La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, y el diputado Francisco Lira, de Arena, rechazaron la disolución de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector Justicia (UTE) y el traslado de la división de protección de víctimas y testigos mientras señalan la búsqueda de la concentración de poder por parte del Ejecutivo.
“La disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de la UTE es un síntoma más de los retrocesos que ha sufrido el sistema de justicia en El Salvador hacia una justicia capturada por intereses políticos, aún más que en el pasado”. Claudia Ortiz, diputada por Vamos.
Ortiz veía viable fortalecer las funciones de la Comisión y la UTE para impulsar la modernización del Órgano Judicial y otras instituciones relacionadas.
“Pero el hecho de disolverlas habla más bien de una mayor concentración de poder en el Órgano Ejecutivo y menor independencia judicial”, concluyó.
Los diputados de Vamos y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que suman tres, votaron en contra de la disolución, aprobada en la sesión plenaria del jueves 17 de septiembre. El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia absorberá la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos que está a cargo de la UTE, que entrará a un proceso de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2026. Las indemnizaciones de los empleados se pagarían, según el decreto hasta los tres primeros meses de 2027.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, argumentó que se busca evitar burocracia y duplicidad de funciones; y criticó la labor de la UTE, dado que fue la entidad que creó los códigos penal y procesal penal, que tenía un enfoque garantista.
“Mi voto fue en contra. Esta reforma no se limita a suprimir una oficina para reducir la burocracia; implica trasladar al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia funciones sumamente sensibles dentro del sistema de justicia”, insistió Ortiz.
Para el diputado Lira, “eficiencia no puede ser sinónimo de concentración de poder”. “Hoy no discutimos recortar gasto público, discutimos si vamos a dejar desprotegidas a las víctimas y testigos de este país”, señaló.
Lira aclaró que no estaba defendiendo “la burocracia ni los cargos innecesarios” y señaló que, si existen duplicidades, deben corregirse y eliminarse pero consideró que bajo ese argumento se busca “la eliminación de contrapesos” y la “concentración de poder”.
“Pero la búsqueda de eficiencia no puede justificar la concentración de poder ni la eliminación de contrapesos”. Francisco Lira, diputado por Arena.
“Voté en contra porque cuando están en juego las víctimas, los testigos y la integridad de la justicia, la prioridad absoluta debe ser garantizar la protección efectiva, la confidencialidad, los controles institucionales y la confianza de la ciudadanía”, indicó.
El diputado del partido de derecha mostró su desconfianza en el traslado de funciones de víctimas y testigos al Ministerio de Seguridad. “¿Cuáles serán los mecanismos de control, contrapeso y transparencia?, ¿cómo se resguardará la confidencialidad de los datos sensibles? y ¿qué certezas tendrá una víctima o un testigo para confiar plenamente en este nuevo esquema?”, cuestionó.
La UTE, que creó un sistema penal acusatorio en donde primaba la presunción de inocencia, fue criticada duramente por el ministro de Seguridad, quien sostuvo que la reforma penal que crearon fue un fracaso. “Fue incapaz de tutelar la vida de los testigos”, señaló Villatoro, enfatizando en que los testigos de los casos eran asesinados en el pasado.
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