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El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) registró una amortización efectiva de $7 millones a la “deuda previsional” de un presupuesto que ascendió a $814.5 millones según su propio informe de ejecución presupuestaria hasta el 31 de diciembre de 2025.

El informe indica que tenía presupuestados $7.4 millones para “amortización deuda previsional” de los cuales usó $7 millones.

Los mayores gastos del ISP fueron $357.5 millones en el rubro de “prestaciones de la seguridad social” y $222.8 millones para transferencias corrientes.

De acuerdo al informe semestral de ejecución presupuestaria publicado en enero por el Ministerio de Hacienda, las transferencias corrientes del ISP consisten en el traslado de recursos a la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS) para el pago de pensiones.

Los gastos financieros del ISP sumaron $166.4 millones, una erogación que el informe de Hacienda la ubica en “intereses y comisiones de títulos valores en el mercado nacional”.

Además, el ISP también destinó $6.4 millones a remuneraciones, $3 millones a bienes y servicios. El informe puede ser encontrado en el Portal de Transparencia del ISP en el apartado de balances financieros.

El ISP fue la institución creada que sustituyó al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) pero con una nueva facultad de emitir Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para poder pagar las pensiones de aproximadamente 88,000 beneficiarios del sistema público.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el Estado debía $11,241.13 millones al Fondo de Pensiones, de los cuales $8,394.19 es deuda heredada antes de la reforma de 2022 (Certificados de Inversión Previsional, ahora Certificados de Fondos de Transición) y $2,846.94 millones en COP, después de la reforma.

Las AFP están pagando las pensiones de 128,000 jubilados y perciben cotizaciones de unos 950,000 trabajadores, según el FMI.

Según el informe semestral de ejecución presupuestaria de Hacienda, el ISP tuvo un presupuesto votado de $855.3 millones para 2025, de los cuales devengó $789.3 millones, siendo la institución autónoma con más ingresos ejecutados.

El ISP es una entidad descentralizada no empresarial cuyo presupuesto no está incluido en la Ley de presupuesto general del Estado.

La Oficina de la Zar Antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, aseguró en X que la alianza con El Salvador es un “ejemplo del compromiso de Estados Unidos con el fomento de la seguridad y la prosperidad mutuas” con los países del hemisferio occidental.

“Nuestra alianza con El Salvador es solo un ejemplo del compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la prosperidad mutuas con nuestros vecinos del hemisferio occidental mediante la cooperación en materia de aplicación de la ley”, escribió la ONDCP, dirigida por Sara Carter.

Carter fue recibida por la embajadora de El Salvador en Washington, Estados Unidos, y los embajadores latinoamericanos, en la Embajada de El Salvador. “Estados Unidos y El Salvador son aliados vitales gracias al liderazgo inquebrantable” de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, indicó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

La oficina de la zar antidrogas de Estados Unidos fue invitada por la embajadora Mayorga a la sede diplomática de El Salvador en Washington, así como a embajadores y encargados de misiones diplomáticas acreditadas en los Estados Unidos “para hablar sobre la importancia de seguir trabajando juntos y combatir el narcotráfico en el hemisferio”, informó el pasado martes 17 de febrero.

“Se reconoció el trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele, destacándonos como el muro del pacífico”, indicó la embajadora.

El senador Jean-Marc Vayssouze-Faure, presidente delegado para Centroamérica del Grupo de Amistad del Senado de Francia, anunció que organizará una visita oficial a El Salvador a partir del 4 de marzo de 2026 con la participación de un grupo de empresarios franceses, informó este jueves la Vicepresidencia salvadoreña.

Ulloa destacó que la consolidación de la seguridad en El Salvador ha generado estabilidad social, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento institucional, creando un entorno favorable para la inversión extranjera, mayor turismo y desarrollo económico.

Según la Vicepresidencia, la agenda contemplará reuniones con instituciones del Estado y representantes del sector privado, “con el objetivo de explorar oportunidades concretas para la promoción de inversión y el fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales”

Las autoridades francesas, detalla el comunicado, “manifestaron interés en conocer directamente la experiencia salvadoreña y coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos mediante intercambios parlamentarios y futuras iniciativas de cooperación”.

