Categoría: Politica

  • Francisco Lira cuestiona que compra de bitcoin no pase por la Asamblea Legislativa

    Francisco Lira cuestiona que compra de bitcoin no pase por la Asamblea Legislativa

    El diputado Francisco Lira, de Arena, cuestionó este jueves la compra de más de 1,000 bitcoin durante la última semana y que no haya pasado a aprobación de la Asamblea Legislativa.

    Lira señaló que no se sabe de dónde salió ese dinero. “No está en el presupuesto, no pasó a la Asamblea, pero pum, apareció magia salvadoreña”, dijo.

    “Si hay 100 millones para Bitcoin, ¿por qué no hay 100 millones para agricultura, salud o la economía real?… Estamos totalmente endeudados”, cuestionó.

    “Aquí la pregunta no es la compra, es de dónde salió la plata y qué están sacrificando para pagar ese capricho”, indicó el diputado opositor en redes sociales. Pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) que “se pongan los pantalones y que sean serios”, sobre las condiciones establecidas por el organismo internacional de limitar la compra de bitcoin por parte del Estado en el acuerdo financiero por $1,400 millones con El Salvador.

    El 17 de noviembre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la directora de la Oficina Nacional del Bitcoin, Stacy Herbert, anunciaron la compra de 1,098.19 bitcoines valorados en $101.1 millones en medio de una caída en su precio, llegando a reservas de 7,474.37 bitcoines equivalentes a $685 millones según los precios actuales.

    La Asamblea Legislativa reformó la Ley del Bitcoin eliminando la obligación de aceptar la criptomoneda en la comercialización de productos y quitándole su carácter de “moneda de curso legal” calificándola únicamente de “curso legal”.

  • Vigente reforma que inyecta $150 millones del CAF al presupuesto 2025

    Vigente reforma que inyecta $150 millones del CAF al presupuesto 2025

    La reforma que inyectó dos préstamos íntegros de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que suman $150 millones en el presupuesto general del Estado a la unidad presupuestaria de “obligaciones generales del Estado” del Ministerio de Hacienda.

    Los préstamos se llaman “Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador”, por $75 millones; y “Programa sectorial de apoyo a la gestión. Integral para una salud de calidad en El Salvador”, por $75 millones.

    La integración de ambos desembolsos prestatarios a la ley de presupuesto estatal del presente año generó polémica en la Asamblea Legislativa porque la oposición consideró que el gobierno no está cumpliendo su promesa de no utilizar préstamos o deuda para financiar gasto en funcionamiento estatal o gasto corriente, sino solo para inversión.

    La aprobación de la reforma, realizada por la Asamblea Legislativa el 11 de noviembre de 2025, fue publicada en el Diario Oficial del mismo día, por lo que inició su vigencia ese mismo día, el 11 de noviembre. Sin embargo, en Diario Oficial de esa fecha se publicó esta semana, por el atraso en las publicaciones del mismo.

    Según la reforma y el los decretos de los préstamos, los recursos de los créditos pueden utilizarse para atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos de la caja fiscal.

  • El Salvador se reúne con Suecia por cooperación y ofrece oportunidades de inversión en ciberseguridad, turismo y otros

    El Salvador se reúne con Suecia por cooperación y ofrece oportunidades de inversión en ciberseguridad, turismo y otros

    El Gobierno salvadoreño busca fortalecer la cooperación con Suecia en al menos 11 rubros de educación, economía y desarrollo social expresaron autoridades de ambos países durante la I Reunión de consultas políticas bilaterales, el miércoles en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    La reunión diplomática fue sostenida por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el director general de Asuntos Globales de la Cancillería de Suecia, Mikael Lindvall, quienes coincidieron en promover iniciativas «en rubros clave y de beneficio» para la población.

    La Cancillería salvadoreña indicó que ambas naciones están interesadas en colaborar en salud, primera infancia, educación e investigación científica, energía renovable, sostenibilidad ambiental, gestión hídrica, desarrollo urbano, reconstrucción del tejido social, integración social, intercambios académicos y becas.

    «Reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y oportunidades económicas con Suecia, a través de la I Reunión de Consultas Políticas Bilaterales». Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador.

    La viceministra Mira dijo que presentaron a Suecia «áreas estratégicas disponibles para inversión» como tecnología y ciberseguridad, turismo sostenible, agroindustria, energías renovables e infraestructura, pues considera que son sectores que «impulsan el empleo, el crecimiento económico y la diversificación productiva».

