Misión de juristas concluye visita al país y dice hay una “degradación del derecho a la defensa”

Una misión internacional de juristas finalizó el fin de semana su visita en El Salvador y aseveró preliminarmente que en el país hay una “degradación del derecho de la defensa” y de las garantías judiciales y Estado de derecho.

La misión estuvo integrada por la Fundación Paz y Solidaridad, el Colegio de la Abogacía de Vizcaya, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Jueces y Juezas para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, y la Asociación Proderechos Humanos en España.

La vocera de la misión aseveró que, antes de la visita pidieron audiencia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Procuraduría General de la República (PGR), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y con la Fiscalía General de la República (FGR), “sin obtener respuesta hasta el momento”.

Tras cinco días de entrevistas, reuniones y visitas, consideró, “los hallazgos preliminares son inquietantes”.

Señalaron que hay una “ausencia de separación de poderes y control judicial”, “vulneración sistemática de garantías judiciales”, ya que hay una “grave degradación del derecho a la defensa y de las garantías penales mínimas”.

En la conferencia de prensa, compartida por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) mencionó: detenciones arbitrarias, retraso injustificado de solicitudes de procesos de habeas corpus, abuso de la detención judicial, imprecisión en los hechos imputados en los procesos penales, admisión de denuncias anónimas, ausencia de motivación e individualización de las circunstancias que da lugar a la detención y sus prórrogas, falta de información a familiares y abogados de los detenidos, uso abusivo de la reserva, demora o ausencia de notificación de las cartas de libertad.

“En las audiencias masivas, no se cumplen los mínimos estándares y de reconocimiento del derecho a la defensa”, indicó Begonia López, de la Asociación Judicial Española de Jueces y Juezas por la Democracia. Consideró que es imposible que un abogado pueda defender casos en donde hay hasta 600 imputados.

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