El Senado entregó a Ulloa una placa con la insignia de la República Francesa: “Liberté, Égalité, Fraternité”, símbolo de los valores republicanos que inspiran el diálogo entre ambas naciones.

La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) y la Escuela Europa de Dirección y Empresa (EUDE European Business School) anunciaron este jueves una nueva maestría en “Innovación en la Administración Pública”, en el marco de un convenio entre ambas instituciones educativas.

También anunciaron un programa Postgrado en Innovación en la Administración Pública que, según al publicación de la Vicepresidencia en X, estará “dirigido a egresados de la Certificación en Administración Pública de la ESIAP, quienes a través de esta alianza podrán optar a una titulación europea emitida por EUDE a partir de marzo”.

Según la Vicepresidencia, la maestría será 100% online en un programa estructurado sobre la base académica del MBA ofrecido por EUDE Business School y el plan de estudios sería “enriquecido con el modelo de gestión pública desarrollado por el Gobierno de El Salvador a través de la ESIAP”. El objetivo es fortalecer procesos formativos de funcionarios públicos.

El convenio fue firmado poro el rector de la ESIAP, vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, junto al director de EUDE, Sr. Miguel Hermida, en 2022. “Está destinado a fortalecer la profesionalización de la administración pública salvadoreña”, según el Gobierno salvadoreño.

En un encuentro, del cual informaron hoy, Hermida destacó “el compromiso de la institución como aliada en la formación de profesionales salvadoreños”. En dicha reunión asistieron la directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín; del Director de Alianzas Internacionales de EUDE, Álvaro Dantart; del Comité de Dirección de la universidad, cuerpo diplomático acreditado y estudiantes salvadoreños actualmente matriculados en la European Business School.

La canciller salvadoreña Alexandra Hill participó como representante de El Salvador en la reunión inaugural de la Junta de Paz, impulsada por el preisdente de Estados Unidos Donald Trump.

En el encuentro, realizado en el Instituto de Paz en Washington, Donald J. Trump acudieron líderes mundiales y los miembros fundadores de la Junta de Paz.

“Nos complace la presencia de El Salvador en la primera sesión de la Junta de Paz. Países de todo el mundo unidos por la voluntad de llevar la paz a la zona de Gaza. El Salvador estuvo representado esta mañana por la Ministra de Relaciones Exteriores”, informó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presente en la reunión, aseguró que “Paraguay está preparada para colaborar”. “Hoy es Gaza, mañana será otro conflicto en el mundo, pero necesitamos resolver cada uno de estos conflictos y realmente aprecio el liderazgo que ha tomado”, le dijo el mandatario.

La Junta fue concebida inicialmente para supervisar el plan de paz en Gaza tras el conflicto entre Israel y Hamás, y luego amplió su alcance a otros escenarios internacionales.

En general, el año 2026 inició con un aumento de 12.9 % de los encuentros migratorios de extranjeros con estatus irregular encontrados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) en todo Estados Unidos, pero los encuentros de salvadoreños disminuyeron aún más.

Respecto a enero de 2025, se detecta una disminución del 57.5 % de migrantes de todas las nacionalidades y una baja del 80 % de migrantes salvadoreños.

Si bien las autoridades estadounidenses encontraron unas 30,000 personas extranjeras cada mes durante los últimos tres meses del año pasado, en enero del presente año esta cantidad subió a 34,626 extranjeros con estatus migratorio irregular en todo el territorio.

De esos, 9,726 extranjeros, el 28 %, fueron encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos, el lugar en donde solían concentrarse los encuentros de migrantes en situación irregular.

En enero de 2026, fueron 385 salvadoreños los encontrados por ambas autoridades en todo el territorio estadounidense, la cifra incluye los encuentros ocurridos no solo en la frontera sur sino en medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo. Del total, 179 detenciones de salvadoreños fueron realizadas por la Patrulla Fronteriza y 206 por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO).

La mayoría, 375, eran adultos solteros, 6 personas viajaban en unidades familiares y aparecen 4 menores no acompañados, todos salvadoreños.

