La Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria de este 2 de diciembre incorporar $40 millones al presupuesto 2025 para voto en el exterior de 2027, a petición del Ministerio de Hacienda. La incorporación de estos fondos contó con 54 votos a favor de Nuevas Ideas y aliados. Vamos votó en contra y Arena no votó.
El monto total aprobado, también en este plenaria, de presupuesto para el voto en el exterior es de $46.7 millones, de ello se están incorporando al ejercicio fiscal 2025 los $40 millones
Con los $40 millones se pretende garantizar la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial, incluyendo la transmisión de resultados electorales; el desarrollo del software para el programa de creación y cierre del registro electoral; así como, para financiar la contratación de las auditorías que van a realizar a la empresa que implementará los sistemas de votación antes referidos.
También la puesta en marcha de las campañas publicitarias para motivar la participación masiva en los comicios y la información de las modalidades de votación y los diferentes centros de votación en el exterior.
El decreto explica que el presupuesto de los $46.7 millones tendrá una vigencia de tres ejercicios fiscales 2025-2027 y сon una distribución de recursos, así: para los gastos pre- electorales en el año 2025 los $40 millones.
Para el año 2026 por $4.6 millones además, y para los gastos electorales en el año 2027 $2.1 millones, con los cuales se financiarán 22 programas del plan general de elecciones.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes dos presupuestos extraordinarios que suman $172.1 millones para la organización de las elecciones generales de 2027, las primeras en la historia del país donde estará habilitada la reelección presidencial indefinida y un periodo de gobierno de seis años.
El primer decreto avalado fue el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2027, por un total de $125.3 millones, que cubre el desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en una sola jornada. De este monto, $802,200 están asignados al funcionamiento de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).
Sin debate legislativo previo, el decreto fue aprobado con 57 votos de Nuevas Ideas (NI) y sus aliados. El partido Vamos votó en contra, mientras que ARENA optó por abstenerse.
Asamblea aprobó con 57 votos a favor y uno en contra de Vamos presupuesto para elecciones 2027.
Voto en el exterior
El segundo decreto aprobado destina $46.7 millones para el Presupuesto Especial Extraordinario 2025-2027 para el Sufragio en el Extranjero, orientado a garantizar el voto remoto por internet y la modalidad presencial electrónica.
El decreto establece que el TSE requiere dichos recursos para «garantizar la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet, y el sistema de votación electrónica presencial, incluyendo la transmisión de resultados electorales.
Además, esos fondos servirán para el desarrollo del Software para el Programa de Creación y Cierre del Registro Electoral; y para la contratación de las auditorías que van a realizar a la empresa que implementará los sistemas de votación antes referidos.
Este presupuesto incluye además la puesta en marcha de las campañas publicitarias para motivar la participación masiva en los comicios y la información de las modalidades de votación y los diferentes centros de votación en el exterior».
Críticas opositoras
Durante el debate, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, denunció la falta de transparencia del proceso y criticó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no haya publicado el Plan General de Elecciones (PLAGEL).
“Se están aprobando presupuestos extraordinarios sin que el TSE haya hecho público el PLAGEL (…) A la fecha de hoy, diciembre de 2025, el TSE mantiene en reserva los informes de auditoría de las elecciones 2024”, señaló Ortiz, advirtiendo que no se conocen las fallas detectadas ni cómo serán corregidas.
En respuesta, el diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, defendió la legalidad del proceso y destacó la aprobación previa de la Ley Especial del Sufragio en el Extranjero en 2022.
“Vale recalcar que (…) se emitió la Ley Especial del Sufragio en el Extranjero. Ese fue un logro para los salvadoreños que viven en el extranjero, una ley aprobada por esta Asamblea Legislativa, con los votos de Nuevas Ideas y que no contó con el apoyo de la oposición”, dijo Zaldaña.
El segundo decreto también recibió 57 votos a favor del bloque oficialista, un voto en contra de Vamos y la abstención de ARENA.
Las elecciones de 2027 serán históricas, ya que permitirán por primera vez la reelección presidencial indefinida tras una resolución de la Sala de lo Constitucional emitida en 2021. Además, se elegirá un gobierno para un periodo de seis años, lo que amplía el ejercicio del Ejecutivo hasta 2033.