    En ese sentido, el Gobierno salvadoreño propuso al Gobierno sueco aprovechar el Acuerdo de Asociación entre El Salvador y la Unión Europea para «la exportación de bienes y servicios», permitiéndoles «acceso preferencial». Mira dijo que ven en Suecia un aliado para «obtener importantes resultados».

    Según la Cancillería, el director general Lindavall habría dicho que este encuentro «marca la ruta» para avanzar conjuntamente con El Salvador y habría dicho estar comprometido en «el fortalecimiento de las relaciones bilaterales».

  • Concejal del FMLN dice propuesta de reforma busca «control de todas las asociaciones comunales»

    Concejal del FMLN dice propuesta de reforma busca «control de todas las asociaciones comunales»

    Uno de los concejales de San Salvador Este, Cayetano Cruz, del FMLN, cree que la propuesta que busca obligar a las asociaciones comunales a registrarse en el Centro Nacional de Registros (CNR) podría tener un trasfondo de «control político» y provocar al final la desmotivación de la organización comunal en El Salvador.

    «Tiene un trasfondo, es más de control político, esto viene a sumarse al debilitamiento que tienen los municipios en cuanto a su competencia, este proceso de inscripción en el CNR, una institución del Ejecutivo, tiene por objeto avalar a las asociaciones comunales, cosa que le compete a los municipios. Es la autoridad en el territorio. Lo que busca es tener un control de todas las asociaciones comunales», indicó.

    Según Cruz, la «ruta» que lleva esta propuesta es invalidar las competencias de la municipalidad, que son las encargadas de otorgar las personerías jurídicas a las asociaciones comunales o las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adescos).

    El Ministerio de Economía propuso a la Asamblea Legislativa una Ley de Registro de Personas Jurídicas y una reforma al Código Municipal para establecer la obligatoriedad de inscripción de las asociaciones comunales y Adescos en un Registro de Asociaciones Comunales (RAC) y exigirles la presentación de los balances financieros, entre otros, aunque disminuyen la cantidad mínima necesaria de 25 a 10 personas que puedan integrar una asociación.

    La falta de registro haría incurrir a los miembros de la asociación comunal «en responsabilidad personal, solidaria e ilimitada por cualquier actuación que esta realice».

    Sin embargo, el regidor de la oposición prevé que esta propuesta «va a desmotivar más la organización comunal, en el sentido de que cuando las personas vean toda la carga de responsabilidad que les van a poner… muchas personas van a desistir de querer ser parte de las directivas», aseveró.

    Cruz aseguró que no está en contra de que se regulen y se supervisen las asociaciones comunales, pero cree que las personas advertirán que ser directivo de una asociación comunal será «una responsabilidad sumamente delicada y que muy probablemente lo que tenga a la base es responsabilidades y en ese sentido pues la gente también tiene que ver cómo está el tiempo». Recordó que los miembros de las directivas de asociaciones comunales no tienen un salario.

    «Si no se le da un buen tratamiento, muchas personas van a desistir de querer ser directivos, van a tener miedo, pues, y no porque piensen hacer algo malo, sino porque cualquier interpretación o algo que no esté bien van a ser sujetas incluso de investigación», insistió.

    La propuesta, además, crea un tarifario para los trámites, aunque exime de pagos a las asociaciones comunales ya existentes que se inscriban.

    «Esto, aparte de quitarle los pocos fondos que podrían tener de las asociaciones, que las asociaciones lo que piden es ayuda, no estar pagando trámites», se quejó.

    Ambas propuestas serán recibidas por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el lunes próximo.

  • TSE cumple 34 años de fundación y dice renueva su «compromiso con la transparencia y la democracia»

    TSE cumple 34 años de fundación y dice renueva su «compromiso con la transparencia y la democracia»

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumple este jueves 34 años de fundación a partir de los Acuerdos de Paz firmados y que fuera instituido en la Constitución de la República; en ese marco, la institución aseveró que renueva su «compromiso con la transparencia y la democracia».

    A través de un vídeo conmemorativo, la entidad electoral indicó que tiene «34 años garantizando que se cumpla la voluntad del pueblo salvadoreño» y que el nuevo organismo colegiado ha renovado su «compromiso con la transparencia y la democracia».

    La institución agradeció a los salvadoreños y aseveró que siguen trabajando «para que puedas seguir dejando tu huella en cada elección». Actualmente, el Tribunal está organizando las elecciones generales, presidenciales, legislativas y municipales, de 2027.

    «Desde hace 34 años, el Tribunal Supremo Electoral ha garantizado la voluntad del pueblo salvadoreño, una historia donde tú has sido protagonista. Celebramos tu deseo de seguir llenando las urnas de esperanza porque la ilusión de un nuevo país se convierte en una realidad que podemos tocar». Tribunal Supremo Electoral.

