por tres pilares: cultura antisoborno, controles antisoborno, y detección y denuncia.

    La entidad electoral ha aseverado que con este proceso reafirman su «compromiso de ser una institución íntegra, transparente y alineada a estándares éticos internacionales». El TSE no detalló la fuente de financiamiento para la contratación de la auditoría.

    Como parte del proceso de implementación del sistema antisoborno, el TSE ha habilitado tres canales de denuncia por posibles actos de soborno. Las denuncias pueden ser interpuestas de manera anónima y segura según promete la entidad a través de:

    • El sitio web www.tse.gob.sv/denuncia.
    • En el correo institucional denuncias@tse.gob.sv.
    • En las oficinas de cumplimiento del TSE, en la colonia Escalón, en San Salvador.
  • Oposición dice que el gobierno quiere controlar a las Adescos y minimizar su trabajo en las comunidades

    Oposición dice que el gobierno quiere controlar a las Adescos y minimizar su trabajo en las comunidades

    La oposición en la Asamblea Legislativa expresó el miércoles su rechazo a las reformas al Código Municipal impulsadas por el Ejecutivo, que buscan regular el registro, funcionamiento y disolución de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adescos). Para diputadas de los partidos Arena y Vamos, estas modificaciones suponen un intento del gobierno por controlar la organización comunitaria y limitar su autonomía.

    La diputada Marcela Villatoro, del partido Arena, manifestó su rotunda oposición al dictamen favorable ya aprobado en comisión legislativa.

    “Es evidente que lo que quieren es tener control sobre las Adescos. Estas asociaciones han trabajado con su propia gente para mejorar sus comunidades sin recursos estatales. Imponer requisitos como registros contables y estados financieros implica gastos que muchas no pueden asumir”, argumentó Villatoro.

    Según la diputada, centralizar la inscripción de las Adescos en el Centro Nacional de Registros (CNR) otorga al Ejecutivo una herramienta para decidir qué organizaciones comunitarias pueden operar, lo cual —afirmó— limita el derecho de las personas a asociarse libremente.

    Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz coincidió en que las reformas suponen un retroceso en el derecho de organización ciudadana.

    “La gente organizada ha detenido rellenos sanitarios, plantas de transferencia y ha logrado avances importantes. Pero este gobierno no quiere que la gente se organice, quiere mantenerla vigilada”, expresó.

    Ortiz criticó que el nuevo marco legal imponga más trámites burocráticos y costos a comunidades que ya enfrentan abandono institucional.

    “Hoy las comunidades hacen rifas para arreglar calles o poner luminarias. ¿Y ahora el gobierno les va a imponer más carga? Solo quieren una población obediente que no exija lo que le corresponde por derecho”, sentenció.

    ¿Qué establece la reforma?

    El dictamen favorable emitido el 1 de diciembre por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno incluye los siguientes puntos:

    Las Adescos deberán inscribirse obligatoriamente en el CNR.
    Deberán presentar estados financieros y estar sujetas a requerimientos de información por parte del Estado.
    En caso de manejar fondos públicos, estarán bajo fiscalización de la Corte de Cuentas de la República.
    Aunque se esperaba que la reforma fuera discutida y votada en la sesión plenaria del martes 2 de diciembre, el tema no fue incluido en la agenda del día.

    Ortiz subrayó que la reforma es un nuevo paso en la concentración de poder por parte del Ejecutivo.

    “No se trata de oponerse por oponerse, sino de defender la libertad de asociación y la autonomía comunitaria. Esta reforma es abusiva y allana el camino a un control estatal excesivo sobre lo que hacen los ciudadanos para salir adelante”, concluyó.

  • Gobierno pide a diputados aprobar dos convenios por un total de $61.3 millones para programa de seguridad alimentaria en zona rural

    Gobierno pide a diputados aprobar dos convenios por un total de $61.3 millones para programa de seguridad alimentaria en zona rural

    El Gobierno salvadoreño pidió a la Asamblea Legislativa ratificar dos convenios de financiamiento por un total de $61.3 millones, suscritos previamente, que serán destinados al “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.

    El primero de los convenios corresponde a un contrato de préstamo suscrito con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por un monto de hasta $30 millones, firmado el 9 de octubre de 2025 por el ministro de Hacienda, Gerson Posada. Este financiamiento busca apoyar a agricultores con prácticas agrícolas sostenibles y mayor acceso a mercados, con el objetivo de mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de familias rurales.

    El segundo financiamiento fue pactado con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) por un total de hasta $31.3 millones. Este acuerdo fue suscrito por Hacienda el 20 de octubre y por el FIDA el 3 de noviembre de 2025, y se divide en tres componentes: un primer préstamo por $11.8 millones, un segundo por $4.5 millones y un tercero por $15 millones.

    De acuerdo con la propuesta enviada al Congreso, la finalidad del segundo financiamiento es focalizar la inversión en zonas rurales según criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, a fin de fortalecer la resiliencia y elevar los niveles de ingreso y nutrición de las comunidades agrícolas más vulnerables.

    Ambas solicitudes serán analizadas el lunes 8 de diciembre, a las 10:00 a.m., en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, como parte del proceso requerido para la aprobación legislativa de los préstamos.