El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó un acuerdo de cooperación la Universidad para la Paz (Upaz) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ampliar la formación a través de becas.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, dijo el lunes que para formalizar la cooperación entre el Instituto Diplomático «Dr. José Gustavo Guerrero» y la Upaz firmó un memorándum de entendimiento para ampliar la colaboración en la formación académica de talento humano.
Mira indicó que desde hace ya dos años ambas instituciones han colaborado para «contribuir a la formación» de los salvadoreños, por lo que considera, que esta alianza «abre oportunidades de desarrollo y crecimiento», además de permitir fortalecer «la oferta académica de ambas instituciones».
«Esta alianza abre nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento, fortaleciendo la oferta académica de ambas instituciones. Además, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de sociedades más justas, pacíficas y resilientes, siempre orientadas al servicio público». Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores.
La Cancillería salvadoreña señaló que en dos años de colaboración se habían permitido tres oportunidades de becas completas en las que funcionarios salvadoreños han cursado posgrados sobre convivencia pacífica, derechos humanos y desarrollo.
Este memorandum de cooperación también busca que ambas instituciones diplomáticas puedan intercambiar y fortalecer sus experiencias sobre la docencia, la investigación en diferentes áreas y la proyección social.
Por otro lado, David Fernández Puyana firmó el convenio por parte de la Upaz de la ONU, quien además realizó un recorrido en algunos puntos del país para conocer el trabajo que realiza la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social.
Por lo que, las autoridades también estarían interesadas en echar a andar proyectos que estén orientados al desarrollo social, creación de entornos seguros y comunidades más resilientes, según dijo la Cancillería.
El representante de la Upaz visitó varias comunidades en las que trabaja la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. / @AdrianaMiraSV
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitió el lunes dictámenes favorables para nueva Ley de Personas Jurídicas y para la reforma al Código Municipal con el fin de las asociaciones comunales o Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adescos) se inscriban obligatoriamente en un nuevo registro dentro del Centro Nacional de Registros (CNR).
El primer dictamen fue a favor de la creación de la Ley de Registro de Personas Jurídicas (RPJ) que tiene como objetivo regular la inscripción de personas jurídicas, comerciantes titulares de empresas y asociaciones comunales.
«El registro de personas jurídicas se realiza en diversos registros conforme a la naturaleza jurídica que le corresponde, tales como las asociaciones de desarrollo comunales y las comerciantes, titulares de empresas, aplicándose en cada caso normativas registrales distintas, esta dispersión normativa, hace necesario que el CNR centralice de manera uniforme y estandarizada la inscripción de personas jurídicas», leyó el diputado Cardoza, sobre el proyecto de decreto.
El segundo dictamen favorable, fue para la reforma al Código Municipal para otorgar al CNR ser la entidad única para la inscripción en el Registro de Asociaciones Comunales (RAC), actualmente, las Adescos se inscriben ante las municipalidades que les corresponden, por lo que con la reforma, los consejos municipales solo mantendrán funciones de asesoría y supervisión en el proceso de creación de asociaciones comunales, pero será el CNR el que les registre la personalidad jurídica.
Diputados de oposición habían criticado la semana pasada que se esté obligando a las Adescos a inscribirse ante el CNR y sugirieron que la Comisión llamara a líderes comunales para que fueran consultados, sin embargo esto no sucedió.
Todas las asociaciones comunales existentes se tendrán que inscribir obligatoriamente en el RAC, en el plazo de un año, para conservar su personalidad jurídica, y posteriormente adecuar sus estatutos a la normativa renovada.
El RAC aplicaría tarifas específicas por sus servicios registrales:
El certificado de cumplimiento registral tendría un costo de $15.
Por la inscripción de documentos relacionados con la constitución de una asociación comunal, así como las modificaciones de estatutos, los acuerdos de disolución y la cancelación de la inscripción tendrán un costo de $35 cada uno, incluyendo en todos los casos la publicación correspondiente en el Órgano Oficial.
Las reinscripciones no tendría ningún costo.
Ambos dictámenes fueron aprobados y serán conocidos en la sesión plenaria de este martes 2 de diciembre.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, aseguró que El Salvador logrará un ahorro de $132 millones gracias a la reforma constitucional que permite integrar las elecciones presidenciales de 2027 con las legislativas y municipales. Esta medida forma parte de un esfuerzo por hacer más eficiente el sistema electoral del país.