    En el aniversario pasado, el TSE recordó que la fundación de la entidad se materializó por medio del Decreto Legislativo No. 64 del 31 de octubre de 1991, el cual, fue publicado en el Diario Oficial del 20 de noviembre de 1991. La conformación del Tribunal está establecida en los artículos 208 y 209 de la Carta Magna.

    El TSE está conformado por un organismo colegiado integrado por 10 magistrados, cinco propietarios y cinco suplentes. Los primeros tres pares de magistrados son propuestos por los tres partidos políticos con más votos en la última elección presidencial.

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    El partido que gana la presidencial tiene derecho a proponer al titular del TSE, el magistrado que ejerce la presidencia de la institución por un período de cinco años. Los candidatos a magistrados son entrevistados, elegidos y juramentados por la Asamblea Legislativa.

    Actualmente, la institución es liderada por Roxana Soriano, quien fue propuesta por el partido Nuevas Ideas, partido que ganó la presidencial de 2024. Soriano ha sido duramente señalada por partidos de oposición, que ha puesto en duda su imparcialidad en el cargo porque fue precandidata de Nuevas Ideas en las elecciones internas para una candidatura para diputada de San Salvador.

    Los otros dos pares de magistrados son propuestos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    Entre las facultades de la entidad electoral, están diseñar y organizar elecciones, y resolver conflictos internos de los partidos políticos.

    Otra de las críticas al TSE es la falta de divulgación de información pública como las actas de organismo y los proyectos de agenda elaborados por la presidencia del TSE, que no se actualizan desde 2017. Las resoluciones a peticiones de partidos no se publican desde abril de 2024 y la institución se ha negado a entregar los informes estadísticos del registro electoral aunque el Código Electoral exige que se publiquen. También, declaró reservado el informe de auditoría a las elecciones de 2024, en donde se reportaron irregularidades y retrasos, concretamente en el conteo de votos para Asamblea Legislativa.

  • Gobierno busca extender exención para fomentar la inscripción de comerciantes en el CNR

    Gobierno busca extender exención para fomentar la inscripción de comerciantes en el CNR

    La ministra de Economía, María Luisa Hayem, solicitó a la Asamblea Legislativa extender hasta el 31 de diciembre de 2026 el periodo para eximir de cobros en el Registro de Comercio la inscripción de sociedades por acciones simplificadas.

    En su solicitud, argumentó que busca continuar facilitando la formalización y el desarrollo económico de los comerciantes, a través de la constitución de sociedades por acciones simplificadas.

    «De este modo promover que más comerciantes gocen del beneficio y les permita formalizarse con costos mínimos», dice el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, en su solicitud encomendada a la titular de Economía.

    Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) incluidas en el Código de Comercio desde 2023 son aquellas que pueden inscribirse con un único accionista, persona natural, a diferencia de las sociedades anónimas. El trámite pude realizarse a través de CreaEmpresa.gob.sv.

    Las SAS pueden un capital social mínimo de $1 y con la posibilidad de llevar su contabilidad propia si sus activos no llegan a los $12,000. Originalmente la reforma dejó un periodo de un año de exención de cobros en la inscripción de las sociedades, beneficio que se ha venido extendiendo.

    En septiembre pasado, el Centro Nacional de Registros (CNR) reportó la inscripción de 5,050 SAS propietarias de 400 marcas con un capital social global de $13 millones.

    De enero a septiembre de 2025, un total de 971 comerciantes individuales presentaron al CNR solicitudes de matrículas por primera vez.

  • Asociaciones comunales podrían formarse con 10 personas y su registro en el CNR sería obligatorio

    Asociaciones comunales podrían formarse con 10 personas y su registro en el CNR sería obligatorio

    Las asociaciones comunales y las asociaciones para el desarrollo comunal conocidas como «Adescos» deberán estar inscritas obligatoriamente en el Centro Nacional de Registros (CNR) y depositar sus respectivos estados financieros, según una propuesta de reforma al Código Municipal presentada por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa.

    La falta de inscripción en el CNR, según la propuesta, «hará incurrir a los miembros de la asociación comunal en responsabilidad personal, solidaria e ilimitada por cualquier actuación que esta realice».

    La reforma será recibida el lunes por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

    Si la reforma se aprueba, las asociaciones comunales o Adescos podrían constituirse con al menos 10 personas, y ya no con un mínimo de 25 como aún lo establece el Código Municipal. Sus directivas se conformarían de cinco miembros propietarios y tres suplentes, con una duración de dos años.