Solo en la frontera sur de Estados Unidos, durante enero de 2026, se reportaron 135 salvadoreños encontrados, un poco abajo del promedio de 157 mensuales durante los 11 meses anteriores, desde febrero hasta diciembre de 2025.

De los salvadoreños encontrados en la frontera sur, 125 eran adultos solteros, 4 menores acompañados y 6 viajaban en unidades familiares.

Todos fueron detenidos por el incumplimiento de la ley migratoria Título 8, que según la CBP son detenciones temporales procesadas bajo una autoridad de inmigración de la CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas detenciones temporales pueden o no terminar en un arresto.

En las cifras, según el sitio de la CBP, se incluyen personas que no hayan resultado admitidas mientras buscaban protección migratoria o retiran su solicitud y regresan en un tiempo corto a sus países.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá el próximo lunes una solicitud de reforma al presupuesto 2026 para incorporar $6.2 millones del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la simplificación de trámites al Ministerio de Economía.

El monto se destinaría a financiar actividades de digitalización de trámites de diversas instituciones públicas, a la supervisión y al soporte técnico para proyectos de digitalización, y a la modernización y estandarización de los sistemas de inventarios.

La solicitud fue recibida el miércoles por el pleno legislativo y enviada por el Ministerio de Hacienda.

Los fondos provienen de un préstamo CFA-12061 del CAF aprobado el 4 de julio de 2023 para financiar el “Programa para la transformación del clima de negocios de El Salvador a través de la facilitación del comercio e inversiones”.

El préstamo busca mejorar la infraestructura física y servicios informáticos, para atención a usuarios en las diferentes aduanas del país, la simplificación y digitalización de trámites, con intervención en 18 instituciones públicas, la creación de una plataforma digital para la implementación de la firma electrónica.

También, se pretende reducir costos y tiempos de logística y transporte, para facilitar comercio por vía terrestre, actualizar sistemas inteligentes con miras a la unión aduanera, en los puntos fronterizos de La Hachadura, Las Chinamas, San Cristóbal y San Bartolo; y el desarrollo de la plataforma de El Salvador Emplea, dirigida por el Ministerio de Economía, así como consejería para atraer inversión extranjera directa.

Los $6.2 millones serán incorporados como inversiones en activos fijos, según la clasificación en la propuesta de reforma.

El decreto de autorización de un préstamo por hasta $195 millones que se destinará a la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador será reformado en su artículo 2 con el fin de que el Ministerio de Hacienda pueda suscribir un convenio de transferencia no reembolsable a CEPA.

El artículo 2 del decreto de autorización aprobado el 18 de diciembre de 2025 facultó al Ministerio de Hacienda a suscribir con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) “un Convenio de Transferencia de Recursos en carácter Reembolsable bajo las mismas condiciones financieras del Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

La propuesta de reforma, enviada por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, facultará a Hacienda a suscribir con la CEPA “un Convenio de Transferencia de Recursos en carácter No Reembolsable (donación), derivados del Contrato de Préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

En el considerando III, Hacienda explicó que el objetivo es “optimizar la gestión pública y del financiamiento” y que los recursos del préstamo se trasladarán a la CEPA como “una transferencia de capital”.

El contrato de préstamo 6073/OC-ES fue suscrito por el Ministerio de Hacienda el 13 de enero de 2026 con el BID, y no por CEPA.

La CEPA suscribió un préstamo de $17.18 millones del Instituto de Crédito Oficial, entidad público empresarial (ICO) cuya garantía soberana fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2025.

El 14 de marzo de 2025, la CEPA también dio por recibido un plan de colocación de títulos valores por $30 millones para proyectos de inversión del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-SOARG), a una tasa de 8.25 % y un plazo de 7 años incluidos 2 años de gracia.

El Ministerio de Economía pidió ante la Asamblea Legislativa que lo autorice a firmar un contrato de préstamo destinado a la mitigación del impacto de desastres y la reducción de vulnerabilidad del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) ante desastres por fenómenos naturales.

El nuevo préstamo sería desembolsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $150 millones y se destinaría a “mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura” de la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales y a “reducir la vulnerabilidad”, especialmente en el AMSS.