“El TSE necesita un presupuesto de $180 millones para organizar los comicios de 2027. Sin la reforma, la elección presidencial se habría realizado en 2029 de forma separada, lo que implicaba costos adicionales. Al unificar las votaciones, estamos logrando un ahorro aproximado de $132 millones”, declaró Soriano.
La funcionaria explicó que si se observa una línea de tiempo entre 2024 y 2049, el país también se beneficiará de una reducción estructural en los eventos electorales, pasando de 13 procesos a solo 9. Cada elección representa un costo cercano a los $140 millones, por lo que la reforma generará un ahorro acumulado de $560 millones en los próximos 25 años.
“Al integrar la elección presidencial con las municipales y legislativas, estamos eliminando cuatro procesos electorales, lo que representa una reducción significativa del gasto público en eventos comiciales”, afirmó Soriano durante su intervención.
Durante la misma sesión legislativa, el diputado Soriano destacó que los ahorros no se limitan a la logística electoral. Afirmó que la eliminación de la deuda política podría representar una reducción adicional de hasta $340 millones, tomando como referencia los montos asignados en las elecciones de 2021 y 2024.
“Estas reformas no solo alivian las finanzas públicas, también representan un cambio de rumbo en cómo se manejan los fondos del Estado. Ya no se entregarán millones en deuda política a los partidos, sino que estos recursos se podrán utilizar en infraestructura educativa, salud y carreteras”, dijo el legislador.
En total, El Salvador podría ahorrar hasta $900 millones en 25 años, según las proyecciones del TSE y la Asamblea Legislativa, resultado de la combinación de reformas electorales y financieras impulsadas en los últimos años.
El presupuesto solicitado por el TSE para las elecciones de 2027 se divide en tres grandes áreas: $125.3 millones para la organización en el territorio nacional, $46.7 millones para garantizar el voto en el exterior, y $8.5 millones destinados específicamente a integrar la elección presidencial en la jornada unificada.
La administración electoral considera que este modelo de votación conjunta no solo es más económico, sino también más ágil y moderno, facilitando la participación ciudadana y reduciendo la carga organizativa del Estado. Las autoridades esperan que este sistema marque un nuevo estándar para los procesos democráticos en El Salvador.
Este fin de semana inició la vigencia de la «Ordenanza especial y transitoria, reguladora de tasas para el permiso temporal en el espacio público para la venta de productos pirotécnicos» que reduce las tasas que deberán pagar quienes tengan puestos de pólvora en Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque.
La normativa que entró en vigencia el 29 de noviembre establece que la tasa única por puesto es de $30 por toda la temporada navideña, mientras que las personas que no instalen sus puestos toda la temporada deberán pagar $5 por cada día que funcione su venta.
Estas tasas están vigentes para los vendedores del espacio público que tengan el permiso temporal de venta en los lugares que detalla el «Plan operativo anual: temporada de pirotecnia 2025» aprobado por el concejo, el cual, concluye su vigencia el 31 de diciembre de 2025.
La nueva ordenanza publicada en el Diario Oficial del 21 de noviembre establece que es de naturaleza especial, por lo que, prevalece en aplicación de tasas sobre el resto de la normativa similar que haya sido aprobada por concejos anteriores para los distritos de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.
Una fuente interna de la alcaldía indicó a Diario El Mundo que para el distrito de San Salvador el pago de puesto de pólvora para toda la temporada será de $70, lo que reduce el pago en $425 por toda la temporada. Los dos cambios fueron aprobados en la sesión de concejo del 19 de noviembre.
Para finales de 2024, la alcaldía aprobó otra «Ordenanza Reguladora del Comercio en el Espacio Público» en la que se establecían tasas de $500 por puestos de pólvora en San Salvador y de $250 de Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque. De esta ordenanza no se conoce si se aplicará en un futuro o si será derogada.
Un concejal de San Salvador Centro explicó a El Mundo que este diciembre de 2025 se aplicará la nueva ordenanza con tasas de hasta $30 y que no se aplicará la aprobada en 2024 por el concejo para ninguno de los distritos. Con esta medida se reduce el pago de las tasas en hasta en $220.
Con la nueva ordenanza, los comerciantes de pólvora pagarán $0.96 en promedio diario mientras que el año pasado pagaron $8.06 en los distritos de Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque.