    Además, deberán presentar estados financieros con dictamen de auditor y, si su activo es igual o superior a los $12,000, llevar una contabilidad formal. Estas no podrán recibir donaciones de fondos públicos si no tienen vigente su registro.

    Luego de ser reconocidas por acuerdo de concejo municipal, podrán inscribirse en el Registro de Asociaciones Comunales (RAC), que estaría dentro de un nuevo Registro de Personas Jurídicas del CNR.

    Las decisiones en la asociación comunal

    La reforma, tal como está propuesta, busca facilitar la toma de decisiones en cada asociación comunal aunque esta no conforme el cuórum suficiente, en caso de que no haya una norma en los estatutos.

    El proyecto plantea que pueden celebrar sesión con cualquier cantidad de miembros asociados, si no logra en dos convocatorias no simultáneas un cuórum de tres cuartas partes. Según la propuesta, los estatutos pueden establecer «proporciones mayores» pero «en ningún caso podrán reducirlas».

    El fiscal general podrá promover la disolución de una asociación comunal; esta podrá disolverse di la asociación se dedica «a fines distintos a los establecidos en sus estatutos», por inactividad o acuerdo voluntario.

    Supervisión y control tributario

    Además, las asociaciones podrán ser supervisadas por los municipios sobre el cumplimiento de sus fines y de sus estatutos; si incumplen, pueden sancionar.

    Estas asociaciones comunales también «tendrán la obligación de proporcionar la información, aclaraciones, declaraciones, informes, documentación, datos, explicaciones» a la Administración Tributaria.

    La reforma crearía un tarifario de servicios registrales CNR por parte de las asociaciones comunales que oscila entre $15 y $35 por trámite.

    La propuesta prevé que «todas las asociaciones comunales que ya cuenten con personalidad jurídica» realicen sin costo un proceso de «reinscripción» en un Registro de Asociaciones Comunales (RAC) que se crearía, en un plazo máximo de un año; de lo contrario, ya no podrá realizar la reinscripción y deberá disolverse.

    Un concejal consultado ayer sobre el proyecto aseguró que esta reforma podría desmotivar la organización comunal, aunque estas deben estar supervisadas y controladas.

    Actualmente, los concejos municipales son los que otorgan la personalidad jurídica a las asociaciones comunales, que se constituyen con no menos de 25 miembros. Estas deben presentar una nómina de asociados y su directiva cada año; y el concejo debe reunirse periódicamente con las asociaciones para resolver los problemas y ejecutar obras de beneficio comunal.

  • Vamos dice no confía en el TSE por silencio de magistrados y pide divulgar auditoría a elecciones 2024

    Vamos dice no confía en el TSE por silencio de magistrados y pide divulgar auditoría a elecciones 2024

    El partido de oposición Vamos aseguró que «sin duda» no tienen confianza en el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) por los precedentes y el silencio de los magistrados, así como por la falta de falta de divulgación de informes de auditoría al proceso electoral de 2024.

    La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, aseveró que “sin duda no hay confianza” en los magistrados que conforman el organismo colegiado del TSE, tomando en cuenta que quien lo dirige viene de otras instituciones donde dejó “mucho que desear”.

    Rivas se refirió así a la presidenta del Tribunal, Roxana Soriano, quien primero fue comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por designación del presidente Nayib Bukele y luego presidió la Corte de Cuentas de la República (CCR).

    Soriano fue duramente criticada porque antes de ostentar esos cargos fue precandidata a diputada en Nuevas Ideas; cuando fungía como comisionada del IAIP mostró una carta de desafiliación del partido Nuevas Ideas. La oposición ha dudado por ello de su imparcialidad para dirigir la entidad encargada de deliberar en temas de partidos y administrar elecciones entre diversos partidos políticos.

    “Sin duda, no hay una confianza en el ente colegiado, sin duda, uno sabe que quien dirige el Tribunal Supremo Electoral viene de dirigir el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas y, en ambas instituciones, vaya que dejan mucho que desear”. Cesia Rivas, secretaria general del partido Vamos.

    La dirigente criticó a los actuales magistrados de los partidos de oposición porque están “bien calladitos”. “¿De qué sirve tener magistrados de otros partidos políticos si no están diciendo nada del Tribunal?”, cuestionó.

    Aunque reconoce que “no hay plena confianza”, asegura que están “en toda la voluntad de participar en las elecciones generales de 2027, por lo que invitó a todas “las fuerzas vivas” del país para que los contacten por medio de redes sociales.