  • Diputadas opositoras dudan de que haya ahorro en unir elecciones, como asegura TSE

    Diputadas opositoras dudan de que haya ahorro en unir elecciones, como asegura TSE

    Las diputadas de los partidos de oposición Arena y Vamos expresaron este miércoles sus dudas sobre el supuesto ahorro de $560 millones en 25 años que asegura el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con la integración de las elecciones presidenciales a los comicios del año 2027.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, calificó como “mentira” el argumento de ahorro planteado por el oficialismo. Afirmó que Nuevas Ideas ha utilizado la narrativa del ahorro como excusa para concentrar poder mediante la reelección indefinida. “¡Que vamos a ahorrar $500 millones en 25 años! ¿Y cuánto están robando con la concentración de poder que genera la reelección indefinida?”, cuestionó. Según Ortiz, cada vez que se habla de ahorro en temas electorales “le están mintiendo al pueblo”.

    Por su parte, la diputada de Arena, Marcela Villatoro, también expresó escepticismo ante la proyección del TSE. Consideró que no basta con presentar cifras hipotéticas si la población no percibe una mejora tangible: «¿Será cierto?», se preguntó.

    “Puedo poner también justificaciones de aquí a 100 años, pero el tema es si la reducción de alcaldías o diputados ha sido realmente un ahorro efectivo para el pueblo”, afirmó. Para Villatoro, la reducción de alcaldías fue “un fracaso total”.

    Ortiz también recordó que Nuevas Ideas justificó con el mismo argumento la reducción de alcaldías y diputados, lo cual, según ella, no representó ningún beneficio real.

    “Cambiaron el número de diputados por dispensa de trámite, dizque para ahorrar… ¿para ahorrar qué? La gente sabe que este gobierno no es transparente”, insistió.

    Además, Villatoro señaló que incluso el presupuesto aprobado para las elecciones de 2027, que integrarán presidenciales, legislativas y municipales, muestra un incremento frente al de 2024.

    “Comparando con elecciones de 2024, hay un aumento. Queremos rendición de cuentas”, advirtió. La legisladora dijo que no hubo claridad financiera en el proceso anterior y que como fracción mantendrán vigilancia en el nuevo proceso electoral.

    El lunes 1 de diciembre, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, compareció ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde justificó que al pasar de 13 procesos electorales a 9 en los próximos 25 años, se generaría un ahorro acumulado de $560 millones. Cada evento electoral tiene un costo aproximado de $140 millones, según expuso.

     

     

  • Estado salvadoreño gana arbitraje a empresa de telecomunicaciones guatemalteca

    Estado salvadoreño gana arbitraje a empresa de telecomunicaciones guatemalteca

    El Estado salvadoreño ganó un arbitraje internacional iniciado por la empresa guatemalteca Fibranet S.A. y su filial salvadoreña, Cablefrecuencias S.A. de C.V., donde reclamaban al país al menos $130 millones por supuestos daños al extinguirles las concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico.

    «Tras un proceso de negociación, las partes alcanzaron un acuerdo definitivo que puso fin al arbitraje y cerró de manera permanente esta disputa. En dicho acuerdo: Fibranet retiró todas sus reclamaciones y renunció de forma irrevocable a iniciar nuevos procesos legales o arbitrales relacionados con el mismo tema», dice un comunicado publicado por la Fiscalía General de la República.

    El mismo añade que el Estado salvadoreño no asumió ningún compromiso de pago, de devolver o entregar nuevas concesiones de frecuencias a las empresas que habían demandado.

    La Fiscalía explicó en su publicación que un arbitraje internacional es un mecanismo, a través del cual, se resuelven disputas entre inversionistas y Estados ante un tribunal especializado; en este caso, el reclamo fue presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

    En septiembre de 2024, la empresa reclamante notificó al Estado salvadoreño de su interés de iniciar el arbitraje por $130 millones. Este reclamo fue presentado en enero de 2025, según la Fiscalía.

    ¿Por qué la empresa reclamó $130 millones a El Salvador?

    Los representantes de la empresa Fibranet y su filial Cablefrecuencias –que se registraba en canales 53, 55 y 59– detallaron, en el aviso, que en el año 2010 Fibranet adquirió el 99.9 % de Cablefrecuencias, S.A., por lo que importó infraestructura de radiodifusión.

    Sin embargo, dice que la Asamblea Legislativa emitió un nuevo mecanismo de renovación de concesión del espectro en noviembre de 2017 pero que la empresa había solicitado la renovación de concesiones en abril de 2017.

    Según la versión de los demandantes, la Siget no respondió su petición y, el 12 de junio de 2017, la Siget exigió los formularios de renovación con base al nuevo decreto aprobado por la Asamblea Legislativa.

    «Si bien la Sala de lo Constitucional había derribado el régimen de renovación automática de las concesiones de señal abierta, las concesiones de sus bandas por suscripción de Cablefrecuencias seguían sujetas el régimen de renovación automática», dice el escrito.

    La empresa habría recurrido al tribunal de la Siget en agosto de 2018 pero el tribunal rechazó la impugnación el 18 de julio de 2023.

    En un reporte de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) estaba registrada Cablefrecuencias, S.A. de C.V. como titular de concesión para la explotación del espectro radioeléctrico, con la «cesión y traspaso de 11 canales para la prestación de servicios de televisión inalámbrica»; según una resolución de la Sala de lo Constitucional, la operación fue concedida desde 1986 por la extinta Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).

    El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, pidió, el 22 de octubre pasado, una certificación completa del proceso de demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones 65-2012, ya que está relacionado con el aviso de arbitraje. La certificación del fiscal fue notificada a la Asamblea Legislativa y recibida en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa en diciembre de 2024.