La comuna indicó en las consideraciones de la nueva ordenanza que en los distritos de Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque no había un adecuado «ejercicio de las potestades normativas y efectiva gestión documental», lo que, no permitía tener certeza de la normativa que se aplicaría en esas localidades.
Casi 1,000 exempleados retirados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) no han recibido la compensación correspondiente según aseveró este lunes el Comité de Trabajadores para la Defensa del Fondo de Protección y Retiro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social .
Marvin Nájera, vocero del Comité reveló este lunes que son casi 1,000 los exempleados retirados desde hace un año que no han recibido la compensación del Fondo de Protección y Retiro del Instituto Salvadoreño, que consiste en un ahorro guardado «desde que uno empieza a laborar en el Instituto».
Nájera dijo a medios de comunicación que cuando los exempleados preguntan sobre disponibilidad de fondos para la entrega de su fondo solo les dicen que «ya posteriormente, que llamen el siguiente mes, esa es la respuesta que ellos dan».
Es por ello, que como Comité de Trabajadores para la Defensa del Fondo de Protección y Retiro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social presentaron una solicitud ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para la realización de una auditoría financiera, operacional, de control interno y de cumplimiento de objetivos.
Nancy de Martínez leyó un comunicado, donde explican que debido a las dudas e incertidumbre de trabajadores del ISSS por desconocer la disponibilidad de dinero en el Fondo de Protección y Retiro es que deciden solicitar las auditorías a la Corte. Los trabajadores obtienen compensaciones económicas de ese fondo por pensionarse, retirarse, renunciar o por despidos colectivos.
«Como trabajadores organizados y conscientes de la importancia de este fondo consideramos indispensable que exista claridad absoluta sobre el estado real de los recursos que pertenecen exclusivamente a quiénes han dedicado su vida laboral al servicio público de la salud y a la seguridad social». Comité de Trabajadores para la Defensa del Fondo de Protección y Retiro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
En el comunicado, los trabajadores del ISSS dicen que es «indispensable» que las autoridades brinden «claridad absoluta sobre el estado real de los recursos», los cuales, aseveran le «pertenecen exclusivamente a quiénes han dedicado su vida laboral al servicio público de la salud y a la seguridad social».
Aseguraron que buscan «garantizar que cada trabajador al culminar su vida laboral tenga la plena seguridad de que su dinero está respaldado, resguardado y disponible tal como la ley lo establece», asimismo, dijeron que darán seguimiento a las acciones administrativas sobre el fondo.
Además, dijeron que le exigen a las autoridades que los procesos sobre el fondo «cumplan con los estándares de transparencia, legalidad y buen manejo de los recursos» y añadieron que velarán «porque se respeten los derechos adquiridos de cada trabajador sin importar su condición laboral actual».
Los miembros del Comité indican que los fondos de la compensación son necesarios porque los requieren «para subsistir» porque tienen meses preocupados por deudas adquiridas y dicen que estarán al pendiente de los resultados de las auditorías.
El Ministerio de Hacienda pidió a los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobar disposiciones especiales y transitorias para que el Ministerio de Obras Públicas tenga las herramientas legales para ejecutar, suscribir y administrar los actos y contratos derivados de dos contratos de préstamos ya aprobados para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador».
Este proyecto trata de la construcción del bypass de Apopa, para lo que la Asamblea Legislativa aprobó dos préstamos con el Banco Mundial, un primer préstamo de $150 millones el 9 de abril de 2024.
El 10 de julio de este año, la Asamblea aprobó un «Financiamiento adicional» de $120 millones, siempre con el BIRF para “ampliación del alcance del puente atirantado”, las obras complementarias y el fortalecimiento institucional, según explicó Hacienda en su momento.
«Ambos financiamientos completan el financiamiento del proyecto que tiene como objetivo contribuir a mejorar la red vial nacional, mediante el fortalecimiento de la infraestructura correspondiente, facilitando la movilización de personas y de carga, que a su vez contribuyan a la dinamización de la actividad económica del país, específicamente de la zona norte del país, lo que incluye el bypass de Apopa», indicó el director general de Inversión y Crédito Público de Hacienda, Marlon Herrera.
También faculta al MOPT para «la compensación y restitución de bienes inmuebles inmuebles y brindar soluciones habitacionales a las familias en el marco del referido proyecto. Como sabemos, la construcción de dichas obras, tanto viales como puentes requiere derechos de vía, sino que en algún momento requiera compensar a familias que están dentro de las zonas donde se ejecutarán las obras», detalló el funcionario en su presentación ante los diputados.