    Auditoría a elecciones

    Rivas pide al nuevo organismo que sea transparente, pues recordó que “nunca nos presentaron una auditoría, del fallo que hubo de las elecciones pasadas nunca lo explicaron”.

    El informe final de la auditoría que realizó la empresa estadounidense CGTS al voto nacional y en el extranjero fue recibido en abril de 2024 por el organismo colegiado. El lunes, la presidenta del TSE reveló que recuperaron $660,000 que no habían sido cobrados en impuestos a la empresa.

    Durante la elección legislativa de 2024, el sistema de transmisión de resultados tuvo fallas, se duplicaban los votos y no se procesaban, por lo que el Tribunal decidió abrir las urnas y contar voto por voto. La Junta de Vigilancia Electoral (JVE) señaló usurpación en Juntas Receptoras de Votos (JRV).

    El índice de información reservada del Tribunal detalla que los informes de auditorías y sus respectivos documentos están bajo reserva total de cinco años por decisión del organismo colegiado. La reserva fue impuesta por los magistrados del período 2019-2024.

  • Expertos de la ONU critican alerta de Interpol contra defensores salvadoreños de Unidehc

    Expertos de la ONU critican alerta de Interpol contra defensores salvadoreños de Unidehc

    Relatores y expertos de Naciones Unidas criticaron este miércoles la emisión por parte de Interpol de «notificaciones rojas», alertas internacionales para localizar y detener temporalmente, contra dos defensores de derechos humanos salvadoreños que solicitaron asilo en España.

    Esta decisión «constituye un grave uso indebido» de esas notificaciones, señalaron los expertos en derechos humanos, quienes aseguraron que «equivale a un acto de represión transnacional, ya que extiende el hostigamiento más allá de sus fronteras, atacándolos en un país donde buscan protección».

    Los activistas afectados son Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes solicitaron asilo en España huyendo del acoso legal en El Salvador.

    Ambos trabajan para la organización no gubernamental Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), que según los expertos ha sido hostigada por las autoridades salvadoreñas desde febrero debido a su apoyo a la comunidad La Floresta, que se enfrenta a intentos de desalojo forzoso desde 2024.

    En mayo de 2025 el tribunal que lleva su caso en El Salvador inició trámites para que Interpol emitiera una notificación roja, algo que se confirmó dos meses después.

    «El Gobierno de El Salvador está abusando del sistema de notificaciones rojas para perseguir su agenda política, acosando y persiguiendo a defensores de derechos humanos más allá de sus fronteras», concluyeron los expertos.

    Firman el comunicado los relatores de la ONU para defensores de derechos humanos (Mary Lawlor), libertad de reunión y asociación (Gina Romero), libertad de expresión (Irene Khan) y los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.

    En El Salvador, Cruz y Joya fueron acusados por las autoridades salvadoreñas de estar involucrados en la venta irregular de terrenos.

  • Diputada Ortiz alertó a ONU sobre supresión de tribunal sancionador en ley de personas con discapacidad

    Diputada Ortiz alertó a ONU sobre supresión de tribunal sancionador en ley de personas con discapacidad

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, envió una carta al Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para alertarlo sobre la eliminación del Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (Conaipd) y su tribunal sancionador.

    La legisladora compartió este miércoles la carta que envió el 14 de noviembre de 2025 a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) con copia a la Oficina del coordinador residente de la ONU en El Salvador.

    Señaló en la carta que la eliminación definitiva del tribunal sancionador de infracciones cometidas contra personas con discapacidad es “un retroceso grave” en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Según Ortiz, la supresión del «tribunal sancionador» viola los artículos 5.2 y 33, sobre la protección legal contra la discriminación y mecanismos para protegerlas, de la Convención. Es «un retroceso grave frente a las recomendaciones emitidas por este Comité”, dijo.

    En el decreto de disolución del Conaipd, se suprime el apartado para constituir el Tribunal Sancionador del Conaipd. El 5 de diciembre de 2024, la Asamblea prorrogó la entrada en vigor del capítulo que impone las sanciones a las infracciones por violaciones a los derechos de las personas con discapacidad establecidas en la “Ley especial para la inclusión de las personas con discapacidad”.

    La suspensión de las sanciones se ha prorrogado siete veces. La última prórroga finalizaba el 1 de enero de 2026.

    Sin embargo, en el decreto de disolución del Conaipd, la Asamblea Legislativa no derogó ni las infracciones ni las sanciones de la normativa. Las sanciones oscilan entre uno y nueve salarios mínimos del sector comercio e industria.