El crédito para el “Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el Area Metropolitana de San Salvador” deberá pagarlo el país en un plazo de 23 años con una tasa de interés referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

También, se pagará una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del crédito, equivalente a un porcentaje “establecido por el BID periódicamente” sin que exceda el 0.75 % por año.

La solicitud de autorización del crédito será recibida por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el lunes 23 de febrero.

En mes y medio del año 2026, la Asamblea Legislativa ha autorizado tres nuevos préstamos por un total de $226.73 millones, $135 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el programa de infraestructura vial y movilidad urbana fase I (pasos a desnivel), $16.73 millones del Banco Mundial para la educación de primera infancia –ratificado ayer con dispensa de trámites– y $75 millones para DoctorSV y 400 dispensadores de medicinas.

Estos créditos aún deben ser firmados y ratificados en una segunda votación por la Asamblea Legislativa.

Pero también ha ratificado un crédito por $195 millones para ampliaciones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Asamblea Legislativa cerró el año 2025 con un total de $2,506 millones de créditos o títulos valores autorizados o aprobados, además de la aprobación de $1,480 millones en garantías soberanas, solo contando las nuevas deudas, lo que hizo un total de $3,642.2 millones en préstamos, títulos y garantías de nuevas deudas avaladas en un año.

En una tribuna organizada por Efe en Casa América, en Madrid, España, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseveró que el régimen de excepción instaurado en territorio salvadoreño desde el 27 de marzo de 2022 “jamás ha afectado una sola libertad pública”.

Ulloa manifestó que “hay una tergiversación de muchos medios” sobre el concepto del régimen de excepción.

“El régimen de excepción, jamás, desde que se decretó, el 27 de marzo de 2022, ha afectado una sola libertad pública, ni una sola, fue decretado para limitar garantías constitucionales, solo se afectan dos”, argumentó el miércoles.

Ulloa insistió en que solo dos garantías están suspendidas en El Salvador: el máximo de detención administrativa de 72 horas, que se extiende a 15 días, y la privacidad de las telecomunicaciones o la correspondencia.

Explicó que necesitan suspender el máximo de detención para “recolectar las evidencias” ya que en el pasado se liberaban los pandilleros en tres días; y que necesitan suspender el derecho a la privacidad de la correspondencia para revisar los teléfonos de los sospechosos de ser pandilleros o miembros de estructuras criminales.

“Lo primero que hace la Policía cuando captura a un sospechoso de una estructura criminal, empieza a revisar quién lo llama, qué hace, todo, los contactos que tiene”, dijo, en la rueda de prensa celebrada en España.

La más reciente prórroga del régimen de excepción, la 47ª, suspendió tres disposiciones constitucionales: el inciso segundo del artículo 12, que establece que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata de sus derechos y las razones de su detención; y que se garantiza al detenido la asistencia de defensor; el inciso segundo del artículo 13, que establece que la detención administrativa no excederá de 72 horas dentro de las cuales deberá consignarse el detenido ante el juez; y el artículo 24, que establece que la correspondencia de toda clase es inviolable y que interceptada no podrá figurar en ninguna actuación.

Puedes leer: ¿Cuáles derechos constitucionales suspende el régimen de excepción en El Salvador?

Ulloa también aseveró que la suspensión de estas garantías no es de aplicación general a toda la sociedad sino solo a personas acusadas de pertenecer a pandillas o estructuras criminales.

“Y no son para toda la sociedad, no es para toda la gente, es para los que están vinculados a estructuras criminales; si a una persona tiene un accidente o comete un delito le aplica el derecho común”, fueron sus palabras.

En la práctica, algunos abogados aseguran que el plazo de máximo de 15 días para presentar las acusaciones fiscales también es aplicado a casos no vinculados a pandillas. Por ejemplo, la Fiscalía presentó la acusación contra la abogada Ruth López el 4 de junio, 17 días después de que fuera capturada, el 18 de mayo de 2025. También, el abogado fue acusado formalmente el 21 de junio, luego de ser capturado el 7 de junio, 14 días después. También, personas procesadas por delitos como conducción peligrosa han sido acusados formalmente ante un juez hasta 15 días después de capturadas.