El diputado William Soriano tomó la palabra para enfatizar sobre beneficios del proyecto del bypass de Apopa en cuanto a transporte y economía.
«El bypass de Apopa, estamos hablando de una obra de magnitudes grandes, pero que va a permitir que miles de salvadoreños que transitan por esa ruta, que miles de vehículos que transportan carga, pasajeros, puedan reducir sus tiempos de tránsito también y eso también ayuda al crecimiento económico», enfatizó el diputado.
Los diputados emitieron para estas disposiciones transitorias en el marco del proyecto en mención.
Los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes un dictamen a favor de incorporar $267 millones de títulos valores al presupuesto general del Estado 2025, en el ramo del Ministerio de Hacienda.
El director genera de Inversión y Crédito Público de Hacienda, Marlon Herrera, explicó como contexto que el 11 de noviembre de 2025 se autorizó al Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, para que gestionara la obtención de recursos por la suma de hasta $344 millones a través de la emisión de títulos valores de crédito, «incluyendo operaciones de manejo de pasivos orientadas a mejorar el perfil de la duda y administrar los riesgos asociados al portafolio de la misma».
Dijo que con base a esa autorización, los fondos obtenidos de la emisión de esos títulos valores de crédito «se destinarán para atender prioridades estratégicas del gobierno, o para cubrir necesidades prioritarias en las áreas social, ambiental, y económicas, en el presente o en el próximo ejercicio fiscal».
Herrera dijo que «a efectos de cumplir con el proceso establecido, que los recursos deben de asignarse a través de un crédito presupuestario en la Ley del Presupuesto General del Estado, es que se requiere este procedimiento.
El funcionario dijo que se incorpora los ingresos al rubro “31 Endeudamiento público, cuenta 311 colocación de títulos valores en el mercado nacional, fuente específica 31101 bonos del Estado”.
Y en el apartado de gastos, “se incrementan las asignaciones de las diferentes líneas de trabajo de la Unidad Presupuestaria 13 Obligaciones Generales del Estado”.
Los diputados estuvieron de acuerdo en lo solicitado por Hacienda, y emitieron dictamen favorable, el cual será conocido en la plenaria ordinaria del martes 2 de diciembre.
Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron dos dictámenes favorables, el primero para aprobar $180 millones para el presupuesto de las eleciones 2027 y el segundo para incorporar al presupuesto 2025 $40 millones que solicitó el Tribunal Supremo Electoral para el voto electrónico en el extranjero.
La subdirectora general del presupuesto, Laura Arce explicó a los diputados que la petición para los $40 millones es una reforma a la ley del presupuesto 2025, «para transferir recursos al presupuesto general extraordinario, para el sufragio en el extranjero, para el evento electoral 2027, por un monto de $40 millones».
La petición de la funcionaria de Hacienda, fue luego que la presidente del TSE, Roxana Soriano, presentara y justificara el presupuesto general para los comicios de 2027 que asciende a los $180 millones en total, que realizará, en una sola jornada las elecciones presidenciales, las legislativas y las municipales.
El monto total para el voto en el extranjero es de $46.7 millones. La incorporación por adelantado de los $40 millones, son requeridos por el TSE «para garantizar la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial, incluyendo la transmisión de resultados electorales y el desarrollo del software, para el programa de creación y cierre del registro electoral», detalló la funcionaria de Hacienda.
También dijo que los recursos servirán para financiar la contratación de las auditorías que van a auditar a la empresa que implementará los sistemas de votación, además de «la puesta en marcha de campañas publicitarias para motivar la participación masiva en los comicios y la información de las modalidades de votación y de los diferentes centros de votación en el exterior «.
Arce detalló que los $46.7 millones que necesita el TSE para el voto electrónico tendrá una vigencia de tres ejercicios fiscales (2025 al 2027). «En 2025, tenemos gastos preelectorales de $40 millones, para $4.6 millones y para el 2027 $2.1 millones, para el sufragio en el extranjero».
Los fondos, según explicó Arce, serán tomados del Fondo General, de las asignaciones disponibles del Ramo de Hacienda.
Los diputados dieron su aval para ambos dictámenes que serán conocidos en la plenaria ordinaria de este martes 2 de diciembre.
